En el primer debate
presidencial de la campaña en curso organizado por el INE, uno de los temas que
se abordarían era el de la inseguridad.
Días antes el subcomandante
Galeano, portavoz del EZLN, había cuestionado que renglones como el de los
feminicidios, los miles de asesinatos, las desapariciones forzadas y la Ley de
Seguridad Interior, no interesaban a los presidenciales.
Por echarle montón al
candidato puntero, quien se mueve mejor en la plaza pública, que en el foro
cerrado, sus rivales dejaron pasar una oportunidad de oro para exponer con
claridad sus conceptos al respecto, más allá de los lugares comunes: Fiscalías
autónomas, policías honradas y certificadas, cultura de la legalidad y los
valores, usos de las fuerzas castrenses en el combate al crimen, nuevo sistema
de justicia penal y otros conceptos que a fuerza de repetirlos y nunca llevarse
a la práctica han perdido vigencia e interés en la ciudadanía. Del mentado
mando único, ni se acordaron en su exposición.
Según The New York Times,
AMLO ganó el debate porque esquivó los ataques, sus rivales no lograron
“bajarlo” al terreno del debate y no perdió su posición de puntero.
Números posteriores ponen a
López Obrador 18.70 puntos arriba de Anaya, lo que desató la jauría prianista
sumada a la élite empresarial beneficiada con la transferencia de activos
públicos y por las políticas neoliberales a punto de perder contratos de obra
gubernamental y sus demás privilegios.
Hay tanto enojo social
acumulado que el Peje, a quien acusan de intolerante y enojón, se vio hasta
conciliador.
LAS PROPUESTAS QUE NO LLEGARON
Para Santiago Roel, director
de Semáforo Delictivo, un proyecto social ciudadano, es viable otorgar amnistía
como parte de un proceso de paz en una esquema de regulación de drogas, en
donde el Estado mantenga el control y para evitar que sectores vulnerables
vayan a prisión como son los campesinos y los consumidores de alguna sustancia.
Y añade que en diez años de guerra contra el narcotráfico del total de
homicidios dolosos 127 mil (el 75% del total) son ejecuciones relacionadas
directamente con el crimen organizado.
Margarita Zavala, dice Roel,
propone más de lo mismo que Felipe Calderón, es decir hacerle la guerra al
mercado y seguir con la carnicería. AMLO, dice considera combatir la pobreza y
la amnistía, la cual está bien si se acompaña con la regulación de las drogas.
El Bronco cree que la regulación es promoción de las drogas. Meade que regular
las drogas tendría un beneficio marginal, pero el 75% no es marginal. Anaya
propone inteligencia y fuerza ante el crimen organizado y confunde el tipo de
delitos y ha evadido el tema.
El tecnócrata Pepe Toño
Meade, quien es abogado además de economista, dejó en evidencia que un chamaco
de primer semestre en la licenciatura en Derecho de la Vizcaya o de Derecho
Burocrático de la FSTSE que se imparte los sábados en el Conalep tiene más idea.
Ricardo Anaya –cual aprendiz
de fascista, afirma Porfirio Muñoz Ledo-- el otro abogado de la contienda, se
vio que anda por las mismas. Sin ideas propias sobre el asunto, se dedicó a
atacar a quien es su coco en la contienda, más que a proponer. Ni Anaya, ni
Meade, se ve que han batallado en algún MP.
Margarita Zavala, intentó
proponer, pero la carga de su marido Felipe Calderón y su herencia de sangre
derivada de su estrategia fallida de “Guerra contra el narco”, le impide
proponer algo serio.
A Jaime Rodríguez Calderón,
le afloró el talibán que es. Por algo Alfonso Martínez Domínguez, quien desde
la regencia del D.F., formó y entrenó al grupo paramilitar “Los Halcones”, que
participó en la matanza del 10 de julio del 71, lo reclutó para la política.
Hipócritas se vieron cuando
acusaron al Peje de pretender pactar con los criminales, pues es sabido que
desde siempre el narco ha gozado de protección institucional y las policías han
llegado a formar parte de las bandas mafiosas.
Para Roel, el problema radica
en que se tiene un mercado libre de drogas manejado por mafias, con beneficios
para narcopolíticos y por ende se ha preferido la carnicería a regular las
drogas, de donde el narcomenudeo es el que causa la violencia, de ahí que la
idea es bajar la oferta para reducir la demanda y con policías y balas nos e
baja.
LA AMNISTÍA PARA PACIFICAR EL PAÍS
La amnistía que Andrés Manuel
López Obrador, incluyó en su propuesta para combatir la inseguridad, fue el
tema crucial de los ataques en contra del tabasqueño, a quien acusaron de
pretender pactar con los criminales,
Lo cierto es que dicha figura
siempre ha sido utilizada por el Estado para pacificar o neutralizar factores
de riesgo e inestabilidad social y política: La División del Norte de Pancho
Villa fue amnistiada en su momento; igual los miembros de los movimientos
armados de los setentas y ochentas y luego del levantamiento armado en Chiapas
del EZLN en 1994, se aprobó una ley de amnistía que se conoció como Ley para el
Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas.
La exministra Olga Sánchez
Cordero, ya dejó en claro que la amnistía de que habla el Peje será una Ley que
deberá aprobar el Poder legislativo y sobre cierto tipo de conductas
tipificadas como delitos.
El fiscal español Carlos Castresana,
quien fue distinguido con el doctorado Honoris Causa por el Instituto Nacional
de Ciencias Penales (Inacipe) de la PGR. aclara que la amnistía o el indulto a
integrantes de los grupos criminales en México es viable para dejar atrás el
conflicto y que no haya impunidad.
“De ninguna manera representa
impunidad para ninguno de los victimarios, ni siquiera los de nivel más
inferior”, explicó el fiscal.
Además, el jurista afirmó que
en nuestro país “hay una situación de corrupción extendida en distintos niveles
de poder político, pero también en el sector privado, que tiene que ser
abordada, porque la corrupción es un cáncer para las sociedades democráticas
porque pervierte el sufragio, la cadena de toma de decisiones que debe estar
siempre presidida por el interés general y que es donde incide la corrupción,
pues busca satisfacer intereses particulares”.
Y añade que “…en un contexto de justicia
transicional, de un esfuerzo colectivo y de consenso, es viable para dejar
atrás el conflicto, pero no dejarlo en la impunidad, sino ajustar cuentas con
los responsables de los crímenes. Tampoco un perdón incondicional, porque eso
no está justificado, sino que el que quiera ser favorecido con penas
alternativas o con medidas de gracia tiene que reconocer su responsabilidad de
colaborar en la investigación de los hechos”.
“Se pueden plantear medidas
de gracia para aquellos que reconozcan su responsabilidad y desvelen la
completa verdad de los crímenes en los que participaron, lo cual además
permitiría que aquellos que estaban en posiciones más altas en la cadena de
mando sean hechos responsables y que ante un tribunal de justicia se depuren
sus responsabilidades”, dice respecto a lo que podría contener una medida
pacificadora como la que se aplica en el proceso colombiano de negociación con
las FARC.
En regiones donde el crimen
organizado tiene dominio territorial, otros sectores han debido entrar al quite
ante la ausencia de la autoridad o frente a su incapacidad para frenar las
matanzas. El caso del obispo de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo de Guerrero
monseñor Salvador Rangel, negociando con los líderes criminales, es todo un
caso de búsqueda de medidas pacificadoras alternas.
Y mal se vio el secretario de
Gobernación Alfonso Navarrete Prida quien solo atinó a expresar que en México
la ley no se negocia y evidenció lo que todo mundo sabe: que en el país el
Estado de Derecho no aplica.
Para el director del
Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, Juan Luis Hernández, tal
actitud del obispo no es censurable pues “…desde hace muchos años la sociedad
civil se ha puesto manos a la obra ante todo lo que el Estado ha dejado de
hacer y a diferencia de otros líderes religiosos su respuesta deja ver que
entiende el contexto en la zona, y ahora ha decidido a dar un paso más allá que
en inicio podríamos llamar ilegal: conversar con los miembros del crimen
organizado, pero yo no censuraría esta actitud, más bien me parece importante
su mediación social en un territorio arrasado por los grupos
delincuenciales”.
LA AMNISTÍA PRIÍSTA ELECTORERA: PERDÓN POR VOTOS
La amnistía para no perseguir
el contrabando de autos chuecos que es un delito federal y que promueven los
candidatos al senado del PRI-PVEM-PANAL Sylvana Beltrones y “Maloro” Acosta y
que hizo suya Meade, para allegarse el voto de las organizaciones Pafas, es una
medida de esas de ofrecer el perdón, obvio con fines electoreros.
LA PUERTA GIRATORIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL
Los “abogados” Meade y Anaya,
por desconocimiento, ignoran que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la “puerta
giratoria” de que hablan múltiples funcionarios, desde mandos policiacos hasta
gobernadores, incluyendo al propio Miguel Angel Mancera, cuando fungía como
jefe de gobierno de la CDMX, que permite que salgan como entran los
delincuentes, es también en los hechos una amnistía.
En aras de despresurizar las
prisiones mexicanas se optó por atacar ese problema, vía los acuerdos
reparatorios y de reducir los tipos penales que ameritaran prisión preventiva.
Dichas medidas resultaron contraproducentes en buena medida.
Ese fenómeno, que golpea a la
sociedad orilló en Sonora, a que el Congreso del Estado, en lo que se llamó la
“Ley Pano”, se aprobara una reforma anticonstitucional, para dejar en la
cárcel, a quienes cometan robo en comercio, a vehículo o en casa-habitación,
que al reforma penal de 2008, no contempló como merecedores de prisión
preventiva oficiosa.
Adolfo García Morales,
titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, propuso revisar el nuevo
sistema de enjuiciamiento penal acusatorio al que llamó “copy paste” del
sistema anglosajón para que no estamos preparados en México y según dicho
funcionario en 2017 la Policía Estatal puso a disposición de los ministerios
públicos 6,800 detenidos, de los cuales a solo 1,600 se les abrió proceso y el
resto “la libró” por los llamados “acuerdos reparatorios”, lo cual ha dado en
llamar “impunidad legal”, a esa forma en que a través de resquicios legales en
el Código Nacional de Procedimientos Penales, al que se tiene como una
verdadera puerta giratoria que beneficia, no al ciudadano que sostiene tanto al
sistema de procuración de justicia, como al de impartición de justicia, sino al
infractor de la ley.
Atrajo la atención el llamado
al Poder Judicial por parte del director de Pemex Carlos Treviño, debido a que
de los dos mil huachicoleros detenidos infraganti por robo de combustible en
los últimos quince meses solo 57 estaban en la cárcel.
En 2017 el presupuesto para
seguridad ascendió a 264 mil millones de pesos, de los cuales 1,500 millones de
pesos fueron destinados para el fortalecimiento de las policías. De poco sirvió
dicho dineral.
DEBATIR LA AMNISTÍA
El despacho Servicios
Jurídicos Especializados, que coordina la abogada Gaby Gaytán, a la sazón
vocera de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Sección Guaymas,
dieron a la luz un artículo titulado “Rumbo a la gran amnistía: más allá del
bullying” y que publicó el portal de internet Dossier Político de Oscar Castro,
en el mes de noviembre del año pasado, aún antes de que el Peje lanzara su
propuesta de amnistía y el cual por su interés se reproduce:
RUMBO A LA GRAN AMNISTÍA: MÁS ALLÁ DEL BULLYING
A estas alturas del sexenio
del presidente Enrique Peña Nieto, el sentir ciudadano parece no dejar lugar a
dudas de que uno de sus déficits que heredará al próximo mandatario será el de
la inseguridad y la carencia de instituciones sólidas para enfrentar tal
flagelo, traducido miles de muertes y desaparecidos.
Y es tan grave la situación,
que el historiador Héctor Aguilar Común, es su columna “Mexicanos Diezmados”,
hace notar que la violencia criminal de la última década ha reducido el
crecimiento de las esperanzas de vida en México y diezmado a una de sus franjas
de la población, la de los hombres de 15 a 45 años, debido al aumento de la
causa de muerte por arma de fuego y el impacto concentrado de la violencia en
los jóvenes, como si el país los hubiera mandado a una guerra.
Hoy, en aras de mantener su
poder y control sobre el tráfico de estupefacientes los carteles formaron
sanguinarios equipos de sicarios y pistoleros a sueldo para enfrentar a los
grupos rivales por la lucha por plazas, rutas de trasiego de drogas y para
nulificar la competencia.
Así, la suprema tarea de
quien ocupe la máxima magistratura será la pacificación y la desmovilización de
los grupos armados a través del dialogo o el uso del poder represivo del
Estado, o en su caso de medidas intermedias.
La habilidad que se
despliegue en la resolución de conflictos pondrá a prueba la capacidad política
y de sobrevivencia, tanto de las autoridades como de las bandas criminales que
han convertido partes del territorio nacional en tierra de nadie o zona de
guerra.
En su momento las autoridades
aprobaron reformas Constitucionales y legales para combatir la delincuencia,
subraya Roberto Reynoso Dávila en su libro “Penología”, y añade además ello
debido a la demanda social de rigor y energía por parte del Estado para
garantizar la seguridad pública y ante el incremento del índice delictivo,
sostiene que este obedece a causas complejas, como los problemas económicos y
las deficiencias educativas y de rezagos culturales y además a la ineficiencia
y retraso de los cuerpos policíacos.
La violencia desatada es la
manifestación del problema. Por eso cuando se habla de inseguridad resulta
indispensable esbozar algunas ideas de solución, tal como lo han planteado
variedad de personas desde la academia, la práctica profesional, desde el
servicio público, el periodismo o desde el seno de la sociedad civil.
¿SE PUEDE BULEAR A LA POLICÍA?
En presentación el pasado 13
de noviembre de un Indice de Desarrollo Policial de la organización Causa
Común, el presidente Peña, reprobó lo que llamó bullying contra las
instituciones policíacas y de seguridad. El evento fue convocado para hacer
públicos los resultados de las organizaciones policíacas de los estados y de la
Policía Federal respecto al cumplimiento de las obligaciones que una ley de
2008 les imponía y en donde resultaban reprobadas al no hacer su tarea en torno
a seguridad pública. Dicho instrumento está diseñado para detectar que se había
hecho bien y qué mal, que falta por hacer y que tipo de prácticas de desempeño
exitosas pudieran ser retomadas por corporaciones de otros estados, etc.
Rogelio Barba Alvarez, en “El
fracaso del Estado de Derecho ante la evolución de la criminalidad (Los retos
del Derecho Penal y la Criminología)”, dice que el legislador del S. XXI
mantiene al sistema penal en una quimera y añade que “…los protagonistas de
cumplir y hacer cumplir las leyes relacionadas a la seguridad ciudadana,
vulneran los principios rectores, ocasionando al fragilidad de la ley, misma
que sufre y es corrompida por los actores más estrechos, malos legisladores,
jueces y policías corruptos, impunidad judicial y defectos en las leyes
ocasiona una fuerte erosión y vulnerabilidad en la seguridad jurídica de la
sociedad…”
Un dato importante es que si
bien como concebía el sociólogo alemán Max Weber, el Estado posee el monopolio
de la fuerza legítima, las bandas criminales y sus ejércitos privados se la
disputan ilegalmente palmo a palmo y han mermado la capacidad de su uso.
ESFUERZOS A CONTRACORRIENTE
Es cierto que el gobierno,
concretamente las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, Policía
Federal, corporaciones estatales y municipales, ha hecho esfuerzos en sacar de
los hogares el mayor número de armas sueltas a través de las campañas de
despistolización, pero no ha sido suficiente, pues se nada a contracorriente
ante una narco cultura muy arraigada en amplias capas sociales que en múltiples
ocasiones caen en la apología del delito, como son el caso de los narco
corridos y ahora series de televisión sobre la vida de los capos a quienes se
endiosa o se les da categorías de héroes, como La reina del sur, El señor de
los cielos, etc.
Incluso, existen leyendas o
historias como las del bandido bueno al estilo Chucho El Roto y Jesús Malverde,
elevado a los altares como santo milagroso de los narcos y delincuentes.
En Italia, el combate a las
mafias obligó a la estrategia de prohibir cualquier manifestación de la
narcocultura.
El doctor en sociología por
la Universidad de la Sorbona París I Luis Astorga, en su artículo publicado en
la revista Letras Libres (2012) “Estado, drogas ilegales y poder criminal,
retos transexenales”, ha planeado como reto transexenal el que tiene México
para salir de la situación actual y como las soluciones no pueden ser simples.
UN DEBATE IMPOSTERGABLE
La sociedad mexicana está
harta de discursos en el aire y de propuestas que no han modificado el
escenario de violencia e inseguridad.
En otros países se han dado
procesos de paz que llaman la atención en donde las partes en pugna han llegado
a acuerdos, como se dio en El Salvador entre la guerrilla del FMLN y el
gobierno, la cual se transformó en partido y hoy gobierna dicho país por vía de
las elecciones. Otro caso es el de Colombia en donde a través del diálogo con
la guerrilla más longeva del continente se llegó al desarme de las FARC. El
tema de las acciones reparatorias metió algo de ruido en las pláticas de paz.
En Sudáfrica, un país de
mayoría racial negra afectado por el apartheid, Nelson Mandela y el Congreso
Nacional Africano, optaron por el perdón a quienes confesaran y reconocieran
sus crímenes. Se creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Estado se
comprometió a reparar el daño de víctimas y sobrevivientes y a enjuiciar a
quienes no fueron amnistiados. Al final de cuentas, el proceso fue defectuoso
para víctimas y supervivientes ante el cúmulo de violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el régimen racista de una minoría blanca.
Sin embargo, ha habido casos,
en que quienes ejercieron la represión sin cortapisas una vez agotado su tiempo
histórico pretendieron impulsar leyes de amnistías a modo para cubrirse las
espaldas, como fue con algunas dictaduras militares del cono sur, concretamente
Argentina y Chile, mismas leyes que al llegar los nuevos gobiernos por la vía
democrática decidieron abrogarlas para llevar a la justicia a los responsables
de crímenes contra la humanidad. El caso más sonado fue la detención en España
por orden del juez Baltazar Garzón, de la Audiencia Nacional Española, por
crímenes cometidos en su país en sus tiempos en que lideró la Junta Militar que
gobernó con puño de hierro Chile, en una novedosa aplicación extraterritorial
del derecho penal.
Así, el tema no es de ninguna
manera desconocido, ni extraño al quehacer público y aunque una posible
implementación pudiera a primera vista parecer un disparate o una ocurrencia
más, pero ante la carencia de alternativas para salir de la crisis de derechos
humanos y de violencia, podría ser una salida, quizá no la mejor, ni la ideal,
pero a grandes males, grandes remedios.
EXPERIENCIA HISTÓRICA SOBRE UN TEMA TABÚ
Aunque el tema no ha sabido
ser abordado públicamente por los actores políticos que están en el pandero de
la toma de decisiones, ni en su caso ha sido puesto sobre la mesa y ni tampoco
está considerado abiertamente en algún programa de futura campaña y apenas ha
sido esbozado, su urgencia es real por práctico.
En su momento Manlio Fabio
Beltrones, se pronunció con un rotundo rechazo a amnistiar a quienes han
cometido delitos y últimamente Andrés Manuel López Obrador, ha deslizado su
posibilidad para poner fin a la ola criminal que ahoga al país.
A su manera diversas
organizaciones, líderes de opinión e intelectuales han empujado la idea de
encontrarle la cuadratura al círculo del narcotráfico y la violencia que lo
acompaña por el lado de la liberación de la drogas, como ya se está haciendo en
algunos casos como su uso medicinal y terapéutico.
Otras voces pugnan por una
liberación del consumo pero de forma controlada como en algunos estados de la
Unión Americana. Incluso hay quienes hacen comparativos con la prohibición del
alcohol que a principios del siglo pasado imperó en el vecino país y cuyo
contrabando creo un mercado negro que generó violencia y muerte y el cual fue
desapareció una vez legalizado el consumo y distribución.
A la par a la liberación de
las drogas, se estima una necesaria ley de amnistía para quienes han delinquido
al amparo del narcotráfico, una vez que está más que probado el fracaso de la
estrategia de la guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón y continuó
Peña, ya sea por falta de estrategia, diagnóstico, mezcla de intereses,
connivencia con el crimen organizado, inoperancia, impreparación de los cuerpos
policíacos, tolerancia y todo lo que el elector apetezca agregar.
Históricamente para acabar
con el clima de violencia muchas sociedades, sus élites y sus grupos
gobernantes han debido optar por opciones legalmente consideradas para casos
extremos o especiales pero que en un escenario normal no aplicarían por ser
contrarios a la moral, olvidar a las víctimas, violentar los principios de la
justicia por perdonar a verdaderos criminales.
A veces abiertamente y otras
en forma callada y sin aspavientos, es decir omitiendo perseguir a quien
cometió un ilícito, este tipo de medida se han aplicado con diversas
modalidades. Veamos:
Terminadas las primera y
segunda guerra mundial muchos de los que participaron en dichas conflagraciones
y que cometieron crímenes de guerra, incluso de lesa humanidad nunca rindieron
cuentas en los tribunales, salvo el caso de los jefes nazis procesados en
Núremberg, cuya legalidad está en duda tal como lo hizo ver el profesor Roberto
Reynoso Dávila, en su libro “Introducción al estudio del Derecho Penal”.
Durante la gran guerra fue muy duramente criticada la política de
apaciguamiento (appeasement) del ministro Neville Chamberlain con Hitler.
En México para acabar con la
Guerra Cristera que dejó miles de muertos, Plutarco Elías Calles, llegó a
arreglos con la jerarquía católica. Durante los setentas para poner fin a una
época de inestabilidad posterior a la matanza de 1968 y protagonizado por los
grupos guerrilleros, como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los
Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro
Vázquez Rojas y otros más, Jesús Reyes Heroles, encabezó los esfuerzos por
amnistiar a los levantados en armas y propuso abrir el sistema de partidos a la
izquierda con la creación de los diputados plurinominales y legalizar al
partido Comunista Mexicano, con lo que se conoció como Reforma Política de
1977.
A días de la declaración de
guerra del EZLN el 1º. de enero de 1994 gobierno mexicano en Chiapas, Carlos
Salinas de Gortari, ordenó un alto unilateral del fuego y nombró una comisión
de pacificación encabezada por Manuel Camacho Solís, que entrará en
negociaciones con los zapatistas, cuyo fruto fue una ley de amnistía para los
involucrados.
Solución policiaco-militar o
mediante resolución de conflictos
Pancho Villa, sufrió una
mutación de bandido a jefe revolucionario y de ahí a prócer y hoy su nombre
está escrito en letras de oro en el más alto sitial de la patria.
Algo así sucedió con el
salvadoreño Joaquín Villalobos, quien fue el principal comandante militar y
estratega del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una
coalición de grupos guerrilleros que puso en jaque a las fuerzas armadas
salvadoreñas -respaldadas por el poderío estadounidense- desde fines de los 70
a principios de los 90. El tipo pasó de jefe guerrillero o señor de la guerra a
pacificador.
En un perfil que sobre él
escribió para el diario británico Financial Times el periodista británico John
Carlin llamó a Villalobos el "verdadero maestro de la lucha guerrillera
latinoamericana en el siglo XX", por encima de Ernesto "Che"
Guevara.
En los 90 se convirtió en uno
de los principales negociadores de la guerrilla en los diálogos que culminaron
con el acuerdo de paz de 1992. Villalobos se radicó en el Reino Unido en 1995,
luego de una pública ruptura con el FMLN como movimiento político. En
Inglaterra estudió en el St Anthony's College de Oxford, donde ahora es
profesor visitante.
También es miembro de Diálogo
Interamericano, organización que fomenta la democracia, el diálogo y la equidad
en América Latina y el Caribe. Y ha sido asesor de procesos de paz en Sri
Lanka, Filipinas, Bosnia e Irlanda del Norte.
El último proceso de paz en
el que intervino fue el del gobierno colombiano con las FARC. Allí trabajó
estrechamente con su amigo Jonathan Powell, jefe de gabinete del gobierno
laborista de Tony Blair y principal negociador en el exitoso proceso con el IRA
en Irlanda del Norte.
Villalobos, a quien entre
otras cosas se le achaca haber intervenido en la ejecución del poeta nacional
de El Salvador Roque Dalton, “La fuerza no es para un uso destructivo
indefinido e infinito, para destruir totalmente al adversario. La fuerza tiene
el propósito de ponerlo en una situación en la que se pueda apelar a la
racionalidad que pueda tener y de esa manera conducirlo a ser alguien con quien
se pueda convivir. Si no abordas las causas, no vas a parar el fenómeno.
Entonces, si las causas están en esos agravios hay que plantearse salidas
prácticas”
“Una cosa es que se pueda
reducir su capacidad de enemigo regular, de controlar territorio, pero puede
seguir siendo un enemigo irregular muy poderoso. Y cuando se coloca al enemigo
en una posición de debilidad es que emerge la posibilidad de una salida
negociada”
“Si hay un adversario que
está armado y haciendo uso de una violencia organizada, si tiene un soporte
social grande, si tiene territorio bajo su control y una causa común que va más
allá de esos territorios -independiente de que los consideremos una locura,
como en el caso de EI-, pero es una causa compartida quizá por millones de
personas y tiene soportes internacionales, es decir, es un conflicto que se
mueve en una cierta geopolítica”
“No es un fenómeno policial,
no son cuatro gatos poniendo bombas. Por más irracional que nos parezca”
“En esas condiciones, el
principio es llevarlo a un punto de debilidad y en ese momento hay que buscar
-no se cómo- colocarlo en una situación de racionalidad y buscar un acuerdo”
“No es el tema ético, moral,
el que define si se dialoga o no”
En 2006, al inicio de su
mandato Felipe Calderón, cuya falta de estrategia se cuestiona por haber
carecido de una política de contención de los grupos armados que superaban en
poder de fuego a las fuerzas del orden y minimizar la capacidad de sus
liderazgos y su nivel organizativo, declaró la guerra a los carteles de la
droga y desató una crisis humanitaria sin precedentes, en la lógica de que “La
guerra es la prolongación de la política por otros medios”, como observó el
militar prusiano Carl von Clausewitz, en su libro “De la guerra”.
¿ADMINISTRAR LA VIOLENCIA O RESOLVERLA?
Si bien para el sociólogo
francés Emile Durkheim, la delincuencia es un fenómeno inherente a toda
sociedad humana y el valor que se le atribuye depende del tipo y forma de
organización social, luego entonces el punto es definir cuáles son los límites
tolerables de esa actividad en un Estado que se supone soberano.
¿Está condenado el país a
resignarse a tener 25 mil homicidios al año? ¿Se puede acotar la criminalidad?
¿Tiene solución el problema del crimen organizado? ¿Se debe administrar la
presencia de las mafias, pero no ponerles fin?
En un artículo de su autoría
publicado en la revista Nexos (febrero, 2012), Villalobos, hoy experto en
resolución de conflictos, de quien Alejandro Hope ha dicho “Joaquín Villalobos
tiene un agradecible gusto por la controversia que lo ha convertido en una voz
indispensable en el debate sobre seguridad pública en México: dice lo que
muchos critican, lo que otros tantos piensan y lo que nadie más se atreve a
defender”, anota en su ensayo “Nuevos mitos de la guerra contra el narco”
publicado en la revista nexos en enero del 2012: “México enfrenta cinco duras
realidades con relación al tema de la lucha contra el crimen organizado y la
inseguridad: 1. La violencia es inevitable. 2. Tomará bastante tiempo
controlarla. 3. No hay atajo, salida fácil, ni solución rápida posible. 4. No
existe un “culpable”, porque lo que se está viviendo es el resultado de un
proceso histórico. 5. La violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos
aspectos: el fortalecimiento y transformación profunda de las instituciones de
seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que
tienen la ley y el orden en una sociedad democrática. México tiene sobradas
capacidades intelectuales y suficientes recursos materiales para resolver el
problema, pero ha venido enfrentando dificultades para entender lo que está
pasando”.
Según el autor, (1) la
delincuencia organizada puede ser derrotada mediante un combate frontal que generará
altos niveles de violencia y (2) existe una supuesta manía de “aversión al
conflicto”, es decir a administrar los conflictos en lugar de resolverlos.
Lo anterior en el entendido
de que algunos Estados (Japón con las Yakuzas, E.U. que usó a las mafias para
invadir la Cuba castrista en playa Girón o para apoyar a la Contra nicaragüense
contra los sandinistas, destapado por el escándalo “Irán-contras”, Colombia con
Pablo Escobar, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y otros países con sus
militares golpistas), optaron por administrar la aplicación de la ley en
algunos momentos por conveniencia en la relación costo-beneficio o por
incapacidad para actuar.
Sacando cuentas de la
publicación del referido texto a la fecha la situación ha empeorado, la
corrupción no se ha frenado, ni el Nuevo Sistema de Justicia Penal, vendido
como la panacea para combatir la inseguridad ha dado los resultados esperados,
ni las policías se han profesionalizado y sus deficiencias mantienen al
ejército y a la marina haciendo tareas policíacas en las calles.
“Para que México recupere las
calles y la confianza de la gente, deben de ponerse cambios drásticos en
materia judicial y de cumplimiento de leyes; primero, mediante la
profesionalización de las agencias de control social y el s judicial y,
segundo, con la modificación de las leyes para que sean capaces de atacar los
problemas del crimen organizado de manera efectiva y eficiente”, advertían John
Bailey y Roy Godson, en “Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática, México
y la franja fronteriza”.
Y el catálogo de buenas
intenciones podría continuar hasta el infinito, pero en resumen, o el Estado
mexicano supera sus deficiencias y combate con toda su fuerza a la criminalidad
en su diversos frentes (fuentes de financiamiento, complicidad, niveles de
protección, corrupción, acotamiento del mercado de las drogas, mejora del
sistema penitenciario para sacar las cárceles del control de los criminales,
equipamiento, capacitación y depuración de las policías, coordinación entre los
diversos cuerpos de seguridad pública, aplicación de penas severas, implementa
una política criminológica integral con programas represivos y preventivos,
etc.) o explora vías alternas como parte de una política criminológica realista
(amnistía, liberación paulatina de algunas drogas, etc.)
CON LA LEY EN LA MANO: ¿AMNISTÍA VS. IMPUNIDAD?
En el artículo 90 del Código
Penal de Sonora, como en el 92 del Código Penal Federal, se contempla la figura
de la amnistía, una medida que extingue la acción penal y las sanciones
penales, excepto la reparación del daño. Es un acto legislativo.
En un país en donde el 95% de
los ilícitos queda impune y la institucionalidad es débil y se encuentra
carcomida por la corrupción, pensar en una salida como la amnistía es viable.
La amnistía solo actúa
retroactivamente según Giuseppe Bettiol, citado por Reynoso Dávila en su
“Derecho Penal, Parte General”, como los autores que a continuación se
mencionan. Alberto S. Millán, dice que la amnistía borra el delito y no está
guiada por simpatía hacia los destinatarios y que está inspirada en propósitos
de pacificación interna y que es el olvido para el establecimiento de la calma
y la concordia social. Para Enrique Pessina, sostiene que para su concesión no
se tienen en cuenta razones de justicia, sino tan solo razones de conveniencia
general. Faustin Hélie, dice que los hechos amnistiados, por una ficción legal,
son sepultados como no habiendo existido nunca.
Por ser una salida más dada
al pragmatismo y a un estado de necesidad –que la propia ley penal contempla--,
que una acción justiciera, algunos sectores, obviamente los afectados, como son
las miles de víctimas de la delincuencia, son opositores naturales a la misma,
tal como pasó en Colombia con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC,
en donde la consulta popular la desaprobó y en Sudáfrica, en donde se habla de
un proceso inacabado al dejar impunes a muchos violadores de derechos humanos
de la mayoría racial negra por parte de una minoría blanca, cuyo régimen fue
cuestionado por la ONU.
El doctor Carlos Dávalos
Mejía, autor del libro “Títulos y contratos de crédito, quiebras”, ha dicho que
una realidad no se mejora con una ley porque las leyes no inventan realidades;
la mejora deberá buscarse en la realidad misma con medidas de otro tipo.
Frente al tamaño y el reto
que impone la inseguridad la Ley Pano, como puede verse, a pesar de sus buenas
intenciones, ni a mejoral llega.
Hasta ahí lo plasmado en el
artículo de Servicios Jurídicos Profesionales.
¿AMNISTÍA, PAX NARCA O DERECHO PENAL DEL ENEMIGO?
En Quechultenango,
considerado bastión de “Los Ardillos”, López Obrador, planteó la posibilidad de
conceder la amnistía a líderes del narco en aras de tranquilizar y pacificar el
país ante el fracaso de la estrategia de seguridad.
El tema no estaba considerado
cuando expuso su Proyecto de Nación, ni la de crear una Comisión de la Verdad
para investigar crímenes como el de Ayotzinapa y algunos otros.
La propuesta obviamente
levantó ámpula entre quienes defienden la fracasa estrategia de seguridad de
Calderón y Peña, gobernadores ligados a ambos gobiernos, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Ricardo Anaya, Miguel Angel Mancera,
etc.
Lo mínimo que se dijo es que
era una locura (Ricardo Anaya), que se olvida de las víctimas (Meade), que
llevaría a la formación de un narcoestado (Mancera), que se propone la pax
narca (Raymundo Riva Palacio), que era un error y que buscaba atraer votos
(Joaquín López Dóriga) y muchos más comentarios en esa línea.
Froylán Enciso del CIDE,
sostiene que amnistía no es lo mismo que pacto o impunidad y López Obrador
busca diferenciarse de sus contrincantes, explora otras vías o opciones
políticas y asume un discurso en el que se ponga en medio el diálogo y una
cultura de la paz y no de guerra, diferente al militarismo.
La amnistía, afirma el
historiador, es parte de la justicia transicional que requiere adaptarse a las
condiciones actuales y es una opción al discurso de guerra. Se hace en Estados
Unidos a cambio de información. Pactar con el narco se ha hecho de manera
implícita por algunos gobernadores, como lo hizo ver una investigación reciente
del Colegio de México.
Tomás Yarrington y Eugenio
Hernández, ambos gobernadores de Tamaulipas, están implicados en una Corte
norteamericana por sus nexos con el narco.
Joaquín “El Chapo” Guzmán,
cabeza del cartel de Sinaloa y declarado enemigo número uno de la ciudad de
Chicago, lugar que ocupó en sus tiempos Al Capone, nunca fue procesado por
narcotráfico en México.
Durante el gobierno de
Ernesto Zedillo el “zar antidrogas” el general Jesús Gutiérrez Rebollo y el
exgobernador de Quinta Roo Mario Villanueva Madrid, terminaron encarcelados por
sus nexos con el narco.
Los mismo E.U. han utilizado
a los narcos para sus fines políticos como quedó evidenciado en el escándalo
Irán-Contras cuya operación fue encargada al coronel Oliver North.
En el libro “Los nazis en
México”, Juan Alberto Cedillo, afirma que el primer del narcotráfico fue
fundado por el general Francisco Javier Aguilar González, con la complicidad de
los gobernadores Gonzalo N. Santos (San Luis Potosí), Donato Bravo (Puebla),
Miguel Alemán (Veracruz) y Maximino Avila Camacho (Puebla).
La operación cuyo objetivo
era inundar de drogas el sur de los Estados Unidos para debilitar la moral de
los soldados que vigilaban las bases navales del pacífico, fue apoyada por
agentes de la Gestapo y la Abwehr, durante la segunda gran guerra.
El politólogo Rodrigo
Coronel, calificó de hipócrita la reacción de algunos líderes políticos y de
opinión sobre un posible arreglo con el narcotráfico.
"Por cierto, la
propuesta ni siquiera es novedosa. La estabilidad del sistema político mexicano
durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX se debió a un acuerdo en el
que participó activamente en el estado mexicano", explicó el experto en
Ciencia Política por la UAM.
Coronel Navarro indicó que
más bien López Obrador, refleja su voluntad de "restituir la hegemonía al
Estado" ante los sectores y las fuerzas de poder e influencia en todo el
país, "incluso en las actividades ilícitas". "Repito, como
durante el siglo pasado", señaló.
La falta de salidas prácticas
a un tema tan complejo como es el de la seguridad ha llevado a justificar el
uso de la Razón de Estado o del Derecho Penal del Enemigo, un concepto que dice
Martín Barrón Cruz en su texto “Análisis criminológico de la investigación
ministerial”, degrada al delincuente al que convierte en un enemigo al que hay
que eliminar. Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro “El enemigo en el derecho
penal”, escribió que la doctrina de seguridad nacional de triste memoria
conllevó la legitimación del ejercicio estructuralmente descriminatorio del
poder punitivo que operó como fisura absolutista en el estado constitucional de
derecho.
LAS MANOS EN LA AGENDA DE SEGURIDAD
Y por lo que se percibe en la
Agenda de Seguridad, además de los titulares de los poderes ejecutivos de todos
los niveles responsables legales de brindar dicho servicio público, las fuerzas
armadas y las corporaciones policiacas como sus brazos operativos, tienen las
manos metidas los candidatos en campaña y actores políticos y sociales como los
grupos de presión empresariales, organizaciones de la sociedad civil, las
Comisiones autónomas de Derechos Humanos, la Iglesia Católica y hasta las
bandas criminales, con sus mensajes y actos atroces y que ostentan el monopolio
de la fuerza ilegítima en muchas regiones del territorio nacional.
Posiciones como la de
monseñor Salvador Rangel, ante la inoperancia de las instituciones estatales de
proveer seguridad en las comunidades asoladas por la delincuencia, pudieran
tenerse incluso por irreprochables o constituir soluciones alternas ante el
callejón sin salida en que se convirtió la inseguridad y la impunidad en el
país, que suma miles de muertos, desparecidos y desplazados con daños económicos
enormes, amén de la grave afectación que ha provocado en el tejido social.
La sociedad, víctima de la
barbarie, está a la expectativa de las respuestas.
(EL
PORTAL DE LA NOTICIA/ LA VIÑA DEL SEÑOR/ 01 MAYO 2018)
