30 años se cumplen hoy, 20 de
abril, del homicidio premeditado y alevoso cometido contra el codirector
fundador de ZETA, Héctor Félix Miranda, del cual, el autor intelectual de este
asesinato continúa impune.
Dos homicidas materiales
detenidos y sentenciados, Victoriano Medina y Antonio Vera Palestina, cumplen
ya tres años en libertad, protegidos como lo han estado durante estas tres
décadas por su jefe Jorge Hank Rhon, casinero de Baja California y para quién
fungían como escoltas cuando asesinaron a “El Gato”.
Hank Rhon también ha estado
tras las rejas, pero en su caso solo por 11 días, en junio de 2011, después que
elementos del Ejército Mexicano aseguraran en las inmediaciones de su
residencia, dentro de los terrenos del Hipódromo en desuso, 88 armas, 40 de
alto calibre y dos de ellas ligadas con homicidios cometidos en Tijuana. En
esas mismas fechas, la Procuraduría local lo investigó, sin éxito, por su
posible participación en el homicidio de la novia de uno de sus hijos y madre
de uno de sus nietos.
2004 fue el último año en que
alguna autoridad mostró disposición por avanzar en la búsqueda de quien ordenó
la muerte de Héctor Félix, después de que en una recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyada por el Proyecto Impunidad de
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), exigieran y lograran la apertura de
una Fiscalía Especial para revisar -no reabrir- el expediente del crimen contra
“El Gato”, que atendería a una comisión
encargada de buscar: “diferencias entre lo declarado en 1988 y 89, comparado
con expresiones públicas en la actualidad. Omisiones. Encubrimientos.
Citatorios a declarar no cumplidos. Personas no mencionadas. Hasta situaciones
fiscales”.
De encontrar algo anormal, se
presentaría otra denuncia penal; al respeto, el exgobernador Eugenio Elorduy
declaró; “Ciertamente los asesinos no se mandaban solos. Alguien les ordenó
matar a `El Gato’ Félix”.
El responsable de esa
revisión era el entonces editor general de ZETA y licenciado en derecho, Francisco
Javier Ortiz Franco, quien fue asesinado en junio de ese mismo año, y de
acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, uno de los
sospechosos del crimen, aparte de miembros del Cártel Arellano Félix y de Los
Zetas, fue precisamente, Jorge Hank Rhon. Después de eso, el entonces
codirector Jesús Blancornelas fue de abogado en abogado y nadie aceptó tomar el
caso por temor a represalias o a perder la vida.
De 1988 a la fecha, lo más
cercano a una indagatoria, que haga preguntas respecto al autor intelectual por
la muerte de Félix, ha sido la investigación periodística presentada por la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hace 24 años, en 1994, seis años
después del asesinato.
El informe de la SIP también
explica que la policía en el gobierno de Xicoténcatl Leyva, simplemente no se
tomó la molestia de investigar al jefe de los homicidas, porque uno de ellos,
Victoriano Medina, había admitido la culpa y decidieron no buscar más
implicados: “La policía señaló que Hank Rhon no era sospechoso y que no se le
había interrogado formalmente. Un guardia de seguridad le informó a la policía
que Vera había cobrado el día del crimen, un vale en pesos equivalente a 10.000
dólares. El hipódromo explicó que el dinero iba a utilizarse para pagar al personal
de seguridad. Los investigadores abandonaron el asunto, aunque no se buscó ni
encontró una confirmación satisfactoria del testimonio respecto al dinero”, se
detalla en el reporte.
También explican: “Tanto el
jefe de Homicidios, Sam Fierro, como la subprocuradora estatal de Tijuana en
ese tiempo, Josefina Fregoso de Ezkauriatza (el procurador general era Roberto
Morales Grajales), señalaron que la única indicación disponible en la época de
la investigación y el juicio respecto a quién había sido el “autor intelectual”
del crimen, estaba en la confesión de Medina, en la que se responsabilizó de
ser la persona que concibió, planeó y ejecutó el asesinato”, acompañado de
Vera, así que los policías decidieron no buscar a más implicados, ni revisar
otro tipo de evidencias.
Relatan que ya en tiempos del
gobernador Ernesto Ruffo (1989-1995), nombró a un par de investigadores
policiales con experiencia para dirigir sus esfuerzos. El exgobernador refirió
que “a poco tiempo aparecieron pequeñas evidencias en torno al hipódromo”, y
que pudieron capturar a Vera en mayo de 1990 porque siguieron a una mujer que
le llevaba “mensualidades del Hipódromo en Los Ángeles”.
El informe de la SIP también
indica que Miguel Ángel Barud, el juez que condenó a Vera Palestina, “revisó
los libros de contabilidad del hipódromo -tres años después-, en un infructuoso
intento de determinar si los 10 mil dólares que Vera cobró el día del asesinato
fueron realmente para pagarle a los guardias de seguridad”, y reconoció ante
los entrevistadores de la SIP:
“No creo que hayamos llegado
al fondo de este caso y no es que no quisiera…Yo sinceramente tenía toda la
intención de llegar hasta las últimas consecuencias, pero me encontré frente a
limitaciones legales y prácticas”.
Así, hoy como hace 30 años,
las autoridades continúan sin investigar al autor intelectual, a la persona que
ordenó matar a “El Gato”, y el asesino sigue gozando de total y plena
impunidad. Mientras en ZETA reiteramos la interrogante perenne al titular del
Poder Ejecutivo de Baja California -Francisco Vega de Lamadrid-: ¿Podrá su
gobierno capturar a los que ordenaron el crimen?, porque se duda que el tema le
despierta un mínimo de interés, debido a sus evidentes filias con el Grupo
Caliente.
(SEMANARIO ZETA/ COLUMNAZ / ROSARIO MOSSO CASTRO/
VIERNES, 20 ABRIL, 2018 09:16 AM)
