EN ENTREDICHO 106 MDP DE FORTASEG EN MEXICALI

El último año de la administración del exalcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, la Secretaría de Gobernación entregó un monto de 106 millones de pesos para equipamiento en materia de seguridad, mismos que, según indicó la dependencia federal, el ayuntamiento no comprobó el pago de estos recursos provenientes entregados a través del programada Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG). La administración de Gustavo Sánchez niega lo expresado en dicho documento y señala que solo tuvieron dos observaciones que fueron solventadas

Más de 106 millones de pesos que el Ayuntamiento de Mexicali percibió del Gobierno Federal a través del programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), no fueron comprobados por la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, y coincidentemente, al año siguiente se redujo el presupuesto en más de 30 millones de pesos.

En un documento facilitado vía transparencia se dio a conocer que prácticamente todos los gastos realizados en el último año del polémico exalcalde no tienen forma de ser rastreados, además de no existir ningún documento que avale que se cumplió con los programas para lo que fueron asignados, por lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública turnó la documentación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sorprendidos por la información, tanto el Director de la Policía Municipal, Ulises Méndez Manuell-Gómez, como el Oficial Mayor Óscar Ortega Vélez, comentaron que pudo tratarse de un malentendido, aunque reconocieron que recibieron una auditoría en el mes de febrero donde recibieron dos observaciones menores que fueron solventadas y que les permitieron recibir el recurso del FORTASEG en el 2017.

Agregó que, de no comprobar los gastos, no les habrían dado el recurso para el siguiente año que, cabe señalar, fue 30 millones de pesos menos que el año anterior. Según los funcionarios, esta reducción tiene que ver más con recortes federales que con un castigo por parte del Ejecutivo Federal.

MEXICALI NO COMPROBÓ GASTOS POR 106 MDP: SEGOB

El recurso destinado al mejoramiento de la seguridad entregado por el Gobierno Federal al Ayuntamiento de Mexicali, no fue solventado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, según consta en el oficio SESNSP/UT/760/2018 y foliado con el número 2210300016918, con fecha del 04 de abril del 2018, en poder de esta casa editorial.

El documento es claro y muestra las inconsistencias que se detectaron al cierre de este ejercicio que concluyó, según el documento, el 31 de enero, cuando el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez ya se encontraba en el cargo, pero sin haber ejercido un solo peso de este recurso.

Joel Abraham Blas Ramos, titular en la entidad del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) del PRI, dio a conocer este documento cotejable en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se precisa que de los 106 millones 722 mil 976.36 pesos, la pasada administración tuvo 24 observaciones, en las que se indicaba que no se comprobó prácticamente ningún gasto.

El recurso está dividido en cinco subprogramas que cuentan con proyectos específicos que son los siguientes:

– Fortalecimiento de Capacidades y Control de Confianza. En este punto, el Ayuntamiento de Mexicali recibió un millón 731 mil 600 pesos, la mayoría para evaluación de permanencia y solo 162 mil pesos para exámenes para elementos de nuevo ingreso. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo indicó que no se presentaron convenios, evidencia que acredite los procesos de evaluación ni facturas o comprobantes relacionadas con los exámenes.

– Profesionalización e instituciones de seguridad pública: se encuentra dividido en cinco cursos que son la “Formación Inicial” a lo que se destinaron 950 mil pesos; “Técnicas de la función policial por 3 millones 656 mil pesos; un “Diplomado para mandos de la Policía Municipal”, cuyo gasto alcanzó los 200 mil pesos; otro de “Evaluación de habilidades, controles, destrezas y conocimientos para policías municipales” por 731 mil 200 pesos; y un curso de evaluación de desempeño por el que se gastó 45 mil 700 pesos.

En total son 5 millones 582 mil 900 pesos que no se comprobó hayan sido comprometidos, devengados y pagados, ya que no se presentaron convenios, fichas de verificación o algún documento que demuestre la realización del curso.

– Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal. El recurso se dividió en ocho programas relacionados con equipo y cursos relacionados al sistema acusatorio, donde se invirtieron 21 millones 229 mil 511.36 pesos.

Fueron dos talleres de capacitación definidos como “Curso de Primer Respondiente (40 horas)”, y “Otros programas del Sistema de Justicia Penal”, por los cuales se pagó un millón 110 mil 005 y 2 millones 465 mil 276.93 pesos, además de la compra de dos lotes de Primer Respondiente para patrulla y de tierra, por montos de un millón 965 mil 253.44 y 2 millones 388 mil 672 pesos. También se compraron –supuestamente– un gran número de cámaras por montos de 7 millones 678 mil 654.80 pesos.

No existe información que refiera hayan sido comprometidos, devengados y pagados, debido a que no se presentaron convenios, ni evidencia que determine la recepción de bienes, la realización de los cursos, facturas y transferencias bancarias.

También se destinaría recurso para la compra de “material de procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios”, y kit de iluminación continua, por montos de 2 millones 845 mil 618 y 521 mil 431 pesos, los cuales se desconoce si fueron adquiridos o pagados, pues nada los respalda. Ni siquiera existe evidencia de transferencias bancarias, algo que, según Blas Ramos, es obligatorio para las autoridades realizar compras por este medio desde 2014.

– Fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública. Para este rubro se destinaron 71 millones 561 mil 089 pesos, la mayor partida.

Se comprarían camisolas, pantalones, botas, chamarra insignias, chalecos antibalas, además de pick ups doble cabina y patrullas tipo sedán, estos dos últimos tendrían montos de 31 millones 537 mil 012.60 y 17 millones 041 mil 444 pesos, es decir, la mayoría del recurso.

El documento precisa que no se presentaron contratos, transferencias bancarias, facturas ni actas de entrega-recepción.

– Mantenimiento correctivo y preventivo para el equipo de radiocomunicación. Este último rubro destinó recursos por 2 millones 617 mil 876 pesos, y aunque se permite omitir el proceso de licitación debido a que se trata de un equipo especial de seguridad estatal, el Municipio no facilitó documentos relacionados con la compra del mismo, mucho menos comprobantes.

Del análisis que realizó el SNSP solo se comprobó la entrega de 26 millones de pesos de las aportaciones que el Municipio debe realizar para hacerse acreedor al recurso federal, el cual no tiene observaciones de ningún tipo, pues se destinó debidamente en las mejoras de condiciones laborales a policías y la homologación salarial.

Cabe mencionar que la respuesta de 11 páginas concluye que “no se presentó la documentación comprobatoria que acredite el gasto reportado por el beneficiario… por lo que, atendiendo a la normatividad aplicable, dichas observaciones se harán de conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación”.

Además, señala que el informe final concluye es de “carácter definitivo”, por lo que cualquier aclaración deberá hacerse a la ASF.

AYUNTAMIENTO RECHAZA IRREGULARIDADES

Tanto el Director de la Policía como el Oficial Mayor, se dijeron sorprendidos por la documentación, pero rechazaron que tuvieran irregularidades o que la Secretaría de Gobernación exigiera cuentas sobre el tema.

Ulises Méndez Manuell-Gómez aseveró que de haberse dado un hecho de esta naturaleza no se les habría entregado el FORTASEG del siguiente año, donde hasta el momento no tienen ningún problema.

Comentó que ellos solo recibieron dos observaciones por el retraso en la entrega de chalecos antibalas por parte de la empresa y por un pago realizado a través de cheques cuando obligatoriamente deben realizarse por medio de transferencia bancaria, pero que fueron solventadas sin problema alguno.

El oficial Mayor Óscar Ortega Vélez fue más allá, afirmando que en febrero o marzo del 2017 hubo una auditoría por parte del Gobierno Federal, donde solo tuvieron dichas observaciones que fueron solventadas sin problema.

Comentó que observó el dictamen final y que los absolvía de cualquier irregularidad, por lo que no comprende los motivos por los que la Secretaría de Gobernación diera a conocer que existe incumplimiento.

Referente a la reducción de 106 a 75 millones de pesos que recibieron al año siguiente, el funcionario municipal comentó que se debió más bien a una reducción de la bolsa FORTASEG y no por un castigo o sanción por algún incumplimiento. En 2018 también hubo una reducción de 4 millones de pesos.

Aunque dijo no recordar a cuánto ascendían las observaciones referidas por el Gobierno Federal que solventaron, indicó que todo estaba sustentado en contratos, aunque reconoció que por el tiempo no podría tener total certeza de dónde estaban ubicados.

“Todo fue documentado, hasta donde sabemos, debidamente comprobado, y entregado en tiempo y forma, en los límites de tiempo, pero entregados”.

Méndez Manuell-Gómez afirmó que todo lo que se compró fue entregado y se cuenta con ello para la operatividad policíaca.

LOS CONTRATOS

Tras una revisión en la página del Ayuntamiento de Mexicali donde se encuentran todos los contratos celebrados desde el 2014 a la fecha, se pueden confirmar algunas compras, pero no existe evidencia del gasto de por lo menos 53 millones de pesos, además de no tener la certeza de que fuera entregado todo el equipo.

Se trata de cuatro contratos con los que se adquirieron 30 vehículos tipo sedán, para patrulla, por los que se devengó un monto de 16 millones 941 mil 720 pesos, los cuales fueron comprados a Automotriz del Valle, propiedad del exgobernador Eugenio Elorduy, a través de una licitación nacional.

Oficialmente, no existe registro documental del proceso de compra de vehículos tipo pick up de doble cabina, por el monto de 31 millones de pesos que tenían presupuestado; sin embargo, ZETA tuvo acceso al video de una televisora local que evidenció la noticia de la entrega de las mencionadas unidades marca Ford, pocos días antes de culminar la anterior administración municipal.

Los otros contratos fueron la compra de uniformes por 21 millones 128 mil 250 pesos, en favor de Baja Equipos y Textiles S. de R.L., propiedad de Óscar Rodríguez Hermosillo y Abel Sosa Zuno, el primero de ellos además tiene una empresa llamada Colchonera Monarca, que comparte propiedad con el panista Alejandro Caso Niebla; de esta empresa también fue propietario el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri Franco, quien inyectó capital en 2014, pero renunció de sus beneficios como socio al año siguiente.

En su lugar entró Salvador Lombroso Levi, quien también fue socio del hijo del exalcalde Carlos Bustamante Anchondo, en un casino.

El Ayuntamiento de Mexicali compró 4 mil 100 botas, camisolas, pantalones, además de 2 mil 50 chamarras e insignias metálicas. La misma empresa surtió al Municipio de mil 338 cámaras fotográficas, además de 960 kit de primer respondiente de agentes y otros 438 para patrulla, por los que pagaría poco más de 12 millones de pesos, en total. Es decir, todos los contratos fueron para la misma empresa.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mexicali también contrató a la empresa FINUTIL, S.A. de C.V. para otorgar vales de apoyo educativo para la Policía Municipal, por lo que devengó 3 millones 780 mil pesos. Sin embargo, no existe información sobre específicamente de qué rubro se obtuvo se extrajo este recurso.

 (SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESO/ EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)

FRAUDE AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA

Sin tener factura o confirmación de una donación, el coordinador general de Seguimiento Gubernamental, Mario Alberto Cabrera Mendoza, exigió la transferencia para el flete desde Veracruz de una donación en especie por 6 millones de pesos, la cual nunca fue entregada. No hay responsables por el delito

Por más de un año, el Ayuntamiento de Ensenada ocultó un fraude electrónico en el que el coordinador general de Seguimiento Gubernamental, Mario Alberto Cabrera Mendoza, exigió a Tesorería Municipal una transferencia por 750 mil pesos para depositarlo a una entidad fantasma que presuntamente haría una donación.

El paquete de mercancía en contenedores, proveniente del puerto de Veracruz, estaba valuado en 6 millones de pesos. En la lista aparecían juguetes, computadoras, un camión motobomba, ropa, calzado y hasta un camión recolector de basura.

Documentos digitales en poder de ZETA como el oficio resolución 5745/11/16 y número de control 5745/03/16, expediente AMC5745/0316/16, fechado el 16 de enero de 2017, revelan que los estafadores enviaron una lista de artículos en donación, pero al anterior presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, no así al actual ,Marco Novelo Osuna.

El correo electrónico fue dirigido a la cuenta del gobierno municipal, presidencia@ensenada.gob.mx desde el correo falso resoluciones@saeb.mx. En el correo se informa que se trata de bienes incautados en procedimientos federales por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en conjunto con Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Los bienes antes descritos serán entregados en la Aduana en la cual se encuentra ubicado en resguardo y la fecha de entrega será el 10 de febrero del 2017”, fue como burlaron a la autoridad y supuestamente lo firma Héctor Orozco Fernández, director del SAE.

Junto a Karla Ivonne Moreno Preciado, quien es coordinadora de Gestión y Planeación Financiera, Mario Cabrera usó el recurso público sin antes tener en posesión una factura que legitimara el trámite.

Aunque el presidente municipal supo del robo, no instruyó al jurídico del Ayuntamiento interponer denuncia penal, tampoco hubo consecuencia para los servidores públicos que actuaron en detrimento del patrimonio, según informó una fuente cercana al Ayuntamiento, quien pidió el anonimato.

“La tesorera municipal, Guadalupe Méndez Maldonado, se negó a realizar la transferencia ante la falta de un factura, pero Cabrera Mendoza le recriminó al alcalde que por una necedad iban a perder una gran donación”, aseguró el informante.

ZETA requirió un posicionamiento por parte del gobierno municipal respecto al fraude, sin embargo, Mario Cabrera, responsable, prefirió no hablar de la situación.

REGIDORES SABÍAN DEL FRAUDE

En 2017, en Cabildo se agendó la solicitud de transferencia presupuestal por concepto de fletes a cargo de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, entonces encabezada por Francisco René Ching Bernal, quien fue despedido el 23 de octubre del mismo año.

Orlando Agapito Toscano Montaño, edil coordinador de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, reconoció que el hecho de que nunca vieron el resultado de la transferencia presupuestal generó incertidumbre. La solicitud la hizo la Dirección de Desarrollo Social, argumentando que tenían esa partida presupuestal, pero requerían aumentar el techo financiero para recibir la donación por parte del SAT.

Quienes promovieron el envío, expusieron a los regidores que la mercancía consistía “en contenedores donde había bienes en especie y que se estaban dando, por lo que autorizamos”.

— ¿Qué sucedió después?, se preguntó a Toscano.

“Nosotros no tenemos la notificación de que se hayan recibido esos bienes, debo comentar que a fin de cuentas el ejercicio corresponde a cada una de las dependencias, y creo que Desarrollo Social tendrá que tener la explicación”.

— ¿Se trató de un fraude electrónico?

“Tiene que tener toda nuestra atención, cualquier ejercicio de este tipo, donde se involucren pesos y centavos -del gobierno municipal-, debe estar apegado a la normatividad”.

SINDICATURA NO DUDA EN INVESTIGAR

La síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos, recordó que en sesión de Cabildo aprobaron dicha transferencia, pero no tiene constancia de que se hayan entregado los artículos.

Como parte del trabajo de la institución,  realizarán una investigación al tratarse de un acto en detrimento del patrimonio municipal.

En caso de que a los servidores públicos se les acredite la responsabilidad, podrían ser deshabilitados e incluso se les iniciaría proceso penal.

SAT, SHCP Y SAE ADVIERTEN SOBRE FRAUDES

Cada año las entidades federales y fiscalizadoras lanzan una alerta a los usuarios ante la cantidad de engaños a los contribuyentes, incluyendo los ayuntamientos.

Hay una inmensa lista de correos electrónicos falsos, y uno de ellos es similar al que recibió presidencia municipal de Ensenada con la palabra “resoluciones”.

En un comunicado de prensa, mencionaron que a través de llamadas telefónicas o mensajes, cartas y correos electrónicos, pretenden sorprender.

“Se ha identificado que se están haciendo llamadas falsas a nombre de la SHCP o del SAT, donde se acusa con fines fraudulentos de irregularidades en la situación fiscal del contribuyente”, se informó.

De igual manera, se invita a usar el Buzón Tributario para tener la certeza de que los mensajes que ahí reciben, provienen del SAT.

“Todos los trámites de contratación en el SAT son gratuitos. Si alguien te solicita un pago para alguna contratación o servicio, se trata  de un engaño”, refiere el documento oficial.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  LORENA LAMAS/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)

A VERA AYALA LE CONCEDE AMPARO JUEZ QUE EXONERÓ A HANK

La juzgadora que absolvió a Jorge Hank, Blanca Evelia Parra, ahora concede un amparo a Jorge Mario Vera Ayala, ahijado del político, para que quede sin efecto una orden de aprehensión dictada en Guadalajara. El amparo ordena al juez de la causa que “establezca sí es cierto que se encuentran acreditados los elementos del delito” de delincuencia organizada. El Ministerio Público Federal interpuso recurso de revisión contra el fallo protector y el asunto llegará a un Tribunal Colegiado en Mexicali

El ex comandante de la Policía de Tijuana, Jorge Mario Vera Ayala, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, obtuvo un amparo que deja sin efecto una orden de aprehensión en su contra dictada en un Juzgado de Jalisco para que el juez analice detalladamente las pruebas que obran en la imputación.

La protección de la justicia federal fue otorgada al ahijado del político casinero Jorge Hank Rhon en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Tijuana, cuya titular es Blanca Evelia Parra Meza, quien siendo Juez Noveno de Distrito, exoneró al concesionario del Hipódromo Agua Caliente del acopio de armas y otros delitos denunciados en 2011.

Producto de las mismas pesquisas realizadas por la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, en 2012 se ejercitó acción penal contra los gemelos Jorge Mario y Jerónimo Javier Vera Ayala, así como de ex integrantes de la Policía Municipal de Tijuana durante el mandato de Hank en la alcaldía de esta ciudad fronteriza.

Las declaraciones de testigos protegidos o colaboradores, entre ellos a quienes se denominó “Angélica”, “Carolina” y “Guadalupe”, sirvieron para incriminar a los hermanos Vera como presuntos operadores de un grupo de seguridad denominado “Alto Impacto” que brindaba protección al político y al mismo tiempo protegía actividades del Cártel Arellano Félix (CAF).

Los testimonios obran en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/117/2012, la cual detalla el hallazgo de 88 armas de fuego y nueve mil cartuchos en las instalaciones del hipódromo durante la penumbra del 4 de junio de 2011, cuando Hank Rhon fue detenido tras un cateo y posteriormente, dicha captura fue calificada como ilegal en el Juzgado Federal.

Los declarantes, algunos imputados y otros liberados, expresaron en la indagatoria que colaboraban para la organización criminal dedicada al narcotráfico y que les consta que Jorge Mario Vera Ayala era el responsable operativo del grupo “Alto Impacto”, con oficinas en el propio hipódromo. Delataron a los demás miembros, entre los que se encontraba el gemelo Jerónimo Vera.

Según señalamientos, apuntalados por el Ministerio Público Federal en su consignación, el grupo especial tenía como finalidad la coordinación de actividades delictivas, tales como secuestros, levantones, asesinatos y el trasiego de droga, en colaboración con el CAF. Además de la intervención ante la policía municipal para librar de problemas a los narcotraficantes.

En las constancias, los testigos expresan que Teodoro García Simental “El Teo”, entonces jefe de sicarios del CAF, visitó algunas veces el hipódromo para entrevistarse con Jorge Mario. “Carolina” dijo que entre los años 2005 y 2007 fueron custodiados de 15 a 20 cargamentos de droga –marihuana y/o cocaína- con la supervisión y mando de Vera Ayala para proteger las actividades de narcotráfico de los Arellano Félix.

Diversos imputados, entre ellos ex secretarios o directores policiales, incluido Jerónimo Vera, han sido exonerados a través de juicios de amparo, al no acreditar la autoridad ministerial las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la materialización de los delitos atribuidos.

En el caso de Jorge Mario Vera, su situación se ha prolongado en el tiempo al encontrarse prófugo desde la fecha del cateo. Ha buscado la protección de la justicia federal en el Estado de México, en Jalisco y en Baja California, donde finalmente la Juez Tercero de Amparo le dictó el fallo protector.

La sentencia conviene que el amparo es para efectos de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales que dictó la orden de aprehensión contra Vera Ayala “deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva resolución en la que establezca si es cierto que se encuentran acreditados los elementos del delito”.

Tan pronto se conoció del amparo concedido al hijo de Antonio Vera Palestina, ex convicto condenado a 25 años de prisión por el homicidio del periodista Héctor Félix Miranda, codirector fundador de ZETA en abril de 1988, y el Ministerio Público Federal interpuso el recurso de revisión, por lo que el asunto será remitido ante un Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito para que confirme, modifique o revoque la sentencia recurrida.

Cabe mencionar que aunque Jerónimo, el hermano de Jorge, ya había librado los referidos cargos, actualmente en el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, se encuentra procesado penalmente. El 25 de octubre último, un juez federal le negó el amparo contra un auto de formal prisión y esa resolución es combatida mediante un recurso de revisión en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)

DETIENEN AL NOVIO DE VALERIA EN SONOYTA, POR NARCOMENUDEO

El novio de la joven asesinada Valeria Ahumada Jáuregui, fue detenido la tarde de este miércoles por policías municipales de Sonoyta, Sonora, acusado por el  delito de narcomenudeo.

Y es que al momento de su detención llevaba entre sus pertenencias algunas dosis de enervante, según informaron autoridades del vecino Estado a agentes bajacalifornianos.

Pocos datos ha informado la autoridad sobre la captura, pero trascendió que la Policía Ministerial no cuenta oficialmente con una orden de aprehensión por este hecho delictivo.

Valeria, es la joven de 23 años de edad, madre de familia, cuyo cadáver fue localizado el lunes pasado en una vivienda en construcción en la colonia Lomas de Abasolo, en la Zona Oriente de Mexicali.

Su cuerpo presentaba 22 heridas,  las cuales le causaron un traumatismo craneoencefálico y un choque hipovolémico, esto último tras ser acuchillada en el cuello.

El día de mañana, jueves, la Procuraduría de Justicia emitirá información sobre el caso.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS/  EDUARDO VILLA LUGO /MIÉRCOLES, 18 ABRIL, 2018 10:25 PM)

IMPARABLE OLA DE VIOLENCIA EN ENSENADA; CINCO ASESINATOS EN 18 HORAS

En la colonia 17 de abril quedó tendido el cuerpo de un joven, asesinado a balazos

Ensenada.- El quinto asesinato en 18 horas se registró este mediodía en la colonia 17 de Abril, donde quedó tendido el cadáver de un joven de entre 20 y 25 años de edad.

La Policía Municipal dio a conocer que a las 11:17 horas, vecinos reportaron en el módulo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ubicado en la colonia que se habían escuchado detonaciones, sin precisar si se trataba de disparos por arma de fuego o cohetes.

Los oficiales se trasladaron a la calle 2 de Octubre y Prolongación 18 de Marzo, en donde encontraron a una persona de sexo masculino tendida en el suelo que no respondía al llamado y al parecer lesionada por disparos de arma de fuego, motivo por el cual solicitaron apoyo de una ambulancia.

Paramédicos determinaron que el hombre carecía de signos vitales, motivo por el que los agentes acordonaron el área que posteriormente entregaron a agentes de la Policía Ministerial del Estado.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  MARCO A. FLORES /JUEVES, 19 ABRIL, 2018 12:51 PM)

41 ATAQUES A POLICÍAS MUNICIPALES EN TIJUANA

“Lárgate de aquí”, es el mensaje que entiende  el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Sotomayor, en la mayoría de los 41 ataques recibidos por elementos de la corporación en los primeros 16 meses del trienio. El saldo ha sido 14 policías lesionados y 5 asesinados

El miércoles 11 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, se reportó por la frecuencia policiaca que civiles habían disparado en contra de elementos del área de inteligencia de la policía municipal de Tijuana un grupo que encabezaba el jefe del área.

Minutos después, voceros autorizados detallaron que los elementos de Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que trabaja en inteligencia, habían acudido en compañía de militares para atender una denuncia de secuestro a la calle Tierras Ociosas de la colonia El Jibarito, y cuando llegaban  al domicilio denunciado escucharon balazos y se replegaron.

“No dispararon contra los agentes o las patrullas; sin embargo los balazos que los delincuentes hicieron sobre una pared de tierra les dieron tiempo de huir”, aseguraron.

Pero el que los criminales le disparen a los policías es una práctica que va a la alza en Tijuana.

Apenas el 1 de abril a las 20:50 horas los uniformados escucharon por la frecuencia policiaca la petición de ayuda del agente comercial asignado a la caseta de Villas del Prado, delegación Los Pinos,  instalada apenas una semana atrás en la mencionada zona.

Tres horas después, en el fraccionamiento Villas del Álamo, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) reportaron que fueron baleados y cuando respondieron, uno de los atacantes fue abatido.

“El primer hecho desafortunadamente le disparan al compañero, estaba afuera de la caseta, le perforan el glúteo, sale más o menos a la altura del ombligo con calibre 223. La caseta recibe 5 impactos, pide ayuda, de manera inmediata”, detalló el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor.

El agente estaba de espaldas, pero los testigos reportan que vieron a  cuatro hombres  que llegaron a bordo de una camioneta Explorer, se bajaron y dispararon, algunos identificaron a un delincuente conocido de la zona al que apodan “El Negro”, los grupos de inteligencia del grupo Coordinación lo identifican como Isidro Montes, pero no ha sido localizado, ni siquiera imputado, porque los ciudadanos tienen miedo y de entrada se negaron a ser incluidos en el Informe Policiaco Homologado (IPH) y en la investigación.

Como parte del protocolo cuando un uniformado es agredido, se concentra la mayor cantidad de elementos en la zona de conflicto, toda el área de Inteligencia, los GOE, los jefes de los distritos, y comandantes, pero solo localizaron el auto de los atacantes abandonado.

Como los grupos siguieron trabajando en la búsqueda de indicios en la zona, a las 23:34 horas del mismo 1 de abril, la central de radio recibió el reporte de un segundo ataque, esta vez elementos de una unidad del GOE que transitaba por la avenida principal en el fraccionamiento Villas del Álamo –a varios kilómetros del primer punto-,  informan que hay detonaciones en su contra, también mencionan que uno de los atacantes está lesionado sobre la calle Miguel A. Cárdenas, y que otros dos lograron huir por un cerro aledaño.

Previamente, el 14 de marzo, 4 hombres con antecedentes penales, incluidos 2 menores de edad atropellaron a un policía que los siguió al darse cuenta que intentaban evadir un retén en Camino Verde, los persiguieron y se entregaron, estaban en posesión de un rifle  223, tres armas largas, tres armas cortas una 40. Están siendo procesados por homicidio en grado de tentativa.

13 BALACERAS CONTRA POLICÍAS EN 3 MESES

De acuerdo a las cifras en poder de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, en lo que va de la actual administración los elementos de la corporación han sido el objetivo  de 41 ataques armados: 11 en el año 2016,  otros 27 en el año 2017 y 13 en lo que va de 2018, lo que evidencia una clara tendencia a la alza.

La mayoría de los tiroteos han sido en contra de  elementos en activo -38 en servicios y 3 fuera de servicio-, y el saldo fatal ha sido de 14 elementos lesionados y 5 policías muertos porque en varios de los casos los perpetradores  han fallado.

En estos operativos han decomisado 23 armas, y de los agresores en los 41 expedientes la Policía Municipal ha capturado a 35 presuntos responsables -no todos se han quedado detenidos-, tres han sido lesionados y 11 “neutralizados”, informan, al referirse a los muertos.

“En todos los casos fue uso de la fuerza justificada”, aseguró Sotomayor y la Procuraduría no la ha desmentido en sus investigaciones. Ni siquiera en la indagatoria que se siguió a partir del asesinato del jefe policiaco Antonio Juvera Ponce, ocurrido el 13 de noviembre 2017 en el bulevar Federico Benítez, a la altura del fraccionamiento Infonavit La Mesa, en el que reportaron que el homicida se suicidó cuando fue acorralado por los policías.

Cuando se le preguntó al secretario:

– ¿Cómo puede sentir confianza la ciudadanía si los encargados de la seguridad son atacados con impunidad?

“De los 5 elementos asesinados, uno se suicidó -el del caso Juvera- , y hemos detenido a tres de los responsables de homicidios y a más de 30 en los otros casos, no estamos mal”, respondió.

Los detenidos son: Alejandro Pizarro Urquijo “El Pizarro”, está detenido por el asesinato del agente Sidney Rubén Pizarro -con antecedentes por drogas-, cometido el 22 de abril de 2017. Y  un menor de 16 años y Luis Giovanni Gutiérrez Marroquín, fueron detenidos por el asesinato del agente José Luis Núñez acaecido el 1 de agosto de 2017; su muerte fue ordenada por el ‘El Oaxaco’, cabecilla del narcomenudeo en la colonia Obrera, quien sigue libre.

“Ellos (los delincuentes) deben tener claro que si se meten con nosotros va haber una respuesta contundente, no está tan mal, tenemos detenidos. Aquí lo grave sería que pasara como antes que los mataban y no los metían a la cárcel, como cuando estaba el secretario Leyzaola”.

– ¿A qué atribuye que ahora a los criminales se les haga más fácil enfrentarse a balazos con los policías?

“Tiene que ver con las armas, todo mundo anda armado, cómo puede ser posible que hayamos decomisado 57 por ciento más armas en 2017 que en 2016. Si hay más armas entonces hay más homicidios, y obviamente más agresiones a policías”.

“En 2016, solo la Policía Municipal aseguró 539 armas, en 2018 otras 868, aún no hacen el reporte oficial pero refieren más de 200 armas aseguradas en lo que va del 2018, más de mil armas en uno solo municipio, cuando oficialmente la SEDENA solo ha otorgado 4 permisos de armas a particulares en todo el estado de Baja California.

“Además de las armas, vemos una capacidad de razonar muy limitada, como en el caso de los muchachos que traían armamento y atropellaron al policía para intentar huir; si se hubieran entregado desde el inicio, en 48 horas salen libres”.

– ¿Qué saben del móvil de en estos tiroteos?

Sotomayor tomó como ejemplo el más reciente ocurrido en la caseta de Villas del Prado:

“Es simplemente el mensaje a la policía de ‘Lárgate de aquí’… Cuando revisamos, lo primero que descartamos es que sea un ataque directo  contra el elemento, yo lo veo como un mensaje de que nos vayamos de ahí, al final de cuentas es un área que ha sido muy complicada, es de las que tiene más homicidios desde el año pasado, por eso instalamos la caseta móvil con un grupo de policías que están trabajando alrededor de la caseta, se hace como una especie de polígono de patrullaje y un trabajo integral con la comunidad”.

Y regresó a la falta de razonamiento de los delincuentes: “No es de entender cómo se arriesgan tanto, lo único que lograron es que duplicáramos el patrullaje, porque ese tema, como otros similares, no lo vamos a dejar hasta que lo agarremos.

“Yo no creo que sea un tema de que el crimen organizado nos esté corriendo, son los grupos, las banditas operando en esa zona. Y creo que ni siquiera es una acción que está bien analizada, porque el hecho que disparen a una caseta o a un policía tiene un efecto contrario”.

LOS ATACANTES

Sin embargo, consultados los titulares del el Grupo Coordinación saben perfectamente contra quienes se enfrentan en las zonas de mayor violencia en Tijuana, aunque esa información no ha servido aún para concretar investigaciones y órdenes de aprehensión en su contra. De acuerdo a las versiones del Consejo Estatal de seguridad:

– Del CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación) consideran en sus pesquisas a: Misael Hernández “El Eder”; Esteban Vega “El Dark”; Elías Arredondo “Nosek”; Valentín Macedo, Saúl Ambriz, Pablo Piña “El Flaco”; Alfonso Rivera “El Poncho”; Juan de los Santos, encabezados por Edgar Herrera “El Zame” y Ricardo Raygoza Vélez, “El Booster”.

– De los primos  Mendoza Uriarte investigan a: Luis García “El Wicho”, Israel Avelar y Cristóbal Rivero “El Enano”.

– Y por los Aquiles de los hermanos Arzate a: Daniel Lara “El Chiapas” y Esteban Hernández “Olimpo”.

10 DETENIDOS POR HOMICIDIOS EN UNA SEMANA: ZONA TIJUANA

En 2017, el área de homicidio en Tijuana a cargo de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) ejecutó 234 órdenes de aprehensión por asesinato, un promedio de 20 al mes, cinco a la semana.

Del 2 al 12 de abril de 2018, durante los primeros 10 días que la subprocuraduría de zona Tijuana se hizo cargo del tema, se han cumplimentado 10 órdenes de aprehensión: cinco dentro del Nuevo Sistema, cuatro físicas y  uno en reclusión; y cinco en el sistema tradicional, tres físicas, uno en reclusión y otro en colaboración. Todas con el apoyo y en coordinación con el Ejército y la policía municipal.

Adicionalmente, la Unidad con Detenido definirá este viernes 12 de abril, si presenta ante el juez a los primeros tres hombres que la policía municipal los presentó detenidos en flagrancia por el asesinato cometido la noche 11 de abril, en la Avenida Miraflores.

De manera extraoficial, uno de los testigos informó a los aprehensores que el muerto y el homicida pertenecían a la misma célula delictiva, que el matón le estaba reclamando a la víctima por una droga que había cruzado a Estados Unidos y no llegó, y la conversación terminó a balazos. Los detenidos estuvieron involucrados, pero ninguno está dispuesto a declarar.

ZETA conversó con el subprocurador de zona, Jorge Alberto Álvarez, de cómo va a hacer frente a su nueva responsabilidad y enfatizó que, aunque el objetivo es retener a los responsables por homicidios, de no tener elementos suficientes, buscarán capturarlos por otros delitos que usualmente cometen: narcomenudeo, robo de auto, a casa habitación, y con base en sus antecedentes, lograra la prisión preventiva oficiosa: “sacarlos de circulación unos años”.

También explicó que está en pláticas con el delegado de la PGR, Victorino Porcayo- trabajaron juntos en Michoacán-, para analizar la posibilidad de que a las personas que son detenidas por posesión de arma en el fuero federal, se queden en prisión justificada por antecedentes de delitos cometidos en el fuero común.

— ¿Jurídicamente es posible?

“En la Ley no hay nada que lo prohíba”, refirió el subprocurador.

“¿Por qué se tomó la decisión de que homicidios se pasará a la zona?, primero porque así está trabajando Ensenada, Tecate, Rosarito -y desde el 11 de abril, también Mexicali- con ese esquema; segundo, porque la estructura de la subprocuraduría es mucho más grande que la de  homicidios.

“El yo pasara las tentativas a homicidios, era entregarle tres ministerios públicos, cuatro con auxiliares y tres o cuatro policía. El fusionar homicidios a zona es pasarle Unidad con Detenidos, que son 10 ministerios públicos, 150 policías que de una u otra forma van a apoyar; es sumar esfuerzos con todo el personal para buscar un mejor resultado en el tema de homicidios; es un tema de administración si lo quieres ver así”.

Álvarez recibió del área de homicidios a 13 agentes del Ministerio Público, 70 policías y más de 25 auxiliares del Ministerio Público del Nuevos Sistema, mientras que del sistema tradicional a cuatro con secretarios de acuerdo. En total, más de 100 personas.

Se fusionan y analizarán en conjunto los expedientes de homicidios, intentos de homicidios y lesiones por arma de fuego, estos últimos dos sumaron entre 450 y 500 expedientes el año pasado: “Toda esa información se va a unir y lo que esperamos es que dé un mejor resultado en las investigaciones.

“En subprocuraduría de zona estamos apostando a la prisión justificada como medida para que las personas que están siendo reincidentes, se queden en prisión, que cumplan su proceso en la cárcel, para evitar el reciclaje.

“Tan nos ha funcionado que cada mes se nos incrementan las prisiones justificadas; en principio del Nuevo Sistema traíamos 20 prisiones, 18 oficiosas y dos justificadas; ahorita traemos entre 90 y 100 mensuales, de las cuales, 60 por ciento son justificadas, porque estamos al pendiente del delincuentes; y el Ministerio Público está aportando la información al juez para que se quede en la prisión”.

— Pero homicidios no es lo mismo que robo de vehículo, ¿qué harán con este delito específico?

“A lo mejor no tiene mucho que ver, pero fíjate que sí hemos estado analizando el tema y mucha de la gente que traen detenidos por homicidio o narcomenudeo, pasaron por el tema de robos de auto y a casa habitación; entonces esa información al momento que la vamos a conjuntar bajo una sola dinámica, lo que buscamos es solicitar las prisiones justificadas”, concluyó Álvarez.

INVESTIGAN INHUMACIONES CLANDESTINAS EN ENSENADA

Agentes periciales y ministeriales rastrean la presencia de más restos humanos en la zona del fraccionamiento El Roble, paralela a la carretera Ensenada-Ojos Negros, en Ensenada,  donde se localizaron seis osamentas durante la presente semana. Los cuerpos estaban maniatados y con cinta adhesiva en el cráneo.

El hallazgo lo realizó un civil que recorría la zona despoblada, polvosa y a metros de viviendas de interés social, junto con una mascota que olfateó los cuerpos semienterrados, a unos 40 centímetros de la superficie.

La subprocuradora de Justicia de zona Ensenada, Norma Alicia Velásquez Carmona, informó que mediante una excavación en un primer punto, fueron extraídas dos osamentas humanas. Luego, a 15 metros hacia el oeste del primer hallazgo, se ubicaron otros dos esqueletos. No se descarta la posibilidad de encontrar más restos humanos en el área.

También, el 11 de abril se ubicó un tercer punto de donde fue extraída la quinta osamenta, y a 30 metros de este sitio se dio el sexto hallazgo. Las seis osamentas presentaban a simple vista, cinta adhesiva en el cráneo, amarres en pies y manos.

Los restos fueron depositados en el Servicio Médico Forense (Semefo) para efecto de practicar la necropsia de ley que establezca la causa determinante de la muerte.

“Que se recaben muestras óseas para llevar a cabo las pruebas de genética correspondientes”, indicó la subprocuradora.

Además de la necropsia de ley, las muestras serán trasladadas a la ciudad de Tijuana y el tiempo para tener resultado es por el momento indeterminado.

Sobre el hallazgo en Valle de la Trinidad, donde el 11 de enero se encontraron cuatro cuerpos sepultados en una fosa clandestina, la subprocuradora respondió que aún no tienen identificados los cuerpos y que siguen en las salas de Semefo.

PROFESIONALIZAN EN NARCOFOSAS

En la zona del Rancho San Marcos, en la delegación de San Quintín, donde se localizaron seis cadáveres en agosto de 2017, antropólogos de la ciudad de México realizan una capacitación para la extracción de restos humanos dentro de fosas.

Una fuerte movilización se detectó en el rancho este jueves 12 de abril, en el área donde preparan al personal de la subprocuraduría en Ensenada. En el lugar se tiene el apoyo del Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR).

Datos de la Asociación de Desaparecidos en Baja California, indican que en el municipio hay 120 personas sin localizar, de los cuales, 70 corresponden a San Quintín. Los días del 20 al 22 de abril, la PGJE llevará a cabo una campaña para recabar muestras de ADN, exclusivamente en el centro de salud de esa delegación.

En lo que va del año se tienen registrados 68 homicidios en todo el municipio. Karla Lorena Lamas

VAN 615 ASESINATOS EN TIJUANA

En los primeros 12 días de abril, 68 personas han sido privadas de la vida en distintos hechos; lo que suma 615 crímenes en lo que va de 2018. La mayoría de los presuntos responsables se encuentran prófugos.

Esta semana ha sido una de las más violentas en lo que va del año; de acuerdo a cifras proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se cometieron 56 asesinatos y solo dos presuntos responsables aprehendidos.

Entre los hechos delictivos más violentos figuran:

DOMINGO 8.- En la canalización del Río Tijuana fue localizado el cadáver de un desconocido; la causa de muerte aún no se determina. Por las lesiones contusas que le propinaron, un adolescente de 15 años, identificado como Jacinto, murió en el Hospital General. En el mismo nosocomio, por lesiones por arma blanca, falleció un desconocido de alrededor de 40 años. Martín Escobar Rodríguez, de 53 años, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la colonia Anexo Loma Dorada. En El Florido, Gabriel Esquer Moroyoqui, de 35 años, fue privado de la vida a tiros.

LUNES 9.- En Valle Dorado fue localizado el cadáver de un hombre a quién le propinaron un golpe contundente en la cabeza. A tiros fue asesinado un masculino en Villas del Sol. En un domicilio utilizado como picadero en la colonia Guadalajara, fue localizado el cuerpo de un masculino con un tiro en la cabeza y envuelto en una cobija. Tras un ataque armado, Lidia Zapata Rodríguez, de 36 años, y un hombre no identificado, fueron privados de la vida. En Hacienda del Colorado fue asesinado por disparos de arma de fuego en el rostro, un masculino de entre 45 años. En la colonia Alamar, un hombre fue asesinado a balazos. En un lote baldío en El Niño, fue localizado el cuerpo de un sujeto que presentaba huellas de violencia.

MARTES 10.- En Las Torres, en la vía pública, fue localizado el cadáver de un masculino con heridas de proyectil de arma de fuego. Dos cuerpos sin vida, uno de entre 20 y 35 años, fueron hallados en Valle Imperial. En la escena del crimen fueron encontrados seis casquillos. Envuelto en sábanas fue ubicado el cuerpo de un sujeto en la colonia 3 de Octubre. En la Chihuahua fue abandonado un vehículo Honda color verde y en la cajuela se hallaba el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años. En la caja de una pick up Sonoma, color rojo, con placas de California, fue hallado el cuerpo de una mujer, de entre 30 y 35 años, envuelto en una cobija. En el Hospital General, un sujeto de entre 35 y 40 años, murió luego de haber sido atacado en el Cañón del Padre. En el mismo nosocomio fallecieron Miguel López Rodarte, de 33 años, y Juan Manuel, de 34 años; el primero atacado en la 3 de Octubre y el segundo en el  Florido 1ra. Sección. Miguel Ángel González Mireles murió por lesiones por arma de fuego propinadas en la Reforma. El cadáver de un masculino con heridas por arma de fuego fue localizado en la Independencia. En el Campestre Murua fue encontrado sin vida Paul Hernández Ulloa, de 36 años, tenía lesiones por proyectil de arma de fuego. En la Ampliación Guaycura, un masculino de aproximadamente 30 años fue ejecutado a balazos que recibió en el tórax.

MIÉRCOLES 11.- En el interior de un panteón, en Villa Fontana, fue encontrado el cuerpo de un desconocido con un golpe contuso al parecer dado con una piedra. En la Reforma fue asesinado a balazos José Refugio Castellón Hernández, de 57 años. En Praderas del Sol fue ultimado a tiros García Gutiérrez Miqueas, de 39 años. José María Lazarin Pavón, de 34 años, fue asesinado en Torres del Lago. En La Gloria fue localizado el cuerpo de una mujer con lesiones punzocortantes; no ha sido identificada.  En Villa del Prado, Sebastián Ahumada Huerigo, de 19 años, fue asesinado a balazos.

JUEVES 12.- En el estacionamiento de una tienda de conveniencia, en Jardines del Rubí, a bordo de un vehículo fue asesinado a tiros Héctor Ricardo Botello Hernández, de 27 años. Tres presuntos responsables, identificado como Guillermo “N”, de 37 años; José Guadalupe “N”, de 40; y Manuel Alejandro “N”, de 23, se les incautó un arma de fuego calibre 9 mm. En Palma Real, un sujeto de entre 30 y 35 años fue estrangulado. Jorge Luis Alarcón, de 24 años, fue privado de la vida a balazos en el Fraccionamiento Hacienda Santa María.

A nivel estatal, la cifra de crímenes asciende a 778 hechos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)

LOS NIÑO SERRANO: LA FAMILIA DE HUACHICOLEROS EN BAJA CALIFORNIA QUE ATACÓ AL EJÉRCITO

Autoridades identifican a la banda de huachicoleros Niño Serrano, liderada por Antonio Niño Serrano, como la responsable del ataque a militares en “El Hongo”. Integrada por hermanos, hijos y sobrinos de “Toño Niño”, así como por un ex policía municipal, un traficante de personas y hasta personal de Capufe, se trata de la principal organización que se dedica al robo de gasolina en Baja California, que dejó pérdidas de 100 millones de pesos en los últimos dos años a PEMEX

Desde Tecate, una familia controla el mercado del robo de gasolina en Baja California. Hace más de 20 años, los Niño Serrano llegaron de Sonora para instalarse en el poblado Luis Echeverría, mejor conocido como “El Hongo”, donde acumularon varias propiedades y desde donde se convirtieron en la principal banda de huachicoleros en el estado.

Según información proporcionada a ZETA, tan solo en el poliducto Rosarito-Mexicali, Petróleos Mexicanos (PEMEX) reportó pérdidas por 33 millones 128 mil pesos debido al robo de combustible en 2016. Para 2017, esta cantidad casi se duplicó, llegando a 65 millones 221 mil pesos.

Este poliducto es uno de los dos principales en Baja California, inicia en la terminal de almacenamiento y reparto en Rosarito y llega hasta la terminal de Mexicali, por lo que atraviesa también los municipios de Tijuana y Tecate. Transporta tanto gasolina como diésel, con una capacidad de hasta 31 mil barriles al día.

Corporaciones de seguridad pública han identificado que alrededor del 85 por ciento de las tomas clandestinas en la entidad se concentran en ese poliducto, específicamente en el tramo entre Tecate y La Rumorosa que recorre del kilómetro 067+000 al 098+000.

Se trata además de la zona de operación de la organización Niño Serrano, liderada por Antonio Niño Serrano, mejor conocido como “Toño Niño”, quien, junto con sus hermanos y hermanas, hijos, un ex policías municipales y colaboradores han sido identificados por autoridades federales y estatales como la banda que lidera el robo de combustible en Baja California.

No solo eso, recientemente, en por lo menos dos hechos confirmados por las autoridades, los miembros de esta banda han atacado a balazos a fuerzas armadas en la zona.

EL ENFRENTAMIENTO Y LOS DECOMISOS

Eran cerca de las 8:00 de la noche del lunes 9 de abril de 2018 cuando tres vehículos del Ejército circulaban por un camino de terracería rumbo a “El Hongo”. Los militares se encontraban en un recorrido de vigilancia para detener a miembros de esta banda de huachicoleros y asegurar combustible robado, como lo han venido haciendo desde hace semanas.

De pronto, los militares se toparon de frente con tres camionetas, al frente una Ford Explorer color azul y un pick up Ford F-450 blanco; una tercera se encontraba detrás y giró para retornar y huir.

Las dos camionetas al frente encendieron sus luces de frente a las unidades del Ejército; entonces, cuatro de sus tripulantes, hombres jóvenes, bajaron y comenzaron a disparar.

Se escucharon dos fuertes ráfagas dirigidas a los soldados y unos cuantos disparos al cielo. Los militares respondieron. El enfrentamiento no llegó a los 60 segundos cuando se escucharon unas voces “¡Les pegaron… súbanlos!”.

De lado de los militares no hubo heridos, pero por la rápida huida de sus atacantes, quienes dieron vuelta en sus vehículos y con las luces apagadas, tomaron dos de las decenas de caminos que se abren paso entre maleza espesa; así como por rastros de sangre, se pudo confirmar que hubo heridos.

Las tres unidades del Ejército dieron aviso del enfrentamiento y siguieron a las camionetas, pero éstas se perdieron entre la oscuridad y la vegetación. Si bien, no dieron con los agresores, sí los identificaron como colaboradores directos de Eduardo Antonio Niño “El Machaco”, hijo de Antonio Niño Serrano.

Sobre su paradero, autoridades tienen dos hipótesis: O fueron atendidos por un médico de “El Hongo” que colabora con la organización o se encuentran refugiados en uno de los dos ranchos que los Niño Serrano tienen en la zona.

Lo que siguió fue un fuerte operativo para debilitar a los Niño Serrano. Al día siguiente, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Policía Ministerial Zona Tecate, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal, localizaron 50 contenedores de plástico llenos de gasolina, cada uno de 50 litros, con lo que se logró asegurar 2 mil 500 litros de combustible.

En el lugar, había además 16 cartuchos percutidos Winchester 20g y un cartucho calibre 5.57 FC. Un día después, el miércoles 11 de abril, las corporaciones localizaron los vehículos y las armas usadas en el ataque.

Por medio de un dron, elementos del Ejército, la Marina y la Policía Ministerial observaron dos camionetas abandonadas en un camino de terracería, a unos 20 minutos de distancia donde se dio el enfrentamiento.

Una de las camionetas, un pick up Ford F-450 color blanco modelo 2009, fue identificada por los militares como uno de los vehículos desde donde los atacaron. A un lado, se encontraba una camioneta Chevrolet Silverado 2002. Ambos habían sido reportadas como robadas.

Sobre la plataforma del pick up, se encontraban dos contenedores de plástico con residuos de gasolina, y dentro del vehículo una maleta negra con seis armas y cargadores.

Dos escopetas recortadas, una de ellas calibre 12 milímetros, un rifle calibre 7.62 x 39 milímetros, una arma larga 5.56 milímetros, un rifle calibre 22 milímetros y una arma conformaban el armamento abandonado, junto a cuatro cargadores de arma corta y cinco cargadores de arma larga.

Además, en el suelo se encontraron algunas manchas de sangre, por lo que autoridades creen que ése fue el punto donde sus agresores abandonaron vehículos y armas para continuar la huida.

Hace algunas semanas, militares ya habían sido recibidos a balazos, pero a la distancia. En otro de los operativos en “El Hongo”, conforme se acercaban a un sitio donde se almacenaba combustible robado, según información que les había sido proporcionada, un grupo armado realizó detonaciones al cielo para luego huir.

Antes de eso, el viernes 16 de marzo por la noche, militares, policías federales y policías ministeriales decomisaron 3 mil litros de gasolina robada a los Niño Serrano. En un inmueble ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón y calle Sexta en el ejido Luis Echeverría Álvarez, encontraron a dos hombres descargando bidones de plástico.

En total, los 15 contenedores de plástico arrojaron un volumen de 3 mil litros de gasolina, por lo que Asael Contreras Labrador y Jesús Ayón González, ambos de 43 años de edad, fueron consignados ante el ministerio público federal por posesión de hidrocarburo sin acreditar la legal procedencia.

HERMANOS, HIJOS, CUÑADOS, EX POLICÍAS Y POLLEROS: LA ORGANIZACIÓN

Antonio Niño Serrano, “Toño Niño”, es identificado como líder de esta banda de huachicoleros. Desde 2009, dirige las actividades de robo de combustible y para ello emplea principalmente a sus hermanos y hermanas, así como a su hijo.

Autoridades han identificado que es propietario de cinco tráileres que trabajan bajo la razón social Transportes Serrano, con lo que Antonio Niño Serrano acredita su ocupación como conductor y comerciante. Se sospecha que estas unidades operan con gasolina robada.

Su hermano Leonardo Niño Serrano, “Manotas”, es identificado como el principal operador de la banda, se encarga de dirigir y participar en la colocación de toma clandestina, así como de la extracción del combustible y coordinar su traslado.

Por su parte, su hijo Eduardo Antonio Niño, “El Machaco”, de alrededor de 30 años de edad, se encarga del transporte del combustible robado y de su almacenamiento para distribuirlo después.

De acuerdo con las investigaciones, las hermanas de “Toño Niño”, Florinda y María Refugio Niño Serrano, trabajan como operadoras financieras. Están encargadas del manejo y la administración del dinero resultante de la venta del combustible robado.

María Refugio, “Cuca”, está casada con Pedro Moncada, otro de los integrantes de la banda, quien también es propietario de un tractocamión de carga y se encarga del transporte del combustible hurtado.

Dos hermanos más, Fidel y Maximiliano Niño Serrano, fueron identificados como trabajadores en la caseta de “El Hongo”, que opera para Caminos y Puentes Federales (Capufe). Aprovechan su puesto de trabajo para advertir a la organización del paso de autoridades a la zona.

Mientras que los hermanos Leonardo y Federico Niño Serrano, apodados “Mantas” y “Pelón”, respectivamente, dirigen a la red de informantes y halcones que se distribuyen en el área para dar información sobre la presencia de autoridades en “El Hongo”.

Juan Carlos Niño Serrano también colabora con la organización, así como su hijo Osvaldo Niño Arias, quien fue detenido el 8 de julio de 2017 en el ejido Jacume.

En ese entonces de 17 años de edad, el joven se encontraba a bordo de una camioneta Ford F-450 Super Duty 2007 blanca con placas de California que estaba estacionada a un lado de una camioneta pick up Ford F-250 color gris, también con placas de California.

En las cajas de los vehículos fueron localizados ocho contenedores de plástico llenos de diésel, que arrojaron un peso de 7 mil 488 litros.

Otro hijo de “Toño Niño”, identificado como Ricardo Niño “El Richy” también colabora con la banda delictiva.

El informe criminal indica que también forma parte de la organización Hernán Arias, primo de Antonio Niño e hijo de Pedro Arias Serrano, quien fuera delegado del poblado Luis Echevarría en la administración de César Moreno y periodo durante el cual ya trabajaba en el robo de combustible.

Gracias a sus conocimientos en soldadura, es una de las personas encargadas de colocar las tomas clandestinas al ducto, además provee a la organización de los contenedores de plástico y otro equipo necesario para el robo de combustible.

Fuera de la amplia familia, hay otros integrantes. El principal es Tomás Lara Sánchez, quien era identificado como líder de esta misma banda hasta 2009, cuando fue detenido en Estados Unidos por tráfico de personas y consignado por narcotráfico, ya que aceptó haber cruzado 376 kilogramos de marihuana en dos ocasiones en 2008.

Desde su salida de prisión, el 21 de febrero de 2014, autoridades estadounidenses lo ubican también como parte de la estructura de José Antonio Soto Gastélum “El Tigre”, quien controla el negocio del tráfico de indocumentados en la frontera de Jacume. Además, se le relaciona con actividades de narcotráfico.

Lara Sánchez es propietario de más de 100 hectáreas de terreno en los límites de Tecate, en el área de Jacume. Al conocer bien la zona de La Rumorosa, El Hongo y Jacume, es quien se encarga de trazar las rutas para que la organización Niño Serrano trafique la gasolina entre caminos de terracería y cerros.

De igual forma, identificaron al ex policía municipal de Tecate, Gabriel Dimas Monsiváis, mientras seguía activo en la corporación como un colaborador de Antonio Niño, a quien le filtraba información sobre la presencia de autoridades en el área o la planeación de operativos.

En una escala menor, se encuentran dos jóvenes hermanos de nombres Abraham “Repollo” y Benjamín “Borrego”, quienes fueron empleados por la organización desde que eran menores de edad como informantes o halcones.

UN NEGOCIO MILLONARIO

Autoridades calculan que el robo de gasolina no les toma más de 30 minutos a esta banda. Antes de iniciar con la extracción de combustible, despliegan varios informantes desde la salida de Tecate hasta La Rumorosa, tanto en la carretera libre como la autopista de cuota, para alertar de la presencia de corporaciones policiacas o fuerzas armadas.

En un punto del poliducto seleccionado previamente, comienzan a excavar hasta el fondo y colocan así una toma clandestina. La ordeña se da en menos de 20 minutos y al terminar, con ayuda de palas, ocultan los rastros cubriendo la toma con tierra.

En camionetas modificadas con llantas todo terreno que permiten el tránsito rápido en lugares accidentados, los traficantes trasladan el combustible en contenedores de plástico. Generalmente, los robos los hacen de noche para evitar ser vistos.

Asimismo, utilizan tambos de 200 litros o contenedores de plástico en forma cúbica con capacidad de mil litros, los cuales son llevados hasta terrenos donde serán resguardados para su posterior trasiego e incluso desde donde vehículos son abastecidos con el combustible robado.

Los contenedores, ya vacíos, se mantienen en los mismos terrenos para ser utilizados nuevamente.

En los últimos años, los Niño Serrano repiten esta operación hasta tres veces por semana. Tan solo en el poliducto Rosarito-Mexicali, PEMEX detectó 189 bajas de presión y 75 tomas clandestinas en 2016.

Esto se traduce a 16 mil 27 barriles con volumen de 2 millones 548 mil 293 litros y un valor de 33 millones 128 mil pesos.

Para 2017, las bajas de presión llegaron a 253 y las tomas clandestinas casi se duplicaron con 137 localizadas, lo que implica 25 mil 632 barriles de combustible robado que resultan en 4 millones 75 mil 488 litros y pérdidas económicas valuadas en 65 millones 221 mil pesos.

A pesar de que el problema de los huachicoleros ha implicado pérdidas de casi 100 millones de pesos en los últimos dos años para PEMEX en Baja California, y de que existe ya una carpeta de investigación en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), para consignar a miembros de esta banda, los Niño Serrano continúan sus operaciones con regularidad, solo interrumpidos por operativos de fuerzas armadas y corporaciones policiacas, pero no por la Procuraduría General de la República (PGR).

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZET/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)