La gobernadora de Oregon señaló que
podría rechazar la petición de Trump, sin embargo, los mandatarios de Arizona y
Texas han dado el visto bueno
El plan del presidente Donald
Trump de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México
enfrenta la oposición de algunos gobernadores, en su mayoría demócratas, aunque
éstos podrían carecer de la autoridad para rechazar la solicitud del comandante
en jefe de que aporten soldados.
Los gobernadores tienen
cierto margen de maniobra para decir no a los mandatarios, pero dependiendo de
qué ley usará Trump para ordenar el despliegue, el asunto podría estar fuera
del control de los ejecutivos estatales.
El estatuto conocido como
“Título 10” prevé que el personal de la Guardia Nacional pase a control del
presidente y reciba paga y prestaciones federales. También prohíbe efectuar
labores de policía civil a menos que se las autoricen explícitamente, según el
Servicio de Investigación del Congreso.
Trump anunció el jueves que
desea enviar de 2.000 a 4.000 efectivos de la Guardia a la frontera para que
ayuden a los agentes federales a combatir la inmigración ilegal y el tráfico de
narcóticos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en
Twitter que ella tuvo una “conversación productiva” sobre el despliegue con los
gobernadores de los estados de la frontera suroeste.
El viernes, el gobernador
republicano de Arizona Doug Ducey anunció que la próxima semana enviará unos
150 miembros de la Guardia Nacional estatal a la frontera con México.
Por su parte, los
gobernadores republicanos de Nuevo México y Texas apoyaron el plan. El
gobernador demócrata de California, Jerry Brown, ha guardado silencio sobre el
asunto. Se desconoce si Trump solicitará efectivos de estados no fronterizos.
La secretaria de Prensa de la
Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, describió el despliegue como “una buena
medida inicial”. Si el gobierno determina que se necesitan más efectivos, “lo
decidiremos en su momento”.
El gobernador de Dakota del
Norte, Doug Burgum, señaló que contribuirá si se lo piden.
“Responderemos el llamado”,
declaró Burgum. “Desde las inundaciones históricas hasta los acontecimientos
más recientes, nosotros los habitantes de Dakota del Norte sabemos por
experiencia cuán crítico es el apoyo entre los estados en momentos de
necesidad”.
El gobernador de Nevada, el
republicano Brian Sandoval, se opuso al plan. Su portavoz, Mary-Sarah Kinner,
dijo en un correo electrónico que Sandoval no cree que la misión constituiría
“un uso adecuado” de la Guardia de Nevada.
La gobernadora de Oregon,
Kate Brown, señaló que podría rechazar la petición de Trump.
“Como comandante de la
Guardia de Oregon, estoy profundamente preocupada por el plan de Trump de
militarizar nuestra frontera”, tuiteó Brown.
Su portavoz, Bryan Hockaday,
reconoció que la gobernadora podría carecer de autoridad en el asunto si Trump
recurre el código federal.
Trump “puede federalizar las
fuerzas de la Guardia Nacional, y no hay mucho que la gobernadora pueda hacer
para impedirlo”, agregó.
Sin embargo, si la misión de
la Guardia Nacional se ordena de conformidad con otra ley federal llamada
Título 32, el protocolo podría ser diferente. Dicha ley prevé que el mando y el
control del personal de la Guardia Nacional yace en sus respectivos gobernadores,
aun cuando los efectivos por lo general sirven a un propósito federal, afirma
el Servicio de Investigación del Congreso.
Aunque el gobernador de
California no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, el portavoz de la
Guardia Nacional de California, teniente coronel Tom Keegan, dijo que cualquier
solicitud “será revisada sin demora para determinar la mejor manera de asistir
a nuestros colegas federales”.
“Esperamos más detalles,
incluidos los relacionados con el financiamiento, la duración y la misión”,
señaló Keegan.
La gobernadora de Alabama, la
republicana Kay Ivey, dijo el viernes que consultará con el titular de la
Guardia del estado sobre qué recursos están disponibles.
De concretarse, no sería la
primera vez que la Guardia Nacional es movilizada a la frontera con México.
Casi cualquier estado y
territorio estadounidense aportó miembros de la Guardia Nacional para la
Operación Jump Start, anunciada por el presidente George W. Bush en 2006. Unos
30.000 efectivos de la Guardia Nacional participaron en total, según un análisis
de 2008 de la Guardia Nacional, incluidos más de 1.000 aportados en forma
individual por Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Durante la operación Phalanx
ordenada por el presidente Barack Obama en 2010, 1.200 miembros de la Guardia
fueron desplegados en la frontera, principalmente en Arizona, California, Nuevo
México y Texas.
A mediados de la década de
1980, los soldados de la Guardia Nacional fueron enviados más allá de la
frontera sur, a Honduras, donde efectuaron maniobras militares. Las misiones
tuvieron lugar cuando las fuerzas sandinistas de la vecina Nicaragua combatían
a los rebeldes contras respaldados por Washington que tenían bases clandestinas
en suelo hondureño.
(REPORTE INDIGO /AP/
ABR 6, 2018)
