domingo, 29 de octubre de 2017

NOTICIAS DE LA OTRA REVOLUCIÓN


En 1917 –año en que Venustiano Carranza afianzaba su poder y el ejército constitucionalista vencía definitivamente a las fuerzas de Emiliano Zapata y Francisco Villa– los diarios mexicanos de la época informaban de los acontecimientos en el convulsionado imperio zarista y los yuxtaponían con los principales hechos nacionales. Tal despliegue no era gratuito: Rusia importaba no sólo porque una revolución la sacudía, sino también porque la victoria o derrota ante Alemania durante la Primera Guerra Mundial marcaría el devenir internacional. De hecho, de las cenizas de esa conflagración, Estados Unidos –el poderoso vecino de México—se posicionaría como la gran potencia del mundo.

“Anoche a las 12 en punto abdicó la corona de Rusia S.M Nicolás II, que ocupaba el trono desde el 20 de octubre de 1894. El Czar Nicolás no tan sólo abdicó la corona en su nombre sino también en el de su hijo el Czarevitch Alexis, por cuya salud se abriga muy serios temores. Cedió la corona a su hermano menor, el Gran Duque Miguel Alexandro.”

El extracto forma parte de la nota titulada “Vientos republicanos soplan sobre el imperio moscovita”, con la cual Excélsior consignó el 18 de marzo de 1917 la abdicación del zar Nicolás II.

Mediante “cables especiales” enviados por agencias internacionales, los diarios mexicanos informaban de los acontecimientos en el convulsionado imperio zarista y los yuxtaponían con los principales hechos nacionales. Tal despliegue no era gratuito: Rusia importaba no sólo porque una revolución la sacudía, sino también porque la victoria o derrota ante Alemania durante la Primera Guerra Mundial marcaría el devenir del mundo.


En el ámbito nacional, el jefe del Ejército constitucionalista Venustiano Carranza se afianzaba en el poder. Era el primer presidente respaldado por la Constitución y su ministro de Guerra y Marina, el general Álvaro Obregón, se daba a la tarea de liquidar los remanentes de las fuerzas de Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Así, en marzo y abril de 2017 la prensa mexicana informó sobre las vicisitudes de las mermadas tropas zapatistas y villista, al tiempo que reportaba los acontecimientos que convulsionaban a Petrogrado.

El Pueblo, “diario de la mañana”, publicó el 11 de marzo de 1917 que las tropas de Emiliano Zapata “no contaban con ninguna existencia de parque, ni elementos pecuniarios para hacerse de él en alguna forma, por lo que debían procurar conservar hasta donde fuera posible la existencia de armas y municiones con las que contaba cada individuo, so pena de que el movimiento del sur fracase debidamente”.

Excélsior publicó el 27 de abril de ese año que “Francisco Villa y sus chusmas (aunque en ocasiones también se referían a ellos como bandoleros) que tanta guerra habían dado en el estado de Chihuahua, pronto quedarían reducidos a la impotencia, pues la banda del cabecilla se verá en breve reducida a menos de 100 hombres, según un informe del general Francisco Murguía en un parte que envió a la Secretaría de Guerra y Marina”

En relación con el imperio ruso, el diario Excélsior publicó el 20 de marzo de 1917 un cable de la agencia Reuter que dio cuenta de la sublevación de la guarnición de Tsarkoselo que, junto con los revolucionarios, se aprestaron a tomar el Palacio Imperial, lugar donde se encontraba la zarina y sus hijos.

El despacho destaca que, en un intento por salvar a sus hijos, la emperatriz increpó a los rebeldes diciéndoles: “Soldados de las Rusias en mí no miréis sino a una hermana de la caridad que vela junto al lecho de sus desdichados y afligidos hijos”. Afirma luego que la zarina logró conmover “el recio corazón de la soldadesca que se retiró sin llevar adelante sus propósitos de llegar hasta el lecho de los príncipes rusos”.

Excelsior también retomó cables que informan sobre la huelga de los obreros de Petrogrado como punto detonante de la revolución, la cual había traído a su vez una complicada situación para los integrantes de la familia real: la insurgencia los agarró enfermos.

“Los hijos del ex emperador Nicolás se encontraban todos atacados de sarampión, con excepción de la gran duquesa María,” informó Excélsior en su primera plana del 20 de marzo de 1917. Nicolás II –quien se encontraba prisionero en un palacio y estaba sujeto a las disposiciones del gobierno provisional– solicitó permiso para enviar a su hijo enfermo a Noruega. El nuevo gobierno aplazó su petición.

Ese mismo día Excélsior reportó que el gobierno provisional ordenó “la aprensión del general Ivanoff, antiguo comandante de las operaciones militares en Galicia y en Vohinia, acusado de estar “de acuerdo con la camarilla de Petrogrado” (bolcheviques) para que “no se activara la campaña contra Alemania”.



Carranza. Presidente constitucional. Foto: Archivo Casasola / Fototeca Nacional

DENOSTACIÓN

El 25 de marzo de 1917 Francisco Villa reorganizaba sus fuerzas con el fin de tomar Chihuahua. Sin embargo, la ciudad se encontraba reforzada por tropas que Carranza envío de Sonora, mientras que el general Murguía “defendía la ciudad por las alturas del sur y sobre todo el cerro de Santa Rosa, donde instaló su artillería.”

La situación por la que pasaban los villistas se veía compleja: “había que tomar Chihuahua para obtener municiones, pero no se podía tomar Chihuahua sin parque. Villa se encontraba atrapado en la paradoja y además con fuerzas inferiores a las de los defensores”, relata el escritor Paco Ignacio Taibo II en su libro Pancho Villa. Una biografía narrativa.

La campaña efectivamente salió mal para los revolucionarios y de ella informó Excélsior el 1 de abril de 1917. Cita el parte oficial enviado a la Secretaría de Guerra, el cual “da cuenta de que las pérdidas sufridas por los asaltantes que llegaron a seiscientas, entre muertos, heridos y prisioneros. Entre estos últimos se encontraba el cabecilla Miguel Saaveedra quien en unión de los otros capturados fue sumariamente ejecutado.”

Miguel Saavedra no era un simple “cabecilla”. Todo lo contrario. Fue un hombre cercano a Villa y llegó a ser capitán de artillería en las campañas desplegadas por la División del Norte.

El historiador Ricardo Pérez Montfort recuerda en el texto “Imágenes de zapatismo entre 1911 y 1913”, publicado en el libro Estudios sobre el zapatismo (INAH. 2000), que los diarios mexicanos denostaban tanto a villistas como a zapatistas. “En la prensa ilustrada, el zapatismo siempre fue retratado como el enemigo mayor y se referían una y otra vez a ellos como bandidos, mala hierba y hordas de criminales”, apunta.

Esa misma prensa otorgó un trato similar a los bolcheviques. Se refería a ellos como desestabilizadores, extremistas radicales y anarquistas.

Un ejemplo: el 9 de diciembre de 1917 el semanario Revista de Revistas señaló que la labor de los bolcheviques era “netamente disolvente y sus procedimientos de los más reprobables, pues habían emprendido una obra catequizadora en el seno de las masas populares campesinas cuya propaganda no era otra cosa, sino el de un envenenamiento a las masas, pues se las incitaba a atacar a las clases burguesas en general.”

La Guerra Europea, revista ilustrada especializada en información sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, publicó el 23 de marzo de 1917 una fotografía en la se aprecia a muchas personas que corren en diferentes direcciones a lo largo de una amplia avenida de Petrogrado. En el pie de foto se lee: “una multitud huyendo para librarse del fuego de las ametralladoras de los leninistas, los cuales disparaban sin piedad, causando entre los pacíficos transeúntes numerosas e inocentes víctimas”. Para esta publicación, la fotografía era “un acta de acusación terrible contra los partidarios del traidor de Lenin”.



1914. Zapata y Villa en Palacio Nacional. Foto: Archivo Casasola / Fototeca Nacional

LA REVOLUCIÓN DE LOS “MAXIMALISTAS”

La revolución bolchevique triunfó cuando las milicias rebeldes y los guardias rojos tomaron el Palacio de Invierno. En el calendario juliano –que Rusia aún utilizaba en 1917–, ello ocurrió en la madrugada del 25 de octubre. En el calendario gregoriano –que ya utilizaba el resto del mundo–, dicha evento se registró el 6 de noviembre.

Fue hasta el viernes 9 de noviembre que Excélsior publicó en su primera plana la nota titulada “Kerensky depuesto por el grupo radical”. Se trató de un cable de la agencia AP que confirmó “la sensacional noticia de que en la ciudad de Petrogrado había estallado un movimiento contra el gobierno presidido por el primer ministro, Alejandro Feodorovitch Kerensky, y que el movimiento en cuestión había asumido la forma de un golpe de Estado por parte de los maximalistas”, éste último término que se utilizaba para referirse a los “radicales”.

La misma nota informó que “los maximalistas habían contado con el apoyo de las tropas de la guarnición que se encontraban en Petrogrado y con ello hacer posible la consumación del golpe de Estado sin que ocurriera derramamiento de sangre en las calles de la capital”.

Al respecto el presidente del Comité Central Ejecutivo del Consejo de Delegados de los Obreros y Soldados moscovitas, León Trotsky, expidió una declaración en la que anunció el cambio del régimen argumentando que “el gobierno provisional que presidía Kerensky había dejado de existir, añadiendo que algunos de los ministros que formaba el gabinete encargado de regir los destinos del país habían sido aprehendidos, en vista de la oposición que no cesaron de efectuar”.

Ese mismo 9 de noviembre Excélsior publicó algunas de las resoluciones tomadas por el Congreso de Delegados de los Obreros y Soldados de Rusia al que asistieron alrededor de 570 representantes de diversas partes del país.

En la información recabada nuevamente por la agencia AP destaca los tres puntos abordados en la orden del día. En el primero de ellos, apuntó: “Se llegó a elección de los principales funcionarios públicos, agrupando a catorce maximalistas, entre los que figuraron Skobeleff, Nikolai Lenine y León Trotzky. Además, siete socialistas revolucionarios, los cuales nombraron una delegación encargada de iniciar negociaciones de paz con otras organizaciones revolucionarias o democráticas, a fin de poner alto al derramamiento de sangre.”

La convención terminó con un discurso de Vladímir Ilich Lenin, en el que afirmó: “A partir de ahora tenemos una verdadera revolución, pues los campesinos y los obreros controlan el gobierno. Este tendrá que ser también el paso preliminar para cualquier movimiento de carácter revolucionario que pueda iniciarse en lo futuro en cualquier parte del mundo”.



Guardias rojos frente al Instituto Smolny. Foto: Cortesía de la Embajada de la Federación Rusa


(PROCESO/ J. RAÚL PÉREZ/ 24 OCTUBRE, 2017)

UN DÍA DE FURIA EN EL PARAÍSO DE LA COCA

El municipio colombiano de Tumaco, el lugar del mundo donde se produce más cocaína, fue escenario de una matanza de campesinos el pasado jueves 5, cuando la fuerza pública disparó contra los cultivadores de hoja de coca que se oponían a la erradicación forzada de su medio de sustento. Los cocaleros de la zona se han ido sumando a un programa voluntario de sustitución de cultivos… pero ese día las cosas se salieron de control. Según las autoridades, detrás de todo están las mafias que se enriquecen con la producción de la droga y habrían sido quienes provocaron la masacre.

BOGOTÁ (Proceso).- El jueves 5 todo salió mal en el remoto caserío El Tandil, del municipio de Tumaco, el lugar del mundo donde más cocaína se produce.

Ese día, muy temprano, unos mil 500 campesinos formaron una barrera para impedir que los policías y soldados, enviados cuatro días antes, cumplieran su tarea: erradicar por la fuerza los plantíos de hoja de coca.

La llegada de los uniformados, quienes se instalaron en un campamento a orillas del río La Hondita, generó gran malestar entre las comunidades indígenas, negras y mestizas que habitan la zona, pues la siembra de hoja de coca es su única fuente de ingresos.

Para esos campesinos, la mejor opción es acogerse al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que desarrolla el gobierno colombiano como parte de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC y el cual prevé un financiamiento de 12 mil dólares por familia en un plazo de dos años.

Pero muchas familias cocaleras no han sido admitidas en el programa por irregularidades en la tenencia de la tierra o porque, según el gobierno, tienen cultivos “industriales” de hoja de coca, como se denomina a los que ocupan extensiones de más de 3.8 hectáreas.

Y como el gobierno colombiano tiene encima la presión de Washington para reducir los cultivos ilícitos, de manera paralela a la sustitución voluntaria –que no produce resultados inmediatos– aplica un programa de erradicación forzosa que, por su naturaleza represiva, causa un gran malestar en las comunidades y en los grupos criminales que se benefician del negocio de la cocaína. Entre estos figuran los cárteles mexicanos de la droga.

El gobierno asegura que sólo está erradicando por la fuerza los cultivos “industriales”, detrás de los cuales hay bandas de narcotraficantes. Pero abundan los testimonios de campesinos con pequeños cultivos que indican que, incluso después de haberse acogido al plan de sustitución voluntaria, llegan tropas de la policía y el Ejército a destruir sus plantíos.

A El Tandil habían llegado el domingo 1 unos 200 efectivos, entre policías antinarcóticos, policías antimotines y soldados. El martes 3, unos 65 guardias indígenas de la etnia awá se presentaron en el campamento de los uniformados para explicarles que no podían estar allí, porque esas son tierras de un resguardo indígena en el que no se admite fuerza pública.

“La respuesta fue una agresión a los guardias indígenas con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil. Dos compañeros resultaron heridos”, dice a Proceso el dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Óscar Montero.

La mañana del miércoles 4, una pequeña comisión de indígenas awá volvió al campamento de la fuerza pública y un oficial, que no se identificó, les reiteró que no se irían del sitio y que iban a cumplir la orden de erradicar manualmente en la zona unas 3 mil hectáreas de plantíos de hoja de coca, la mitad de las que están cultivadas en ese sector.

“Los guardias awá le dijeron al oficial que se fueran porque eso es un territorio protegido. Le mostraron un mapa oficial, le dijeron que la comunidad estaba muy inquieta y que todos se querían acoger al programa de sustitución voluntaria, pero no lo pudieron hacer entrar en razón”, relata Montero.

Campesinos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje también les pidieron a los uniformados que suspendieran el operativo, para dialogar con el gobierno.

“Pero no nos hicieron caso y querían seguir erradicando. Aquí no defendemos los cultivos ilícitos, sino nuestro derecho a subsistir, y la mata de coca es lo único que tenemos”, dice a este semanario un campesino cocalero identificado como Wilmer.

Desde las 06:00 horas del jueves 5, campesinos procedentes de varias veredas (caseríos) se congregaron en El Tandil para montar un cerco en torno a los cultivos de hoja de coca que serían destruidos manualmente por soldados y policías. El ambiente ya era muy tirante.

Un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación, que envió investigadores al lugar, asegura que algunos campesinos participaban en la protesta “de forma voluntaria y, otros, forzados por el grupo de seguridad privada de narcotraficantes mexicanos al mando de Cachi (alias del exguerrillero de las FARC Jefferson Chávez Toro)”.

A las 09:30 horas, unos 300 campesinos se acercaron al campamento de la fuerza pública. Unos 110 policías antinarcóticos, con los fusiles al hombro, salieron a su encuentro. Los soldados y la unidad antidisturbios se mantuvieron en la retaguardia. Un capitán de la policía tomó la palabra.

“Parecía que estábamos dialogando. El capitán nos dijo que íbamos a instalar una mesa de diálogo –recuerda Wilmer–, pero eso fue subiendo de tono y hubo gritos, porque ellos decían que tenían que erradicar y nosotros que no… Y entonces no sé qué pasó, pero uno de los (policías) antinarcóticos disparó, y luego siguieron ráfagas y más ráfagas.”

Durante unos segundos el campesino pensó que eran disparos al aire, pero cuando vio que a unos metros de él algunos de sus compañeros comenzaron a caer supo que los tiros eran contra ellos.

“Yo corrí entre los árboles, no sé cuánto, hacia abajo, hasta que tropecé con algo y me caí. Cuando vi atrás, había tres compañeros tirados. Pensé en si estarían muertos o heridos. Ahí me quedé un momento largo, en el suelo, hasta que pensé que habían dejado de echar bala”, recuerda Wilmer.

Pero luego de un momento, los disparos siguieron. Algunos campesinos gritaban “paren, paren, que hay civiles heridos”. A Wilmer le pareció que la balacera se prolongó varios minutos.

A las 10:00 horas de ese jueves 5, en ese sector de la vereda El Tandil del municipio de Tumaco había unos 35 campesinos, entre muertos y heridos.

El ataque dejó de inmediato seis muertos y un campesino más falleció el jueves 12 en el hospital de Tumaco al que fue llevado. Pero la cifra total no se ha precisado porque, según denuncias de los cocaleros, hay cadáveres que no han sido hallados. Los heridos fueron 21.

“LOS MEXICANOS”

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la muerte de los campesinos ocurrió cuando disidentes de la exguerrilla de las FARC, hoy dedicados al narcotráfico, lanzaron artefactos explosivos “contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

El gobierno asegura que los disidentes están encabezados por Walter Patricio Artizala, Guacho, y Jefferson Chávez Toro, el Cachi, exguerrilleros del desaparecido Frente Daniel Aldana de las FARC. El segundo comanda un grupo armado que se hace llamar Los Mexicanos, por sus estrechas relaciones con los cárteles de la droga de México. Su zona de operación es donde ocurrieron los hechos del jueves 5.

Pero la abundancia de testimonios de los campesinos, que señalan como autores de los disparos a los policías, y la ausencia de huellas de explosiones en el lugar, desacreditaron muy pronto ante la opinión pública la versión oficial.

Luego, una misión de la Defensoría del Pueblo (el ómbudsman colombiano) visitó Tumaco y reportó que, según todos los testimonios, los manifestantes “fueron atacados con arma de fuego por miembros de la policía antinarcóticos”.

Además, los testigos señalaron a los enviados de la Defensoría que en el momento de los hechos “no hubo intervención de grupos armados ilegales (como) disidencias de las FARC ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o ‘tatucos’ (explosivos artesanales), contrario a lo informado por las autoridades”.

Y la autopsia a seis de los cuerpos determinó que todos fallecieron por lesiones de proyectiles de alta velocidad, es decir, de fusil, mientras que el informe de balística indica que el calibre de la munición es 5.56, el mismo que usan las armas largas de los agentes antinarcóticos.

Otro dato revelador es que ninguno de los policías resultó herido ni por proyectiles de arma de fuego ni por esquirlas.

La policía mantiene la versión de que sus agentes fueron atacados por grupos criminales infiltrados en la manifestación cocalera, pero suspendió a cuatro integrantes de la institución “que presuntamente accionaron sus armas de fuego” contra los campesinos.

La investigación no ha estado exenta de tropiezos. Tres días después de la matanza, una misión humanitaria con personal de la ONU, la OEA, la Diócesis de Tumaco y varias ONG fue atacada por la policía en El Tandil con cuatro bombas de aturdimiento, gas lacrimógeno y disparos al aire.

La misión intentaba llegar a la parte trasera del campamento de los policías, donde según varios testimonios estaba el cadáver de un indígena muerto en el ataque.

“La comunidad piensa que si recibieron a balazos a una comisión internacional y oficial, es porque los policías estaban dispuestos a pagar un alto costo por ocultar algo. La gente dice que allí puede haber muchos más cadáveres”, afirma la dirigente de la ONG Minga, Sonia Cifuentes, quien formaba parte de la misión humanitaria atacada.

Pobladores del sector cercano al campamento de la policía reportaron que, antes de retirarse de la zona, los 112 agentes antinarcóticos que estaban allí, les impidieron ingresar a sus casas durante tres días. Al menos una de las viviendas fue saqueada, y en otras sus habitantes reportaron robo de leña.

En pocas horas se esparció por toda la vereda el rumor de que en las tres noches que siguieron a la tragedia se veían grandes fogatas y se percibía en el aire un “olor a carne”.

SE VEÍA VENIR

Tumaco, donde según la ONU había sembradas 23 mil 148 hectáreas de hoja de coca en 2016, con una capacidad de producción de unas 137 toneladas de cocaína al año, es el municipio del mundo donde más se produce esa droga. También es una de las poblaciones más pobres y violentas de Colombia y un centro estratégico del narcotráfico internacional.

Ese municipio y puerto colombiano del Pacífico, en la frontera con Ecuador, ofrece condiciones excepcionales a las mafias de la droga. En su territorio de 3 mil 601 kilómetros cuadrados, mayoritariamente rurales y selváticos, no se concentran los más extensos cultivos de hoja de coca de Colombia, sino cientos de laboratorios para procesar pasta base y de clorhidrato de cocaína.

Bajo la espesura verde hay varios ríos por donde se saca la droga en pequeñas lanchas hacia el Pacífico. Ya en alta mar, se carga en semisumergibles y en enormes lanchas rápidas para ser transportada a Centroamérica y México.

Desde abril pasado, las protestas contra la erradicación forzosa de cultivos ilícitos mantienen en alta tensión a Tumaco. Ese mes, campesinos cocaleros retuvieron a 11 policías más de 24 horas y les robaron los fusiles; además un joven agente fue asesinado con arma de fuego.

El general José Ángel Mendoza, director antidrogas de la Policía Nacional, afirma que detrás de las protestas hay mafias del narcotráfico que pagan o presionan a los campesinos para enfrentar a los uniformados.

Los campesinos están entre dos fuegos. Las bandas criminales demandan pasta base de hoja de coca para procesar cocaína y la fuerza pública tiene órdenes de intensificar la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos.

En medio de esas tensiones, el pasado martes 17, sólo 12 días después de la masacre en El Tandil, fue asesinado el líder social Jairo Cortés, integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, una organización que posee parte de los terrenos donde ocurrió el ataque a los campesinos cocaleros.

El vicario de la Diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina, recuerda que desde hace medio año advirtió al gobierno central que, si no intervenía en forma urgente para hacer frente a la compleja problemática de violencia, desempleo –ocho de cada 10 jóvenes carecen de trabajo formal– y pobreza, que llega al 83%, “aquí iba a haber un estallido”.

Y por desgracia, dice el sacerdote católico, “ya estamos viendo esa explosión”.

Con la masacre de campesinos y el asesinato del líder social Jairo Cortés, el número de muertes violentas en Tumaco llegó a 139 en el transcurso de este año, 37 más que todo 2016. La tasa de homicidios en ese municipio es de 65 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces más que el promedio nacional.

Las FARC eran el grupo armado dominante en la región hasta que esa exguerrilla firmó los acuerdos de paz en noviembre pasado. Tras su salida del territorio, se desató una dura disputa entre bandas como el Clan del Golfo, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Renacer, Los Mexicanos y el insurgente ELN.

De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, lo que hay en Tumaco es una “anarquía criminal” y muchas tensiones entre la fuerza pública y las comunidades que se oponen a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

“Y en esa lucha –afirma el politólogo–, los cárteles mexicanos, que son los que tienen una especie de monopolio en la compra de pasta base y de clorhidrato de cocaína, están generando arreglos para que esa disputa no afecte el mercado.”

Este reportaje se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ RAFAEL CRODA/29 OCTUBRE, 2017)

EN ENERO, ELEGIRÁN EMPRESA GANADORA DE CONCESIÓN DE LUMINARIAS

A petición de las empresas interesadas en brindar el servicio de alumbrado público en Tijuana, autoridades municipales dan 23 días más para entregar diagnóstico y propuestas, por lo que el fallo de la convocatoria se daría hasta el 4 de enero de 2018.

Así lo informó el Ayuntamiento de Tijuana, luego de una sesión del Comité Técnico, en la que se evaluaron las propuestas de modificación de las bases, solicitadas por los empresarios en la junta de aclaraciones, y se acordó ampliar el plazo para el desarrollo de la mismas.

Este proceso de licitación determinará un título de concesión para la conversión a tecnología LED y la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Tijuana.

La ampliación del plazo busca que “las empresas tengan un mayor rango de tiempo para la entrega de un diagnostico real de la situación del municipio en este rubro”, señaló el gobierno municipal a través de un comunicado de prensa.

Por lo que el calendario del proceso de licitación quedó de la siguiente forma:

· Presentación de proposiciones (técnicas y económicas) y apertura de proposiciones técnicas: 11 de diciembre de 2017.

· Dictamen de proposiciones técnicas y apertura de proposiciones económicas: 21 de diciembre de 2017.

· Fallo de licitación: 4 de enero de 2018.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), Alejandro Lomelín informó que fueron 23 las empresas que compraron las bases y mostraron interés en participar, y 13 de ellas acudieron a la junta de aclaraciones, entre las cuales hay locales, estatales y nacionales.

En esta reunión, aseguró el funcionario municipal, se disiparon las dudas en cuanto a las bases, mismas que quedaron resueltas verbalmente y se les entregó por escrito, solo 8 de las empresas que acudieron a la junta de aclaraciones tuvieron apreciaciones en cuanto a lo técnico, jurídico y económico.

“Tuvimos algunas aportaciones para que fuesen tomadas en cuenta por el Comité Técnico, y finalmente en consenso decidimos otorgar un mayor rango de tiempo a los participantes, con el fin de obtener como XXII Ayuntamiento de Tijuana un proyecto real, integral y que cubra todas las especificaciones”, argumentó Lomelin.

El funcionario municipal explicó, que son cerca de 80 mil las luminarias que se tienen en la ciudad. Sin embargo, debido al crecimiento y las especificaciones de cada tipo de suelo en relación a la iluminación que se requiere podrían necesitarse hasta 120 mil.

Por su parte el tesorero municipal, Ricardo Chavarría, indicó que ser el fideicomiso para el manejo de recursos de este proyecto deberá activarse en no más de 60 días después de la firma del título de concesión.

Incluso, se espera que una vez firmado el título de concesión la empresa ganadora realice los trabajos en un tiempo de 18 meses.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA /DOMINGO, 29 OCTUBRE, 2017 10:42 AM)

NARCOMANTAS, DESMEMBRADOS Y EX POLICÍAS MUERTOS EN BCS

Tras el anuncio del control de las fuerzas armadas en la seguridad pública de los municipios de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se ha desatado una verdadera carnicería en las calles.

En las últimas horas han sido encontrados los restos de una persona esparcidos en cuatro puntos de la capital, así como cuatro ejecutados, dos de ellos ex policías municipales.

El viernes 27 de octubre, ocurrieron tres ejecuciones en la colonia Aguajitos, kilómetro 7.5 de la carretera Cabo San Lucas – San José del Cabo y el último en El Zacatal, precisamente este último fue identificado como agente de la Policía Municipal de Los Cabos, recientemente dado de baja por reprobar los exámenes de control y confianza.

Mientras que desde la noche del viernes fueron colocadas lonas, en las que se denuncia que efectivos militares detuvieron a hombres, quienes están en calidad de desaparecidos. El mensaje fue firmado por familiares de las presuntas víctimas.
  
Otro ex agente fue privado de la vida, el sábado 28 de octubre en las calles de Forjadores y Don Guillermo de la colonia Pablo L. Martínez.

La madrugada del sábado, a las 5:00 horas, fue reportado el hallazgo de una pierna dentro de una bolsa negra, los restos fueron localizados en Altamirano entres Puebla y Nayarit, colonia Pueblo Nuevo del municipio de La Paz.

Mientras que un brazo fue encontrado en Josefa Ortiz de Domínguez y Veracruz, el dorso en la carretera a Los Planes kilómetro, mientras que otros restos humanos fueron arrojados en El Zacatal de La Paz.

Por la mañana del domingo, olores fétidos alertaron de otra extremidad humana en la colonia Civilizadores.

La mañana de este domingo, fue localizada una narcomanta en las inmediaciones del panteón Jardines del Recuerdo, en el texto amenazan a presuntos líderes de plaza en el estado.

Autoridades han desplegado operativos en diferentes puntos de Los Cabos y La Paz, incluso helicópteros mantienen recorridos constantes en algunas colonias.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS  ZETA/ DOMINGO, 29 OCTUBRE, 2017 11:18 AM)

EL BIENESTAR QUE PROMETIÓ PEÑA CON SUS REFORMAS NO LLEGÓ, Y LA ECONOMÍA ES UN FRACASO: IGLESIA


En México la población en general tiene una percepción generalizada de insatisfacción en cuanto al desempeño de las instituciones de gobierno y de partidos políticos, y por supuesto, con el curso de la economía, destacó la Iglesia católica en su editorial dominical.

Mencionó que las reformas estructurales, que tanto prometieron en este sexenio, se encaminan al fracaso, mientras millones de mexicanos tienen una percepción generalizada de insatisfacción por el pésimo manejo de la economía, pues el crecimiento de ésta no se ve reflejado en sus bolsillos.

El Episcopado Mexicano criticó también a los programas sociales del Gobierno, los cuales, dijo, “no han logrado sus objetivos de reducción de la pobreza y son manipulados en tiempos electorales”.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Las reformas estructurales, que tanto prometieron en este sexenio, se encaminan al fracaso, mientras millones de mexicanos tienen una percepción generalizada de insatisfacción por el pésimo manejo de la economía, pues el crecimiento de ésta no se ve reflejado en sus bolsillos, destacó el Episcopado Mexicano en su editorial dominical.

 “Se percibe el fracaso de las fórmulas tradicionales propuestas por la clase política cuando lo que tanto se prometió con las reformas estructurales en realidad sólo asoma la cabeza hacia el fracaso y la paupérrima satisfacción  para pocos en los que concentran la riqueza nacional”, mencionó la Iglesia católica.

Las encuestas oficiales como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre medición de la pobreza han determinado un ligero decremento en cuanto al número de pobres; sin embargo, más de 53 millones de mexicanos viven en pobreza y 12 millones en pobreza extrema.

El Episcopado Mexicano mencionó que las alternativas para mejorar al país han venido de los empresarios y no de las autoridades.

La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) una propuesta para aumentar el salario mínimo de los trabajadores. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por su parte, propuso una serie de medidas para fortalecer el Estado de Derecho y acabar con la corrupción.

“La clase empresarial da a conocer posibles soluciones de fortalecimiento del Estado de Derecho y seguridad pública: desde la erradicación de la corrupción e impunidad hasta la transformación de las políticas fiscales de forma equitativa, menos agresivas y que reduzcan efectivamente la informalidad, con menores cargas fiscales para pequeñas y medianas empresas e incentivar el crecimiento”, expuso la Iglesia católica.
La editorial criticó también a los programas sociales del Gobierno, los cuales, dijo, “no han logrado sus objetivos de reducción de la pobreza y son manipulados en tiempos electorales”.

La Iglesia católica hizo un llamado a las autoridades para vencer sus intereses particulares y procurar el bien común “porque la corrupción, la injusta distribución de la riqueza y la pobreza se han convertido en abismos que parecen insuperables”.

LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, un think tank con sede en Washington, el 93 por ciento de los mexicanos no confía en el actual gobierno ni cree en la democracia.

En la encuesta, que mide el índice de satisfacción de 38 países, México destacó como uno de los países con mayor desconfianza a su gobierno al ubicarse en el fondo del ranking, con 93 por ciento de desaprobación ciudadana.

Sobre la confianza en el actual gobierno, sólo 6 por ciento de los mexicanos se siente satisfecho con el sistema democrático y 2 por ciento afirmó que confía mucho en el actual gobierno, la cifra más baja a nivel mundial y a nivel América Latina.

De acuerdo con el Pew Research Center, el bajo nivel de satisfacción de los mexicanos con su gobierno pone al país por debajo de naciones como Líbano, donde un 8 por ciento aprueba la forma de gobernar, de los africanos de Asia Pacífico y hasta de naciones que han tenido problemas en años recientes como Venezuela, donde un 25 por ciento aprueba el sistema y un 73 por ciento lo rechaza.

En preferencia sobre que sean ciudadanos elegidos los que gobiernen, 58 por ciento dijo que lo veía totalmente bueno, 9 por ciento lo ve bueno y 34 por ciento como totalmente malo.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 29, 2017, 3:44 PM)

EDOMEX: TURBA GOLPEA A ALCALDE DE OCUILAN POR EVITAR LINCHAMIENTO DE DOS MUJERES

TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- El presidente municipal perredista de Ocuilan, Félix Linares, resultó golpeado por una turba de la comunidad La Pastoría, tras evitar el linchamiento de dos mujeres a quienes los pobladores consideraron con la intención de secuestrar a sus niños.

El alcalde explicó que la tarde de ayer se encontraba en una reunión en palacio municipal, cuando le notificaron sobre un problema grave en una comunidad al norte de la cabecera.

Alrededor de las 17:00 horas arribó a La Pastoría, donde unos 250 vecinos –que en el transcurso de las tarde sumaron 500 o 600- tenían atadas de las manos a un poste de luz a una mujer de 35 años y otra de 16. Las golpeaban y ya tenían preparada la gasolina para rociarlas y quemarlas.

Los inconformes las acusaban de tentativa de secuestro, pues aseguran que preguntaban sobre los horarios de salida en las escuelas.

Linares González trató de negociar con los pobladores para evitar que el conflicto pasara a mayores, les ofreció trasladar a las mujeres a las galeras municipales pero no accedieron.

Elementos de la policía estatal que habían llegado al lugar del conflicto pidieron refuerzos y arribaron los granaderos; el edil les pidió oportunidad para negociar con los habitantes, pero los policías no accedieron y rociaron gases lacrimógenos.

Una vez que rescataron a las mujeres, los uniformados se fueron y desatendieron la petición del alcalde para que al menos un par se quedaran en el sitio.

El presidente municipal se quedó solo y alrededor de 60 vecinos no desaprovecharon la oportunidad para seguirlo y golpearlo.

Como resultado, Félix Linares terminó con fractura costal y de nariz, esguince grado 3 y múltiples contusiones en abdomen y tórax.

El munícipe aclaró que no levantará ninguna denuncia por los hechos, pues entiende la molestia de la población ante el clima de inseguridad que se vive en todo el país.

No obstante, aprovechó para solicitar a los diputados de su extracción cabildear el castigo de pena de muerte para delincuentes en flagrancia y de cuello blanco, y adelantó que si en un promedio de una semana gobierno del Estado no da muestras de un verdadero apoyo a los municipios, iniciará una huelga de hambre en demanda de que los volteen a ver.

“Le exijo al gobernador (Alfredo del Mazo) que seamos atendidos, está llegando y ojalá las cosas cambien para bien, que atienda a los municipios y le ponga el dedo a los altos mandos de la policía estatal que son corruptos. Al presidente de la República (le demando) que se preocupe por la inseguridad, ya se va y nos deja un México peor al que recibió”, acusó.

En el caso de Ocuilan, indicó que a la demarcación se puede accesar por varias carreteras desde Morelos y Toluca, lo que facilita la comisión de delitos como delincuencia organizada, secuestros, robos a casa-habitación, abigeato (que tiene muy molestos a los campesinos); asaltos, violaciones y hasta asesinatos a peregrinos –cada año bajan al Santuario de Chalma, a pie, alrededor de 3 millones de peregrinos-.

“Hemos solicitado la creación de la ruta de peregrino seguro, pero también han hecho caso omiso”, dijo.

El perredista justificó que, por cuestiones de presupuesto, el ayuntamiento se encuentra muy limitado en fuerza policiaca: apenas cuenta con 20 elementos, que se traducen en una decena por turno, cuando por la extensión territorial de la demarcación y el número de habitantes se debería contar con entre 80 y 100 elementos.

“Del FAS nos asignan 800 mil pesos que no alcanzan para nada, estamos buscando ingresar al Fortaseg para ampliar la fuerza policiaca y la estructura”, indicó.

La policía estatal, aseguró, “poco ayuda… apoya con dos o tres patrullas con dos elementos cada una, que hacen de todo excepto su trabajo; se dedican a extorsionar a los peregrinos y turistas, colocan casetas de cobro en las carreteras con Cuernavaca, hacen su agosto cada fin de semana, y me atrevo a decir que incluso hay colusión de policías estatales con los delincuentes”.

Tampoco ha sido atendida su petición, desde hace alrededor de dos años, para instalar en el municipio una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con retenes en las carreteras -no casetas de cobro- para disminuir la delincuencia.

Finalmente, insistió en que, de no intervenir, el conflicto de este viernes se pudo incrementar, ocasionar la muerte no sólo a las dos mujeres retenidas, sino quizá a otros pobladores, en virtud de que la joven señalada es originaria de otra comunidad del municipio en donde los vecinos ya se estaban organizando para rescatarla.


(PROCESO/VENERANDA MENDOZA/28 OCTUBRE, 2017)

SIN LÍMITES, EL IMPERIO ACTUAL DE LOS HANK

La semana pasada el Grupo Financiero Interacciones, de la familia Hank –conformada por políticos, empresarios y banqueros mexiquenses– anunciaron la fusión de Banorte y la empresa Interacciones. Durante el sexenio peñanietista Carlos Hank Rhon y su hijo han consolidado su imperio y hoy son los principales acreedores de la deuda de los gobiernos municipales, estatales y del federal; también se han adjudicado millonarios contratos de obras y de seguros… Y van por más.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los descendientes de Carlos Hank González, El Profesor, el extinto líder del llamado Grupo Atlacomulco con el que se identifica al presidente Enrique Peña Nieto, consiguieron lo que ningún clan empresarial pudo en un solo sexenio: convertirse en uno de los principales constructores de obra, así como consolidar su presencia en los ramos energético, hotelero del transporte y, por si fuera poco, convertirse en un gigante financiero.

El miércoles 25, el Grupo Financiero Interacciones, presidido por Carlos Hank Rhon, y el Grupo Financiero Banorte, a cargo de su hijo Carlos Hank González, emitieron sus respectivos comunicados para anunciar que habían celebrado un contrato marco de fusión. De aprobarse por sus respectivas asambleas de accionistas, así como de las autoridades regulatorias del sector, los Hank serán los banqueros mexicanos más poderosos del país.

La suma de los dos bancos formaría al segundo grupo financiero del país, número uno en gestión de afores, pero sobre todo la familia Hank se convertiría, ya bajo una misma figura –Banorte–, en el principal acreedor del sector público en México.

Separados a pesar del parentesco, Banorte es hasta ahora el segundo acreedor en importancia de la deuda subnacional –es decir, la que contraen estados y municipios– al concentrar 22.81% de la cartera de deuda gubernamental, sólo superado por BBVA Bancomer, que posee 24.37%. Interacciones, con 15.29%, ocupa el tercer lugar entre los bancos prestamistas del gobierno, de manera que, al fusionarse Banorte con Interacciones, acapararán más del 38% de la deuda.

Si ese proyecto se concreta, los Hank serán los acreedores de más de la tercera parte de las deudas de los gobiernos estatales y municipales y que, en diferentes casos, mantiene comprometidas las participaciones federales, o bien los ingresos por impuestos locales hasta por 25 años, como constató Proceso al revisar 57 contratos, un universo pequeño para las más de 5 mil líneas de crédito abiertas en estos años, según un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya copia tiene este semanario.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2139, ya en circulación


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 28 OCTUBRE, 2017)