CULIACÁN, Sin. (Proceso).- La
presidenta de la organización Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina,
asegura que en el estado no tienen freno los homicidios ni las desapariciones,
sobre todo los casos relacionados con la lucha de los cárteles por la plaza más
emblemática para los narcotraficantes, ni los ligados a la “guerra contra el
crimen organizado” declarada por Felipe Calderón y que mantiene el actual
mandatario, Enrique Peña Nieto.
“Aquí la violencia no para.
Nomás de enero para acá van más de mil 300 ejecuciones y no sabemos cuántas
desapariciones. Creo que el gobierno y la delincuencia son lo mismo, porque si
realmente existiera un gobierno no habría desapariciones”, dice la defensora
que busca a su hermano Miguel Ángel desde el 9 de junio de 2009.
Para Rojo Medina no basta con
ver las cifras oficiales, pues éstas deben multiplicarse “por dos o por tres,
porque en cada hecho violento hay cuatro o cinco víctimas. Si en cada caso no
hay más que una denuncia, es por miedo o amenazas”.
Hasta el 31 de julio, el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED),
dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), contabiliza dos mil 852
casos.
Aunque Voces Unidas por la
Vida se creó en 2010, Alma Rosa y las personas que la acompañan decidieron
apenas hace tres años armarse con palas para buscar a sus familiares, “porque
nadie lo hace”.
Entrevistada en las oficinas
de la organización no gubernamental Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de
Sinaloa, Alma Rosa señala que muchas de las 45 familias que integran Voces
Unidas buscan a víctimas de desaparición forzada.
“En la mayoría de los casos
(de desaparición) participan policías municipales, estatales y ministeriales.
Todas las autoridades aquí están coludidas”, asegura.
LAS AMENAZAS NO LA DOBLAN
Por sus propios medios, Voces
Unidas ha localizado 43 cuerpos, 12 de ellos ya identificados, “y muchísimos
restos calcinados que no se sabe a cuántas personas correspondan”.
La activista explica que en
mayo “solicitamos que viniera personal de la División Científica de la Policía
Federal, quienes tomaron 783 muestras durante una semana en Culiacán, Los
Mochis, Guasave, El Fuerte, Guamúchil, Mazatlán, Rosario y en Concordia.
Sabemos que falta más gente porque, por miedo, muchos no se dejan tomar
muestras de ADN”.
Rojo Medina asegura haber
recibido amenazas de muerte por buscar a víctimas en territorios en disputa. A
ella y a sus compañeras sólo las impulsa el deseo de encontrar a sus familiares
o “aunque sea un resto” de ellos. Quieren y necesitan saber qué pasó con sus
seres queridos, porque la justicia y el castigo a los culpables, dice, no les
van a devolver a los suyos.
Convocados por Rojo Medina,
integrantes de Voces Unidas por la Vida, entre quienes predominan mujeres,
cuentan a Proceso sus historias ligadas a la violencia que se padece en
Sinaloa.
En los casos de Ramón Alberto
Jiménez Valenzuela y de Pedro Ventura Quevedo, desaparecidos el 6 de junio de
2012 y el 20 de octubre de 2013, respectivamente, sus madres Antonia Valenzuela
y María Angélica Quevedo señalan a policías ministeriales como los
responsables. Ellas sostienen sus denuncias con base en testimonios de personas
que presenciaron las detenciones. Ambos casos, se supone, son investigados por
la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD) de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Antonia Valenzuela y su
esposo, Guadalupe Jiménez, cuentan a este semanario que unos policías
ministeriales acudieron a la fábrica en la que trabajaba su hijo Alberto,
mostraron su placa al personal de vigilancia, “lo sacaron del lugar y también
se llevaron el vehículo en el que se transportaba y que, en días pasados, había
prestado a un compañero de trabajo que más tarde fue asesinado”.
“Cuando nos avisaron que mi
hijo había sido detenido por ministeriales lo buscamos por todas partes; nos
dijeron que antes de poner una denuncia por desaparición teníamos que esperar
72 horas por si lo habían presentado ante un juez”, recuerda Antonia.
Continúa: “Esos ministeriales
nunca lo presentaron, negaron haberlo arrestado. La autoridad tampoco solicitó
los videos de la empresa ni tomaron los testimonios de los trabajadores que
presenciaron la detención”.
BÚSQUEDA EN TIRADEROS
María Angélica Quevedo
también denuncia anomalías en el caso de su hijo Pedro. Revela que debido a su
desesperación ha recurrido a supuestas videntes y se ha “disfrazado de hombre”
para averiguar quién se lo llevó.
“Cada vez que salgo a
buscarlo rezo y le digo a mi hijo que si ya no está vivo, me dé una señal en un
sueño o que se mueva algo para que yo ya no esté con esta carcoma de no saber
si está muerto, porque estar con esa duda no es vida”, refiere entre sollozos.
Esa misma preocupación que lo
consume todo también la sufren Filiberto Lozoya y Micaela González, padres de
Jesús Antonio y Christian, respectivamente. Ambos fueron detenidos el 27 de
noviembre de 2012 en diversos operativos realizados por hombres armados y
embozados que se movían en patrullas.
“Ese día detuvieron a cinco
jóvenes en la colonia; a uno de ellos lo soltaron y fue quien nos avisó y dijo
que parecían federales. Ese muchacho nunca fue interrogado y cuando insistimos
en que se le investigara ya se había ido de Culiacán. La autoridad tampoco
revisó la sabana de llamadas telefónicas y sólo nos encargó buscar los videos
de cámaras de vigilancia”, dice Micaela.
Pese a la insistencia de los
padres, el desdén de las autoridades estatales fue tal que mejor les
recomendaron buscar a sus hijos en los tiraderos de cadáveres; les dijeron que
fueran “a los sitios donde les gusta a los delincuentes tirar cuerpos”, relata
Filiberto, y señala que, guiados por informes periodísticos de hallazgos,
acudieron sin ningún tipo de protección o seguridad a diversos lugares
clandestinos.
“SEÑORA, NO SE META”
Son reiteradas las quejas
sobre las irregularidades en las investigaciones de la Fiscalía General de
Sinaloa pese a que su titular, Juan José Ríos Estavillo, documentó casos de
desaparición forzada cuando fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del estado.
La negativa de las
autoridades a darle una respuesta fue de tal magnitud que María Elena Astego
Salas, madre de Óscar Osuna, no desea saber nada de ellas. Su hijo, cuenta,
supuestamente murió en una balacera ocurrida el 8 de abril pasado. Sin embargo,
no ha recuperado su cadáver.
“Hay notas periodísticas que
reportan que la zona donde murió mi hijo y cinco muchachos más que viajaban en
una camioneta fue resguardada por el Ejército, pero los cuerpos no aparecen.
Puse una denuncia, porque es necesaria para que me entreguen a mi hijo. Es lo
único que me importa. No me interesan las investigaciones”, asegura esta mujer
que recientemente se sumó a Voces Unidas por la Vida.
La falta de resultados de la
autoridad estatal para resolver las desapariciones ha llevado incluso a que
familiares de policías de Culiacán pidan la intervención de la PGR.
Personas allegadas a los
uniformados municipales José Antonio Saavedra y Yosimar García Cruz dicen contar
con indicios de que fueron víctimas de sus propios compañeros de corporación.
Ambos no aparecen desde el 23 y 26 de enero.
Estos agentes pertenecían a
un grupo de la policía municipal comandando por Israel Ruiz Félix que el 30 de
septiembre de 2016 apoyó a militares que fueron emboscados en Culiacán. Ruiz
Félix fue sacado de su casa el 21 de enero pasado por un comando y en marzo
notificaron a sus familiares que sus restos habían sido localizados
carbonizados en febrero.
En entrevistas por separado,
María Isabel Cruz, madre de Yosimar, y Juan Carlos Saavedra, hermano de José
Antonio, cuentan que entre el 21 de enero y el 22 de marzo fueron asesinados
cinco agentes del grupo que comandó Ruiz Félix y que asistieron a los
militares.
En los casos de Yosimar y de
José Antonio, los denunciantes sostienen que antes de que las victimas fueran
sacadas de sus domicilios, patrullas de la policía municipal fueron vistas en
la zona.
“La PGR no quiere tomar el
caso de mi hijo. Ya lo investigaron y saben que no tenía nexos con ningún
cártel. Aquí en Culiacán no hacen nada. Si me pongo a investigar, me dicen
‘señora, no se meta, es muy peligroso’, pero no me ayudan”, denuncia María
Isabel.
A su vez, Juan Carlos lamenta
que a su hermano sólo lo hayan buscado durante media hora. “Después de que
denunciamos la fiscalía hizo como que lo buscó, nos dijeron que nos hiciéramos
la prueba de ADN y que fuéramos a los Semefos (servicios médicos forenses) o a
la fosa común a buscar a José Antonio”.
“SÍ HABLAMOS CON LOS MALOS”
La ausencia de una autoridad
que resuelva de manera eficaz los hechos violentos en el estado ha causado el
surgimiento de organizaciones civiles que se lanzan a la búsqueda de sus
familiares.
Irma Arellanes Hernández,
madre de Irving Alan Cortés Arellanes, desaparecido el 7 de junio de este año
en Mazatlán, cuenta que ante la indiferencia de la Fiscalía, y al encontrarse
en el camino con otras familias que padecen su mismo dolor, decidió crear una
organización social.
“El 27 de julio formalizamos
ante notario público la asociación “Tesoros perdidos. Hasta encontrarlos”.
Somos unas 15 familias que decidimos salir a buscar a los nuestros”, dice
Arellanes, quien lleva la imagen de su hijo tatuada en uno de sus brazos.
Nacida en Oaxaca, pero con
una vida hecha en Mazatlán, dice: desde que tomaron varillas y palas “los
agentes del Ministerio Público ya no nos tratan mal y nos acompañan nomás para
cuidarnos, porque nosotras somos las que nos reunimos con los malos para tener
información de dónde pudieran estar nuestros hijos o para ir a buscarlos en
fosas”.
Así, en su tercer día de
investigación, la organización civil encontró tres cuerpos.
“En todo esto hay policías
involucrados, hay mucha corrupción y por eso no encontramos a nuestros hijos.
En Sinaloa ya es un lujo que te maten y te dejen tirado en la calle”, lamenta
la señora Arellanes.
Este reportaje se publicó el 22 de octubre de 2017 en
la edición 2138 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/GLORIA LETICIA DÍAZ/ 26
OCTUBRE, 2017)
