La Procuraduría General de la República disputa
inmuebles millonarios al Cártel Jalisco ante tribunales. En cuatro ocasiones,
se ha declarado la extinción de dominio de propiedades de narcotraficantes y
prestanombres a favor del Estado. Al “Menchito”, hijo del líder de la
organización delictiva, no pudieron ganarle en juicio casi 26 millones de pesos
y 610 mil dólares. Actualmente existen dos litigios que amparan 19 millones 922
mil pesos en cuatro residencias. Pendientes de ejercitar acciones contra más de
140 vehículos, cuentas bancarias y joyas
Desde 2010, la Procuraduría
General de la República (PGR) ha asegurado más de 160 millones de pesos a
presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en inmuebles,
vehículos de motor, alhajas, ganado y dinero en efectivo, pero a la fecha, la
dependencia solo ha ejercitado siete acciones de extinción de dominio contra
bienes valuados en casi 54 millones de pesos y 610 mil dólares.
ZETA tuvo acceso a cada una
de las acciones promovidas por agentes del Ministerio Público de la Federación,
adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), ante el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de
la Primera Región y Especializado en Extinción de Dominio, con competencia y
jurisdicción en toda la República y residencia en la Ciudad de México.
Hasta el momento, la PGR ha
obtenido cuatro sentencias favorables que han declarado procedente la extinción
de dominio de diversos bienes en favor del Gobierno Federal por un total de 7
millones 934 mil 050 pesos; perdió el juicio contra Rubén Oseguera “El
Menchito” por su primera detención en 2014 y se ordenó la devolución de 25
millones 923 mil 827 pesos con 37 centavos mexicanos y 610 mil dólares
estadounidenses; y están pendientes de resolver dos casos más por un monto
conjunto de 19 millones 922 mil pesos.
En todos los asuntos, son
inmuebles o dinero en efectivo los que se han disputado judicialmente entre la
SEIDO y los presuntos narcotraficantes o sus prestanombres. Sin embargo,
continúan asegurados precautoriamente más de 140 vehículos, algunas
embarcaciones, un centenar de joyas, y por lo menos 30 inmuebles más, bajo
resguardo del Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SAE); no se ha
resuelto en definitiva sobre su destino.
Automotores Mercedes Benz,
Land Rover, Cadillac, GMC Yukon Denali, Porsche Panamera Turbo, Suburban,
Toyota y Jeep, de modelos recientes, algunos blindados; cuentas bancarias, casi
400 piezas de ganado, finos relojes con accesorios de oro e incrustaciones de
diamantes, forman parte de la fortuna de algunos integrantes del CJNG, que si
bien están en manos de la autoridad, aún son intocables mientras no sean
adjudicados en definitiva en favor del Estado por sentencia de extinción de dominio.
Las resoluciones judiciales
de procedencia o declaratoria de la Extinción de Dominio de los bienes muebles,
inmuebles y numerario señalados por la autoridad ministerial, tienen como
consecuencia la pérdida de derechos sin contraprestación ni compensación para
su dueño, propietario o poseedor, ni para quien se ostente como tal. Figura
jurídica que México incorporó al Derecho nacional a partir de 2009.
PRIMEROS PASOS
Menos de un año le llevó a la
PGR conseguir la primera declaratoria de extinción de dominio sobre propiedades
de militantes del CJNG. El 27 de noviembre de 2012, Alfonso Javier Flores
Padilla, Juez Tercero especializado en la materia, adjudicó en favor del
Ejecutivo federal dos casas propiedad de los narcotraficantes Martín Arzola Ortega
“El Negro” y/o “El Señor” y/o “El 53”m y Erick José Alcázar Limón “El Niño”. La
primera finca ubicada en Calle Isla Groenlandia número 3854, Colonia Cruz del
Sur, con valor de un millón 78 mil 400 pesos; y la segunda en Reyes Heroles
número 3077, Colonia Villa Guerrero, con valor de 876 mil 250 pesos. Ambas en
la ciudad de Guadalajara.
Arzola Ortega fue uno de los
primeros jefes operativos regionales que trabajó bajo las órdenes de Erick
Valencia Salazar “El 85” y Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. Fue detenido
por agentes de la Policía Federal el 14 de julio de 2011 en Tlajomulco de
Zúñiga, tras ser correteado por una azotea y caer de una altura de cinco
metros, ocasionándose lesiones. “El Negro” poseía una subametralladora calibre
9 milímetros y estaba señalado de traficar con drogas, “levantones” de rivales
y empresarios, ejecuciones y extorsiones a comerciantes de bares y licorerías.
También fue detenido su
colaborador Erick José Alcázar Limón en posesión de un arma de fuego tipo
escuadra calibre 38 súper con un cargador y diez cartuchos útiles, dos
teléfonos celulares y un radio de comunicación. Dijo que Arzola le pagaba por
transportar vehículos, documentos y dinero, además de ser el contacto con distintas
corporaciones policiales para obtener información a cambio de dinero.
“El Negro”, que tenía una
credencial al nombre de Ramón Franco Zavala, declaró que pertenecía al CJNG y
antes estuvo ligado al grupo criminal de Los Valencia de Michoacán y de Ignacio
Coronel Villareal. Era jefe de sicarios en los municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, y tenía a su mando
aproximadamente a 40 personas para combatir a miembros de grupos rivales como
La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y Los Beltrán
Leyva.
El jefe de sicarios les dijo
a sus captores que no fueran “tontos” y trabajaran para él, les pagaría 10 mil
pesos semanales por proporcionarle información de los operativos y actividades
de la Policía Federal, además de que les mandaría 50 mil pesos al lugar que le
indicaran como agradecimiento por dejarle en libertad. Sus captores no
aceptaron el ofrecimiento. Semanas después, las referidas fincas de Arzola y
Alcázar fueron cateadas y el Ministerio Público federal estimó que los
inmuebles son producto de la comisión de los delitos de delincuencia organizada
y contra la salud, como se acreditó ante el juzgador.
De los aparatos de telefonía
móvil asegurados a los procesados, peritos de la PGR extrajeron información
referente al trasiego de drogas, “levantones” e incluso homicidios, además de
que se confirmó su militancia en el CJNG.
“EL ZOPILOTE”
Derivado de la detención de
un capo regional que controlaba la frontera de los estados de Jalisco, Colima y
Michoacán, el juzgador especializado declaró, el 5 de marzo de 2013, la extinción
de dominio de una residencia con valor de un millón 746 mil pesos, ubicada
sobre Avenida Manuel Ávila Camacho número 196, en la colonia Centro, en el
sureño municipio jalisciense de Tecalitán.
José Serna Padilla “El
Zopilote” había tejido una historia negra en la región. Parecía salido de una
de esas películas mexicanas de narcotraficantes que se hacen en un solo día de
producción y se venden muy bien en Estados Unidos. El 15 de febrero de 2011,
elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México detuvieron a su esposa,
Erika Chávez Díaz. Serna escapó del operativo, pero fue atrapado un año
después, el 17 de marzo de 2012.
Los marinos tenían reportes
anónimos de que en los municipios de Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores,
Tuxpan, Ciudad Guzmán, Tamazula, Zapotiltic y Pihuamo había personas armadas
que operaban para el CJNG e intimidaban a los pobladores con amenazas,
secuestros y extorsiones. El día que Erika fue capturada, en tres acciones
diferentes, otros cinco sicarios cayeron en manos de las autoridades,
asegurándoles cuatro fusiles AK-47 y un rifle AR-15, dos granadas de
fragmentación, una bolsa de cocaína, un costal con 6.5 kilos y 23 envoltorios
de marihuana, 145 dosis de “cristal” y ocho gramos de goma de opio. En una
cubeta tenían 530 cartuchos calibres .223 7.62 y en una maleta roja había 50
cargadores de diversos calibres y una bolsa con 577 balas para “cuerno de
chivo”.
La detenida identificó al
sujeto que huyó como su marido José Serna Padilla, líder de la plaza de Colima
del CJNG, quien siempre andaba armado, con su gente, porque tenía
enfrentamientos con un tipo apodado “El Candingo”, de La Familia Michoacana.
Erika relató que “El Zopilote” empezó a trabajar en 2008 para un hombre
adinerado y en 2009 empezó a portar arma de fuego. En 2010 la fortuna parecía
haberle sonreído y traía mucho dinero, manejaba camionetas costosas y se
rodeaba de sujetos empistolados. Agregó la mujer que, en una ocasión, “El
Candingo” arrojó granadas a su casa en Tuxpan y se tuvo que ir a vivir a Tecalitlán.
La Marina encontró a “El
Zopilote” tiempo después. Había cruzado una camioneta Toyota Tacoma sobre la
carretera Zapotiltic-Tamazula, a manera de retén. No se esperaba que sus
posibles víctimas fueran militares y al observarles corrió junto con sus
secuaces hacia un sembradío de caña, donde fueron detenidos. Serna tenía entre
sus manos una escuadra Colt 38 súper con siete balas y en la camioneta se
localizaron tres granadas tipo piña, dos fusiles AK-47, un rifle AR-15 y doce recipientes
con metanfetamina con peso de 13 kilos 780 gramos.
La acción, que concluyó con
cateos en varios municipios, tuvo como resultado el aseguramiento de vehículos,
armas, lanzagranadas, uniformes con las siglas “AFI”, 40 paquetes con 64 kilos
con 780 gramos de marihuana, así como dos tambos de 200 litros a media
capacidad con una sustancia líquida con olor a químico.
EN COLIMA
Poco antes de 2010, la que
fuera una de las más tranquilas entidades del país, Colima, se descompuso por
la violencia. Históricamente, las acciones de grupos de criminales dedicados al
tráfico de drogas, precursores químicos y el contrabando, se había acotado
exclusivamente al puerto de Manzanillo y los aterrizajes de aeronaves con
mercancía dudosa a Tecomán. Cuando mucho se sabía que narcotraficantes como
Manuel Salcido Uzeta “El Cochiloco” habían elegido el Estado en los años
ochenta como sitio de descanso.
En la actual década, la
llegada e instalación del CJNG en ese territorio convirtieron a Colima en una
de las entidades más sangrientas. Comala, como la mayoría de los pueblos
mágicos del país, también llamó la atención del crimen organizado y ahí se asentó
una de las células más fuertes del clan delictivo, a través de José Bernabé
Brizuela Meraz, a quien -no por nada- indistintamente le apodaban “El Animal”,
“La Bestia” y “La Vaca”.
Información de inteligencia
militar permitió al Ejército conocer las actividades de tal jefe de plaza en
2013 y, en un operativo con agentes encubiertos, el 23 de mayo, pudieron
apresar a Brizuela y su mujer, Lorena Sánchez Rodríguez, en una residencia de
la calle Morelos, sin número, en el centro de la ciudad, caracterizada por sus
fachadas blancas. Antes, los soldados tuvieron que someter a otros cuatro
individuos que se oponían al arresto y portaban armas largas con aditamentos
lanzagranadas calibre 40.
Durante la persecución dentro
del inmueble, una habitación se incendió, pues unas velas encendidas a frente a
una imagen de la Santa Muerte cayeron sobre unas cobijas, propagándose el
fuego. “El Animal” traía fajada una pistola calibre 380 Pietro Beretta con
silenciador y nueve balas en su cargador. Se identificó como el jefe de plaza y
ofreció 5 millones de dólares a cambio de su libertad, dinero que podía
solicitar a una hermana que funge como contadora del grupo criminal.
En la finca de varios
niveles, valuada en 2 millones 492 mil pesos, las autoridades castrenses aseguraron
tres granadas de fragmentación en un sillón, aparatos de radiocomunicación
Nextel, celulares, una lap top HP, varias tarjetas SIM, una libreta tamaño
profesional que contenía anotaciones al parecer relacionadas con las
actividades de la organización delictiva y dos automotores. Se localizó una
habitación utilizada para maquilar la droga conocida como “cristal”, de la que
había tres kilos 445 gramos. En una caja había otro kilo 265 gramos de la misma
sustancia granulada y en una bolsa de plástico, más “cristal” con peso de 985
gramos.
De los detenidos, al menos
tres eran oriundos de Tijuana, quienes fueron contratados inicialmente en la
frontera para vender droga del CJNG y luego fueron jalados a Colima para
realizar funciones similares en diversos inmuebles rentados como casas de
seguridad y “tienditas”. También participaban en secuestros y llegaron a matar
a algunas de sus víctimas, según sus declaraciones.
El 5 de noviembre de 2014,
Óscar Torres Mercado, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar para
Extinción de Dominio, declaró procedente la adjudicación del inmueble a favor
del Gobierno Federal.
Por su parte, Brizuela Meraz
fue sentenciado el 28 de octubre de 2016 a 34 años de prisión como responsable
de delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de arma de
fuego, posesión de cartuchos y granadas de uso exclusivo del Ejército, además
de portación de arma de fuego sin licencia.
DERROTA JUDICIAL
El mismo juzgador propinó un
revés a la Procuraduría General de la República en sentencia dictada el 17 de
febrero de 2015, al resolver como improcedente la acción de extinción de
dominio sobre casi 26 millones de pesos y una suma en dólares asegurados a
Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera “El Mencho”, tras
su primera detención en Zapopan, Jalisco, el 30 de enero de 2014.
El Quinto Tribunal Unitario
con residencia en el Estado de México había revocado el auto de formal prisión
que mantenía al “junior” en el penal de máxima seguridad “Altiplano”, procesado
por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de
metanfetamina con fines de comercio, y en su lugar decretó auto de libertad por
falta de elementos para procesar, ordenando su libertad.
El argumento principal del
magistrado fue que la captura de Oseguera González y otros de sus colaboradores
había sido ilegal, pues los militares que participaron en el operativo habían
allanado ilegalmente la residencia ubicada en la calle Artemio del Valle
Arizpe, en el fraccionamiento Patria Universidad, donde estaba “El Menchito”
junto con 25 millones 923 mil 827 pesos con 37 centavos y 610 mil dólares
americanos.
Por ser calificada la
detención ilegal, el juez especializado en extinción de dominio determinó que
las pruebas ofrecidas en el expediente eran “ineficaces para determinar que el
dinero referido es producto de delitos contra la salud” y ordenó su devolución
a quien o quienes acreditaran su legítima propiedad.
La historia es conocida:
Rubén Oseguera ha sido detenido y liberado en tres ocasiones más, aunque
actualmente permanece interno en el penal de máxima seguridad “Altiplano”, tras
un tour penitenciario por los centros federales de readaptación social de
Puente Grande, Matamoros y Oaxaca. Fue absuelto del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita al acreditar que dos de sus residencias,
ubicadas en los municipios de Guadalajara y Autlán de Navarro, fueron donadas
por su madre cuando era menor de edad. Es procesado por portación de arma de
fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud.
ALTOS DE JALISCO
El 13 de junio de 2016, la
PGR volvió a ganar un juicio de extinción de dominio, esta vez sobre un millón
741 mil pesos en efectivo que le fueron asegurados a Julio César Chávez López
“El Antiguo”, jefe de plaza del cártel jalisciense en Tepatitlán de Morelos,
cabecera de la Región de Los Altos. Fue detenido el 3 de diciembre de 2014
sobre la carretera Tepatitlán-Yahualica de González Gallo.
Esa mañana, agentes de
Operaciones Tácticas y de Reacción, de la Policía Federal, sorprendieron a
Chávez circulando en una camioneta Chevrolet Silverado, color rojo, sin placas
de circulación y con una carabina calibre .223 que se observaba a media ventanilla. Tras una persecución, el
sujeto fue obligado a entregarse y deponer el arma al piso.
El detenido se identificó con
una licencia de conducir del Estado de Puebla con la falsa identidad de Carlos
Torres Ortega. En una bolsa cruzada al hombro llevaba varios teléfonos
celulares. Espontáneamente, “El Antiguo” dijo ser el jefe de plaza del CJNG
“desde Tepatitlán hasta Yahualica”. Aseguró que traía el arma para protegerse,
pues podría ser víctima de los “contras” y usaba credenciales falsas porque
“trabajo tirando cocaína y ‘cristal’, y los tiempos están peligrosos”.
Julio César agregó que su
jefe inmediato es un sujeto al que le dicen “El Gallero”, y este, a su vez,
recibe órdenes directamente de “El Menchito”. Al revisar la camioneta, los
federales localizaron un contenedor de plástico envuelto en cinta color canela
con dos kilos de la droga conocida como “ice” y una báscula digital. En una
mochila negra se encontró la referida suma millonaria y en el compartimiento
del descansabrazos se hallaron tres cargadores para arma de fuego calibre 223,
con 30, 40 y 28 cartuchos, respectivamente.
En la batea de la camioneta
se localizaron tres cajas de color blanco con negro. En la primera los
federales aseguraron un arma de fuego Remington Rand, tres escuadras Colt
calibre 45, 14 armas cortas Glock calibre 40, dos armas calibre 5.7 conocidas
como “matapolicías”, 17 cargadores vacíos calibre 9 milímetros, 37 cargadores
vacíos calibre 40, un cargador vacío calibre 5.7, un cargador vacío calibre 38
súper y un silenciador color negro. Además de un contenedor plástico con un
kilo 800 gramos de “ice”, una bolsa con 600 gramos de la misma sustancia, otra
bolsa con un kilo 300 gramos de cocaína, una bolsa con 300 gramos de “cristal”
y una barra envuelta en plástico de color verde y blanco de 30 centímetros de
largo con contenido explosivo conocido como C4, dos metros de cordón detonante
y tres metros de mecha tardía.
En la segunda caja, dos
fusiles AK-47 y un rifle AR-15, una escopeta calibre 12 GA, 42 cargadores
vacíos para calibre 7.62 y un cargador calibre 223. En la tercera caja, 2 mil
276 cartuchos calibre 7.62×39, cien cartuchos calibre 45, 630 cartuchos calibre
40, doce cartuchos calibre 30-06, 98 cartuchos calibre 50, tres granadas de
fragmentación tipo piña, dos granadas de mano redondas de color verde al
parecer de humo, una granada cilíndrica color naranja al parecer de humo y 50
cartuchos calibre 7.62×51.
NUEVAS ACCIONES
En los casos más recientes,
el Ministerio Público federal ejercitó acciones de extinción de dominio contra
líderes del CJNG el 12 de diciembre de 2016 y 18 de septiembre de 2017, las que
fueron radicadas como juicios especiales 21/2016 y 4/2017 en el único Juzgado
de la materia en la Ciudad de México. En ambos asuntos no se ha dictado
sentencia y se sigue el procedimiento.
Las dos acciones son contra
bienes inmuebles de los que se reputa como dueño a César Cazarín Molina, que
también se cambia el nombre por el de Iván de los mismos apellidos, y Víctor
Hugo Delgado Rentería, mejor conocido como “Comandante Tornado” o “El Tanque”,
que de manera similar a la de “El Menchito”, ha sido detenido en tres ocasiones
e inexplicablemente recupera su libertad. Hoy está preso en el penal federal de
Puente Grande.
En el primer juicio, la PGR
pretende desapropiar al ex jefe operativo regional y considerado “brazo
derecho” de Nemesio Oseguera, de dos residencias ubicadas en el fraccionamiento
La Rioja, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Una de ellas, en la calle Azofra
88, con valor de 2 millones 930 mil pesos. La otra, en calle Navarrete 85,
valuada en 2 millones 619 mil pesos.
Un segundo juicio, iniciado
hace poco más de un mes, busca la extinción de dominio de un inmueble y sus
construcciones ubicado en la calle Camino a las Toronjas número 471, esquina
Camino a Los Girasoles, Fraccionamiento Cortijo de San Agustín, en Tlajomulco,
sede de operaciones del CJNG, a 20 kilómetros de Guadalajara. El inmueble se
divide en los lotes 13-A, 13-B, 13-C, 13-D y 14-A, de la manzana 80, y está
valuado en 14 millones 373 mil pesos. Varios de los predios están a nombre de
una mujer, dueña de un spa, quien lucha jurídicamente contra los aseguramientos
decretados desde 2013 por el Ministerio Público federal.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 23 OCTUBRE, 2017
12:00 PM)
