Una
mujer resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que su ex
pareja la rociara de gasolina mientras iban a bordo de un vehículo, el cual
impactó con otra unidad mientras transitaba por la Rampa Televisión de la
colonia Juárez, en Tijuana.
Los
hechos ocurrieron alrededor de la 14:00 horas de este miércoles cuando el
conductor de una camioneta Frontier, color blanco, chocó contra un sedán que
estaba estacionado sobre la vialidad, así como con la barda perimetral de un
domicilio.
Testigos
de los hechos auxiliaron a los tripulantes pues al parecer el vehículo se había
incendiado ya que ambos tenían lesiones por quemaduras. Solicitaron la
presencia de agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja.
Sin
embargo luego de ser auxiliados por los socorristas, la mujer manifestó que su
ex pareja la roció de gasolina con la intención de prenderle fuego cuando iban
a bordo de la camioneta.
La
mujer fue trasladada un nosocomio de la localidad, mientras que el sujeto quedó
bajo custodia policial.
(SEMANARIO ZETA/ NOTICIAS DEL DÍA ZETA/ MIÉRCOLES, 18 OCTUBRE, 2017 07:42 PM)
Nuevamente
apareció una manta amenazante en un puente de Mexicali, lo que generó la
movilización policíaca desde temprana hora de este jueves 19 de octubre.
La
manta iba dirigida al coordinador de Investigaciones Especiales, David Lozano,
quien supuestamente fue beneficiado por el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Dicha
amenaza fue puesta en el puente Quintana Roo, a la altura de Río Nuevo, es
decir, frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
La
PGJE no ha emitido postura al respecto, pero es la segunda vez en el año que
funcionarios de la dependencia son amenazados por supuestos integrantes del
crimen organizado.
El
mensaje escrito en la tela blanca decía: “DAVID
LOZANO B. YA COBRASTE POR LA INF. AHORA ME CUMPLE O SIGUES TU CJNG ATTE”
Hace
meses se dejó una corona de flores afuera de la dependencia.
La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa que aproximadamente
a las 19:11 horas de este miércoles, tuvo conocimiento vía C4 que en la colonia
Emiliano Zapata se encontraba una persona lesionada por disparos de arma de
fuego.
En
el lugar se constituyeron agentes de investigación y peritos adscritos a la
Dirección de Servicios Periciales, localizaron en la calle Luís Donaldo Colosio
y Álvarez Rico, de la colonia en referencia, el cuerpo sin vida de una persona
del sexo masculino, por lo que se hicieron cargo del lugar de intervención,
ordenaron el levantamiento y traslado al Servicio Médico Forense para la
práctica de la necropsia de Ley.
Procedieron
al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de casquillos
percutidos para su envío a los laboratorios de la PGJE para su análisis y
dictamen pericial correspondiente.
El
hoy occiso está en calidad de desconocido.
Por
lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la
Investigación de Delito de Homicidio Doloso y su Judicialización inició la
Carpeta correspondiente para realizar los peritajes necesarios con todos y cada
uno de los datos de prueba y evidencias que se encontraron en el lugar de los
hechos para esclarecer el acto delictuoso.
La presión de Estados Unidos ha movido a
autoridades mexicanas a buscar la desarticulación financiera y detener a los
miembros de la familia González Valencia, involucrados en el financiamiento y
lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Elvis, uno de los
“Cuinis”, está nuevamente en la mira de la PGR, tras verle salir en diciembre
de 2016 del penal “Altiplano”. Familiares de los nominados por el Departamento
del Tesoro han sufrido e aseguramiento de bienes muebles e inmuebles en
Guadalajara
Apenas lo liberaron, previo a
la última Navidad, y a las pocas semanas le dictaron orden de aprehensión. Ya
les había ganado el camino y es hora que no lo pueden recapturar. Se trata de
Elvis González Valencia, uno de los miembros de la familia de “Los Cuinis”,
sobre quienes el gobierno norteamericano ha incrementado la presión para
detenerles.
Con las recientes
designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus
siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, el apremio para
poner tras las rejas a los participantes de los grupos criminales que conforman
el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han obligado a nuevas acciones de
autoridades mexicanas y a buscar protección jurídica por parte de traficantes,
lavadores de dinero y prestanombres.
Durante los últimos dos años,
la Procuraduría General de la República (PGR),a través de sus unidades
especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), ha efectuado cateos y materializado
aseguramiento de inmuebles vinculados con la organización delictiva, pero no ha
detenido a los integrantes empoderados ni a su líder, Nemesio Oseguera
Cervantes “El Mencho”.
Los más recientes familiares
políticos o directos del michoacano son Rubén Oseguera González “El Menchito”,
que continuamente entra y sale de prisión, y Abigael González Valencia “El
Cuini”, ambos aprehendidos en 2015. Mientras que en 2016, la Policía Nacional
del Uruguay detuvo en Punta del Este a Gerardo González Valencia “El Lalo”.
Los nombres de las tres
personas que la OFAC agregó el 14 de septiembre último a las listas de
cabecillas del narcotráfico y/o lavadores de dinero sucio: Alfonso Corona
Romero, su hijo Edgar Alfonso Corona Robles y Salime Abouzaid El Bayeh, están
relacionados no solo con Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio,
sino con la cuñada del capo, Berenice González Valencia, a quien la Policía
Federal busca con motivo de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/076/2015,
integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y
Tráfico de Armas (UEITA).
Tan luego se conoció de las
nominaciones del gobierno estadounidense, representantes legales de los
implicados acudieron ante la justicia federal para solicitar su protección.
Alfonso Corona padre y su vástago presentaron escritos para demandar el amparo
de jueces federales en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Ambos temen ser
aprehendidos.
ELVIS, CASO COTIDIANO
La detención, enjuiciamiento
y exoneración de algún presunto delincuente, premiado con la libertad y la
supuesta enmienda del Ministerio Público Federal de volver a solicitar su
captura cuando ya se les escapó, no es novedosa, sino más bien reiterada. Eso
mismo ocurrió con Elvis González Valencia, presunto operador financiero de “Los
Cuinis” y del CJNG.
Fue pública la noticia de la
captura de Elvis. El sábado 4 de diciembre de 2015 fue presentado de urgencia
en un hospital privado de Guadalajara, herido de bala en un hombro y antebrazo.
Según su versión, fue agredido a balazos en el municipio de San Miguel el Alto
cuando detuvo su vehículo sobre una carretera para desahogar una necesidad
fisiológica. Por ser cuñado del “Mencho”, la SEIDO lo trasladó a Ciudad de
México y lo arraigó. En Jalisco, la Fiscalía General aseguró que González
Valencia estaba señalado en tres averiguaciones previas por delitos del fuero
común como daño en las cosas y extorsión.
Luego de cumplir con el
arraigo, la PGR lo consignó sigilosamente ante un juez federal y lo internó en
el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, en el
Estado de México. Nunca se informó del delito imputado ni se le volvió a
mencionar. ZETA conoció de su presencia en el penal de máxima seguridad, en
Almoloya de Juárez, por sus juicios de amparo por la falta de atención médica
derivada del balazo recibido y problemas de salud que pedían la asistencia de
un otorrinolaringólogo.
Del seguimiento realizado por
este Semanario, un año después trascendió que el 15 de diciembre de 2016, Elvis
solicitó nuevos amparos por la carencia de servicios especializados de salud,
mas cuando trataron de notificarle la admisión de los recursos para pedirle la
ratificación de los escritos, los directivos del reclusorio federal informaron
a los jueces que “el quejoso fue egresado de dicho centro penitenciario” en la
misma fecha de la promoción de garantías.
Muy hábil, González Valencia,
que ya sabía de su inminente excarcelación, había presentado otro escrito en el
que reclamaba la posibilidad de que a su salida de prisión la autoridad
ministerial pudiese ejecutar actos de “retención ilegal, golpearlo, torturarlo,
incomunicación o cualquier otro que constituya desaparición forzada”. Nadie le molestó y pudo irse a casa. Los
jueces buscaron, en vano, algún domicilio externo para notificarle los acuerdos
de sus recursos. La PGR no reaccionó en lo inmediato.
Fue hasta iniciado el año en
curso, cuando el Ministerio Público federal ejercitó nuevamente acción penal en
contra de Elvis, uno de los menores de “Los Cuinis”. En el Juzgado Sexto de
Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Puente Grande, Jalisco,
se obtuvo la orden de aprehensión que actualmente pesa en contra del antes
exonerado, dentro de la causa penal 6/2017. De los asuntos locales pendientes
en Jalisco, la Fiscalía General no se pronunció ni durante el encierro del hoy
prófugo, ni después.
LOS SOCIOS DE BERENICE
El 28 de febrero de 2015,
agentes federales del grupo especial del Gabinete de Seguridad atraparon en
Puerto Vallarta, al único “Cuini” detenido hasta el momento en prisiones
mexicanas, y próximo a ser extraditado a
Estados Unidos: Abigael González Valencia, presunto empresario que
también se hacía llamar Paul Jonathan Tak Toledo alias “El Cuini” o “Cachetón”.
Con él cayeron también Gilberto Mendoza González o Nicolás Murillo Alfaro “El
Tapanco”; Óscar Betancourt Bermúdez, Miguel José Leone Martínez y Laura
Alexandra Sánchez Ruiz. Los refundieron en la cárcel acusados por delitos
contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína en su
hipótesis de fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército y delincuencia organizada, al estimar que pertenecen al CJNG.
Durante las investigaciones,
además de corroborar lo que PGR ya sabía del parentesco político de Abigael con
“El Mencho”, por estar casado este último con Rosalinda González Valencia,
hermana del primero, que otros miembros de esa numerosa familia estaban
implicados en el financiamiento de actividades de narcotráfico y lavado de
dinero para la organización criminal, cuyo inicio ocurrió tras una escisión en
el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio, luego de la muerte del capo
Ignacio “Nacho” Coronel en julio de 2010.
Durante 2015 y 2016,
autoridades federales se dedicaron a ubicar a diversos integrantes de la
familia González Valencia, sobre todo de Berenice, una de las menos
mencionadas. Así se encontraron nexos de la mujer y su sobrina Jessica Johana
con Salime Abouzaid El Bayeh, una joven tapatía de ascendencia libanesa y cuya
familia ahora padece del aseguramiento de varios de sus bienes muebles e
inmuebles, presuntamente ligados al CJNG.
Salime, de la que antes solo
se conocía su existencia en litigios en materia familiar por un divorcio en
2008 y las secuelas de esa sentencia, trabajó para el restaurante japonés Mizu
Sushi Lounge, que administraba la hija de “El Mencho”, y también desempeñó un
papel en el periódico Unomasuno, designado el 16 de diciembre de 2015 por el
Departamento del Tesoro por el supuesto apoyo que brindaba al grupo criminal.
Presuntamente la mujer era más que una empleada.
En sus pesquisas, la UEITA
aseguró casas y vehículos propiedad de los hermanos de Abouzaid El Bayeh y
otros de sus parientes, conocidos en Guadalajara por tener un lugar relevante
en la sociedad como comerciantes y empresarios, al estimar que existían
indicios de que los bienes son producto del delito de delincuencia organizada
con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Así, la PGR decretó
aseguramiento precautorio de una residencia ubicada en la calle Unidad Nacional
número 1275, en la colonia Conjunto Patria, en Zapopan. Un juez especializado
en cateos de Ciudad de México autorizó la irrupción en la vivienda al estimar
fundada la petición ministerial, que señala que Berenice González Valencia,
hermana de Abigael, “cumple con una función de operadora financiera, utilizando
el referido inmueble a fin de consumar actividades delictivas de carácter
federal”. El dueño del inmueble desconoce a la presunta delincuente y busca
acreditar que el inmueble le fue donado por sus padres hace varios años.
El Ministerio Público federal
aseguró que algunos de los vecinos del lugar dijeron que era un secreto a voces
que en ese lugar “se guardaban armas y droga y las autoridades no hacían nada”.
Resultado del cateo se localizó una enorme caja fuerte (1.80 metros de altura x
1.10 metros de ancho o fondo), con documentos varios; un tocador en el que
había dos armas de fuego calibres 38 súper y nueve milímetros; así como dos
cargadores y una bolsa con cartuchos; y en la cochera dos camionetas y un
automóvil sedán.
En otras residencias de la
familia de Salime, luego de realizar “una búsqueda minuciosa en todas las
áreas, se hace constar que no se localizó objeto, instrumento o producto de los
delitos que se investigan”, pero igualmente, el fiscal federal decretó su
aseguramiento. Incluso, la casa de una mujer de segundo apellido Valencia, que
no tiene calidad de inculpada y que se localiza en el número 980 de la calle
Paseo de los Virreyes, condominio 7,
interior 2 en la colonia Virreyes Residencial, en Zapopan, también fue
inmovilizada.
LA DEFENSA LEGAL
Familiares de Salime, entre
ellos algunos hermanos, ya acudieron ante jueces federales de amparo en
Jalisco, obteniendo varios de ellos el otorgamiento de garantías para que el
fiscal investigador exprese detalladamente los indicios existentes de que sus
bienes son producto o instrumento de delito, y sí estos son suficientes para
privarles de su uso y aprovechamiento, en tanto avanzan las investigaciones.
Por su parte, Rosalinda
González Valencia y Jessica Johanna Oseguera, esposa e hija de “El Mencho”,
líder del CJNG, han buscado asiduamente el amparo tanto en Jalisco como en
Ciudad de México, en contra de alguna posible orden de aprehensión en su
contra, pero las autoridades responsables han contestado en todas las ocasiones
que no existe dicho acto reclamado.
Alfonso Corona Romero y su
hijo Edgar Alfonso Corona Robles también corrieron en busca de la protección
constitucional al enterarse de la nominación de la OFAC y temer alguna orden de
captura que se les hubiese dictado en México. Sus demandas fueron admitidas en
el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, donde ya
se realizan los trámites de rigor.
A quien le fue negado un
amparo en contra del aseguramiento de sus bienes es Wendy Dalaithy Amaral
Arévalo, esposa de Gerardo González Valencia “El Lalo”, detenido en Uruguay,
donde ambos, junto con sus hijos, pretendían hacer una vida alejada de la
vigilancia policial en un lujoso chalet.
México amanece sin Fiscal General –una figura clave
del Sistema Nacional Anticorrupción- y sin Procurador General de la República.
Mientras, se mantiene como el país más corrupto de América Latina, según el
indicador Latinobarómetro. Raúl Cervantes Andrade decidió renunciar a la
Procuraduría General de la República después de un año de gestión durante el
cual, cinco Gobernadores de su partido, el PRI, emprendieron la huida, mientras
que se iniciaron averiguaciones en contra de miembros del Gabinete federal.
Su trayectoria fue marcada por la opacidad tanto de su
fortuna como de su desempeño, así como un embrollo político por esa aspiración
suya que no pudo cumplir de convertirse en Fiscal General. En los 12 meses en
la PGR, ganó casi dos millones y medio de pesos; pero en su declaración
patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes como tampoco
sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado
escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que
ha asesorado.
Ciudad de México, 17 de
octubre (SinEmbargo).– Hace un año, pese a todo, Raúl Cervantes Andrade tenía
más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la
nube de desconfianza que cubría a la Procuraduría General de la República
después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
Pero un año después, prefirió
dimitir. Y esos 12 meses, en los que fue Procurador, bastaron para dejar una
trayectoria en la que se impuso la opacidad tanto de su gestión como de su
fortuna, así como un embrollo político por esa aspiración suya de convertirse
en Fiscal General que desembocó en un Sistema Nacional Anticorrupción
incompleto, sin el pilar fundamental.
Hoy, México, que en días
recientes apareció hundido en el Índice de Transparencia Internacional como el
más corrupto de América Latina, amanece sin Fiscal porque los partidos
políticos no aceptaron a Cervantes Andrade; pero también sin Procurador.
En las manos de quien ayer
renunció cayó la crisis detonada por la corrupción de los ex Gobernadores y
otras figuras de alto cargo de su partido, el Revolucionario Institucional
(PRI). Y él, como fumarolas, los dejó escapar.
Durante cuatro años, varias
Organizaciones no Gubernamentales pugnaron por la construcción de un Sistema
Nacional Anticorrupción, un edificio legal que tenía como pilares a siete
instituciones –entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la
Procuraduría General de la República- destinado a combatir una lacra que le
cuesta a México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según el
Consejo Coordinador Empresarial.
Cervantes Andrade, Doctor en
Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña
Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus
dirigentes, fue propuesto para el principal cargo de la Procuraduría por el
Presidente de la República. El 26 de octubre, el pleno del Senado ratificó su
nombramiento, así como su licencia para dejar la curul en esa cámara, con 81
votos a favor, tres en contra y una abstención.
Llegó para sustituir a Arely
Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a
la Secretaría de la Función Pública, un cargo que permaneció vacante desde que
Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que
había tenido Andrade Martínez fue investigar si el Presidente y el entonces
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de
intereses al adquirir mansiones con un crédito otorgado por el Grupo Higa, de
Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Su
resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.
En el movimiento de fichas, a
Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que han
pasado todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de
2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y
Nochixtlán se encuentran en gruesos expedientes en esta instancia. La fuga del
ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte –ya detenido- también es una carpeta
ahí. Los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos
Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, integran una averiguación
previa. El socavón de diez metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y
que implicó a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes,
también.
De la posición ya había caído
Jesús Murillo Karam, al presentar una “verdad histórica” endeble sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, un episodio que
convirtió a la PGR en una de las instituciones con menor credibilidad, según
todas las encuestas de percepción, en casi un sepulcro político, mientras que
el grito de “Nos faltan 43” reventaba en las calles.
Ahí llegó Raúl Cervantes, el
hombre que había sido diputado en dos ocasiones y hasta el día de su
nombramiento fue Senador. El que había contendido para integrarse como Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que tuvo que declinar
luego de que ciudadanos recabaran firmas para evitar que personas ligadas a
partidos políticos ocuparan una silla en la Corte.
Y, como en otros
nombramientos, en la propuesta del Presidente no pesó que Cervantes Andrade
fuera primo de Humberto Castillejos, ex asesor jurídico de la Presidencia y
quien también asesoró al ex Procurador Eduardo Medina Mora, quien desde 2014 es
Ministro de la SCJN. Tampoco su lazo parental con Alfredo Castillo Cervantes,
quien fue comisionado para la paz en Michoacán después de haber ocupado varios
cargos, y ahora es Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade).
Raúl Cervantes en una imagen de julio de
2012, cuando fungía como defensor jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto.
En esa ocasión asistió a la PGR para presentar una demanda contra las
imputaciones del PAN y PRD sobre un presunto lavado de dinero utilizado en esa
campaña presidencial del PRI. Foto: Cuartoscuro
¿QUÉ GANÓ CERVANTES ANDRADE?
En su año de gestión, el ex
Procurador asentó en su declaración patrimonial que no estaba de acuerdo en
hacer públicos sus bienes patrimoniales ni sus posibles conflictos de
intereses. La publicidad de la declaración patrimonial era una de las
propuestas para cimentar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Presidente
Enrique Peña Nieto vetó la Ley respectiva.
Después de una campaña de
difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas
para que la bautizada “Ley 3de3” fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del
15 de junio de 2016, la discusión en el Senado se centró en si las tres
declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las
declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no
afectaran “la vida privada”.
Y al final, sólo se le hizo
una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o
no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.
De modo que, en este
escenario, Raúl Cervantes puede irse sin decirle a los ciudadanos si su fortuna
creció o se achicó mientras fue servidor público. El Portal de Obligaciones y
Transparencia informa que el Procurador mexicano tiene al mes como salario
bruto, 205 mil 122 pesos. Así que este año, Cervantes Andrade percibió dos
millones 461 mil 464 pesos.
En cuanto a sus posibles
conflictos de interés, por la semblanza que aceptó publicar en la página
institucional del Senado de la República, es posible saber que fue abogado de
empresas en los sectores de autotransporte, aviación, telecomunicaciones,
energía, satélites, ferrocarriles y medio ambiente. Él mismo lo dice en dicho
documento. En algunas empresas de esos sectores es miembro del Consejo de
Administración.
El 18 de julio, el Presidente
promulgó el marco normativo del SNA. La Secretaría de la Función Pública (SFP)
y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y
castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la
colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.
Si bien estaba llamado a
esclarecer escándalos de corrupción, él mismo protagonizó uno. Una
investigación periodística de Claudio González Caraza, de Mexicanos contra la
Corrupción reveló que adueñaba un auto Ferrari 458 Coupé de 8 cilindros, modelo
2011, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos en Morelos, entidad
donde no se paga el impuesto de la tenencia.
Juan Silva Meza, entonces presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Anaya, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados; Raúl Cervantes Andrade, Senador del PRI en
funciones, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Primer
Informe de Gobierno de EPN. Foto: Cuartoscuro
***
Cuando asumió como Procurador
tenía 53 años de edad y el peso de la acusación de su ex esposa, Angélica
Fuentes Téllez quien en un programa de radio había declarado: “Duré un año de
casada. Me divorcié porque me golpeó. Por ahí alguien me dijo un día: “Te
pegó”. Y le dije: “No, no me pegó, me golpeó”. Los golpes se quedan marcados en
el físico” –reveló la empresaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pero nada parecía perturbarlo
con gravedad.
Aquel día de su nombramiento,
en el Senado, Cervantes Ahumada escuchó de la Senadora por el Partido de la
Revolución Democrática, Angélica de la Peña: “¿El nombramiento suyo es como
Procurador General de la República o ya camina usted hacia ser el nuevo Fiscal
General de la República?”
No negó su pretensión. “Sí,
vengo, y lo dice ese comunicado, y se los digo abiertamente, y lo he
verbalizado todo el tiempo: en breve generar una ley que tenga la potencia, la
credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer la acción
penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a
la Fiscalía”.
Luego, quien duraría sólo un
año en el cargo, señaló la urgencia de aprobar las leyes faltantes para
convertir a la PGR en la Fiscalía General, así como el artículo transitorio que
lo convertiría a él en titular de la Fiscalía.
Pero pronto, lo bautizaron
“Fiscal carnal” por su cercanía con el Presidente. Y ya no pudo deshacerse del
epíteto. El PRD, PAN y el mismo PRI votaron en contra del pase automático para
que el Procurador se convirtiera en Fiscal general y permaneciera nueve años
más en el cargo.
El tiempo corría en contra.
El Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes había promulgado un año antes
el Jefe del Ejecutivo, debía estar listo el 19 de julio. Y su avance se
entrampaba por el pendiente del Fiscal. No iba a ser Cervantes Andrade, pero
entonces, ¿quién? La fecha llegó y el sistema tuvo que nacer sin fiscal.
El cáncer avanzó, se
reprodujo y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno; pero
también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, a la pregunta si respecto
a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas
de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta
GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la
Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la
Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la
mexicana era en su conjunto una sociedad que estaba dispuesta a incurrir en
corrupción “si de ella obtiene un beneficio personal”.
En octubre de este año, México
se convirtió en el país más corrupto de América Latina según encuestas
ordenadas por Transparencia Internacional.
El diseño del SNA tomó cuatro
años. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles
debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el
combate a la corrupción bajo una sola política. Pero se entramparon en el
nombramiento del Fiscal.
La figura es tan fuerte que
está dotada de facultades para no sólo ir en contra de personajes; sino para
desarticular redes. ¿Quién y cuándo se decidirá? No hay fecha para ello. El
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ayer en el Foro
“Impulsando a México”, organizado por el diario El Financiero que la dimisión
de Cervantes Andrade dificultará que el Senado nombre Fiscal General. Planteó
que quizá, “el tema se tenga que dejar hasta pasada la elección de 2018”.
“Creo que la definición de un
Fiscal o un Procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa
responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Creo
que difícilmente estaríamos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien le corresponde
el nombramiento, no tendrá condiciones para definir a un Fiscal y a lo mejor
tendríamos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para
que entonces se decante un poco la efervescencia”, dijo Peña Nieto.
Será entonces, quizá, cuando
se pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción. Por lo pronto, México
amanece sin Procurador ni Fiscal que procure justicia.
Octubre de 2016. Entre abrazos, Raúl
Cervantes se despide de su coordinador Emilio Gamboa Patrón tras solicitar licencia
para para poder ser candidato a Procurador General de la República. Foto:
Cuartoscuro
(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ OCTUBRE 17, 2017,
12:05 AM)
La percepción de la inseguridad en México aumentó en
el mes de septiembre. De acuerdo con el Inegi, el 76 por ciento de la población
mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, el mayor
registro que se tiene en México desde septiembre de 2016.
Las ciudades más inseguras son: Villahermosa
(Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz), región norte y oriente de la Ciudad de
México, Reynosa (Tamaulipas) y Ecatepec de Morelos (Estado de México). El 62.5
por ciento de la población manifestó que debido a la inseguridad modificó sus
hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de
crédito”, mientras que 54.3 por ciento reconoció haber cambiado hábitos
respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”.
Los resultados de esta encuesta se producen en medio
de la iniciativa ciudadana#NosEstánRobando, que gana fuerza en la red social
Twitter y donde ciudadanos de distintas partes del país comparten anécdotas de
inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.
Ciudad de México, 17 de
octubre (SinEmbargo).- El 76 por ciento de la población mayor de 18 años
considera que vivir en su ciudad es inseguro, la mayor percepción de
inseguridad que se tiene en México desde septiembre de 2016, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los resultados de esta
encuesta se producen en medio de la iniciativa ciudadana#NosEstánRobando, que
gana fuerza en la red social Twitter y donde ciudadanos de distintas partes del
país comparten anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a
su vida cotidiana.
De acuerdo con el Inegi, las
ciudades más inseguras son: Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz),
región norte y oriente de la Ciudad de México, Reynosa (Tamaulipas) y Ecatepec
de Morelos (Estado de México), con 98.4, 97.0, 94.8, 93, 93.6 y 93.5 por
ciento, respectivamente.
De acuerdo con la encuesta,
el 81.8 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros
automáticos localizados en la vía pública, 74.6 por ciento en el transporte
público, 68.1 por ciento en las calles que habitualmente usa y 67.7 por ciento
en el banco.
En abril de este año, un
hombre fue asesinado por dos sujetos que viajaban en una motoneta, después de
salir de un banco. Los hechos ocurrieron en el Estado de México, uno de los
estados más inseguros, según la encuesta del Inegi. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con la encuesta, el 81.8 por ciento de la población siente
inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 74.6 por
ciento en el transporte públic. Foto: Cuartoscuro.
La percepción de inseguridad
siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.3 por ciento, mientras que
los hombres se ubicaron en 71.1 por ciento.
El 62.5 por ciento de la
población en México manifestó que debido a la inseguridad modificó sus hábitos
respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por
temor a sufrir algún delito; mientras que 54.3 por ciento reconoció haber
cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su
vivienda”; 52.3 por ciento cambió rutinas en cuanto a “caminar por los
alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 33.4 por ciento
cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.
PREVÉN QUE INSEGURIDAD AUMENTE
La encuesta arrojó que el
35.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró que en los próximos
12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal. Por
otra parte, 37.4 por ciento de la población mencionó que la situación empeorará
en los próximos 12 meses, lo que representa un aumento en este indicador de 3.3
puntos porcentuales respecto a septiembre de 2016.
Los resultados del
decimoséptimo levantamiento de la ENSU revelaron que, durante el tercer
trimestre de 2017 el porcentaje de la población que mencionó haber visto o
escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda
fue: consumo de alcohol en las calles (65 por ciento), robos o asaltos (64.9
por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (50.9 por ciento), venta o
consumo de drogas (43.1 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (34.8 por
ciento) y disparos frecuentes con armas (33.8 por ciento).
Respecto al tercer trimestre
de 2016 se presentó un aumento de dos puntos porcentuales en cuanto a la
atestiguación de robos o asaltos; mientras que, para los casos de vandalismo en
las viviendas o negocios y bandas violentas o pandillerismo, se observaron
disminuciones de 3.5 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente.
DESEMPEÑO DE AUTORIDADES
La policía municipal fue la
menos eficiente en su desempeño, con el 40.3 por ciento en la evaluación de los
ciudadanos, seguida de la policía estatal (50.4 por ciento), Policía Federal
(65 por ciento), Gendarmería Nacional (72.5 por ciento), Ejército (84.6 por
ciento) y la Marina (87.3 por ciento).
La encuesta del Inegi,
levantada en el mes de septiembre de 2017, genera información sobre diversos
aspectos de seguridad pública: sensación de inseguridad por temor al delito;
expectativa social sobre la tendencia del delito; atestiguamiento de conductas
delictivas; cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito;
percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal
y la Gendarmería Nacional y, a partir del primer trimestre de 2016, incluye
información respecto a la sensación de inseguridad en lugares físicos
específicos, sobre conflictos sociales en el entorno, desempeño gubernamental y
la incorporación en el tercer trimestre del Ejército y la Marina en las
instituciones a valorar.
#NOS ESTÁN ROBANDO
Con el hashtag
#NosEstánRobando, ciudadanos de distintas partes del país compartieron en la
red social Twitter anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta
a su vida cotidiana.
La iniciativa surgió en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, gracias al proyecto periodístico TerritorioMX.
“Comparte tu historia de robo en la ciudad, ¿cómo nos afecta la inseguridad?”.
En cuestión de horas,
habitantes de la capital del país y de otros estados se sumaron y compartieron
sus experiencias.
En julio pasado, un presunto asaltante
fue asesinado a balazos por un pasajero. El señalado como delincuente fue
abatido cuando intento despojar de sus pertenencias a pasajeros de un camión
del transporte público cuando circulaban en avenida Felipe Carrillo Puerto y
Lago Chiem, en la colonia San Juanico, perímetro de la delegación Miguel
Hidalgo. Foto Armando Monroy, Cuartoscuro.
“Abrieron el carro, se
metieron a la casa de mi suegra, nos robaron computadora y dinero”; “El sábado,
una amiga que vive en la Americana [Guadalajara], me contaba cómo se habían
metido a su casa Las amarraron mientras robaban”; “Mi sobrina de 16 años acompañó
a su novio a la puerta. Solo vio la pistola apuntándoles. Le robaron celular y
la mochila”; y “En Chapalita, hay un modus operandi para robar a chavitas.
Hacen como que las secuestran, pero lo que hacen es robar autos”, fueron
algunas de las experiencias que compartieron los ciudadanos.
Otros, acusaron que los
políticos son quienes #NosEstánRobando: “[En Guadalajara], el Alcalde Enrique
Alfaro de MC puso a un político al frente de la policía”; “No son delincuentes:
Son políticos Esperen…es lo mismo!”; “Emilio Gamboa es Mafioso pero con estilo,
los palos de golf los lleva el ayudante, eso si, en aeronave militar, como no”.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 17, 2017, 9:29 AM)
Vecinos de Puente Grande, Huehuetoca, escucharon
detonaciones de armas de fuego; posteriormente se percataron que al menos seis
personas habían sido baleadas en un vehículo. Dos de las víctimas– padre e
hijo– fueron identificados por los colones como narcomenudistas.
Hace seis días, cinco miembros de una familia, de
entre 14 y 51 años de edad, fueron hallados semienterrados en una jardinera de
su casa en Tultepec. Todos estaban atados de pies y manos.
Ciudad de México, 17 de
octubre (SinEmbargo).- Los cuerpos de cinco hombres y una mujer fueron hallados
al interior de un automóvil en el municipio de Huehuetoca, Estado de México.
Este es el segundo multihomicidio cometido en la entidad en una semana.
El hallazgo se realizó
durante la madrugada del lunes, luego de que vecinos de la comunidad de Puente
Grande alertaran a las autoridades sobre personas lesionadas con arma de fuego
en un Jetta color arena, estacionado en la calle Francisco Villa.
Tras la denuncia, policías
municipales acudieron al lugar, donde encontraron casquillos percutidos calibre
9 milímetros y .223. En el asiento del piloto estaba una mujer y un hombre de
copiloto, otros tres hombres viajaban en la parte de atrás; la sexta víctima
quedó tendida junto al vehículo.
Los vecinos aseguraron que el
hombre que quedó tirado en la acera era apodado “El Fanta”, mientras que “El
Fantita”, su hijo, fue una de las víctimas asesinadas al interior del carro.
Ambos fueron identificados por colonos como presuntos narcomenudistas.
Las autoridades desplegaron
un operativo que se extendió al barrio de Salitrillo, donde lograron la
detención de un hombre que portaba un arma de fuego larga, por lo que se cree
que está relacionado con el homicidio de las seis personas.
La Fiscalía de Justicia del
Estado de México (FGEM) inició la carpeta de investigación correspondiente para
esclarecer los hechos.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 17, 2017, 10:06 AM)
