Más de 140 asesinatos se han registrado
en lo que va de 2017 en el puerto. El caso más reciente ocurrió el 15 de septiembre,
cuando Sirenia Salgado Jiménez, de 70 años, fue decapitada en su casa
Cuando la noche del 15 de
septiembre, los ensenadenses festejaban el “Grito” de Independencia de México,
otra mujer caía cruelmente asesinada en la ciudad, en medio de la soledad y la
pobreza de una casucha de la colonia ex Ejido Ruíz Cortines.
El cuerpo de Sirenia Salgado
Jiménez, de 70 años de edad, estaba tirado en un patio trasero. Fue decapitada,
los cuartos revueltos, la ropa tirada, había sangre por todas partes; se presumió
el robo como móvil, a pesar de la humildad de sus pertenencias. Un testigo
afirmó que su propio hijo la mató.
El de la anciana es uno más
de los 140 homicidios que han ocurrido en Ensenada en lo que va de 2017. Cifra
histórica en los anales de la violencia en el puerto, atribuidos al crimen
organizado la mayoría; el número de mujeres victimadas también ha ido en
aumento.
En 2017 se han contabilizado
nueve feminicidios, casi todos cometidos con arma de fuego, una estrangulada,
una apuñalada y otra decapitada.
La cifra tiende a emparejarse
con la de 2016, que sumó 13 mujeres asesinadas, de todas las edades, desde una
adolescente de 17 años hasta una mujer de 89 años. Mientras que en 2015 se
habrían registrado siete asesinatos de mujeres. En los últimos tres años se
estarían contabilizando alrededor de 50 feminicidios nada más en Ensenada.
Saña, crueldad y rabia
aplicadas sin distinción de edad, de relación afectiva o consanguínea.
Justamente las características que engloban el delito de feminicidio, aunque
las autoridades siguen negadas a
aceptarlo.
Alguno que otro caso se
vuelve mediático y entonces la voz de alarma de actores sociales o agrupaciones
feministas se activa, y resurge la exigencia a las autoridades para que se
emita la alerta de género y se esclarezcan los casos, pero al final el tema se
encarpeta al momento de ya no ser el comentario de moda entre la opinión
pública.
Como tres casos seguidos
ocurridos a finales de 2015 que indignaron a la población. Uno de ellos el de
Amairani Castro Sánchez, estudiante de Gastronomía en la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) y oriunda de Tijuana. Fue ultimada a golpes y
puñaladas por parte un compañero de
trabajo y una mujer a los que les dio asilo en su departamento, donde la
encontraron muerta, atada de manos y todavía con la mochila al hombro con la
que se disponía a salir rumbo a la universidad.
Los otros casos: el de
Maribel Sánchez Bautista, quien falleció a causa de lesiones en rostro y cabeza
tras una golpiza que le propinó su pareja. Dejo huérfanas a dos niñas, de uno y
tres años. Y Rosa Ávila Alvarado, de 52 años, atacada a cuchilladas en Maneadero;
su victimario, el propio marido, un sexagenario.
En estos casos, dado la
presión social, hubo detenidos, pero fue la excepción. En 2015 solo hubo una
consignación por feminicidio por parte del Ministerio Público, pero el juez
receptor la rechazó. En 2016 finalmente se juzgó un caso, pero no se publicó la
sentencia. En 2017 se consignó otro caso, pero aunque la víctima residía en
Ensenada, el expediente se remitió a Tecate porque allá fue encontrado el
cadáver.
NEGACIÓN
OFICIAL
“El feminicidio es un delito
inexistente en la administración de ‘Kiko’ Vega”, resume Jey Fernández,
integrante de la agrupación civil Movimiento #24, con relación a la
indiferencia e insensibilidad con la que el Gobierno del Estado y la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han abordado el tema.
“Tanto jueces como fiscales
se niegan a calificar como feminicidios estos homicidios y la razón es
puramente de imagen pública, pues la existencia de tales casos representa una
seria situación de máxima descomposición social, ‘detalle’ éste que afecta el
turismo y la inversión, importantes rubros de ingresos para el Estado”,
considera Fernández.
“Es un secreto a voces que
por instrucciones superiores del Ejecutivo estatal, los feminicidios no deben
ser calificados como tales. Igual sucede con la omisión del término ‘violencia
de género’. En Baja California ‘no existen’ este tipo de actos violentos, los
hacen invisibles, lo que no se ve no existe”, revela la activista.
En la práctica de poco ha
servido que desde 2015, en las reformas
al Código Penal se haya ampliado el delito de feminicidio, en las que además de
la relación de afinidad y consanguinidad entre víctima y victimario, se
contemple también como razón de género la relación laboral, personal, docente,
de confianza, subordinación, matrimonial, concubinato, noviazgo e incluso
amistad. Incluso se engloban categorías como “feminicidio familiar” o
“feminicidio íntimo”. Los fiscales prefieren englobar tales delitos en la
clasificación de “homicidio” en cualquiera de sus grados, ante el temor de
manejar la palabra “feminicidio” en detrimento de la imagen de Baja California.
Pero lo que no ve el
gobierno, sí lo ve la sociedad y lo consignan los medios. Agrupaciones como
Movimiento #24. que nació en Ensenada a raíz del repudio generalizado que se
suscitó en abril de 2016 por la violación y asesinato de una menor de edad en
Pijijipan, Chiapas, el cual derivó en marchas de protesta a nivel nacional e
internacional, han dado un seguimiento puntual y elaborando un mapa de
feminicidios en Ensenada.
Por su parte, los medios de
comunicación han relatado los hechos, aunque escuetamente y sin seguimiento,
dado al hermetismo de las autoridades y procuradurías que, amparadas en la
nueva Ley de justicia penal que defienden a capa y espada la identidad del
victimario, lo presume inocente y se escuda en la “secrecía” de la
investigación, de la que finalmente no se dan avances.
RECUENTO TRÁGICO
En febrero de 2016, una
pareja de adictos al “cristal”, Alex y su novia Anabel, golpearon y asfixiaron
a una anciana de 89 años dentro de su domicilio en la céntrica colonia
Escritores. El móvil del crimen fue el robo.
En mayo del mismo año, Pío
Daniel, conocido como “El Taquero”, golpeó a su novia hasta cansarse. A Cynthia
Daniela Mejía Leyva, de 26 años, la empezó a agredir en la calle, sus amigos la
defendieron en el momento, pero el sujeto siguió golpeándola en su casa en la
colonia Lomitas. La estrelló una y otra vez contra el cemento, terminaron en la
Comandancia de Policía, pero el médico que certificó a la muchacha desestimó
las lesiones. Con las horas transcurridas, el estado físico de Cynthia fue
agravando. Falleció a causa de traumatismo craneoencefálico, traumatismo
ocular, compresión muscular y politraumatismo. El delito fue clasificado como
homicidio simple y a “El Taquero” se le condenó por ocho años y una reparación
del daño por 735 mil pesos.
Solo en un mes, en julio, se
suscitaron cuatro asesinatos a mujeres. Ofelia Villegas López, de 65 años, fue
ultimada a balazos en plena calle en el populoso fraccionamiento Villas del
Real I. Una semana después, Felícitas, de 59 años y su nieta, de 17, fueron
asesinadas, calcinadas y arrojadas a una fosa séptica en la colonia Lomas de
Santa Fe en el Valle de San Quintín. Fue detenido Julián, de 25 años, quien
confesó que mató a machetazos a su madre y a las adolescentes, a las que
prendió fuego para desaparecer los rastros. El motivo fue que su mamá se negó a
prepararle de comer.
El mismo día, en un hecho
diferente, fue localizado el cadáver de una mujer sin identificar, a la que
ejecutaron a balazos. Su cuerpo de reportó en La Ostionera, en Bahía Falsa, a un
lado del centro turístico Molino Viejo, ampliamente promovido por el Gobierno
del Estado, también en el Valle de San Quintín.
En septiembre se dieron tres
feminicidios. El primero, de una mujer sin identificar, a la que ejecutaron a
balazos. Su cuerpo de reportó en La Ostionera, en Bahía Falsa, a un lado del
centro turístico “Molino Viejo”, ampliamente promovido por el Gobierno del
Estado, también en el Valle de San Quintín.
Otro, el de Karina Alejandra
Arguello Escudero, de 36 años, a quien su marido, Juan Manuel, enloquecido y
delante de sus hijos amenazó, amagó con un cuchillo, golpeó, encerró en una
recámara y ahorcó hasta matarla. “Tu mamá dormirá durante un buen rato”, les
dijo a los adolescentes y salió a la calle a buscar una Cruz Roja porque “se le
había pasado la mano con su mujer”.
Mientras que en la zona
rural, en la playa Puerto Perico del poblado de Camalú en Valle de Camalú, fue
encontrado el cuerpo sin vida de Bárbara Ramírez Pacheco “La Chiva”, de 34 años
de edad, a la que le atravesaron el cráneo de un balazo. La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que la mujer se dedicaba al
narcomenudeo.
En octubre fueron dos las
víctimas. María de Jesús Vázquez, de 55 años, encontrada muerta junto con su
amasio, Felipe, de 35 años, dentro de su casa móvil en El Porvenir, en la
turística Ruta del Vino. Felipe habría llegado al domicilio armado de un rifle
con el que asesinó a la mujer y posteriormente él se quitó la vida. Esa misma
noche y en esa zona, pero al parecer en
un hecho diferente, una niña de 4 años resultó herida de bala en la cabeza. El
otro caso fue calificado como “transfemicidio”. En la remota delegación Villa
Jesús María, en los límites con Baja California Sur, fue encontrado el cadáver
de un hombre vestido de mujer. Presentaba rasguños, moretones en el rostro y
golpes en la cabeza.
El año 2016 cerró con la
desaparición de Laura Isabel Zavala García, de 32 años, empleada de la casa de
empeño First Cash. Un viernes se comunicó con su familia que esa noche se quedaría
con su marido, con el que por cierto estaba en proceso de divorcio. Al día
siguiente su vehículo fue localizado calcinado en una plaza comercial, mientras
que el cadáver, también quemado, se encontró días después en la carretera
Tecate-Ensenada.
En abril de 2017 fue detenido
Carlos Thomas, acusado del asesinato de Isabel. Familiares revelaron que era
costumbre de Carlos maltratar física y psicológicamente a su mujer.
Apenas empezaba 2017, cuando
el 2 de enero, fue localizada en un arroyo del fraccionamiento Lomas de la
Presa, Karla Cristina Gaytán Romero, reportada como desaparecida desde el 10 de
diciembre de 2016. Su cuerpo estaba en estado de putrefacción, fue
estrangulada.
El 16 de enero, en un camino
rural que va hacia el Panteón Inglés en el Valle de San Quintín, fue encontrado
el cadáver de una muchacha de 19 años muerta a balazos. Días después fue
identificada como María de Jesús Bárcenas Mercado. Autoridades informaron que
la víctima presentaba el llamado “tiro de gracia”.
Del 11 de febrero al 21 de
marzo, cuatros mujeres fueron asesinadas en distintos hechos. Rocío Asela
Santiago Martínez, de 26 años, murió junto con su pareja cuando viajaban en un
vehículo en San Quintín, fueron emboscados a balazos. La causa de muerte de la
mujer fue por hemorragia aguda provocada por los balazos que le atravesaron
tórax y pulmones. Mientas que en la colonia Villas del Sol, una mujer sin
identificar fue encontrada muerta.
En San Quintín, víctima de un
balazo en la cabeza murió la joven profesora Lesly Mireya González Trujillo.
Viajaba en un carro junto con su pareja cuando fueron atacados a balazos, ella
falleció horas después en el Hospital General, mientras que su esposo solo
resultó herido en una pierna. En plena vía pública de la delegación Maneadero fue
localizado el cadáver de una mujer sin identificar a la que asesinaron de un
balazo.
En abril del presente año, el
cadáver de Luz Clara Reyes Padrón, de 20 años, fue encontrado en la carretera
Ensenada-Tecate. Fue asesinada a golpes y estrangulada. Duró varios días en el
Servicio Médico Forense (Semefo) y nadie reportó su desaparición. En mayo, otra
fémina fue asesinada en el poblado Vicente Guerrero de San Quintín.
Apenas el 24 de agosto, se
localizó el cadáver de una mujer en el Kilómetro 38 de la carretera hacia la
Sierra de San Pedro Mártir en la delegación Punta Colonet. Estaba semidesnuda,
en estado de putrefacción y con signos de haber sido ultimada a balazos.
DEFENSA DESDE EL ESCRITORIO
En mayo de 2017, la
administración estatal de Francisco Vega anunció que a más tardar en junio
empezaría a operar el Centro de Justicia para Mujeres, y en aras de fortalecer
el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra Mujeres, formalizó la participación de agrupaciones civiles enfocadas en
el tema.
A la fecha se han invertido
más de 10 de millones de pesos en el Centro y aún no pasa de la primera etapa,
a la vez que los delitos contra mujeres van a la alza. Mientras las autoridades
tanto municipales como estatales no pasan de la declaración y la buena
voluntad.
La jefa del Departamento de
Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto de la Mujer
(Inmujer), Isabel Adame Fuentes, comentó que es instrucción del gobernador Vega
dar seguimiento al fortalecimiento e igualdad de la mujer, y la aplicación “de
la perspectiva de género como instrumento o método jurídico de análisis, que
permita visibilizar la existencia de una relación desequilibrada de poder, y a
su vez identificar a la persona que se encuentra en situación de desigualdad
por razón de género, y valorar la posible adopción de medidas especiales de
protección”.
Por su parte, la directora
del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (Inmujere), Cristina Solano
Díaz, afirmó que esa instancia trabaja en acciones para lograr la
concientización y sensibilización desde el hogar, en las escuelas, centros de
trabajo e instituciones, para tratar de acabar con la violencia hacia las
mujeres y niñas.
“Los abusos y atropellos por
cuestiones de género en nuestro país lamentablemente se perciben en la sociedad
actual como situaciones normales por la frecuencia con que se están
registrando”, apuntó la funcionaria.
A propósito del caso Mara
Castilla, asesinada en Puebla, ahondó: “Es urgente establecer mecanismos para
reeducarnos como sociedad, ya que ésta misma está inmersa en una comunidad
machista, donde son las más expuestas a ser vulneradas tan solo por la razón de
ser mujeres y niñas”.
En la misma aviada de
declaraciones, la diputada panista Eloísa Talavera se refirió a la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer, pero su directriz la enfoca más al
terreno político y electoral, en el que se sintió vulnerada dentro de su mismo
partido durante la elección pasada, pues sus aspiraciones por la alcaldía de
Ensenada le fueron relegadas.
Evidentemente la legisladora
mantiene su ambición y en un comunicado centrado casi en su totalidad en cifras
y pronunciamientos en torno a los escaños políticos que se pelearán en 2018, y
que por su parte enfrentará desde el “Frente Ciudadanos por México”, apenas da
paso somero al tema dela violencia contra la mujer.
En el segundo punto de cinco
que plantea para atender la agenda del Frente, apuesta porque se emitan “las
declaratorias de alertas de violencia de género y se respeten las leyes en
materia y sus protocolos, en todas las entidades federativas”.
“La lectura debe ser
contextual, el fenómeno del feminicidio parecer surgir del empoderamiento que
va ganando la mujer al estar mejor informada y en generaciones jóvenes que
empiezan a condenar las violencias machistas, pero que en contrapartida no se
ha educado al hombre a aceptar un desarrollo generalizado más libre en la
mujer”, apunta Jey Fernández.
“Es absolutamente necesario
realizar estudios sociológicos que den respuesta exacta, pues el crecimiento
del fenómeno tiene particularidades muy específicas en cada contexto, que
pueden ser socioeconómicas, culturales, migratorias, educativas o factores
específicos que influyen solo localmente”, subrayó la activista que también ha
formado parte del movimiento “La Marcha de las Putas”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / JUAN CARLOS
DOMÍNGUEZ/ LUNES, 2 OCTUBRE, 2017 12:00 PM)
