La imparcialidad de Raúl Cervantes Andrade, priista
desde 1997, se ha puesto en duda en varias ocasiones, de cara a los escándalos
de corrupción encabezados por ex gobernadores de su partido y altos
funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes también forman parte
del tricolor.
Cervantes Andrade, quien aspira a ser Fiscal General
de la República, un cargo que se crea a partir de la reforma constitucional y
que tiene una duración de nueve años, tiene hoy, en la administración peñista,
una extensa red de amigos e incluso familiares –todos emanados del PRI,
particularmente del Estado de México–, que hacen dudar de la correcta
aplicación de la justicia desde la PGR, debido al presunto conflicto de
interés.
Así se ha mostrado al menos en casos de alto impacto,
como los de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y,
más recientemente, en el escándalo que involucra supuestos sobornos de la empresa
Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex.
Cervantes supo lo de Odebrecht desde
febrero pasado, y la PGR se cruzó de brazos, dice Bartlett
Ciudad de México, 25 de
agosto (SinEmbargo).– Como titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), el abogado Raúl Cervantes Andrade tiene ahora la responsabilidad de
procesar penalmente a políticos, como los ex Gobernadores César Duarte Jáquez, Javier
Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, otrora elogiados como el rostro de una
“nueva generación” de mandatarios, además de Emilio Lozoya Austin, ex director
de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Años antes, sin embargo, los
cinco compartieron filas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en
cuyo Comité Ejecutivo Nacional el hoy Procurador fungió como Secretario
Jurídico.
Fue con ese carácter que, en
plena campaña electoral de la que Enrique Peña Nieto resultó electo Presidente,
acudió a la PGR que hoy encabeza para entregar la documentación con la que
trató de defender a su partido ante las acusaciones de compra de votos con
recursos de procedencia ilícita y a través de tarjetas del grupo financiero
Monex.
“Con fecha del 1 de marzo de 2012, el PRI
celebró contrato con la empresa Alkino a través del cual se obligó a prestar
servicios de desarrollo, diseño e implementación de solución y negocios,
basados en mecanismos de disponibilidad inmediata, de recursos monetarios,
consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para
ser utilizados por personas autorizadas por el partido”, expuso entonces el
documento presentado por Cervantes Andrade.
Fue durante esa misma campaña
electoral en la que Emilio Lozoya Austin fungió como coordinador de Asuntos
Internacionales y cuando, de acuerdo con la denuncia de ex funcionarios de la
constructora brasileña Odebrecht, habría recibido hasta 10 millones de dólares
en sobornos.
“Lozoya se había vuelto uno
de los líderes del comité de campaña, razón por la cual probablemente sería una
persona influyente en la administración pública del país”, dijo a las
autoridades brasileñas el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de
Meneses Weyll, de acuerdo con diversos medios.
Y es por esta relación, de
acuerdo con críticas, que está en duda la imparcialidad del hoy Procurador ante
las acusaciones contra su antiguo compañero de campaña.
“Hay un conflicto de interés
porque era coordinador jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto y ellos
empezaron a recibir dinero desde la campaña”, dijo el pasado 15 de agosto la
Diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío
Nahle.
Cervantes no puede investigar a Lozoya,
fue defensa jurídica de EPN en 2012: Diputados de Morena
No es el único caso. La misma
falta de imparcialidad advirtió desde noviembre de 2016 el activista
chihuahuense Jaime García Chávez, autor de la demanda penal interpuesta en 2014
ante la PGR contra el entonces todavía Gobernador de Chihuahua, César Duarte
Jáquez, a quien pidió investigar por su participación como accionista de un
banco en aquella entidad.
“Creo que uno de los días más
felices que ha tenido Duarte este año es cuando nombran a su amigo”, dijo García
Chávez en noviembre de 2016, luego de que Cervantes Andrade asumiera como
Procurador General de la República y en alusión a la bancada parlamentaria que
compartieron los dos priistas en la LX Legislatura, entre 2006 y 2009.
“Es un nombramiento
impertinente, en general, para el combate a la corrupción; si Arely Gómez no
tenía esas características, mucho menos las tiene este funcionario que, por
otro lado, tiene gran cercanía con otro alto funcionario de la Presidencia de
la República, y esto nos habla de que está a merced de lo que diga el poder”,
agregó García Chávez entonces.
Raúl Cervantes Andrade, de
acuerdo con su perfil en la página del Senado de la República, es miembro
activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1997.
César Duarte está feliz: el nuevo
Procurador es íntimo amigo, dice abogado
FAMILIA, AMIGOS Y EL FUTURO
Senador de la República desde
2012, fue nombrado el 26 de octubre de 2016 como Procurador General de la
República en sustitución de Arely Gómez González, quien fue enviada a la
Secretaría de la Función Pública (SFP), acéfala desde la salida de Virgilio
Andrade Martínez.
Cervantes Andrade es además
primo de quien hasta junio pasado fungiera como Consejero Jurídico de la
Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y del ex
comisionado en Michoacán y hoy Comisionado Nacional del Deporte, Alfredo
Castillo Cervantes.
En 2015, su solicitud de
licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar
a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las
denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la empresaria
juarense Angélica Fuentes Téllez.
“Es un puesto de 15 años
sumamente importante en el orden jurídico”, dijo Samuel Kenny, entonces
coordinador de Incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado de
Derecho.
“Y nuestra preocupación, con
base en la elección pasada, cuando fue electo [el ex Procurador General de la
República] Eduardo Medina Mora, es que ni siquiera van a estar evaluados según
estos criterios. Entonces no hubo debate, no hubo tiempos, no hubo
participación de la sociedad civil, ni de los académicos y hasta podemos decir
que fue una simulación de transparencia y de consulta”, agregó Kenny.
Desde 2012, luego del triunfo
de Peña Nieto, Cervantes formó parte del Consejo Rector del Pacto por México,
acuerdo político signado entre los principales partidos para impulsar el
paquete de reformas estructurales que, como la Educativa y la Energética, han
sido proyectos clave del actual sexenio. Una vez en el Senado de la República,
presidió la Mesa Directiva que condujo la aprobación de las mismas.
La PGR de Peña no resuelve casos
“complicados”, como el de Duarte, revelan datos de la ASF y el Cidac
A la fecha, y por su carácter
de Procurador General, Cervantes Andrade es mencionado como probable futuro
Fiscal General de la República, cargo que es parte de la Reforma Constitucional
que crea la nueva entidad encargada del ministerio público federal y que tiene
una duración de nueve años.
Por tanto, y de cara al
próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, los partidos de la
Revolución Democrática y Acción Nacional acordaron detener el denominado “pase
autómatico” de Raúl Cervantes a la Fiscalía General.
“Los integrantes de la
Comisión Permanente afirmaron que existe el riesgo de que en el periodo
ordinario que inicia en septiembre, con mayoría simple, el PRI haga efectivo el
transitorio del artículo 102 constitucional, que activa el pase automático de
Procurador General de la República a Fiscal General”, advirtió el PAN en un
comunicado del pasado 22 de agosto.
Antes, al final del año
pasado y principios de este 2017, decenas de
organizaciones de la sociedad civil y académicos han exigido la renuncia
de Raúl Cervantes a la PGR para evitar que se convierta en el nuevo Fiscal
General de la República por nueve años.
A través de una carta en la
que también firmaron periodistas y politólogos pidieron al Senado que el ex
Senador priista dejara el cargo para competir como el resto de los ciudadanos.
En la misiva se ratificó la
exigencia de un proceso abierto y transparente en la elección de quien se pueda
convertir como el primer Fiscal General de la República a la cabeza de una
institución que requiere actuar autónoma e independientemente en la procuración
de justicia.
“El Senado, que hoy en día
tiene la capacidad de ratificar a altos funcionarios, tiene también la
obligación de ser transparente en sus procesos y explicar a la sociedad el
porqué de sus decisiones. Es por eso que la carta, firmada por 46
organizaciones y ciudadanos, exige saber los motivos detrás del voto de cada
senador ante la designación del Procurador General de la República y así
habilitarlo como el posible primer Fiscal General de la República, ya fuera un
voto a favor, en contra o por la abstinencia del mismo”, expresaron en esa
ocasión los firmantes.
EPN quiere “Fiscal-guarura” por 9 años,
Cervantes debe irse de la PGR: 46 ONGs y líderes sociales
(SIN EMBARGO/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/ AGOSTO 25, 2017,
12:05 AM)
En espera de Servicios
Periciales en Paseo de Las Palmas para el levantamiento del cuerpo, tres
lesionados trasladados, dos detenidos. pic.twitter.com/1QPHrPBbjU
