CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Hace cinco años, el 10 de agosto de 2012, detuvieron en España a un primo de
Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de ser parte de una célula del Cártel de
Sinaloa con pretensiones de abrir campo en la península Ibérica.
Eran tiempos electorales
convulsos en México: Andrés Manuel López Obrador denunciaba fraude electoral y
su contrincante, hoy presidente del país, Enrique Peña Nieto, atravesaba una crisis
de credibilidad pues semanalmente era evidenciado por el uso de dinero sucio en
su campaña.
La noticia sobre la detención
en España atizó aún más las dudas, pues entre los aprehendidos, acusado de ser
parte de dicha célula del crimen organizado, estaba un destacado priista
sonorense: Rafael Humberto Celaya Valenzuela, quien antes de la elección
presidencial había colocado en las redes sociales fotografías posando con Peña
Nieto y los hoy senadores priistas Emilio Gamboa Patrón y Ernesto Gándara.
Así, el acusado por Estados
Unidos y detenido en España, Celaya Valenzuela resultó ser ex coordinador de
candidatos a diputados federales priistas por Sonora en 2012, e incluso llegó a
ser director de Administración y Finanzas del organismo operador del agua en la
ciudad de Hermosillo, Sonora, cuando Ernesto Gándara fue presidente municipal
de dicha localidad (2006-2009).
El eco en los medios de
comunicación mexicanos fue tan bajo, que no hizo mella en Peña Nieto, a pesar
de que un mes antes, en julio, Proceso dio cuenta de cómo en Texas, durante una
de sus visitas a la casa de Luis Carlos Castillo Cervantes, alías El Rey de los
Dragones, en octubre de 2011, había sido ungido como candidato presidencial y
recibido el apoyo de algunos gobernadores, hoy bajo sospechas o acusados de
formar parte del crimen organizado.
Apenas en noviembre de 2016,
El Rey de los Dragones fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero;
Castillo Cervantes aceptó el cargo, entregó varios millones de dólares, uno de
sus aviones, algunas propiedades más y con ello consiguió llevar su proceso en
libertad.
Durante el juicio, en una de
las audiencias conducidas por la fiscal Julie Hampoton y reveladas por el
reportero de Proceso Juan Alberto Cedillo, se le dio la razón a la revista sobre
el vínculo entre Peña Nieto y el lavador de dinero ilícito:
“El señor (Guillermo) Flores
Cordero testificó que Castillo Cervantes fue amigo de Eugenio Hernández,
Humberto Moreira y del presidente Enrique Peña Nieto en los tiempos en que Peña
Nieto era gobernador del Estado de México”, se escucha en uno de los audios de
las audiencias.
Hay que recordar que antes de
que El Rey de los Dragones, –gran amigo de Peña Nieto–, cayera en desgracia y
aceptara el delito de lavado de dinero, el propio Humberto Moreira,
exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y quien le levantó la
mano a Peña Nieto como candidato presidencial, fue detenido en 2016, también en
España, acusado de tener nexos con Los Zetas.
Moreira fue encarcelado, pero
logró la libertad. El gobierno operó desde México, reveló el corresponsal de
Apro en España, Alejandro Gutiérrez. Sin embargo, como parte de las mismas
investigaciones, en marzo de 2016, agentes de la Unidad Económica y Fiscal de
la Policía de aquel país detuvieron al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz
Luévano, alias “Mono Muñoz”, bajo la imputación de los delitos de blanqueo de
capitales y organización criminal.
“Muñoz Luévano está siendo
investigado en el marco de la misma causa por la que también se detuvo en
Madrid al expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
exgobernador del Estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira”, reveló el
diario El País.
Pero no han sido los únicos
hombres cercanos al presidente acusados de tener vínculos con el crimen
organizado o investigados por lavado de dinero; apenas este febrero de 2017, se
reveló, también en España, que Oscar Lara Aréchiga, ex funcionario de Peña
Nieto y exdiputado federal, figura con una cuenta de 6 millones de dólares en
la Banca Privada de Andorra (BPA), institución intervenida en 2015 e indagada
por blanqueo.
De diciembre de 2013 a
diciembre de 2014, Lara Aréchiga se desempeñó como subdirector de
Infraestructura Hidráulica en Sagarpa. Y el 13 de febrero de 2017, de nuevo el
diario El País reveló que la comisión rogatoria pidió ayuda a México “para
investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, identificar
al citado político e investigar un posible blanqueo de capitales.”
Meses después, en mayo, el
diario amplió su indagatoria diciendo que Lara Aréchiga “oculta en paraísos
fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas, una sociedad opaca a través de
la que ha movido en los últimos años 16.8 millones de dólares… La sociedad está
gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios.
Aréchiga ha declinado responder a las preguntas de este periódico.
“La sociedad off shore de
Lara Aréchiga se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la
sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development
Inc y esta de la Fundación Hazare, en Panamá, una Family Asset Management
(gestora de fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco
intervenido por blanqueo de capitales.
“En 2012, Riana International
BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4.3 millones de dólares, que se empleó
para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una
sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en
Ensenada, Baja California”, se lee en el diario El País.
Estos eventos, curiosamente
no han sido indagados en México, todos provienen de España que ha trabajado en
colaboración con Estados Unidos, así es que no resulta extraño que la Unidad de
Inteligencia de México, que es el organismo encargado en detectar el lavado de
dinero, no estuviera enterado de lo que hoy se ha vuelto el escándalo de la
semana: el señalamiento e involucramiento que hace el Departamento del Tesoro
del futbolista Rafa Márquez y el cantante de banda Julión Álvarez, con el
cartel de Raúl Flores Hernández.
Flores Hernández tiene más de
30 años dedicado al crimen organizado, según Estados Unidos, pero en México
nunca se habrían detectado las poco más de 40 empresas donde lavaba el dinero
producto del narcotráfico.
No podemos olvidar que quien
está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera es nada menos que
Alfredo Bazbaz Sacal, el hombre más recordado por su impericia para resolver el
caso de la niña Paulette en el Edomex y a quien se le reconoce como cercano y
hombre de toda la confianza del exdirector de Conagua, David Korenfeld
Fedelman.
Bazbaz compartió pupitre en
la Universidad Anáhuac y tiempo después hasta despacho, con Korenfeld, un
hombre multipremiado por la comunidad judía y quien se convirtió en la puerta
de entrada de Peña Nieto con dicha comunidad.
En su momento, a Korenfeld se
le mencionó como uno de los personajes que habrían utilizado sus contactos en
el Medio Oriente para, mediante una complicada transacción financiera como la
que se utiliza para lavar dinero, sacar millones de pesos de México, llevarlos
a España, pasarlos por Israel y regresarlos al país vía el banco Monex.
Y si Peña, Bazbaz y Korenfeld
son tan cercanos, y en su momento necesitaron a los priistas para llegar a la
presidencia, se entiende porqué a militantes de ese partido no se les indaga en
la Unidad de Inteligencia Financiera, o porqué la UIF nunca va tras la pista
del dinero sucio, como sucedió hoy en el sonado caso Márquez-Julión.
(DOSSIER POLITICO/ JESUSA CERVANTES /
PROCESO/2017-08-12)
