Antonio y las enfermeras Érika N, y
Cindy N, fueron asesinados el pasado 30 de julio
El crimen que estremeció a Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa.- Las dos
enfermeras y el joven fueron asesinados el domingo 30 de julio, cerca del
panteón que se localiza en la sindicatura de Villa Unión, se informó en la
primera audiencia que se llevó a cabo en la sede regional de Justicia Penal
Acusatoria del sur de Sinaloa.
Esta información fue dada a
conocer por el Ministerio Público que integró la carpeta de investigación y la
escucharon el juez y los cuatro sujetos que son acusados del homicidio de José
Antonio N, Érika N, y Cindy N.
Érika N, y Cindy N.
LOS BALEARON
Durante la audiencia, el
Ministerio Público informó que un testigo protegido les contó que el 30 de
julio, aproximadamente a las 05:00 horas, José Antonio, Érika y Cindy se
encontraban en la calle Naranjo del fraccionamiento Del Bosque, cuando llegaron
los ahora detenidos a bordo de un auto Honda Civic 2005 y, a punta de pistola,
subieron a José Antonio a la unidad y se lo llevaron.
Uno de los agresores se
quedó, y fue en ese momento que las féminas le empezaron a reclamar por qué se
habían llevado a Antonio.
El desconocido amarró de las
manos a las enfermeras y pidió que regresaran por ellas, pero mejor optó por
encerrarlas en una casa que se localiza en la calle Naranjo.
El Fiscal General de Sinaloa,
Juan José Ríos Estavillo informa de la detención de dos personas vinculadas con
el caso.
HOMICIDIO
José Antonio fue trasladado a
donde se localiza el panteón número 2, en la sindicatura de Villa Unión, y en
ese lugar lo mataron a machetazos.
Al caer la tarde, los hombres
regresaron por las dos mujeres. A bordo del Honda Civic, las trasladaron hasta
el mismo punto donde llevaron a Antonio y también las ejecutaron.
Posteriormente, los cuerpos
fueron calcinados. Omar, Juan Manuel, Juan Diego y Luis Alberto se reservaron
el derecho a declarar en esta primera audiencia.
Será el próximo 15 de agosto
cuando el juez resuelva la situación jurídica de los inculpados.
Pasó 8 años de su vida preso en Estados
Unidos por vender cocaína
Foto: Temática
“Yo trabajé para el cártel de Los Zetas como
distribuidor de cocaína en Estados Unidos. Por eso estuve preso ocho años en
una cárcel estadounidense. En ese tiempo estudié y me hice ingeniero
electrónico. Fui deportado a Guatemala. Ahora soy profesor de inglés y cómputo
de deportados guatemaltecos. Estoy tranquilo porque aunque sé que Los Zetas son
peligrosos, eso quedó atrás. No rompí con ellos. Ellos rompieron conmigo, pero
antes de hacerlo me cumplieron, porque ayudaron a mi familia”.
Así, directo, sin temores ni
rencores, sin sonrojarse pero seguro de que al purgar prisión pagó su deuda
social, el guatemalteco Óscar Eduardo López Escobar, de 46 años, repasa
momentos estelares de su vida. A los 12 fue dado en adopción por su madre
—Sandra Salvatierra Escobar, fallecida en 2004 en California— a una familia de
Puerto Rico con la que rompió a los 16.
Él es el maestro Óscar
A los 23 migró de San Juan,
capital puertorriqueña, a Boston, Massachusetts, donde laboró en hotelería y
gastronomía. En 1998, con 27 y siendo camionero, fue reclutado por Los Zetas en
el estado de Carolina del Norte.
“Transportaba cocaína de la
frontera de México y EU a varios estados y la distribuía. En 2002 fui detenido
en Carolina del Norte con 25 kilos de cocaína y condenado a 25 años de prisión.
Un año por kilo. Le cumplí a Los Zetas con mi silencio y nunca delaté a nadie.
El pacto es: ‘silencio o silenciamos a tu familia’. Los Zetas me cumplieron,
dieron 60 mil dólares a mi familia y me pagaron abogado y otros gastos. Les tengo
respeto”, narra.
López dialoga con EL
UNIVERSAL en un receso de su trabajo en Conexión Laboral, empresa no estatal de
Guatemala que ayuda a deportados a su reinserción social.
“Al caer preso, Los Zetas
mandaron dinero para pagar mi casa y para mis hijos —Brandon, de 22, Amy, de
19, y Óscar, de 18, y mi esposa, Melinda, de 40— y me pagaron abogado y gastos
en la cárcel. Ellos me cumplieron”, cuenta. El nexo con su familia de EU es
esporádico y por redes sociales en internet.
Estando encarcelado, y por buen
comportamiento, comenzó a estudiar en una universidad de Carolina de Norte y se
le autorizó salir de la prisión para ir a estudiar, con un grillete asido a su
cuerpo. En 2008 se graduó y recibió dos noticias, una buena y una mala.
La buena: empezó a trabajar
en la prisión con un salario de un dólar al día. La mala: las autoridades
migratorias de Estados Unidos le comunicaron que, por involucrarse en
narcotráfico, perdió el permiso de residencia permanente que obtuvo al ser
adoptado.
Óscar con sus alumnos
A inicios de 2010, con una
reducción de condena por su comportamiento, fue sometido al proceso de
deportación, que se concretó en octubre de 2010. Al arribar al aeropuerto
internacional La Aurora, de esta capital, “recordé mi niñez. De aquí me fui en
1981. Al llegar no conocía a nadie. Me encontré una Guatemala sucia, demacrada
y un ambiente triste, rudo, sin piedad”, describe.
López regresó con 70 dólares
en su bolsillo. “Me compré un teléfono celular. En un restaurante me compré un
pepián (guiso) de pollo. Sólo tenía un contacto de una familia y la llamé. Con
esa familia viví un tiempo y luego, por saber inglés, conseguí trabajo”,
cuenta.
Tampoco olvida que él es
producto de una violación a su madre por parte de un mexicano, oriundo de
Irapuato, llamado Javier. Ella falleció estando él en prisión. “Su familia no
me aceptó. Al verse en esa situación, mi mamá me dio en adopción. Nunca se me
olvida el día, 22 de junio de 1981, en que me entregaron en el aeropuerto. Como
niño estaba feliz por viajar, pero triste a la vez. Desde ese día nunca más
volví a ver a mi madrecita”, lamenta este hombre que lleva apellidos de sus
padres adoptivos.
Ya en Guatemala, y por redes
sociales, reencontró a hermanas por parte de madre y a otros parientes. Pero el
dolor por la muerte de su mamá todavía lo golpea.
“A mi madre nunca más la vi.
Sólo por un video en el que me pidió que la perdonara para irse tranquila de
este mundo y que nunca supo como criarme. Falleció de 65 años. De ella me
acuerdo de todo: de lo que le ponía al caldito de frijoles, de los regaños, de
la música, de mis tíos. Recuerdo fechas y direcciones”, relata.
Días difíciles. Isidro López, alcalde.
Fotos: Especial
Los policías municipales acusados por el
delito de homicidio en contra del profesor Rafael Pérez, fueron presentados
ante un juez que, tras revisar las pruebas mostradas les dictó prisión
preventiva oficiosa
Los tres policías municipales
acusados por el delito de homicidio en contra del profesor Rafael Pérez, fueron
presentados ante un juez que, tras revisar las pruebas mostradas les dictó
prisión preventiva oficiosa.
Con su uniforme puesto, los
oficiales Óscar Villegas Silva, Apolonio Vásquez Treviño y Julio César Antúnez,
fueron presentados en la Sala número 8 del Centro de Justicia Penal, donde su
abogada defensora Claudia Lorena Ávalos Mesa, aseguró que se violaron sus
garantías individuales.
Reveló que su detención no
fue mediante una orden de aprehensión, por lo que fue ilegal desde el 11 de
agosto, además que fueron asegurados en instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, donde los mantuvieron incomunicados y sin
alimentos.
La juez Rebeca del Carmen
Monsiváis Pechir, dijo que la orden de aprehensión fue legal y ordenó al agente
del Ministerio Público seguir con la lectura a la causa penal 1104/2017.
¿Se queda o se va? Roberto Castro
Sifuentes, jefe de la Policía.
Informó que el 10 de agosto
los policías a cargo de la patrulla M1138 recorrían el bulevar Sección 38 y la
calle 28, entre la colonia Ignacio Zaragoza y el Recreativo de la Sección 38.
Ahí fue donde aseguraron a
Rafael y debido a que se encontraba bajo los efectos de las sustancias tóxicas,
golpeó de una patada en el rostro a Óscar Villegas. Apolonio y Julio César le
colocaron ganchos en manos y pies para que no se movilizara. Entre los tres le
ocasionaron más de 58 heridas a base de puñetazos y patadas.
Villegas le hizo una llave
con el antebrazo, que le provocó al maestro daños en el cuello impidiendo su
respiración, al causarle la muerte.
Seis policías municipales
acudieron al lugar y observaron cómo Óscar estaba furioso por la herida que le
ocasionó el detenido en la frente.
Orden. Los policías acusados quedaron en
el penal.
Para el próximo jueves 17 del
presente se programó una segunda audiencia sobre la de vinculación a proceso.
A la audiencia acudieron
policías municipales, supuestamente para reportar información al director de
Seguridad Pública, Roberto Castro Sifuentes, quien por la gravedad del caso se
encuentra bajo presión.
Los oficiales fueron
desalojados por policías de Fuerza Coahuila, ya que la presencia de los
municipales causó que los presentes -la mayoría familiares de la víctima- se
sintieran provocados.
DICTAN PRISIÓN A POLICÍAS ACUSADOS DE HOMICIDIO
Al concluir la audiencia
inicial, ayer por la tarde se dictó prisión preventiva como medida cautelar en
contra de tres elementos de la Policía Municipal de Saltillo, por el delito de
homicidio calificado en contra del profesor Rafael Pérez Hernández.
La noche del 10 de agosto,
Pérez Hernández murió a manos de los tres imputados cuando uno de los
oficiales, presuntamente lo estranguló, mientras los otros dos colaboraron en
estos hechos.
Cabe destacar que el día
posterior a los sucesos, fueron giradas las órdenes de aprehensión en su
contra, cumplimentándose ese mismo día y quedando así los oficiales a
disposición del juez de primera instancia en materia penal del sistema
acusatorio oral.
Durante la audiencia inicial
y de acuerdo al principio del debido proceso y acceso a la justicia, la defensa de los oficiales municipales
ofrecieron pruebas a su favor, pero el juez a cargo del caso determinó la prisión
preventiva.
Tras dictar esta medida
cautelar, la causa quedará a cargo de la mesa tres de Unidad Especializada en
Investigación de Homicidios Violentos por lo que se fijó el día 17 de agosto
como fecha para la realización de la audiencia de vinculación a proceso para
continuar así con el desarrollo del caso.
CIUDAD DE MÉXICO
(proceso.com.mx).- Los restos de dos enfermeras del IMSS y un conductor de
Uber, reportados como desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, fueron encontrados en
una fosa clandestina en la sindicatura de Villa Unión.
Las víctimas fueron
identificadas como Cindy Cazarez Siqueiros, de 31 años; Erika Montes de Oca y
el joven José Antonio López quienes desaparecieron el pasado 30 de julio tras
haber sido vistos en un bar en la zona Dorada de Mazatlán.
Tras varios días de búsqueda,
los cuerpos sin vida fueron encontrados en la fosa el pasado sábado 5.
Por estos hechos fueron
detenidos Luis Humberto “N”, El Chester; Juan Manuel “N”, El Pepa; Juan Diego
“N”, El Chiquis; y Omar Andrade, El Pin, quienes recibieron prisión preventiva
de 144 horas.
Los implicados están acusados
de homicidio calificado, feminicidio, privación de la libertad y robo de
vehículo (el del chofer de Uber).
Durante la audiencia inicial
realizada ayer sábado en el Juzgado de Primera Instancia de Control y de
Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, la parte acusatoria detalló que fue la
noche del 30 de julio cuando privaron de la libertad y asesinaron a estas tres
personas.
De acuerdo con Ríodoce, la
parte ofendida acusó que los hechos ocurrieron a las 5:00 horas del 30 de
julio.
Las mujeres fueron llevadas a
La Amapa, donde las mataron y calcinaron sus cuerpos. De José Antonio López no
se especificó esta información.
La Fiscalía General de
Sinaloa precisó que el pasado 5 de agosto, en un huerto de mangos en la
comunidad de Villa Unión, se encontraron restos quemados y abandonados, por lo
que se inició el proceso de análisis para identificarlos.
Luego de los resultados de
las pruebas de ADN, la Fiscalía consiguió órdenes de aprehensión en contra de
los cuatro detenidos.
Se precisó que cada acusado
por este triple homicidio permanecerá en prisión en espacios distintos, y que
el tiempo que permanezcan internados en el Cecjude de Mazatlán.
El caso judicial que implica al
futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como presuntos lavadores
de dinero, sólo evidencia que, como Estado fallido, México permite que sus
propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento por Estados Unidos,
comenta a Proceso el investigador Edgardo Buscaglia, para quien lo importante no
es investigar a las personas físicas, sino desmantelar la estructura financiera
de las redes criminales que las utilizan.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Consultado sobre los presuntos vínculos del narcotraficante Raúl Flores
Hernández, El Tío, con el futbolista Rafael Márquez Álvarez y el cantante Julio
César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, Edgardo Buscaglia habla
de la “tragedia mexicana”.
“Como Estado fallido, México da lugar a que
sus propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento en otros países. Esta
es una de las grandes tragedias mexicanas: la corrupción política de más alto
nivel que va del presidente hacia abajo”, comenta el investigador de la
Universidad de Columbia.
Y matiza: “Por eso, estas
causas penales que involucran a funcionarios de diferentes niveles no sólo
nunca reciben sentencia, sino que paralizan al sistema judicial mexicano”.
Explica que tanto Márquez como
Álvarez Montelongo deben ser investigados penalmente en Estados Unidos para
determinar si las inversiones que realizaron en el sistema bancario de ese país
deben ser sancionadas; de lo contrario, ambos deben ser absueltos de los
presuntos delitos que les imputa el Departamento del Tesoro.
Buscaglia explica a Proceso
que la gente tiene la concepción de que se lava dinero sólo a través de la
compraventa de jugadores, pero no, aclara. Esa es una de las muchas maneras de
lavar dinero en el futbol. En la mayoría de los casos jugadores como Lionel
Messi o Márquez pueden estar con asesores financieros, contadores, directivos
que les manejan el dinero y desconocen los pormenores de las operaciones que se
realizan. Es entonces cuando la delincuencia organizada capta a sus contadores,
a sus asesores financieros.
Según el entrevistado, esta
tipología delincuencial se encuentra en el reporte del Grupo de Acción
Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) –una institución
intergubernamental creada en 1989 por el G8–, dado a conocer recientemente. No
hay que centrarse en Márquez ni en Messi, dice Buscaglia, sino en la red que
los rodea. Muchas veces los jugadores no están lavando dinero “a sabiendas”.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso
2128, ya en circulación
El expediente criminal contra Raúl
Flores Hernández –quien hoy está recluido en el penal del Altiplano y en
Estados Unidos es considerado un narcotraficante “significativo”– lo abrieron
las autoridades del país vecino hace un año, aseguran a Proceso un funcionario
mexicano y otro estadunidense. Y según las mismas fuentes, autoridades del
gobierno de México estaban al tanto desde entonces. No así la Presidencia, lo
cual explica que Enrique Peña Nieto se haya fotografiado en días previos al
escándalo con uno de los personajes implicados en el caso: el cantante Julión
Álvarez.
WASHINGTON (Proceso).- Desde
mediados de 2016 el gobierno de Estados Unidos compartía con el de México el
expediente criminal de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante y
lavador de dinero. Y aunque el documento incluye los nombres del futbolista Rafael
Márquez Álvarez y del cantante Julión Álvarez, en Los Pinos presuntamente no
estaban enterados del caso.
–¿Sabía la Presidencia del caso criminal de Flores
Hernández que involucra a Rafa Márquez y al cantante Julión Alvarez, con quien
incluso el presidente Enrique Peña Nieto se tomó fotografías durante su gira
por Chiapas? –pregunta el corresponsal a un alto funcionario del gobierno
mexicano que pide omitir su nombre y el de la dependencia en la cual labora.
–La Presidencia no; el
presidente, no lo sé –responde vía telefónica.
El miércoles 9 la Oficina
para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, sacudió al mundo deportivo, al de la farándula y a la propia
Presidencia de México, al ligar a Márquez y Álvarez a una red de lavado de
dinero y prestanombres, presuntamente relacionada con las operaciones del
tráfico de drogas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Bajo la ley estadunidense
promulgada en 1999 y conocida como la Kingpin Act, la OFAC calificó a Flores
Hernández como el narcotraficante “más significativo” y lo ubicó entre las
mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, junto con Joaquín
El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y otros
narcotraficantes.
“Además de Flores y su organización…
la OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por
prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y
la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo
control de ésta, sus miembros y asociados de confianza”, indica el comunicado
emitido por el Departamento del Tesoro.
El comunicado lo difundió
primero la embajada de Estados Unidos en México, en español; media hora después
lo hizo el Departamento del Tesoro en Washington.
Tres días antes de que
Washington etiquetara al futbolista y al cantante de música norteña como
“frentes y testaferros” de la organización criminal de los Flores, durante una
visita a Chiapas, Peña Nieto y el gobernador de esa entidad, Manuel Velasco
Coello, se tomaron una foto con el cantante de piezas vernáculas durante un
paseo en lancha por el Cañón del Sumidero.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso
2128, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 12
AGOSTO, 2017)
En declaraciones juramentadas, altos ex
ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias.
Ahí aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.
Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra
Xanic
Quinto Elemento Lab* especial para
Aristegui Noticias
Cuando el poderoso empresario
brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia,
confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de
tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros,
diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de
Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó
en ese momento muchas veces el nombre de un hombre modelo de la tecnocracia:
Emilio Lozoya Austin.
Se escucharon rumores, el
rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios
tipos y calibres. Rumores y especulaciones.
Hoy, en declaraciones
juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres,
cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin,
el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el político al que la dirección
de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” por
10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente
contratos de obra pública.
Eso es lo que sostienen los
testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis
Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según
las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en
el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por
El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas
Estructuradas.
Toda la información incluida
en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas,
50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de
los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los
bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres
altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría
General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales
y algunos como secretos.
Y lo que dicen ante el
Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para
México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo
calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:
Que Emilio Lozoya solicitó y
recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012.
Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado
como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Que en marzo de 2012 Emilio
Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de
Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería futuro director de
Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas
Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta
en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7.
Que les pidió que ahí le
enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012
llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y
un día después 505 mil dólares.
Que la relación creció y que
una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se
mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar
contratos y que éste les respondió positivamente.
Que ese grado de comunicación
se armó tan sólidamente que acordaron hacerle otros pagos por un total de seis
millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados
plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el contrato de
uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
Que luego de que Odebrecht
obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore
proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de nuevo. Empezó el 3 de diciembre
de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina
de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de dólares a la
cuenta que Zecapan SA —otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes Británicas— mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.
Que las transferencias
siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón
350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar
cinco millones de dólares.
Y delataron muchas más cosas,
según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos
las cosas como las escucharon los fiscales.
* * *
El 16 de diciembre de 2016, y
con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita
pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en
México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía
sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo
del gobierno mexicano.
Hijo de Manuel Weyll y Selene
Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales
brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se
encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.
Así que De Meneses se
presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la
Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en
específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio
en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.
Durante unos 50 minutos
ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los
fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar
formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo
esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.
De Meneses se descargó: contó
que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era
director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró
de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en
Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de
“obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían
buenos tiempos.
Lozoya y De Meneses se
reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro
director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan
Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con
sede en Tula, Hidalgo.
Tapia, según la versión del
brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito”
en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.
Así que el director
superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con
esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT
y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil
500 millones de pesos.
Construcciones Industriales
Tapia confirmó a Quinto Elemento Lab que participó como subcontratista de
Odebrecht, pero rechazó que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos
y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra
interpósita persona para ese tipo de efectos”.
Los meses transcurrieron y
sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía
correcta.
De hecho, para algunos ya lo
estaba. Era entonces miembro del Consejo de Administración de OHL, la enorme
firma española que obtuvo la concesión para construir las carreteras de peaje
en el Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y que hoy es
investigada en España por financiamiento ilegal a políticos.
Luis Videgaray, entonces
coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes
al primer círculo. Por ello no fue extraño que el 11 de enero de 2012 fuera
designado como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del
candidato priista.
De Meneses no perdió de vista
ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya
había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en
el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012
y cuyo candidato era el favorito”.
Los ojos del brasileño
apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los
líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una
persona influyente dentro de la administración pública del país”.
Luis Alberto no se cruzó de
brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de
facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel
de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en
el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política
de Lozoya, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un
cargo de relevancia en el gobierno federal.
En esa ocasión, recordó De
Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba
ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía
en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor
del orden de cinco millones de dólares”.
De Meneses concluyó en ese
instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un
futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya
que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.
No lo pensó mucho. Consideró
“el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su
superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para
América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares.
Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría
como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.
Así que, ya con la aprobación
en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en
las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el
esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos,
atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno
esa tarde del 16 de diciembre de 2016.
Le proporcionó más detalles:
le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo
de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que
deberían realizarse los depósitos.
Días después, Lozoya acudió
al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló
ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que
ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA,
ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas.
Luis de Meneses sabía
entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de
Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht
bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los
políticos brasileños y extranjeros.
Da Silva, poseedor de una
mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes
precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por
Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento
del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los
fiscales.
Era marzo de 2012 y Lozoya
Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando
Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del
PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.
Era marzo de 2012 y la danza
de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and
Development Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los
sobornos– mantenía en el banco Meinl Bank salieron ráfagas de dólares a la
cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que Lozoya pidió
que le enviaran su dinero, según los documentos judiciales en los que quedó
registrada la delación,
Apenas un mes después de que
Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes:
el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco
días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de
dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin
American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares.
Y no era todo. Pasó alrededor
de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le
llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares
más.
Los altos ejecutivos de
Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya
colocado en lugares clave del nuevo gobierno el horizonte de la firma brasileña
en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta
de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta
primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio:
ahora sería de 400 mil dólares.
Sólo escribir el total de la
“propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los
colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha
ocurrido en países como en Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela,
Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos
meses: 4 millones 100 mil dólares.
* * *
Cuando los fiscales
brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de
Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle
el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión.
De Meneses expresó, como han
hecho todos los 78 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado
en los acuerdos, que estaba consciente de que los beneficios de la colaboración
dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La
identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal
y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura
jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la
prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales,
y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la
organización criminal.
Ingeniero civil que cumplirá
60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para
corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht
en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias
hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya.
* * *
Llegó el 1 de diciembre de
2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones
en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin, licenciado por el
ITAM y maestro por la Universidad de Havard, llegaba a una posición muy
relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa que en 2013 contó con un
presupuesto tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de
326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época.
Luego de las vacaciones de
fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno
hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede
central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada.
Al estar con Lozoya, según
contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el
constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la
compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para
conquistar nuevos negocios con la petrolera”.
Lozoya fue receptivo. Le
confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex
“reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la
constructora brasileña debía ser competitiva tanto en términos técnicos y
comerciales para tener una oportunidad.
El jefe de Odebrecht
aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y
que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería
retribuido”, se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las
delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No.
5”, término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los
testimonios penales acordados.
Los siguientes meses fueron
de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la
oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos
de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.
Para octubre de 2013 ya
estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios
sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en
privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el 1
de octubre. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello
en 20 líneas.
Luis de Meneses buscó de
nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente, le solicitó “su apoyo para influir sobre
los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a
Odebrecht.
El alto ejecutivo de la firma
brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el
consejo… Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos,
influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”.
De Meneses sabía lo que
hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para
corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en
Odebrecht un cargo similar.
El poderoso vicepresidente de
la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013,
Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un
proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo
presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se
fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el
concurso. Autoricé los pagos”.
Así que De Meneses no esperó más.
Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de
dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría,
independientemente del resultado de la licitación. Y los otro cuatro millones
estarían condicionados a que les asignara el contrato.
Luis Alberto de Meneses se
retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más
tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una
propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y
movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la
refinería Miguel Hidalgo”.
Al arranque de diciembre le
dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364
millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de
Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en
cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones
Estructuradas el pago de seis millones de dólares”.
La muestra de agradecimiento
por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la
primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra
transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.
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* * *
Cómo no tener un buen
arranque de año, sin cuestas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014
se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado
por la constructora brasileña.
Por Pemex Refinación dos
funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García
Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por
la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de
Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.
Tuvieron que estampar su
firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de
puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias,
la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.
Sin embargo, la página 5 del
contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto,
llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de
“declaración conjunta”.
Dice a la letra: “Las partes
reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la
corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a
dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos
previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo
con la Ley Federal Anticorrupción…”.
Manifestaron expresamente,
además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es
parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de
la OCDE, la OEA, la ONU y otros.
“Expresan que conocen los
ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que
sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer,
concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos
en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la
simulación…”.
Eso firmaron.
* * *
El contrato ya había quedado
en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas
offshore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las
delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por
Hilberto da Silva hizo lo suyo.
Una semana después de la
firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron
un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan SA tenía en el
Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó
registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.
Habría otros dos pagos más,
ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo
debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento
determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A
mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran
los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”,
explicó Luis de Meneses.
La experiencia de Hilberto da
Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura
para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer
posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero
en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da
Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.
Ahí es donde aparece el
nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él
entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los
recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las
cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe
del departamento encargado de los sobornos.
Eso es lo que hizo Rodrigo en
México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le
presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero
en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba
de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su
boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la
misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador
Rodrigo Janot Monteiro.
“Esa cuenta fue abierta en el
HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y
participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex.
Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de
México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la
casa de él”.
El testimonio de Hilberto da
Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes
recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada
para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los
pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.
Una de esas situaciones fue
la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le
solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente
(sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir
dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada
por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del
proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.
La carta, de unos tres
párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic)
en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo
recibiese el dinero en su nombre, como laranja [un agente que trabaja en una
empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil
que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da
Silva.)
Esa visita a México tuvo un
buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un
pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres
millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.
Debajo de ese párrafo, una
firma: la de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.
* * *
Un cuarto como el de
cualquier edificio burocrático promedio de cualquier país latinoamericano. Un
hombre escucha con atención, la mirada hacia abajo. Se bambolea ligeramente
cada tanto. Se nota preocupado. Resignado, en realidad, a enfrentar su suerte de
la mejor manera posible. La actitud de alguien que tuvo la fortuna de su lado y
ahora entiende la gravedad del momento en que es protagonista. Es el semblante
de alguien que sabe que de lo que ocurra en ese pequeño cuarto dependerá vivir
más o menos años en una cárcel.
Luis de Meneses Weill lo
sabe. Por eso está ahí.
–¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya?
–pregunta uno de los fiscales.
–En 2012 como miembro de la
campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex –responde y “corta”
con las manos el aire, para mostrar cómo se iban sucediendo los momentos.
–¿Él recibía los favores ya como director general de
Pemex?
–Seis millones –asiente
Meneses.
–¿Cómo sabía que efectivamente los recibió? –quiere
averiguar el fiscal, sentado a un par de metros del ex funcionario de
Odebrecht.
–El me indicaba las cuentas y
después me confirmaba (que se había recibido el depósito).
–¿Entonces recibió seis millones de dólares ya como
director general de Pemex? –repregunta el fiscal. Lo hará en varias ocasiones.
Desea entender con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Meneses endurece ligeramente
el rostro. Se balancea y sus dos pequeños mechones de cabello blanco brincan
sobre el pelo negro y rebotan en la frente. Muestra fastidio.
–Sí –murmura y su mano muestra
en un primer plano un reloj de acero inoxidable. Las manecillas marcan unos
minutos antes de las seis.
Es el minuto 41 de la
audiencia. Aún faltan unos 10 minutos de grabación, de la cual está consciente
Meneses y a la cual ha accedido después de renunciar, en presencia de sus
abogados, a su derecho a permanecer en silencio y ha autorizado el registro
audiovisual de su colaboración premiada.
–¿Esas negociaciones, las del dinero, se dieron dentro
de Pemex?
–No. Las reuniones para
tratar la presentación de la empresa, nuestra cualificación, la elaboración de
un proyecto para Pemex, eran en su escritorio. Las negociaciones más
específicas, de nuestro ofrecimiento, eran afuera… en unas dos o tres veces en
mi casa, en Polanco… –se detiene y bebe agua. Se hace un larguísimo silencio–.
O en la casa de él también, en Santa Fe. También en restaurantes. Éramos él y
yo. Nadie más.
–¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se
hicieron en las cuentas? –desea saber el fiscal, quien luego recibirá los
documentos aportados por Meneses.
–Las cuentas no sé de quién
eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos.
–¿Hubo otros funcionarios públicos (implicados)?
–Era sólo con él. Si él
dividía el pago, no tengo conocimiento.
* Este reportaje es parte de las
publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas,
integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina;
La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e
IDL-Reporteros de Perú.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ AGOSTO 13, 2017
7:55 AM)
