viernes, 30 de junio de 2017

TRES BALEADOS; UN MUERTO EN EMPALME

En menos de 12 horas grupos criminales atentan contra empalmenses en el sector sur; el ejecutado cuenta con más de 20 impactos de bala

En una jornada violenta dentro del casco urbano del Municipio, una persona murió y dos más se encontraron lesionadas con proyectiles de armas de fuego.

Apenas cruzaban los primeros minutos de ayer, cuando un comando armado irrumpió en un domicilio de la colonia Infonavit Guadalupe, rafagueando a dos personas.

En el lugar murió instantáneamente a causa de más de 20 tiros incrustados en su cuerpo, Carlos “N”, de 27 años de edad; quedando en la escena del crimen otro joven de apodo “El Panadero”, con varios impactos de bala, mismo que fue trasladado al Hospital General de Guaymas.

En un segundo evento, en la colonia Villa Dorada del mismo sector sur, otro empalmense sufrió una agresión armada por parte de un grupo de gatilleros, quedando gravemente herido en una banqueta del fraccionamiento.

Ambos sucesos se registraron en menos de 12 horas, durante las cuales hasta el cierre de edición las autoridades no proporcionaron información y guardaron total hermetismo de la situación, dando a conocer la ciudadanía a este matutino las balaceras vividas ayer. 

Extraoficialmente se sabe que se aplicaron dos operativos de búsqueda, sin contar con resultados positivos en alguna detención u ubicación de los ejecutores armados.


(DIARIO DEL YAQUI/ RICARDO LÓPEZ/ 30 DE JUNIO 2017)

PUBLICAN VEDA PERMANENTE EN HÁBITAT DE VAQUITA MARINA


El acuerdo prohíbe las redes de enmalle, incluyendo las agalleras, 'operadas de forma pasiva o dormida para la realización de actividades de pesca'

CIUDAD DE MÉXICO.- La Semarnat y la Sagarpa publicaron este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la veda permanente en el uso de redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina, largamente anhelada por grupos ambientalistas, y a la que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto con el actor Leonardo DiCaprio y la Fundación Slim.

El acuerdo prohíbe las redes de enmalle, incluyendo las agalleras, “operadas de forma pasiva o dormida para la realización de actividades de pesca” en el norte del Golfo de California, así como su transportación por vía marítima, terrestre o aérea, entre las ciudades, poblaciones, ejidos, comunidades o campos pesqueros aledaños a la zona.

Las embarcaciones menores que cuenten con permiso para realizar actividades en el área con artes de pesca alternativas deberán tener un sistema de monitoreo instalado y funcionando, con la tecnología y características que se determinen en las concesiones correspondientes.

"Acuerdo por el que se prohíben artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores en aguas marinas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos en el Norte del Golfo de California, y se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo para dichas embarcaciones”, se puede leer en el DOF.

De manera simultánea, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) publicó otro acuerdo para ampliar por tercera ocasión la prohibición temporal en el uso de redes de enmalle en el Golfo de California, con el único fin de entregar por dos meses más, hasta el 31 de agosto, las compensaciones económicas a pescadores, permisionarios y cadena productiva de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora.

En entrevista con Excélsior, Sunshine Antonio Rodríguez Peña, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe reveló que a cambio de la veda permanente recibirán permisos para la captura deportiva del pez Totoaba con anzuelo, a partir de febrero de 2018 y apoyos para proyectos de maricultura de Totoaba.


(DOSSIER POLITICO/ REDACCIÓN /EXCÉLSIOR/ 2017-06-30)

DOS JORNALEROS MUERTOS Y 40 HERIDOS EN SONORA


La mañana del jueves, más de 20 ambulancias, unidades de bomberos, personal del Ejército Mexicano, de Capufe, de la Unidad Estatal de Protección Civil, Protección Civil de Hermosillo, Secretaría de Salud Pública del Estado, policías municipales, estatales y federales, acudieron al lugar…

Hermosillo, Sonora (DP).- Al menos dos muertos y más de 40 heridos fue el saldo del volcamiento de un camión de jornaleros agrícolas que viajaban de Caborca a Sinaloa en hechos registrados a la altura del kilómetro 73 de la carretera Hermosillo-Nogales.

La mañana del jueves, más de 20 ambulancias, unidades de bomberos, personal del Ejército Mexicano, de Capufe, de la Unidad Estatal de Protección Civil, Protección Civil de Hermosillo, Secretaría de Salud Pública del Estado, policías municipales, estatales y federales, acudieron al lugar.

Además, personal de Ángeles Verdes y un helicóptero participaron en las labores de rescate de los heridos que fueron trasladados a Hermosillo, Nogales, Santa Ana y Benjamín Hill para recibir la atención médica necesaria.

De acuerdo a testigos de los lamentables hechos, el conductor de la unidad derrapó hacia fuera de la carretera por lo que sobrevino la tragedia.

Al momento, la Unidad Estatal de Protección Civil integra la información de los afectados para dar a conocerla a la opinión pública para hacerla llegar a los familiares y amigos de las víctimas y los heridos que superan los 30 lesionados.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2017-06-29)

"¡CAMIONAZO!": SUBEN A 11.50 TARIFA EN SONORA


Con tecnicismos, normas, incrementos al diésel, salarios de y número de operadores, adquisición de nuevas unidades, mantenimiento y reajuste en las rutas del transporte en la ciudad, los integrantes del consejo justificaron este inclemente aumento al inicio del período vacacional en Sonora.

Hermosillo, Sonora (DP).- Sin el menor de los recatos y lo que representa un golpe devastador a la economía familiar, el Consejo Consultivo del Transporte determinó incrementar de 7 a 11.50 la tarifa del transporte en Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Guaymas.

Con tecnicismos, normas, incrementos al diesel, salarios de y número de operadores, adquisición de nuevas unidades, mantenimiento y reajuste en las rutas del transporte en la ciudad, los integrantes del consejo justificaron este inclemente aumento al inicio del período vacacional en Sonora.

La noticia devastó el espíritu de miles de familias sonorenses, principalmente en Hermosillo, que ya planean realizar plantones, manifestaciones y protestas contra el histórico aumento a la tarifa del transporte. 

El consejo dio a conocer que se autoriza tarifa normal de $7.00 pesos al pasaje en las rutas de transporte urbano que prestan servicios en las ciudades del Estado que no cuentan con Programas operativos de servicio y tecnología; con votación de 10 votos a favor y 1 abstención.

Principalmente, porque desde hace 6 años no se registraba un incremente y ahora lo sueltan todo junto.

Justifican además que esta determinación se enmarca en las facultades que se confieren a los integrantes de este Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora que están claramente especificadas en el Decreto de creación del Consejo Técnico Ciudadano del Transporte Publico del Estado de Sonora.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega/ 2017-06-30)

LA CAPTURA DE “EL BABAY”


En una operación silenciosa, Fuerzas Especiales de la Marina lograron apresar al líder de plaza en Los Cabos.

El escurridizo narcotraficante Abraham Cervantes Escareaga había dejado de formar parte del Cártel de Sinaloa para reforzar al CJNG en el Baja California Sur.  Su detención tuvo lugar en un fraccionamiento de Cabo San Lucas con total hermetismo, “por el temor de que quisieran rescatarlo”, afirmó una fuente de la Marina a este Semanario

“El blanco principal, o al menos la cabeza más visible para el Cártel Jalisco lo tenemos, ahora falta cómo se mueven las piezas de ajedrez, de mover el cuadro tal y como lo esperamos; vamos a continuar con las labores de inteligencia para ir desintegrando cada una de las células criminales para todos los grupos delincuenciales involucrados”, expresó uno de los agentes de Inteligencia de las Fuerzas Especiales de la Marina que participó en la detención Abraham Cervantes Escareaga alias “El Babay”, el capo más buscado en Baja California Sur.

La madrugada del lunes 19 de junio, en las calles de un fraccionamiento de Cabo San Lucas, el delincuente fue aprehendido en compañía de su pareja, a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco. En su poder llevaba:

* Dos rifles de asalto.
* Una pistola.
* Equipos de comunicación.
* Dinero en efectivo y droga.

La captura fue  dada a conocer por la Secretaría de Gobernación (Segob) a nivel federal, entretanto,  en BCS  la información fue hermética, a cuentagotas, solo se informó: “Personal naval detectó a estas dos personas cuando viajaban a bordo de un vehículo, por lo que les marcaron el alto y procedieron a revisar la unidad (…). En el interior del vehículo se encontraron dos armas largas y una corta, así como varias dosis presumiblemente de droga, dinero en efectivo y equipos de comunicación, por lo que se procedió a la detención de las dos personas (una mujer y un hombre) y el aseguramiento del armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

Aunque algunas fuentes de información revelaron que “El Babay” habría sido arrestado en un domicilio, el hermetismo con que se manejó el hecho abrió paso a la especulación.

Incluso, el operativo de traslado, realizado esa misma noche, fue en silencio.

“No fue avisado nadie por el temor de que quisieran rescatarlo, como ha pasado en otros estados; aquí tratamos de que fuera una operación limpia”, aseguró el efectivo de la Marina.

A diferencia de las fotografías de archivo que se tienen de Abraham Cervantes, en todas con el cabello a rapa, en una imagen filtrada por la Procuraduría General de la República (PGR) se le ve con bigote y barba, cabello largo, para resguardar la identidad de la que tienen conocimiento las fuerzas del orden; vestía playera color rojo y pantalón.



Tras un fuerte dispositivo de seguridad, El Babay fue trasladado a La Paz a declarar ante la PGR, con el mismo cuidado fue regresado al CERESO de mediana seguridad en SJC, municipio de Los Cabos.

Desde la madrugada en que fue puesto tras las rejas, en una comandancia de la Policía Municipal de la colonia Cangrejos de Cabo San Lucas, “retiramos todos los teléfonos y radios de los agentes que se acercaron, para que no se corriera el rumor y dificultaran las acciones para apresar a este poderoso capo”, agregó el efectivo.

La detención se realizó sin un solo disparo; el sitio fue inmediatamente acordonado por las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y la Naval.

“Venían por la Transpeninsular, a la altura de Todos Santos me los encontré”, relató un agente de la Municipal de La Paz, “a huevo que era él, venía escoltado por la Federal y los marinos. Era un convoy de al menos 30 unidades, federales y militares”.

Una vez concentrados en las instalaciones de la PGR, al menos 70 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina resguardaron día y noche las instalaciones, cerradas por los tres puntos de acceso a las oficinas.

La guardia militar se renovó pasadas las diez de la mañana del martes 20 de junio, donde más efectivos navales hicieron acto de presencia; personal de la PGR ingresó con sus vehículos particulares, pero con identificaciones a la vista. Enseguida la Policía Federal apoyó de igual forma, incluso militares, pero no hubo participación de corporaciones locales.

A las 3:44 pm del miércoles 21 de junio cuando el peligroso narcotraficante ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo.

“Con esta hora llega traslado con la persona de nombre Abraham Cervantes Escareaga, al que le apodan ‘El Babay’, con un fuerte operativo armado por parte de la Sedena y Policía Federal”,  fue la novedad registrada en el penal de mediana seguridad con sede en Los Cabos.

Tras la ejecución del subdirector Carlos Paul Hernández Cota, ocurrida el 5 de junio, el centro penitenciario fue reforzado en seguridad y, con la llegada del peligroso interno, personal adicional arribó “con la finalidad de reforzar la operatividad al interior del centro, y garantizar la integridad y bienestar de internos, personal administrativo y operativo”, se confió a ZETA.

LOS VÍNCULOS DEL “BABAY”

De acuerdo a inteligencia militar, el presunto líder de plaza está vinculado directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG), sus operaciones se centran principalmente en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.

Cuestionado por ZETA respecto a quién asumirá el mando de la plaza ante la detención del “Babay”, un efectivo de inteligencia dio una respuesta sorprendente: “(Cervantes) Sigue a la cabeza”.

Sobre el presunto traslado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en Ciudad de México, la respuesta fue “negativa, esa información la tiene concentrada la Marina, pero es la línea ideal para acabar con los nexos y posibles vínculos con las mismas
Instituciones”, reiteró el militar.

Desde la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, ex gobernador del Estado, “se destacó una intensa influencia en los cuerpos policiacos, sobre todo de la Estatal Preventiva, la denominada Policía Acreditable; le siguen policías municipales y a la fecha tenemos conocimiento de su influencia con ministeriales; tan así ha sido su estructura policial que fue invisible por muchos años”, aseguró la fuente.

Según datos brindados en las corporaciones Municipal, Estatal y Ministerial, “El Babay” también está vinculado a los hechos sangrientos que envuelven al Estado, al inicio de la guerra entre células delictivas – 31 de julio de 2014- como miembro del Cártel de Sinaloa; enseguida formó parte de la estructura de lo que ahora es CJNG, aunque para las fuerzas federales va más allá: la pelea de la plaza en Los Cabos y La Paz ha conseguido “arrinconar a sus archienemigos ‘Los Dámaso’, los cuales han quedado rezagados en cierta medida en San José del Cabo. El que (Cervantes) haya abandonado o más bien haya aprovechado la coyuntura para desprenderse en cierta medida de Sinaloa, pero a su vez manteniendo las relaciones, dio la oportunidad de aliarse con Jalisco Nueva Generación; ese control o influencia en las instituciones le dio la oportunidad de convertirse en el líder de plaza de Cabo San Lucas, al menos así lo hemos relacionado”, expuso el miembro de la inteligencia militar.



Abraham Cervantes Escareaga, alias “El Babay”, detenido la madrugada del 19 de junio en CSL, líder de plaza en Los Cabos.

De acuerdo a datos recabados con fuentes militares, “El Babay” mantenía un perfil bajo, o al menos eso conseguía a través de la protección de convenios con diferentes miembros de las instituciones de seguridad, desde comandantes, directivos, e incluso funcionarios de mayor envergadura.

Su participación fue reconocida en operaciones a través de “La Barredora”, brazo armado y con operaciones para atacar a sus contras en San José del Cabo, “las presiones desde las Fuerzas Especiales llegadas de la Federación nos llevó a acercarnos al blanco”, agregó el efectivo.

Pero todo este poder que se adjudicó Cervantes fue principalmente por sus contactos en el bajo mundo policial, “policías sin escrúpulos, sin el mínimo perfil y el interés por sacar adelante a su Estado”, puntualizó el consultado.

Informes entregados a ZETA denotan poca actividad criminal del “Babay”, apodo que llevaba y traía mucho, pero a la vez nada;  información del Grupo de Coordinación por parte de las corporaciones civiles, refiere que desde años previos a 2014 (cuando inició la inestabilidad y la disputa por el control de la venta y distribución de estupefacientes), Cervantes se dedicaba  al narcomenudeo y con el paso del tiempo fue ganando terreno. Su historial delictivo bajo los ayudó para fijarse como uno de los perfiles elegibles para crecer en la estructura criminal; pasó de operar directamente con el Cártel de Sinaloa para crecer aún más con una alianza para CJNG o CTNG.

“Se separó del Cártel de Sinaloa, en esa escisión, logró ingresar a las líneas de Jalisco Nueva Generación”, se informó a este Semanario.

APLAUDEN INTERVENCIÓN DE FUERZAS FEDERALES

En BCS existe una grave complicidad de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado, tan es así, que tuvo que llegar un contingente de por lo menos mil 500 efectivos de la Sedena, Marina y Policía Federal División Gendarmería para “medio calmar las aguas”; sin embargo, es notorio que las bandas criminales que operan en La Paz y Los Cabos han tenido entrada libre.

“Da vergüenza cómo con fuerzas militares y federales, que llegaron a proteger a la joya de la corona que viene siendo Los Cabos, aun con ese refuerzo, casi les tiraron los muertos en los pies, pero ellos no son responsables; los verdaderos responsables están en el sistema. Cómo acabar con la delincuencia si seguimos dejando los mandos y agentes contaminadores, eso le resta a nuestras fuerzas militares operatividad, o ya por lo menos la sorpresa contra la delincuencia”, expresó un criminólogo consultado por ZETA.

Ante el acierto de las Fuerzas Especiales de la Marina, sin la participación de alguna otra corporación, según ellos para “evitar que se les saliera de las manos”, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, confirmó se trata de uno de los blancos más importantes en Baja California Sur, buscado por años.

“Estamos muy contentos, celebramos este gran logro de la PGR  junto con la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional”, declaró, además de reconocer el esfuerzo coordinado y la importante participación de las fuerzas de inteligencia federal, por lo que, con acciones como ésta, se busca restablecer la paz en la entidad.

“Compartimos con ellos desde el Grupo de Coordinación en materia de seguridad, (Cervantes) es o era uno de los blancos más importantes que se encontraban prófugos aquí en el Estado, y espero esto pueda ayudar a que pronto podamos vivir en paz, que es la aspiración máxima del gobierno que me toca encabezar,  sobre todo de la gente de Baja California Sur”, finalizó Mendoza Davis.

Es clara la participación de las fuerzas federales ante una deficiencia o falta de probidad de las corporaciones locales, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las cifras cerradas al 30 de abril de 2017, del personal evaluado en Control y Confianza en BCS, 3 mil 242 elementos de las diferentes corporaciones, solo el 60 por ciento aprobó y el 38% de los elementos evaluados reprobó.

De una plantilla de 350 elementos en Seguridad Pública Estatal, el 75% aprobó su evaluación, mientras que el 24% no la acreditó (84 agentes estatales); en Prevención y Reinserción Social, 370 fueron evaluados: 59% pasó y 40% no resultó apto para seguir en la institución, es decir, 148 custodios reprobados; de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), de poco más de 500 agentes calificados, 57% pasó y 40%  reprobó, lo que da un aproximado de 200 elementos; y por último, las policías municipales, donde más de mil 900 agentes fueron evaluados y solo aprobó el 58%, lo que significa que 800 malos agentes siguen en las calles.

Estas cifras denotan el grado o la posibilidad de participación de policías con delincuentes.



La violencia e impunidad amenazan a uno de los destinos más importantes de BCS y México, aquí restos humanos abandonados a solo metros de la zona dorada de CSL.

“Estamos ya en un proceso de depuración, muy pronto los compañeros que reprobaron los exámenes tendrán que retirarse de las instituciones. Estaremos resolviendo este tema, hemos trabajado, de diciembre a la fecha hemos separado ya de las filas de la Policía cerca de 100 compañeros por no aprobar los exámenes de control, estamos en un esfuerzo, mucho de esto implica de recurso, otro tiene que ver con una estrategia jurídica, siempre respetando los derechos laborales de los compañeros”, reconoció Ismael Sigala Páez, de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Las autoridades lamentan que el recurso es limitado y ha sido uno de los factores que ha impedido el que las instituciones puedan detener, erradicar o contener cualquier amenaza contra la seguridad de la entidad federativa.

ESCURRIDIZO NARCOTRAFICANTE

“Tenemos una larga lista de funcionarios públicos de los tres niveles, que se les ha vinculado con este personaje, omito nombres porque están bajo investigación, pero poco a poco y uno a uno, van a ir cayendo”, es la advertencia desde la inteligencia militar.

Para las autoridades recién llegadas, de Fuerzas Especiales tanto de la Sedena como de la Marina, así como de inteligencia de la Policía Federal, fue un iniciar de cero la investigación para capturar a los grandes capos que encabezan la violencia en Baja California Sur; sin embargo, para las corporaciones municipales, la Estatal y la Ministerial era un tema conocido, pero “había grandes intereses de por medio, de esos vicios que difícilmente se acaban y que lamentablemente fueron promovidos desde la administración de Covarrubias”, agregó la fuente de la milicia.

Poco antes del 31 de julio de 2014, fecha en que dio por iniciada una lucha desenfrenada entre las diversas células de la delincuencia organizada en el Estado, la noche del supuesto abatimiento del detenido -12 de julio- un convoy de efectivos de la Secretaría de Marina entró a la comunidad del Ranchito de Llanes en Sinaloa de Leyva, en el Estado de Sinaloa, desatando una balacera. El enfrentamiento se libró entre miembros del crimen organizado y Fuerzas Armadas, dejando como saldo ocho pistoleros muertos, entre los fallecidos supuestamente se identificó al “Babay”.

En ese entonces la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado y municipios dejaron en total aislamiento a las Fuerzas Armadas, tanto la Sedena como la Marina operaron cada quien por su lado; fue hasta los últimos meses de la administración de Marcos Covarrubias que quisieron poner un alto y convocar la participación de efectivos militares.

Al igual que las diferentes cabezas visibles de “Los Chapitos”, “Los Dámaso”, “Los Compadrones”, “Los Betillos” y hasta “Los Mayitos”, Abraham Cervantes Escareaga mantenía una ventaja operativa con complacencia policial.

Las Fuerzas Especiales de la Marina vieron cómo se les escabullía de las manos una oportunidad invaluable: el primero de junio del presente año, los operadores del Estado estarían reunidos en un solo sitio, “caímos a Marina Sur (colonia de La Paz, carretera al norte), el operativo pintaba para bien, pero ya estaban avisados, no encontramos nada. Era una casa de seguridad donde constantemente se reunían”, dijo un efectivo naval.



El Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en BCS reconoce que hay un gran número de policías involucrados con delincuentes.

Otro despliegue se realizó en las colonias Santa Fe, Camino Real y 8 de Octubre en la Capital del Estado, cuadrante que fue abordado por tres helicópteros de la Marina, los cuales la noche del 8 de junio y la mañana del 9, recorrieron la zona por aire, acompañados por un convoy terrestre de reconocimiento. “El blanco era ubicar al jefe de plaza de Los Cabos, fue captada una señal que nos dio una ubicación, así que se montó el operativo, pero nuestro error fue buscar la colaboración”, lamentó el marino.

Por ello, en el operativo en Cabo San Lucas actuaron de manera silenciosa y consiguieron asegurar al blanco y ponerlo tras las rejas.

“Se tuvo que llegar a la intervención de las líneas de telefonía celular de los elementos de seguridad, para de esa manera limitar la participación de policías corruptos que entorpezcan los avances en las investigaciones y que se pueda llegar a perder alguna pista interesante con el paradero de este y de otros blancos para la Federación en Baja California Sur”, señaló uno de los marinos que llegó desde Los Cabos acompañando el operativo.

Lo lamentable  es que muchos malos elementos vieron una oportunidad de negocio al operar para la delincuencia organizada, “cuotas muy jugosas se llevaron algunos compañeros, se fueron llenando los bolsillos, pero qué pasó: algunos se mudaron de aquí, otros dejaron las corporaciones, desertaron, pues. Al venirse ‘Los Dámaso’ con todo, vieron que pasaban riesgo, otros se quedaron aquí a seguirle por mal camino, pero sacaron a sus familias del Estado”, confió un agente de la municipal de La Paz, adscrito al Mando Mixto.

LO QUE SIGUE

Tras la caída de uno de los principales generadores de violencia y de inestabilidad en la disputa por la plaza de la droga en Los Cabos y La Paz, autoridades ven dos posibles escenarios:

* El primero como parte de la violencia generada, y la presunción de la participación del “Babay” en los enfrentamientos, ya que uno de los capos más buscados en la localidad ha sido apresado y, una vez neutralizada la supuesta amenaza para la entidad, sin competencia esto podría detener la violencia.

* En el segundo plano hay dos vertientes; una, que el Cártel de Sinaloa o las “Fuerzas Especiales de Los Dámaso” traten de ganar terreno, “ya que su principal amenaza que los detenía se encuentra tras las rejas”, apuntó un militar. La otra, qué CJNG o CTNG cierren líneas, defiendan o traten de demostrar que la célula criminal no se ha debilitado ante la caída del líder.

“En ambas vertientes, la violencia predispone a seguir presente en el sur, sobre todo, porque mientras haya tranquilidad, todos sabemos que va a ser momentánea en lo que hay nueva cabeza; y en el otro caso, mientras se reorganizan, la otra sería el choque directo entre las células por avanzar o defender, según sea su caso”, expuso un experto en criminología. “Es posible que no tengamos que esperar nada de lo anterior, pues ‘El Babay’ puede quedar libre, la estructura que lo envuelve no solo contempla a policías y mandos, tenemos conocimiento en el mismo trabajo que hay jueces, directores, ministerios públicos estatales y federales, toda la estructura. Solo se necesita voluntad para dejarlo tras las rejas, o bien,  en libertad”, complementó.

ZETA preguntó por una fotografía filtrada por personal de la PGR, si podría incurrir como una falta al debido proceso. El experto afirmó:

“No es una prueba que podría incurrir en el debido proceso, pues la filtración no compromete la investigación, y mucho menos, vulnera sus garantías, todo depende del juez, es quien va a valorar. Sería una pena por todo el trabajo de inteligencia que se realizó, la movilización de los cuerpos federales, y sobre todo, es un blanco importante reconocido por los tres niveles de gobierno”.

Transcurridas 40 horas desde la detención del líder de plaza en Los Cabos, la ola de violencia continuó: En las calles Ignacio Allende y Francisco Villa de la colonia El Zacatal, en San José del Cabo, una mujer de alrededor de 30 años de edad fue privada de la vida por disparos de arma de fuego; entretanto, un hombre de alrededor de 36 años resultó lesionado y llegó por sus propios medios para su atención.

“Acaba de pasar un tiempo, horas, y la violencia ya anunció que quiere continuar, y de ser así, podríamos tener una mayor presencia en las calles, y como el líder de Cabo San Lucas fue tocado, esto pone en riesgo al destino turístico de Los Cabos y de México… y todo porque su alcalde ha sido de oídos sordos y ha dejado crecer (el problema)”, consideró uno de los miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad.

LAS CIFRAS NEGRAS DE ARTURO DE LA ROSA

Desde octubre de 2016, la violencia se asomaba como un mal que iba en crecimiento, pero el alcalde cabeño Arturo de la Rosa Escalante, junto con su director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Ontiveros Molina, han dejado caer la seguridad de sus ciudadanos, cosa que ni los propios encargados de la comunicación social del municipio, Jesús Taylor García y José Manuel Santoyo han logrado ocultar, pues su mayor preocupación ha sido “mejorar” la desgastada imagen de su presidente, quien prefiere hacer campaña, que las cosas bien.



Arturo de la Rosa Escalante, Alcalde de Los Cabos con gran parte de su policía involucrada con delincuentes, les fue ocultada la operación a fin de evitar que filtraran datos del operativo.

Su prioridad, pues,  no son los intereses comunes de los ciudadanos, sino proteger sus aspiraciones, pues siendo el municipio que en los últimos meses ha tenido más defunciones por el crimen organizado -58 en marzo y 39 en el transcurso de  junio-, clara muestra de la incapacidad y corrupción.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia ha crecido de manera exponencial en Los Cabos. En 2014 se tuvo registro de 14 homicidios dolosos; para 2015, todavía bajo la administración del ex alcalde de extracción perredista, Antonio Agúndez Montaño, la cifra se elevó a 33, sin embargo, los últimos tres meses fueron del panista Arturo de la Rosa.

En 2016 los números le desfavorecieron,  pues la violencia subió un 50% con relación al año anterior, con 49 personas privadas de la vida. Y en los primeros cinco meses de 2017, De la Rosa Escalante tiene  los peores números en cuanto a homicidios dolosos: 114 personas ejecutadas, es decir, el aumento fue del 114% respecto a 2016; 350%  respecto a 2015 y más dl 800% con relación a 2014.

Durante la actual administración la seguridad ha sido descompuesta, maximizándose en números. Al cierre de esta edición, desde que inició la violencia en el Estado, se contabilizan 210 personas sin vida, según el Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad, aunado a que “está en riesgo latente el turismo de Los Cabos, por más que se trate de ocultar, apenas hace semanas dejaron dos cabezas a 200 metros de la Zona Dorada de Cabo San Lucas. Qué esperamos, ¿que haya una balacera en plena zona de centros nocturnos y haya muertes que lamentar, turistas afectados? Creo que es necesario que hagan algo y dejen de hacerse los que no ven el problema”, sentenció un agente municipal de Los Cabos, cansado, al igual que sus compañeros, de la corrupción que impera en la corporación.

Cifras obtenidas por ZETA dan cuenta que de enero a mayo de 2017, la cifra en homicidios dolosos ha incrementado considerablemente: 219 personas perdieron la vida de manera violenta, además, en lo que va de junio se tienen contabilizados 38 cuerpos, para un total de 257 ejecutados hasta el martes 20 de junio.

Ante estos números, “urge limpiar las corporaciones o esto se va a descontrolar, ya se comprobó que la participación de las fuerzas federales es una solución, pero si la Federación los detiene y el Estado los libera, y hay corporaciones corruptas como la Municipal en Cabo, esto se va a ir directo al pozo”, concluyó a manera de advertencia un elemento de la Marina.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa / Investigaciones Zeta/ Martes, 27 Junio, 2017 12:00 PM)

BCS: 37 EJECUTADOS EN JUNIO


Foto: Cortesía.- Joven motociclista de 18 años de edad, ejecutado en plena luz del día en el Zacatal, para los ciudadanos ya es normal.

A los 18 cuerpos encontrados en una fosa clandestina la semana pasada, se suman otros 18 homicidios, lo que podría convertirse en el mes más violento en la historia de la entidad. “La limpia también viene hasta la parte turística de Los Cabos, que es Cabo San Lucas. Y eso ya preocupa”, dijo una fuente policial a ZETA

“Se está poniendo canija la cosa, pensaban que todo iba a tranquilizarse o al menos bajar desde la detención, pero parece que le echaron más leña al fuego”, dio a conocer un agente del Mando Mixto de La Paz, tras la ola violenta de los últimos días.

Con 37 muertos en los primeros 13 días de junio, todo apunta a que, si no hay respuesta de las autoridades, este mes termine siendo el más violento en la historia de Baja California Sur.

Mientras tanto, los detenidos son: Juan Antonio “N”, de 24 años de edad, originario de La Paz; Sergio “N”, de 21, de San José del Cabo; José de Jesús “N”, de 36,  proveniente de Sinaloa; Jonathan “N”, de 24, de San José del Cabo; Santos “N”, de 21, natural de la Capital; Nicolás Alberto “N”, de 27, originario de Sonora; Jesús Roberto “N”, de 20, del Estado de Sinaloa; Rubén “N” y Rubén Eduardo “N”, ambos de origen desconocido.

Desde la captura de miembros de “Los Dámaso”, asegurados por Fuerzas Federales, las instituciones de seguridad sintieron un “fuerte respiro ante la ola de violencia, tanto así que las mismas cabezas” del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública “cantaron con bombo y platillo la captura de los nueve presuntos delincuentes”, afirmó el agente del Mando Mixto.

Sin embargo, “mientras permanecía la noticia de la detención en los medios, las corporaciones de seguridad fueron menos vistas, es decir, bajaron la intensidad de los recorridos”.



Agentes de seguridad inmiscuidos en la lucha de los Carteles de la Droga trae consecuencias como el que contrarios ataquen a las corporaciones.

Según un miembro del Grupo de Coordinación, los blancos específicos “señalados en las carpetas de investigación, compañeros o amigos de los detenidos, daban referencia de que algo se tenía que hacer”, pero las investigaciones al parecer se “congelaron y digamos, cantamos victoria antes de tiempo”, reconoció el agente del selecto grupo.

En las carpetas de investigación se encontraban nombres y apellidos de supuestas víctimas o miembros de la organización delictiva, o blancos específicos en “zonas de vulnerables y de conflicto”, sin embargo, la falta de atención llevó a una víctima más del crimen organizado.

La noche del lunes 12 de junio, en la colonia Los Olivos de La Paz, fue privado de la vida Benito Guadalupe, de 24 años, originario de la Capital y hermano de Santos “N”, detenido en el fraccionamiento Las Islas en La Paz; según las investigaciones y el expediente, este joven podría haberse “encargado de la logística en La Paz para llevar a cabo los crímenes en la Capital, además de ubicar y poner narcomenudistas contrarios”, reveló un agente de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Según la versión oficial, el joven contaba con antecedentes penales por robo de vehículo, principal motivo que lleva a los agentes a pensar que “pudieran ser dos motivos por los cuales haya sido incriminado y ejecutado”, agregó el servidor público de la PGJE.

Por ello hay dos líneas de investigación:

* “El Benny” podría estar implicado en el suministro de vehículos. Esto pudo llevar a contrarios a buscar la amenaza y todo aquel que apoye en el suministro y apoyo a sus contrincantes”, señala el investigador.

* Pudo ser eliminado por la misma estructura criminal, “pues a raíz de la captura de Santos o ‘El Santín’, muchas ubicaciones de casas de seguridad (tres según la Marina; Ocho de Octubre, Santa Fe y Camino Real) fueron reveladas, así como miembros de la organización criminal y parte de las fosas; podría ser parte de la presión para callarlo, pero también hay otros dentro del penal”, aseguró la fuente de investigación de la PGJE.

Gran parte de lo ocurrido en los últimos 15 días deriva de “una lucha de poder, uno (Los Dámaso), demostrando que pese al golpe duro tiene fuerza y el valor para seguir adelante con la estructura; el otro (Los Chapitos o Cártel de Sinaloa) en busca de aplastar al contrincante; pero el que sorprende es ‘La Barredora’ (CJNG o CTNG), se les ha visto atacando y saliendo del mapa con la complicidad de las corporaciones”, explicó el miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública del Estado.

La mayor potencia se ha concentrado en San José del Cabo, donde un hombre fue ultimado a balazos frente a una menor de 5 años de edad que lo acompañaba en un vehículo Nissan Sentra color gris, localizado en las calles 16 de Septiembre y Severo Garduño de la colonia Santa Rosa.

“Hay versiones de que se han reforzado y empezado a movilizarse más al descubierto y con la complicidad de cuerpos policíacos”, refiriéndose a miembros de “La Barredora”, que hasta cierto punto, se habían mantenido en la oscuridad y sin ser vistos o exhibidos, pero “la limpia también viene hasta la parte turística de Los Cabos, que es Cabo San Lucas. Y eso ya preocupa, tanto así que es la zona más protegida, pese a que la violencia se ha desatado principalmente en la zona de San José”, lamentó la fuente policial.

Pero lo lamentable, ya se acercaron y están amenazando con secuestrar uno de los destinos más importantes de México.

TURISMO EN RIESGO

“Están generando una situación muy complicada, violencia genera violencia de ambos lados, con esto se está incrementando el número de eventos”, comentó un catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ante la ola de ejecuciones que se han presentado.

Tras los hechos violentos que ahora amenazan con adentrarse en la zona turística de Cabo San Lucas, uno de los dos destinos más importantes del país y que enfrenta una severa crisis de seguridad pública, ha llamado la atención de expertos en la materia y empresarios.

Incluso, recientemente empresarios de Los Cabos se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para hacer hincapié en los hechos violentos que ponen en riesgo la imagen de uno de los destinos más importantes del país.

La petición fue hecha gracias a que llegaron más de mil 500 elementos federales, entre Policía Federal División Gendarmería; efectivos de la Secretaría de Marina; Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, “parecen de adorno, no conocen bien la ciudad o a qué jugamos, ni nosotros que estamos en la zona y la conocemos hemos podido detenerlos, ahora ellos ante los golpes que le han dado, y ahora con el hallazgo más afecta”, dijo el policía adscrito al Mando Mixto en Los Cabos.



Al evento que se refiere la fuente, es al hallazgo en las calles del centro de Cabo San Lucas, según fuerzas de inteligencia, “en las calles de Zaragoza y 16 de Septiembre había una hielera de color blanco y un par de cartulinas con mensajes. ‘Me tomas paya o quedas como camarón… ya regreso tu mera verga putos chapulines’”, refiere el mensaje, lo cual denota que la violencia apenas inicia, pues cuando se creía que podría disminuir, repunta de nuevo y con miras a incrementarse.

La hielera con restos humanos fue denunciada a primera hora de la madrugada del domingo 11 de junio, apareció a solo 150 metros de la Zona Dorada de Cabo San Lucas, a 70 metros de la zona de restaurantes y solo a tres minutos de centros nocturnos, donde miles de ciudadanos locales, nacionales y extranjeros se dirigen a divertirse. Así de cerca se encuentra el turismo de ser tocado por la delincuencia organizada.

Una prueba contundente son los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da a conocer los datos de “homicidios dolosos” de los años 2014, 2015 y 2016; en una comparativa del mes de junio, se puede establecer que en 2014 ese mes registró dos personas sin vida; en 2015 fallecieron siete; mientras que en 2016 la cifra se incrementó a 20. Sin embargo, a 14 días del mes de junio de 2017, cierre de edición de ZETA, se tenía la cifra de 37 personas ejecutadas al estilo del crimen organizado, apenas a mitad de mes.

“En qué se ha convertido nuestro destino…  las policías también están bien metidas, por qué no empiezan por ahí… pobre gente inocente que ha perdido la vida, también los que están metidos, pero ya están en su santa gloria, pronta resignación a sus familias. Tanto que decíamos que en La Paz estaba la mera mata, y ahora ya no hallamos dónde meter la cabeza para escondernos. Nomás escuchamos un tronido y corremos, pensando que son balazos”, son algunas de las opiniones recolectadas de ciudadanos que han visto como el destino cambió desde octubre de 2016  a la fecha.

“Debemos entregarle la operación de la lucha, el combate y persecución de los delitos a profesionales de la materia, entender que ya no puede ser un interés político que determine quién va a estar al frente de las corporaciones, mientras no tengamos profesionales de la seguridad pública encargados de la seguridad pública, esto va a seguir siendo un campo excelente de cultivo para las operaciones de la delincuencia organizada”, expuso un criminólogo consultado por ZETA.

Gran parte de lo que ocurre en Los Cabos deriva de la podredumbre en que se encuentran las corporaciones, solo “en Cabo San Lucas dejan operar a los grupos de la droga con toda tranquilidad. Corporaciones de seguridad trabajan al servicio de los malos y la población solo calla”, aclara el especialista.

IMPOTENCIA DE POLICÍAS

De acuerdo al maestro en Derecho Javier Agustín Valencia López, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “el uso de la fuerza en una corporación de seguridad pública es el último recursos que debe utilizar”, pero en ciertos actos ha quedado mucho a deber.

Pues en gran medida, abusando de las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado y en el país entero, los uniformados abusan de eso, de su uniforme para infringir temor y realizar procedimientos fuera de norma, lo que termina siendo una violación de los derechos humanos de la población, pero ellos no son del todo responsables; esto tiene un trasfondo o un factor que lo ha originado y que se ha dejado crecer.

“El propio Estado mexicano ha incurrido en una negligencia, por ejemplo no se ha calificado el tipo de violencia que estamos enfrentando, si estalla una situación de violencia en el Estado, lo primero es determinar el desafío que estamos enfrentando si es una crisis de seguridad pública o de plano es conflicto armado (una guerra interna). Según el gobierno mexicano califica a la violencia provocada por la delincuencia organizada en una crisis de seguridad pública, no se califica de conflicto armado; como es una crisis de seguridad pública, las instituciones deben intervenir las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas entran en coadyuvancia”, así lo ha justificado  el representante de la CNDH.

En la mayoría de las ocasiones, la impotencia e inoperancia de los cuerpos de seguridad, el ser incapaces de detener a sicarios o miembros de la delincuencia organizada, lleva a los elementos a abusar de la ciudadanía, realizando operativos disfrazados para buscar armas o drogas y terminan siendo abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, lo cual deja como resultado lesiones en ciudadanos que nada tienen que ver con algún delito.

Claro ejemplo tuvo lugar el 10 de junio en la calle Petronilo Flores de la colonia Indeco en La Paz, donde Roberto Morales, de 19 años de edad, caminaba a escasos metros de su casa cuando fue abordado por elementos del Mando Mixto, quienes le advirtieron -a las 10:40 am- sería revisado de manera rutinaria. Roberto cuestionó a los agentes, pues no había reporte alguno, se molestaron y, según el denunciante, provocó que tres elementos de seguridad emplearan técnicas para someterlo.


“Sin algún reporte, sin alguna denuncia en papel o ellos no tenían en sí mi nombre, no me estaban buscando a mí y aun así me estaban subiendo, entonces lo que hago es tirar mis objetos y evidenciarlos a mis vecinos que yo no tenía ninguna sustancia ilícita o algo así que justifique que me tengan que subir, expongo que yo conozco mis derechos, ellos me dicen que quizá no conozca mis obligaciones, entonces yo les digo que conozco mis derechos y las reglas de convivencia en una calle y me dicen que me calle”, declaró.

El joven fue sometido como ladrón por tres policías estatales, dejándole marcas en cuello y manos. Por los gritos, una vecina salió a cuestionar a los elementos, asimismo, el padre de Roberto tuvo que  intervenir por el supuesto operativo de inspección.

“Me someten entre tres personas, una vecina se interpone, pero ellos le comentan que es una revisión de rutina, que es un procedimiento normal, que tome calma, que lo que está sucediendo es por mi culpa”, comentó.

El expediente LPZ/4588/2017 quedó establecido ante la PGJE, bajo el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, el cual fue firmado por la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, de nombre Lizeth Adilene Pérez Espinoza.

“Tengo que ir con mi asesor jurídico que me otorga la Ley, también voy a interponer una queja en Derechos Humanos. Más que nada es exhortar que este tipo de eventos no son aislados, que esto sigue sucediendo en la ciudad, ha sucedido por mucho tiempo, quizá la ciudadanía tiene mucho miedo en denunciar este tipo de cosas por represalias que pueden surgir”, agregó Roberto, quien decidió hacer público su caso.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  reveló que en el año en curso ha habido cinco quejas por uso desmedido de la fuerza y abuso de autoridad, “hemos recepcionado de principio de año para acá, cinco quejas aquí en La Paz, que tienen que ver con alguna acción similar a la que estamos hablando ahorita, en contra de algunos elementos por alguna detención como lo decíamos, que le llaman detención de rutina”, refirió Silvestre de la Toba Camacho, titular de la CEDH.

En su Artículo 18, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Ningún mexicano puede ser privado de su libertad sin una orden de una autoridad competente”, Es decir, ningún policía puede realizar una revisión o inspección sin una orden emitida por alguna autoridad federal o estatal.

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud del mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive las causas legales del procedimiento; nadie puede ser molestado bajo ninguna circunstancia, solamente que haya una orden judicial, una orden o de una autoridad competente para hacerlo”, cerró De la Toba Camacho.

FALTA DE COORDINACIÓN FOMENTA IMPUNIDAD

“Tenemos una enorme complicación en cuanto a la falta de coordinación de los diferentes grupos de seguridad pública, la presencia de las Fuerzas Armadas ha venido a imponer una obligación que no tienen por la naturaleza de sus funciones y han salido al rescate. Vemos en todos los operativos que se ha logrado una detención o destrucción de probables células de alguna institución u organización delictiva, han sido resultado de la inteligencia de la Naval y el operativo táctico de esa Fuerza Armada”, declaró el criminólogo entrevistado por este Semanario.

A raíz de la incompetencia que han demostrado las corporaciones policiales del Estado y los municipios, el orden federal han sido enviado desde la Ciudad de México y sacado a las fuerzas militares de los cuarteles en Baja California Sur para trabajar en una instrucción desde Los Pinos, contener la violencia y regresar la tranquilidad a los sudcalifornianos, sobre todo a paceños y cabeños.

Pero la encomienda ha sido desacatada, hay 37 cuerpos que lo demuestran en los últimos 14 días, casi tres muertos por día; récord para la entidad en su historia, pues el mes de marzo registró más muertos -75-. El promedio entre los 31 días es de 2.4 personas ejecutadas por día; 37 personas fallecidas entre 14 días, el total da como resultado 2.6 por día.


La gran incógnita siempre ha sido el trabajo del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, donde los miembros y cabezas de las principales instituciones encargadas de la seguridad del Estado hacen acto de presencia, sin embargo, en la operatividad la realidad es otra.

“No hay una coordinación en cuanto a la información, si tú vas con Inteligencia Militar, ves el mapa de criminalidad bastante delimitado, entras a la oficina del Estado Mayor de la Zona Naval, vas a ver el mapa perfectamente delimitado dónde están los vendedores de droga, que vende, los flujos de tráfico delimitados en la pared. Ambas corporaciones tienen un magnífico plano delictivo del Estado”, comentó el experto en criminología, resaltando que a diferencia de las Fuerzas Armadas, “eso no lo encuentras en ninguna corporación policiaca, todos tienen la información fragmentada y no hay una coordinación, más bien es una simulación; hacemos como que trabajamos, pero realmente no trabajamos”.

Cada vez es más común, sobre todo en aseguramientos grandes de droga, detenidos u operativos sorpresa, “uno de ellos fue el operativo por los aires, nadie supo nada, solo la Marina estuvo enterada, reventaron tres casas de seguridad  y eso solo salió de los nueve detenidos del fraccionamiento Las Islas”, destacó un agente de Investigación de la PGJE.

Pese a la movilización de las fuerzas de seguridad federal, Gendarmería, Marina y Sedena,  hay un fuerte costo para el país y está siendo pagado por los ciudadanos, y a la fecha los resultados son los mismos: detenciones y sicarios muertos, pero los grupos criminales regresan con mayor fuerza.

“Un diputado federal comentaba que desde la llegada de las Fuerzas Armadas al Estado de Baja California Sur, son más de mil millones de pesos en alimento de tropas, traslados, gasolina, lo que se ha gastado para tratar de rescatar a la entidad, y la verdad es que no se ve el resultado; se gasta mucho en gasolina en patrullajes, en gran parte de los casos estériles, que un par de buenos halcones, hace inoperante cualquier despliegue de disuasión de vehículos, muy pesados, con mucho personal  con alto costo operativo”, indicó un especialista en delincuencia organizada.

Lo lamentable es que instituciones de los tres niveles de gobierno “reciben su mochada para operar con Cártel Jalisco, quizá de otras células, eso es lo que nos tiene jodidos y en riesgo de crecer la violencia por el nivel de infiltración de las corporaciones”, y la cero operación para erradicar a los grupos criminales”.

MIEDO ENTRE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

“Mucha inseguridad, o al menos se siente un ambiente hostil, tanto, que se respira”, dio a conocer uno de los miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, pues tras la muerte de Carlos Paul Hernández Cota, subdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, en Los Cabos, la sensación de inseguridad la vive en carne propia el propio personal administrativo y operativo del centro penitenciario de mediana seguridad.

Según el parte oficial, pasadas las 6:30 pm del lunes 5 de junio, un hombre fue herido a balazos en las calles de Costa Dorada entre Playa Altata y Avándaro de la colonia Costa Dorada en SJC. Desde esa fecha negra para los servidores públicos, una renuncia masiva encabezada desde altos mandos y medios del penal provocó incertidumbre, pues “la delincuencia estaba ganando terreno, logrando su cometido, que desertara el personal y dejar libre el camino”, pues gran parte de los que se encuentran en las líneas de investigación, tienen que ver con la venta y distribución de estupefacientes al interior del Cereso, afirmó uno de los agentes del Mando Mixto en activo en San José del Cabo.

En las declaraciones realizadas por el personal administrativo, técnico y operativo, el personal dijo trabajar “bajo protesta desde el lunes, no tenemos las condiciones laborales adecuadas y mucho menos gozamos de buenas prestaciones, mucho menos un salario digno. Además, falta personal para laborar adecuadamente”.

En las rejas del penal colocaron mantas donde hicieron evidentes sus inconformidades, incluso fueron atendidos por el subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez, quien escuchó las inquietudes, las cuales no son nuevas, pero sí sentidas.

“Estamos trabajando para tomar acuerdos y establecer mecanismos que permitan seguir garantizando el correcto funcionamiento al interior del Cereso de San José del Cabo, así como el bienestar de los servidores públicos”, expuso Sigala.

Según las líneas de investigación dadas a conocer a ZETA, el problema se concentra principalmente al interior del penal, pues la “inestabilidad que se muestra fuera, también repercute dentro”, ya que los grupos de internos que controlan la venta y distribución de estupefacientes, buscaron atacar a quien favorece a grupos rivales en la distribución, o bien, venganza por intentar abandonar a uno de los grupos con que se movía y actuar en contra de esa banda delincuencial.

De acuerdo al segundo punto, Hernández Cota “intentó salirse y dejar de recibir su parte como sin nada, y les cortó agua y luz a ese grupo con que trabajó”, lo que ocasionó el enfado de los internos, evidenciando un grave problema de corrupción al interior del penal, incluso desde julio de 2014, en que fue dado de alta, ya eran sabidas las “trácalas” que se hacían dentro, pues en ese entonces se desató un motín por la repartición del terreno donde fluyen las drogas, situación que disfrazada por el gobierno en turno como una “manifestación por los alimentos”.

Personal operativo y mandos fueron evaluados a nivel nacional mediante Exámenes de Control y Confianza, donde se determinó que de los policías evaluados, el 87% aprobó; mientras que el 10% reprobó y el 2% quedó pendiente de resultado.

Pero Baja California Sur se fue por debajo de la media nacional, solo el 60%  aprobó y el 38% salió reprobado -resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 30 de abril de 2017-.

En lo particular, de una plantilla de 350 elementos de Seguridad Pública del Estado, el 75% aprobó su evaluación, mientras que el 24% lo reprobó; de Prevención y Reinserción Social, aproximadamente 370 fueron evaluados, el 59% pasó y el 40% no es apto para seguir en la institución; de la PGJE, de poco más de 500 agentes calificados, 57% pasó y el 40% reprobó; y por último, en las corporaciones municipales, más de mil 900 agentes fueron evaluados y solo aprobó el 58%.

Es decir, alrededor de 84  agentes estatales, 148 de centros penitenciarios, 200 de la PGJE y 800 municipales, siguen en las calles atendiendo la seguridad de los ciudadanos, quienes denuncian la inseguridad que se vive, pero lo peor es que son víctimas de la corrupción e impunidad implícitas en los casos que se presentan.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INVESTIGACIONES ZETA/MARTES, 20 JUNIO, 2017 12:00 PM)

MÉDICO QUE DENUNCIÓ OPERACIÓN IRREGULAR DEL ISSSTECALI EN ROSARITO, LO TRANSFIEREN A TIJUANA


Por denunciar durante más de un año la falta de medicamentos, la escasez de personal y el mal estado de las instalaciones y equipo de la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y los Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), en Playas de Rosarito, el Dr. José Luis Gómez Quezada fue transferido por la institución a Urgencias en la Clínica El Mirador, en Tijuana. Sostuvo el medico en conferencia de prensa.

Señaló que si bien, nunca se le hizo caso a sus quejas, probablemente fue su denuncia de otorgación de plazas sindicales, de manera indebida, la que provocó que se tomara la decisión de transferirlo a otro municipio, situación de la cual informó en el reportaje “Personal de ISSSTECALI en Rosarito señala irregularidades” (ZETA 2202, 10 al 16 de junio de 2016).

La transferencia de Gómez, hace seis semanas, detonó en la creación del Comité Ciudadano, mismo que reúne a trabajadores del sector salud, en sus diferentes instituciones, así como a derechohabientes en Playas de Rosarito, para pugnar por mejores condiciones para las clínicas públicas del municipio, al que las autoridades estatales siguen considerando como una delegación de Tijuana.

“En el pleito legal, uno se siente solo con poco respaldo sindical; por la vía legal atropellan todos tus derechos y quieren que todo lo hagas por la vía legal, entonces tienes que formar un frente ciudadano para hacer presión social y revertir las cosas”, declaró.

“Tenía ya más o menos un año y medio señalando las irregularidades que se presentan aquí en ISSSTECALI Rosarito y no había eco, no nos hacían caso, en grado de que, en vez de mejorar las cosas, optan por moverme, esa es la manera más absurda de componer las cosas. Me mueven a Urgencias Mirador, están acostumbrados a resolver las cosas de esa manera, en vez de corregir lo que uno señala”, agregó.

De las acciones legales emprendidas por esta transferencia, dijo que presentó la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como ante el Sindicato de Burócratas, donde realizó una declaración de hechos, que ya debe estar en manos del Departamento Jurídico de ISSSTECALI.

Por su parte, ISSSTECALI respondió a ZETA que la transferencia de Gómez no se trata de un correctivo, sino que se ejecutó por las necesidades de servicio que tenía la Clínica El Mirador. Se afirmó que esta situación no violentó ningún derecho laboral del médico al establecerse estas transferencias en el Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente.


(SEMANARIO ZETA/ Ezenario  /Héctor Ortiz Ramírez /Lunes, 26 Junio, 2017 12:00 PM)