En el ejido El Desengaño, en
el estado de Campeche, se produce una crisis humanitaria con el desplazamiento
de cientos de guatemaltecos expulsados de su país. Una tragedia que afecta
principalmente a bebés y menores
El campamento no tiene ningún tipo de
servicios, ni siquiera agua potable. Para beber tienen que recurrir al agua
encharcada de uno de los brazos de la Laguna Larga
Las mujeres colectan el agua de lluvia que
se escurre por los plásticos que sirven de techo de las casas; la almacenan en
garrafones y de allí la suministran para el uso diario. No tienen jabón ni
detergente para el aseo personal y doméstico
Nadie quiere la nacionalidad mexicana.
Todos quieren regresar a la tierra de la que fueron despojados. Allí se quedó
toda su vida y quieren volver para retomarla
Los refugiados han emplazado al gobierno
de su país en un litigio. Interpusieron un amparo para revertir la orden de
desalojo. Sueñan con ganar y poder regresar a sus tierras
“Las tierras que nos quitaron las
quieren entregar a empresas de desarrollos turísticos que se han interesado en
la belleza de nuestras tierras”
Constantino Vásquez
Patriarca de los desplazados
En medio de una crisis
humanitaria se encuentran 416 guatemaltecos que fueron desplazados por las
fuerzas federales de ese país, situación que se agrava, pues más de la mitad de
esos, 213, son niños y adolescentes que intentan matar el tiempo en suelo
mexicano caminando de un lado a otro sobre la enlodada calle, no hay ningún
asomo de felicidad.
Luego de la persecución,
estos refugiados decidieron asentarse justo en la línea fronteriza que divide a
las dos naciones, justo en el ejido El Desengaño, en el municipio de
Candelaria, en Campeche.
Los guatemaltecos encaran
hambre, sed, enfermedades y abandono, en una espiral que amenaza con cobrar
vidas.
En el campamento de
desplazados, que apunta a un conflicto entre el gobierno mexicano y el de
Guatemala, hay desesperanza. En los rostros de las 35 mujeres jóvenes -12 de
ellas embarazadas- no hay consuelo.
Ni el llanto de los 10 recién
nacidos que se escucha desde el interior de algunas improvisadas casas los saca
del marasmo en el que se encuentran.
El tiempo pasa lento para los
niños del campamento. No tienen una pelota para jugar. A veces un perro o una
gallina es el juguete con el que algunos -a fuerza de aburrimiento- intentan
romper la monotonía. Otros prefieren ayudar en las labores de la cocina como
primer escape a la realidad en la que se encuentran. Un viejo televisor que se
alimenta de una batería de auto repite incansable una película de Bruce Lee, de
la que todos ya se saben los diálogos.
Los niños palian el hambre
masticando algunas hojas de tejocotes silvestres que mezclan con sal. No es
suficiente la comida. Mucho menos las raquíticas despensas que entrega cada dos
semanas el gobierno de Guatemala a los niños. Son pequeñas cajas que contienen
dos jugos, algunas golosinas y dos paquetes de frituras que son devoradas
apenas una misión de funcionarios de Guatemala se las entregan en suelo
mexicano.
Nadie va a la escuela.
Algunos niños intentan seguir estudiando y sacan un viejo cuaderno para releer
la última lección que recibieron en la escuela de La Laguna Larga, antes del
desalojo. Algunos padres de familia, también buscando algo de distracción en el
día, se improvisan como maestros. Las lecciones duran poco, sólo mientras no
cae la lluvia o mientras el olor a frijoles inunda el ambiente. Los niños se
arremolinan en los fogones que ofrecen algo para llevarse a la boca.
“No queremos esto para nuestros
hijos”, dice con algo de tristeza Jorge Rubén Mejía Gómez, otro de los líderes
de la comunidad que ha convertido su televisor en el centro de distracción de
todos los niños del campamento. Dice que se le parte el alma cuando lo niños
piden ver caricaturas. El televisor no tiene antena y no sintoniza ningún canal
aéreo. No tiene más opción que repetir infinitamente la misma película de Bruce
Lee, ídolo de todos los niños.
CON SENTENCIA DE MUERTE
Desde 1982, cuando el
gobierno de Guatemala implementó su política de “Tierra Arrasada”, que dejó más
de 600 mil muertes, principalmente de indígenas que fueron perseguidos por el
ejército de ese país, no se había visto un desplazamiento poblacional de la
magnitud del que ahora se registra en el ejido El Desengaño, en el municipio de
Candelaria, en el estado de Campeche.
Los guatemaltecos que
llegaron en grupo para ocupar una franja de suelo mexicano, arribaron para
salvar sus vidas luego que el gobierno federal de Guatemala decidió que las
tierras que ancestralmente venían ocupando integrantes de al menos cuatro
etnias indígenas son “reserva ecológica” y sus viviendas fueron calcinadas.
La decisión del desalojo
recayó en un juez del departamento de Peten, que atendió la demanda del Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (Conap) del gobierno federal de Guatemala, que
reclamó para sí el suelo ocupado por más de 700 indígenas de las etnias itzae,
couohe, achi y chouj, que ocupan la zona desde hace siglos.
En base a esa decisión
judicial, el gobierno federal de Guatemala movilizó mil 500 efectivos de la
Policía Nacional y mil 500 elementos del ejército que incursionaron en la zona
de La Laguna Larga, destruyendo las viviendas de toda la comunidad asentada, y
obligando a los vecinos al desplazamiento forzado.
“No nos dejaron otra opción
que buscar refugio en la zona fronteriza del lado de México; fue la única
alternativa que tuvimos para salvar la vida, y buscar la forma de establecer el
diálogo con el gobierno de Guatemala, con la esperanza de que nos devuelvan
nuestras tierras”, dice Américo Chacón, uno de los líderes de la comunidad
desplazada.
Con lo que pudieron tomar con
sus manos, un total de 106 familias de indígenas decidieron salir manera
urgente de la zona, cruzando sólo unos metros de la línea fronteriza, para
asentarse en suelo mexicano, en donde de inmediato solicitaron el apoyo del
Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados (ACNUR) y del
propio gobierno de México.
Ante esta petición, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados envió a su representante
en México, Paola Bolognesi, quien se reunió con los indígenas desplazados y
escuchó los argumentos de movilización, estableciendo la intervención de ese
organismo internacional, a fin de encontrar una pronta solución al conflicto.
A la fecha ni los desplazados
saben cuál es la ruta sobre la que está trabajando la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados, pero tienen confianza
en que la intervención de la ONU en este conflicto pueda dar una pronta
solución a la situación que viven, que se considera “inhumana”, según señala el
patriarca de los desplazados, Constantino Vásquez.
“Esto (las condiciones de
vida que están padeciendo) es totalmente inhumano. Esto no es vida. Estamos
abandonados a nuestra suerte. No hay comida, no tenemos agua, la gente, más del
90 por ciento, se encuentra enferma; casi todos tenemos calentura y no sabemos
cuándo podemos dejar el campamento”, explica a Reporte Indigo Constantino
Vásquez.
VIDA EN EL CAMPAMENTO
En el refugio de desplazados
viven 416 guatemaltecos, algunos de ellos son:
>> 35 Mujeres jóvenes
>> 12 De las mujeres están
embarazadas
>> 213 Niños y adolescentes
>> 10 Recién nacidos
>> 106 Familias
CAMPAMENTO PEOR QUE EN ÁFRICA
Ellos dicen que están en
suelo mexicano, pero las 93 casas improvisada que han construido los
desplazados guatemaltecos, con plásticos, cartón, madera, zacate y palmeras, en
realidad se encuentran ubicadas sobre la línea imaginaria de la frontera
México-Guatemala, establecida por la Comisión Internacional de Aguas y Límites
Territoriales.
Una parte del campamento de
refugiados pisa suelo mexicano, mientras que la otra mitad se encuentra dentro
del suelo guatemalteco. Aun así, todos los desplazados se sienten a salvo de la
persecución que argumentan de su gobierno, del que aseguran los quiere
“eliminar”.
“Aquí, en este campamento que
está peor que los de África, estamos al amparo de las leyes mexicanas y en algo
nos sentimos seguros”, dijo Martin Guillén, otro de los desplazados que huyó
con su mujer del asedio del ejército de su país.
Él construyó su vivienda en
una superficie de nueve metros cuadrados, en donde improvisó, con unos troncos
y un plástico negro, su cocina y su dormitorio.
“No es la gran cosa”,
explica, “pero es lo único que podemos hacer para poder sobrevivir; es lo que
tenemos a nuestro alcance y con esto nos basta mientras llega la ayuda
internacional: queremos que alguien nos atienda en nuestro reclamo para poder
regresar a nuestras tierras, en donde se ha quedad gran parte de nuestras
vidas”.
El campamento no tiene ningún
tipo de servicios. No hay siquiera agua potable. Para beber, cuando se consume
el agua embotellada que les hace llegar la Cruz Roja, el Gobierno del Estado de
Campeche y el Grupo Beta de la Secretaría de Gobernación de México, tienen que
recurrir al agua encharcada de uno de los brazos de la Laguna Larga que se
extiende a 200 metros de la línea fronteriza.
Si hay algo de suerte, las
mujeres, afanosamente, colectan el agua de lluvia que se escurre por los
plásticos que sirve de techo de las casas; la almacenan en garrafones y de allí
la suministran para el uso diario. No tienen jabón ni detergente para el aseo
personal y doméstico. Muchos salen a bañarse con la lluvia, que ven como una
bendición, aunque empantane todo el campamento.
HACINADOS Y ENFERMOS
Aun cuando la mayoría de los
jefes de las familias que se asientan inhumanamente en la línea fronteriza con
Guatemala aseguran que reciben “un gran apoyo del gobierno mexicano”, éste no
resulta en la proporción observada por los desplazados: sólo una vez por semana
se les hace entrega de despensas alimenticias. No hay suministro eficiente de
agua, y los medicamentos comienzan a escasear.
El brote de enfermedades
pulmonares es evidente: casi todos están enfermos de las vías respiratorias.
Tres de cada cinco de los desplazados han comenzado a tener problemas de la
piel, principalmente micosis a causa de la humedad y la falta de higiene. La
mayoría de los niños padecen diarreas y se han registrado algunos casos graves
de disenterías.
El campamento cuenta con una
improvisada farmacia que es suministrada por la organización internacional
Médicos Sin Frontera, que altruistamente ha asumido el aspecto sanitario de la
población, ante la omisión del Estado mexicano en ese reclamo de los desplazados,
muchos de los cuales han tenido que asumir la salud de sus pacientes por cuenta
propia, mandando a sus enfermos de regreso a Guatemala.
La farmacia cuenta con un
cuadro básico de medicamentos, explica Elmer Cardona, el encargado de atender
de manera urgente a los enfermos del lugar, quien reconoció que la medicina con
la que cuentan no es suficiente para atender los cuadros de enfermedades que se
presentan en el lugar, en donde los niños son los que más se ven afectados por
las condiciones insalubres que tienen que afrontar todos los días.
De acuerdo a Constantino
Vásquez, casi el 90 por ciento de todos los habitantes del campamento registran
algún cuadro de enfermedad, muchos de los cuales se han agravado en los últimos
días a causa de las intensas lluvias que han azotado la zona.
“Lo que hace que los niños y
las personas de la tercera edad comiencen a padecer tos y resfriados, que no
tardan en cobrar vidas”, dice.
La principal causa que se
estima como responsable del incremento de enfermedades pulmonares entre los
habitantes del campamento, sumado a las pésimas condiciones de vivienda en la
que se encuentran los 416 refugiados, es el hacinamiento.
“Hay familias de hasta 10
personas que tiene que compartir una vivienda de menos de 10 metros cuadrados”,
puntualiza.
‘QUE SEA LA VOLUNTAD DE DIOS’
Nadie de los que habitan el
campamento sabe cuánto tiempo pueda durar su estancia en las condiciones
infrahumanas en las que se encuentran. Desde hace días esperan la respuesta del
gobierno mexicano sobre la petición de intercesión ante el gobierno de
Guatemala, para que se les permita regresar a las tierras de las que fueron
desalojados.
Pero el represente de los
derechos humanos del gobierno guatemalteco, Rokael Cardona, no ha dado una
respuesta clara al reclamo de los desplazados, sólo les ha dicho que la
petición está siendo analizada por el gobierno de su país, que asegura no tiene
forma de permitir el regreso de los desplazados a sus tierras de origen, y ha
hecho la contraoferta de reubicarlos en otras dentro del territorio nacional de
Guatemala.
Nadie de los desplazados
quiere aceptar esa oferta.
“Nuestra vida no puede ser
igual sin nuestras tierras: eran de nuestros abuelos, luego de nuestros padres
y se las queremos dejar a nuestros hijos, por eso no vamos aceptar que nos
reubiquen en otro lugar. No sabemos a dónde nos quieren mandar, pero no lo
vamos aceptar”, dijo Jorge Vásquez, quien vive en su casa de plástico al lado
de sus nueve hijos y su mujer.
“Que sea la voluntad de Dios
en este conflicto, pero no vamos a regresar si no hay garantías de que
volveremos a nuestra tierra”, dice mientras el fogón de su improvisada cocina
vomita una bocanada de humo que lo inunda todo y hace que los ojos le lloren. Llora
de impotencia. Aprieta la mandíbula y advierte: “tampoco queremos quedarnos
aquí: queremos regresar a nuestra vida”.
Ese es el convencimiento
general de los desplazados. Nadie quiere la nacionalidad mexicana. Todos
quieren regresar a la tierra de la que fueron despojados. Allí se quedó toda su
vida y quieren regresar a retomarla. No es por lo material. Es por todo lo que
les significa vivir en la tierra que heredaron de sus ancestros y que quieren
heredarla a sus hijos.
INJUSTICIAS DEL GOBIERNO DE GUATEMALA
Los desplazados no ven más
responsables de su situación que al gobierno de Guatemala. A él lo culpan de la
desgracia que están viviendo. Se saben en medio de dos naciones que no saben
qué hacer con ellos. El de Guatemala no los quiere en las tierras que ocuparon
por siglos, y el de México no se anima a manifestar una postura oficial de
interlocutor para salvar el conflicto.
De una cosa está seguro
Constantino Vásquez: hay intereses ocultos detrás del desplazamiento forzado.
“Estamos frente a una
política de muerte del gobierno de Guatemala”, asegura.
Por eso estima que se ha dado
el desalojo, que no tiene ningún sustento legal, pues esos predios los vienen
ocupando desde hace siglos.
“Desde hace 17 años tenemos
los permisos oficiales de ocupación, por lo que no entendemos las razones del
gobierno de Guatemala para que nos hayan empujado al destierro”.
Por esa razón, los
desplazados han emplazado al gobierno federal de su país en un litigio. Ya
interpusieron un amparo para revertir la orden de desalojo que hoy los mantiene
sin patria a mitad de la línea divisoria de México y Guatemala. Tienen
esperanza de ganarle al gobierno de su país y poder regresar en breve a las
tierras en donde dejaron sus proyectos de vida.
“Si no es así, no sabemos qué
vamos hacer con nuestras vidas; no tenemos nada, porque todo lo que somos está
en nuestra comunidad, en dondehemos dejado nuestras tierras, nuestros sueños y
nuestra identidad como pueblo”, dice.
Sus manos le tiemblan, él
dice que de coraje, pero puede que sea por la fiebre que a sus 72 años de edad
lo agobia luego de estar durmiendo a la intemperie, y a veces bajo la intensa
lluvia que fermenta la plaga de mosquitos que no lo dejan estar en paz.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ Viernes 30 de junio de 2017)
