FOTOS: Luis Carlos Sainz
Aunque las autoridades no revelan
avances de las investigaciones por el homicidio del periodista Javier Valdez,
la línea del narcotráfico es la que prevalece. Periodistas, organizaciones y
políticos continúan la exigencia de aclarar el crimen de Javier y de otros
comunicadores. El investigador de la UNAM, Luis Astorga, lamenta que
periodistas tengan que realizar investigaciones que competen a la policía y al
Ministerio Público. A una semana del plagio del director de TV4 de Michoacán,
Salvador Adame, nada se sabe de su paradero
Pese a las promesas
gubernamentales, y a la solidaridad y presión de los medios de comunicación
nacionales e internacionales para esclarecer el asesinato del escritor y
periodista Javier Valdez Cárdenas, y que cese la violencia contra los
comunicadores, el crimen no solo se encuentra impune, sino que otro periodista:
Salvador Adame Pardo, director del canal 4TV en el municipio de Francisco J.
Múgica, Michoacán, fue plagiado el 18 de mayo en Nueva Italia.
Todavía diez días después del
homicidio de Valdez continuaron las protestas y manifestaciones de sus colegas
y activistas de derechos humanos en diferentes estados del país. Medios como el
diario The Washington Post exigieron al presidente Enrique Peña Nieto más
respuestas y acciones ante los crímenes de periodistas. Mientras que, más de 60
medios nacionales e internacionales, y organizaciones publicaron un desplegado
para denunciar “la ofensiva asesina” contra reporteros.
De las investigaciones poco o
nada trasciende. La Fiscalía Estatal de Sinaloa continúa con las manos metidas
en el asunto; en tanto la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), atrae el caso con las
pesquisas iniciadas por las autoridades locales y las dos líneas de
investigación: el trabajo periodístico del fundador del semanario Ríodoce, y el
absurdo móvil del robo del vehículo de Javier, abandonado muy cerca del lugar
de los hechos.
Periodistas e investigadores
académicos tienen pocas esperanzas de que el asesinato de Valdez Cárdenas sea
resuelto como lo amerita el caso, pese a que autoridades sinaloenses anunciaron
la comisión de al menos 15 agentes del área de Homicidios para seguir las
pistas de los criminales y se anunciaron medidas para proteger a los compañeros
del periodista caído en el semanario Ríodoce.
DEMANDA DE JUSTICIA
El Gobierno Federal anunció
seis días después de la tragedia, entre otras medidas, que acordó con los
gobiernos estatales la creación de centros de atención a periodistas antes que
termine el mes de junio. Para ello, el subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación, Roberto Campa, encabezó una reunión a la que acudieron
representantes de 17 de las entidades donde existen mayores amenazas contra los
comunicadores. Otros acuerdos fueron compartir un catálogo de lo que debe
contener el atlas de riesgo a periodistas. Los asistentes fueron exhortados a
luchar contra la impunidad para esclarecer los casos de agresiones.
La medida no fue lo vitoreada
que pretendía la autoridad y por el contrario, en medio de un clima de
incredulidad, The Washington Post refirió en su editorial, que el homicidio del
periodista Javier Valdez, “es la confirmación de la peligrosidad en la que
viven los reporteros en el país, especialmente aquellos que trabajan en
temáticas de narcotráfico”. Las manifestaciones de comunicadores afuera de las
oficinas de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la
República fueron muy nutridas.
En Argentina, organizaciones
civiles y periodistas protestaron ante el clima de violencia que viven los
comunicadores en México y frente a la Cancillería de aquel país, exigieron a
sus autoridades pronunciarse contra el gobierno mexicano, para que se
establezcan mecanismos y acciones reales contra este flagelo. Reporteros
europeos y los corresponsales extranjeros en México también expresaron su
descontento y exigencia a las autoridades nacionales.
En el ámbito político también
hubo reacciones y en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se convocó
al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, a una reunión de trabajo con
diputados y senadores para abordar los casos de agresiones contra periodistas.
El coordinador de los
diputados del PAN, Marko Cortés, llamó al gobierno de la República a dar
respuesta a estos crímenes. El panista argumentó que “hay 800 denuncias
documentadas. De todas estas denuncias que hay documentadas, solamente hay tres
sentenciadas, significa el 99 por ciento de impunidad. El Estado mexicano tiene
que dar respuesta, está descontrolada la inseguridad en México, particularmente
con los profesionales de la información”.
Resalta la declaración de la
embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien demandó de las
autoridades mexicanas una rápida reacción para localizar al periodista Salvador
Adame Pardo, privado de su libertad desde el pasado 18 de mayo en el municipio
de Nueva Italia, Michoacán. La diplomática lamentó el plagio del director y
propietario del medio de comunicación TV4 y dijo que es importante actuar de
manera enérgica contra este tipo de hechos.
LA LÍNEA DEL NARCO
Es en el propio medio de
comunicación donde se han dado algunos datos que apuntan a que el crimen de
Javier pudiese estar relacionado con la publicación de una entrevista que éste
le realizó al narcotraficante Dámaso López Núñez “El Licenciado” y que motivó
la compra de la mayoría de los periódicos el 19 de febrero último. Lo escribió,
Ismael Bojórquez, director de Ríodoce en su columna Altares y Sótanos.
Bojórquez refiere que “Los
hijos del Chapo se enteraron que habíamos entrevistado a Dámaso y presionaron a
Javier para que el trabajo no se publicara. Pero les negamos la petición. Luego
le hablaron porque querían comprar la edición, pero tampoco se les concedió. Y
entonces optaron por seguir –en Culiacán y Mazatlán– al personal que entrega
los ejemplares en las tiendas y en cuanto los dejaban contra recibo, ellos los
compraban”. Esta versión es una de las hipótesis más fuertes que se sigue en la
línea del trabajo periodístico del reportero ejecutado y que involucra a los
‘Chapitos’”.
Apenas en diciembre pasado,
el autor del libro Narcoperiodismo, editado por Penguin Random House, afirmó en
entrevista con ZETA que la gran conclusión de sus investigaciones sobre las
amenazas a la libertad de expresión era que “el narco manda en las redacciones.
Esa es la conclusión”. Se le preguntó, ¿en cuáles redacciones y de qué medios?
Javier respondió: “Del país en general. O sea, no porque tú obedezcas
ciegamente, ¿no?, o que seas dócil, o seas cómplice, o que trabajes para ellos.
Yo en Sinaloa, pienso en el narco, a la hora de escribir una nota. Pienso en el
narco, si le va a gustar o no, al capo en turno, si puedo mencionar nombre
completo y apodo…si puedo incluir a sus socios de la policía, los que trabajan con
él, en el gobierno. ¿Qué parte no puedo publicar? A partir de que tú piensas en
el narco y no en el lector, ni en el editor, ya está mandando el narco ahí. No
sé. Hay una línea que tú no debes pasar. ¿Dónde está? Quién sabe… ¿Hasta dónde
llega? Quién sabe… ¿Se mueve? Se mueve. Depende de coyunturas, de los capos,
del narco, del momento, etcétera”.
Valdez Cárdenas siempre
expresaba lo que veía o sentía. En esa charla, con motivo de la Feria
Internacional del Libro, el escritor dijo que “hay espías del narco en las
redacciones, como pasa en Veracruz. Es un periodismo infiltrado”. Reconoció que
existen colegas que están en la nómina de la delincuencia organizada,
“Entonces, esa es la otra condición de la penetración, del avasallamiento del
periodismo respecto del narcotráfico. Cómo estamos nosotros avasallados. A eso
me refiero. Pero también a la corrupción, a la línea que marca el narco de que
publiques esto, no publiques esto, dale portada, mete la foto, no menciones a
fulano, etcétera”.
“PIEL SENSIBLE”
Sí a alguien le dolió la
muerte de Javier Valdez Cárdenas, después de sus familiares, amigos y
compañeros del gremio, ése fue el Doctor Luis Astorga Almanza, importante
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, adscrito al Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Astorga, que se ha
especializado desde hace varias décadas en la investigación de la sociohistoria
del tráfico de drogas en México, era paisano de Valdez y cuando tenía
oportunidad se entrevistaba con él, ya fuera en Culiacán, o principalmente en
la Ciudad de México. Javier entrevistó al académico con motivo de la
publicación de su último libro, mientras que Astorga fue uno de los
presentadores del libro del periodista en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, de la UNAM.
El hombre doctorado en
Sociología del Desarrollo por la Sorbona, en París, no daba crédito cuando se
enteró del homicidio de su amigo Javier. Fue como si le hubieran notificado la
muerte de un pariente muy cercano y muy querido, dijo a ZETA con la voz entre
quebrada.
Astorga Almanza aceptó amable
la entrevista para hablar del tema.
—Doctor ¿existe un común denominador
entre el asesinato de Javier Valdez y las decenas de agresiones contra periodistas
en los últimos años en México?
“Sí. Efectivamente. Hay de
parte, tanto de agentes estatales y agentes no estatales, como autores
materiales e intelectuales, un interés de acallar estas voces, que son las que
han estado dando las noticias e investigando, sobre corrupción, sobre negocios
ilegales, sobre los vínculos entre organizaciones criminales y políticos en
posiciones de gobierno, de distintos partidos, y la piel de estas personas
–autores materiales o intelectuales– es cada vez más sensible ante este tipo de
críticas, porque no estaban acostumbrados justamente a que sus pillerías se
dieran a conocer, entonces el riesgo que corren cada vez más los periodistas
que se dedican a este tipo de investigaciones es mayor.
“Es un trabajo que
normalmente le competería a los policías, al ministerio público, y a falta de
esas investigaciones, y de esa transparencia, algunos o muchos periodistas han
sentido la necesidad de dar a conocer ese tipo de cosas que normalmente le
competería indagar a las autoridades respectivas”.
— ¿Por qué no se aclaran con suficiencia
estos crímenes? Si acaso en algunos de los homicidios de periodistas se detiene
a uno o dos autores materiales, pero nunca a los intelectuales…
“Yo creo que son varios los
factores. Es tanto, evidentemente el contubernio entre los autores materiales y
los autores intelectuales, y la protección de la que gozan estos personajes,
¿no?, es decir, entre quienes realizan el acto y quienes lo ordenan. Y
generalmente, no hay que buscarle mucho, son funcionarios de distintos niveles,
en posiciones de gobierno de diferentes partidos políticos, en distintas partes
del país. Pueden ser de ciertos grupos empresariales, en caso de que las
noticias apunten hacia allá. Y no necesariamente pueden ser políticos en posiciones
de gobierno en la actualidad, pueden ser ex funcionarios, que tuvieron
posiciones de gobierno en años anteriores, pero que sus redes políticas y sus
nexos con organizaciones criminales siguen vigentes, ¿no?
“A ello se le añaden las
fallas tan tremendas que tenemos en nuestro sistema de justicia. Es hora de que
todavía no logramos tener un sistema de procuración de justicia autónomo y con
una capacidad probada para investigar y llamar a cuentas a quienes realizan
estos actos abominables. Y también, hay que decirlo de una sociedad civil
paralizada, amenazada, desencantada, poco realizada, que no presiona lo
suficiente, y eso lo vemos en las votaciones, cuando se sigue votando por los
mismos. Que no presiona lo suficiente a las autoridades que tendrían que llevar
a cabo estas investigaciones para dar tanto con los asesinos materiales como
con los intelectuales. Entonces, es un conjunto de factores que venimos
arrastrando desde hace mucho tiempo y que no parece que se vayan a solucionar,
desafortunadamente, en el corto plazo”.
—Tras el homicidio de Valdez Cárdenas
hubo indignación, solidaridad y hasta presión del periodismo nacional e
internacional, pero estas protestas no son acompañadas de la sociedad civil. El
caso de Javier no sirvió como ese parte aguas para exigir verdaderas respuestas
del Estado mexicano y no continúe la impunidad…
“Todos quisiéramos que
cualquier homicidio, de cualquier persona, o hechos injustos fueran ese parte
aguas. Evidentemente el papel de los periodistas, en particular, en el caso de
Javier, el tipo de temas que él trabajaba o investigaba, pues hacen que el foco
de atención sea permanente y que llame la atención a nivel internacional por la
calidad de sus trabajos, de sus premios, en fin. Y por haberse dado en una
ciudad como Culiacán. Yo recuerdo a la prensa de hace décadas, por allá en los
años cincuenta, la prensa local que caracterizaba a Culiacán como “un rastro
humano”. Entonces, parece ser que todavía seguimos en esa lógica bestial de
esta gente que realiza estos actos abominables, ¿no?
“Entonces, esa conjunción de
factores, cuando no se acompaña por la sociedad civil organizada,
efectivamente, la duración que esto pueda tener o las nuevas agresiones, pues
continúan. Y no es nada fácil. Recordemos el caso de Italia, en el sur de ese
país, en tiempos de Sicilia, ha pasado más de un siglo para que la gente salga
a las calles y rechace el cobro del ‘derecho de piso’, ¿no? Y en contra,
obviamente, del ‘derecho de piso’ que cobran las organizaciones criminales.
Estamos viendo que esos procesos de apoyo masivo de la sociedad civil
organizada no son fáciles de lograr. Y yo esperaría que aquellos partidos
políticos que se dicen los más demócratas, los más puros, en fin –que no los
hay definitivamente–, hicieran algo al respecto. Ellos tienen posiciones en los
congresos locales, en el Congreso de la Unión, y podrían empujar y presionar
más para esclarecer estos hechos, y no lo hacen. Lo único que hacen es salir a
los medios a emitir la enésima declaración en contra de las autoridades cuando
no son de sus propios partidos en posiciones de gobierno. Es un juego bastante
perverso y eso es una bomba de tiempo. La gente está cada vez más desencantada,
más furiosa, con más coraje, ante este tipo de cosas.
“Más allá de la rabia y del
dolor, pues lo que todos esperamos, yo diría, lo que toda la gente de bien en
este país espera, que en algún momento estos criminales puedan ser llevados
ante la justicia”.
ARISTAS DEL HOMICIDIO DE VALDEZ
Jesús Pérez Caballero*
Hay tres aspectos clave que
creo deben destacarse tras el crimen de Javier Valdez.
El primero es que el
asesinato de un individuo tan conocido entre el gremio de periodistas, no solo
nacional, sino también internacional, supone que cualquier individuo puede ser
víctima de grupos que operan según criterios lejanísimos a los parámetros de lo
que entre la población serían el “imperio de la ley”, los “derechos
fundamentales” y demás categorías que van y vienen en el contexto mexicano.
Estos grupos pueden hacer y deshacer como se les antoje, y eso permite deducir
que cuentan con apoyos dentro de estructuras transexenales, sean políticas,
económicas o de seguridad. No sé si alguno de esos grupos (se apunta a que los
asesinos podrían tener que ver con los hijos de “El Chapo”) han participado en
esa muerte; pero sí está claro que si Valdez pudo ser asesinado cualquiera
puede serlo. Al menos donde ocurrió el crimen, en Sinaloa.
El segundo aspecto tiene que
ver con la situación de esa entidad federativa. Allí (y si se tiene en cuenta
la continuidad regional de Nayarit y Jalisco), se puede ver una escalada
bastante sostenida: secuestro y liberación de los hijos de “El Chapo”, asalto
de grupos armados a un lugar histórico del narcotráfico como La Tuna
(Badiraguato), emboscada con varias muertes de militares o la fuga del hijo de
“El Azul” del penal de Culiacán. Es un continuo de violencia cualitativa que,
si se arma el puzle, denota que hay un conflicto de otra intensidad a los
habituales entre organizaciones criminales. Un conflicto similar al que enfrentó
a mediados del sexenio de Calderón al grupo de los Beltrán Leyva y Sinaloa, y
con los rasgos tan acerados de las “guerras civiles” entre delincuentes que
antes fueron aliados. Desde esa dinámica podría entenderse un poco mejor el
porqué del asesinato del periodista.
El tercer aspecto a destacar
es que todo crimen que cala en la opinión pública nacional o internacional
supone la oportunidad de cambiar los enfoques y afianzar perspectivas que
permitan salir del presente perpetuo mexicano. Un asesinato como el de Valdez
debería hacer ver que el problema del país no es encontrar la ley adecuada,
como si los problemas se resolvieran con un silogismo legal mágico. Se trata,
más bien, de la comprensión y señalamiento de individuos, grupos y dinámicas
ocultas y blindadas. La muerte de Valdez, y las que vendrán, son un
recordatorio de que todavía hay que describir mejor cómo operan esos sujetos y
marcos, y de que esa cuestión no puede dejarse exclusivamente en manos de la
institucionalidad mexicana, demasiado temerosa, cooptada o identificada con lo
criminal. En este sentido, iniciativas como las planteadas por algunos grupos
de periodistas (como las mesas sugeridas por el medio Horizontal) son una forma
de asumir un papel más activo ante la situación y empezar a marcar ritmos y
objetivos distintos.
*Doctor en Seguridad Internacional por
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) e
investigador independiente radicado en México.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa / Luis
Carlos Sáinz/ Lunes, 29 Mayo, 2017 12:00 PM)
