Un grupo de alrededor de 100
hombres armados interceptó dos camionetas en las que viajaban un grupo de siete
periodistas, los cuales cubrían un operativo que autoridades federales y
estatales iniciaron en San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente de
Guerrero.
A los periodistas que
despojaron de su equipo de trabajo, celulares y un vehículo fueron: Sergio
Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero y colaborador de radio UAGro;
así como el fotógrafo Jair Cabrera, colaborador de La Jornada; Jorge Alberto
Martínez, de Quadratin Guerrero; Ángel Galeana y Alejandro Ortiz del portal
Bajo Palabra; y el periodista extranjero Hans Musielik.
A los siete los golpearon y
advirtieron que si no entregaban sus pertenencias los quemarían junto a
vehículos que los transportaban.
Minutos después recibieron
apoyo de una patrulla que los acompañó hasta la ciudad de Iguala, donde
recibieron atención médica.
HERMOSILLO, SON.- Una
persecución con balazos al parecer terminó con la vida de una persona en la
colonia Ley 57.
El tiroteo inició en la calle
Cárdenas y Monteverde, misma que concluyó en la Reforma y Avenida Cinco cuando
los tripulantes de un Tsuru blanco se impactaron contra una señal de alto.
Se ignora si los hechos están
relacionados con las detonaciones y agresión contra policías por la calle
Artículo 123, en la misma Ley 57, que se registró esta mañana.
Por el momento, la calle
Reforma se encuentra cerrada por los peritos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado quienes realizan el levantamiento de casquillos percutidos
que se encuentran en el lugar.
HERMOSILLO, SON.- Esta mañana
se registró una balacera en el Colosio Alto.
El enfrentamiento armado se
suscitó frente al deportivo en la colonia Coloso Alto, durante la mañana de
este sábado, donde estuvieron involucrados tres presuntos delincuentes, agentes
de la policía municipal y estatal.
Al repeler la agresión, uno
de los presuntos quedó sin vida, mientras que oficiales de la Policía Estatal
de Seguridad Pública resultaron lesionados, uno por arma de fuego, lesión que
recibió por la espalda y el segundo resultó con fracturas; se aseguró a un
presunto responsable de los balazos.
En estos momentos continúan
los operativos en la ciudad, por lo que esta información es preliminar hasta
que se realicen los trámites correspondientes.
La zona sigue acordonada por
unas 30 patrullas de las diferentes corporaciones policiacas.
La activista Miriam Rodríguez, asesinada
el pasado 10 de mayo, aparece en un video en el que acusa que las autoridades
del estado de Tamaulipas no haberle otorgado medidas de seguridad tras la fuga
de reos del penal de Ciudad Victoria el pasado 22 de marzo, día desde el que
permanece prófugo uno de los secuestradores y asesinos de su hija Karen.
El asesinato de la señora Miriam
Rodríguez ha generado un gran indignación dentro y fuera de México,
evidenciando la vulnerabilidad de los activistas en un país azotado por la
violencia y con altos niveles de impunidad.
Ciudad de México, 12 de mayo
(SinEmbargo/ZETA).- Este viernes salió a la luz nuevo video en el que la
activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada la noche del 10 de
mayo en Tamaulipas, reclama a las autoridades del estado que no se le habían otorgado
medidas cautelares tras la fuga del penal de Ciudad Victoria de uno de los
responsables del secuestro y asesinato de su hija.
En el video compartido por el
coordinador del “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad
Victoria”, Guillermo Gutiérrez Riestra, aparece Miriam Rodríguez explicando que
a partir del 22 de marzo, cuando se fugaron los reos del penal, dos estaban
involucrados en el crimen contra su hija y uno más sigue prófugo.
“A raíz de eso yo también
pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta la fecha no ha
sucedido y hoy día, la fuga fue desde el día 22 de marzo, no he visto esa
seguridad solicitada”, dice Miriam Rodríguez en la grabación.
La madre, convertida en
activista, acusa en el video que un policía de San Fernando le dijo que él
estaría encargado de darle la seguridad solicitada. “Le hablé como 30 veces y
no me contestó. Pues, ¿qué seguridad?”, expresó Miriam.
Desde entonces, la integrante
del colectivo de desaparecidos tuvo miedo de ir a abrir su negocio, ubicado en
San Fernando, por lo que su economía familiar se estaba viendo seriamente
afectada. “No estoy contando siquiera con una patrulla afuera [de mi casa] que
me de la seguridad de ir a trabajar”, acusó.
Tras el asesinato de la
señora Miriam Rodríguez, Guillermo Gutiérrez señaló que ya había sido amenazada
por delincuentes que ella misma entregó y que escaparon de la cárcel.
“Si la señora hubiera estado
protegida por el Estado, como tenía derecho, pues no hubiera ocurrido este
hecho lamentable”, acusó.
En entrevista con SinEmbargo,
Gutiérrez refirió que Miriam Rodríguez anteriormente trabajaba como empleada
del sector salud y luego puso su negocio “para no estar, digamos, a la vista
para que no pudiera ser estar expuesta correr algún peligro”.
“Cuando hubo esa fuga ella
sintió un peligro y fue cuando solicitó las medidas preventivas para proteger
su integridad”, explicó Gutiérrez Riestra.
Él fue testigo cuando Miriam
alertó al Procurador General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y a la
subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas, Gloria
Elena Garza Jiménez, el pasado 18 de abril. “Denme de perdida un número para
pedir auxilio. Solamente les pido eso”, dijo entonces Miriam.
El único mensaje emitido (en
su cuenta de Twitter) por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca, fue “expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la
activista Miriam Rodríguez Martínez. Mis condolencias para su familia”.
Mientras que la Procuraduría
local se deslindó de la responsabilidad del crimen al asegurar que sí se le
otorgaron las medidas de seguridad a Rodríguez Martínez a través de rondines,
tres veces al día en su domicilio, incluso aún cuando se tenía certeza plena de
que Enrique Yoel Rubio, uno de los reos fugados e involucrado en el homicidio
de la hija de Miriam, ya había sido recapturado.
Fueron instancias federales,
señaló la Procuraduría del estado, las que no le ofrecieron protección a Miriam
Rodríguez a pesar de que ella acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas.
“Ver y escuchar las
declaraciones del gobierno del cambio donde culpabiliza al gobierno federal y a
la propia compañera mirian cobardemente asesinada solo muestra sus propia
responsabilidad TENÍA VIGILANCIA CON RONDINES que ocurrencia cuando ellos con
camionetas blindadas y con un montón de escoltas, mienten le negaron la
seguridad a que tenía derecho asuman señores de los vientos del terror su
responsabilidad hay delitos de omisión, si queremos justicia pero que también
pague este gobierno su responsabilidad la soberbia como forma de gobierno es lo
único que muestran, exigimos inicien procedimientos administrativo y penales al
secretario general de gobierno, procurador y secretario de seguridad pública.
JUSTICIA (sic)”, sentenció en su cuenta de Facebook Guillermo Gutiérrez.
UN CRIMEN QUE EVIDENCIA LA FRAGILIDAD DE LOS DDHH
Rodríguez Martínez buscaba a
su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, plagiada en 2012 en San Fernando,
Tamaulipas; tres años después, encontró sus restos en una fosa clandestina y
dio con los responsables.
El 26 de abril en Alamo,
Texas, en el último acto público en el que participó —una manifestación en el
marco de la Caravana contra el Miedo que recorrió el sur de Estados Unidos—, la
activista denunció que el mayor “cáncer social” de México es la delincuencia,
un mal que ha fracturado familias y ha hecho desaparecer a muchos aunque gente
como ella ha superado el miedo para ir a buscarlos.
Tamaulipas, en la frontera
noreste de México, es uno de los lugares con mayor violencia vinculada al
crimen organizado y muchas autoridades han sido cómplices de la delincuencia.
Además es uno de los estados con mayor número de desaparecidos de México, donde
el miedo ha silenciado a la prensa y ha minimizado las acciones de la sociedad
civil.
El homicidio de Miriam
Rodríguez ha generado un gran indignación dentro y fuera de México,
evidenciando la vulnerabilidad de los activistas en un país azotado por la
violencia y con altos niveles de impunidad.
El estado de Tamaulipas “debe
investigar si hubo negligencia o no por parte del propio Gobierno, la
Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía estatal, toda vez que ella había
solicitad medidas de protección”, dijo hoy a la agencia Efe el presidente del
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
El portavoz de Seguridad de
Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, explicó a Efe que tanto Rubio Flores como
Acevedo Reyna fueron recapturados poco después de su fuga y que se brindó
protección a la activista incluso con la “certeza plena” de que ambos estaban
en prisión.
Destacó que Rodríguez era una
interlocutora “fundamental” del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca,
que inició en octubre pasado, para avanzar en política pública en materia de
desapariciones, y aseguró que la investigación del crimen progresa, pero se
negó a “ventilar” detalles para no entorpecerla.
La muerte de Miriam Rodríguez
-a cuyo esposo Los Zetas intentaron secuestrar tiempo después del crimen de su
hija- exhibe una vez más la desprotección de los activistas en una nación donde
la inmensa mayoría de crímenes se cierran sin culpables.
“El Gobierno de Tamaulipas no
permitirá que este hecho condenable quede impune”, aseguraron las autoridades
del estado.
Pero la realidad y la
desconfianza se cierne una vez más sobre las instituciones.
Ramos consideró tres
posibilidades en torno al crimen de la activista; que los asesinos de su hija
estén involucrados, que el homicidio lo ejecutara otro grupo del crimen
organizado o incluso que los culpables sean las propias autoridades, en un
intento por silenciar las incómodas voces de los familiares de desaparecidos.
El suceso ha causado enorme
indignación y consternación dentro y fuera de México.
Este viernes, la oficina de
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad destacó que
este asesinato se suma a una “preocupante tendencia” de atacar a activistas,
como los indigenistas Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro.
La ONU-DH, Amnistía
Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también
condenaron el asesinato de la defensora, exhortando a que el suceso “no quede
en la impunidad” y que las indagatorias se hagan “con perspectiva de género”.
Más de 2 mil personas han
sido asesinadas desde el 2010 en San Fernando, 392 de ellas localizadas en
fosas de la zona conocida como El Arenal.
En la localidad hay un padrón
de unos mil niños que quedaron huérfanos, debido a que sus padres
desaparecieron o fueron asesinados.
Según un monitoreo de la Red
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), del año 2010 a
la fecha, al menos 44 mujeres periodistas o activistas de organizaciones
civiles han sido asesinadas en todo el País, contando el caso de Miriam Elizabeth
Rodríguez, quien fue ejecutada en su propio domicilio, en el municipio de San
Fernando, en el estado de Tamaulipas, el miércoles por la noche.
La RNDDHM está conformada por
172 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, de 97 diversas organizaciones
de la sociedad civil, ubicadas en 21 estados de nuestro país y el Distrito
Federal.
La Red indicó que Chihuahua
es uno de los estados en donde han ocurrido más agresiones en contra de las
mujeres de ambos gremios, ya que ahí fueron ejecutadas Josefina Reyes, Marisela
Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas,
todas ellas en el año 2010. Además, en esa misma entidad fueron privadas de la
vida Miroslava Breach, asesinada en marzo de este año; así como Susana Chávez,
en 2011; y Manuela Martha Solís Contreras, en 2012.
Otro de los estados en donde
activistas y comunicadoras han sido asesinadas de forma sistemática es
Guerrero, entidad donde perdieron la vida: María Elvira Hernández Galeana
(2010), Isabel Ayala Nava (2011), Reyna Ayala Nava (2011), Juventina Villa
Mojica (2012), Fabiola Osorio Bernáldez (2012), Rocío Mesino (2013), Ana Lilia
Gatica (2013) y Norma Angélica Bruno Román (2015).
De igual forma, se han
registrado otros asesinatos en los estados de México, Oaxaca, Michoacán,
Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, la Ciudad de México y
Sinaloa, entidad en donde fue privada de la vida la activista Sandra Luz
Hernández, quien buscaba a su hijo desaparecido.
La mujer de 50 años de edad
fue asesinada el 12 de mayo de 2014, en el lugar donde fue citada -en el
municipio de Culiacán- por una persona que supuestamente le daría información
sobre su hijo, Edgar García, un joven raptado y desaparecido presuntamente por
una célula del Cártel de Sinaloa.
Un sujeto con el rostro
cubierto le disparó a la mujer en al menos 15 ocasiones con una pistola .9
milímetros, para luego darse a la fuga en una camioneta, después de asesinar a
la activista en el cruce de las calles Constitución y 30 de Septiembre de la capital
sinaloense.
Argumentando falta de
pruebas, el 13 de marzo del 2015, el juez Noveno Penal de Culiacán, Sergio
Valdez Meza, dejó en libertad a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, homicida
confeso de Sandra Luz Hernández, quien admitió también que el crimen fue
cometido porque la activista lo “presionaba” para que revelara el destino de su
hijo.
MAZATLÁN, Sin.- La Fiscalía
General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el ataque
sufrido la madrugada de este sábado contra cuatro jóvenes en el fraccionamiento
Alameda en la ciudad de Mazatlan, en cuyos hechos tres hombres murieron por
disparos de armas fuego.
Según el primer reporte de la
Secretaría de Seguridad del Puerto, a las 03:40 horas se reportó que los
ocupantes de un vehículo eran perseguidos a tiros, sobre la avenida Marina, por
lo que al llegar al cruce de la calle Oaxaca estos fueron alcanzados.
El conductor de la unidad,
identificado como Martín Eduardo “N”, de 21 años de edad, falleció en forma
instantánea, junto con otro de sus acompañantes, quien viaja como copiloto.
Una tercera víctima, de sexo
masculino, cuya identidad aún no se establece, fue auxiliado con graves
heridas, junto con la joven Yuri “N”, de 19 años de edad, los cuales fueron
trasladados a un hospital, donde falleció el joven.
Las autoridades judiciales
iniciaron las primeras pesquisas de los hechos violentos que se registraron la
madrugada de este sábado en uno de los fraccionamientos del puerto de Mazatlán.
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ AGENCIA EL
UNIVERSAL/ 13 / MAYO / 2017 - 03:55 P.M)
Participan Policías Federales,
Gendarmería, Ejército y Tránsito.
Un operativo conjunto de
seguridad realizan elementos de las Fuerzas Federales en las entradas de tres
colonias ubicadas en la carretera a Monterrey.
El operativo es implementado
por agentes de la Policía Federal de Proximidad y Gendarmería, con oficiales de
Tránsito, contando con el respaldo de tropas del Ejército Mexicano que
establecieron un perímetro de seguridad en ese sector.
Las autoridades inspeccionan
todo tipo de vehículos en busca de armas, drogas, objetos de dudosa procedencia,
personas sospechosas y autos robados.
(ELMAÑANA DE REYNOSA/ RODOLFO SOL/ 13 /
MAYO / 2017 - 12:48 P.M)
