Michael Raciel Almela
Martínez, uno de los tres ejecutados la media noche del pasado miércoles en el
estacionamiento del bar La Única, en San Pedro Garza García, Nuevo León, era el
principal operador financiero de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado
-capturado la semana pasada en la Ciudad de México- y de su socio en Estados
Unidos, identificado como Jorge Lobo, según lo informó el diario El Norte.
El ingeniero de 46 años de
edad, originario del Estado de México, se presentaba como gerente del Centro
Cambiario Rápido, ubicado en el Local A de Avenida Lomas Verdes 480, en
Naucalpan, según fuentes federales del citado rotativo. En dicho
establecimiento -que tiene siete sucursales en el País- se ofrecían servicios
en operaciones de cambios de divisas, cheques de viajero y compra venta de oro
y plata.
El presunto operador
financiero de “El Licenciado” fue asesinado a balazos junto a otros dos
sujetos: José Herrera Aispuro, ex director de la Facultad de Contabilidad y
Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y el otro era el
abogado queretano, Carlos Sánchez Pliego Mier.
El rotativo indicó que un
“halcón” detenido el domingo atribuyó la triple ejecución a sicarios del Cártel
de Los Beltrán Leyva, los cuales se transportaban en al menos tres vehículos.
Según El Norte, en febrero
pasado, cuando López Núñez se instaló en la Ciudad de México, Almela Martínez
habría recibido la encomienda del presunto narcotraficante para organizar la
logística legal y financiera de su grupo delictivo.
Sin antecedentes penales, y
“discreto lavador de dinero”, el supuesto operador financiero de “El
Licenciado” vivía en una casa del Condado de Sayavedra, en el municipio
mexiquense de Atizapán de Zaragoza, aunque viajaba continuamente al interior de
la República, señaló el medio.
Según la página web de la
agencia funeraria Gayosso, Almela Martínez fue velado en la Ciudad de México, y
sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque Memorial en Tlalnepantla,
Estado de México.
(SEMANARIO ZETA/ Nacional / Carlos
Álvarez/ Miércoles, 10 Mayo, 2017 03:19 PM)
El fiscal Eduardo Almaguer Ramírez
aseguró que el actual Gobierno estatal no conocía el video de la llamada
“narcofiesta”, realizada en el patio de convivencia del Reclusorio Preventivo
de Puente Grande, supuestamente en junio del 2013, para festejar el Día del
Padre, y a un año de la muerte de un hijo del recluso José Luis Gutiérrez
Valencia, alias “Don Chelo”.
El funcionario jalisciense
afirmó que desde que él llegó a la titularidad de la Fiscalía -el pasado 9 de
julio en 2015-, este tipo de acontecimientos no han ocurrido, y por el
contrario, “se ha mantenido una vigilancia constante en el penal”. Inclusive
señaló que la última revisión al centro penitenciario se realizó el 4 de abril
de este año, cuando se ingresó al mismo con el apoyo del Ejército.
Además, el fiscal aseguró que
la supuesta fiesta del presunto delincuente detenido en Puerto Vallarta en el
año 2010, e identificado como concuño del líder del Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se realizó
durante la administración de Emilio González Márquez, por lo que el actual
gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ordenó una investigación al
respecto.
A pesar de que aún faltan
diligencias, el funcionario aseveró que quien autorizó este convivió fue el
jefe de custodios, Enrique Huerta Balcázar -dado de baja en noviembre de 2013-,
quien será citado a declarar junto a los integrantes de “Los Buchones de
Culiacán”, quienes tocaron en el festejo. El fiscal agregó que en 2015 se dio
otro ingreso al penal de Puente Grande de los integrantes del grupo musical
sinaloense, por lo que afirmó se investigará su “relación con los internos”.
Almaguer Ramírez recordó que
el director del penal era Pedro Serratos Valle, quien fue dado de baja hace dos
meses por falta de información que permitió que un presentado quedara en
libertad, mientras que otros funcionarios fueron dados de baja y otros
procesados penalmente.
El fiscal dijo que Gutiérrez
Valencia está preso en el penal desde el 2010 por la portación de arma de
grueso calibre. El funcionario estatal comentó que se han hecho las gestiones
para trasladarlo a un penal federal y que “Don Chelo” no cuenta con ningún tipo
de privilegios.
Ayer el diario Milenio
difundió un video de una supuesta celebración en honor a José Luis Gutiérrez
Valencia, también apodado “El 77” o “El Ojo de Vidrio”. En la grabación se
observa a un número considerable de internos y sus familias disfrutando, con
botellas de alcohol y sin la presencia de custodios, en una fiesta que contó con
la participación musical de “Los Buchones de Sinaloa”.
En el video, los integrantes
de la agrupación se dijeron “agradecidos” con la amistad de “la gente de la
Nueva Generación”, lo que hizo estallar el júbilo de los asistentes. Además, se
puede observar y escuchar a “Don Chelo” decir: “Aquí no hay más quien manda. De
aquí pa´delante, pídanme, les voy a dar […] Aquí nadie se sale. Yo hago lo que
quiera. El gobierno lo respeto, lo respeto. Ustedes respétenme a mí. Siempre
voy a hacer lo mío”.
(SEMANARIO ZETA/ NACIONAL / CARLOS
ÁLVAREZ /MIÉRCOLES, 10 MAYO, 2017 08:41 AM)
Con la muerte de Ulises Cota
Velázquez, Pablo Gutiérrez Treviño y un sujeto hasta el momento sin
identificar, ocurridos durante la noche del martes 9 y la madrugada de este
miércoles 10, Tijuana llegó a las 501 ejecuciones en lo que va del 2017.
Específicamente 51 homicidios en los diez primeros días de mayo.
Alrededor de las 19:27 horas
del martes a la central de emergencias se informó que un hombre identificado
como Ulises Cota Velázquez fue asesinado de tiros en la cabeza cuando se
encontraba sobre la privada Alejandrina de la colonia Villas del Sol tercera
sección.
Luego a las 03:30 horas de
este miércoles la Zona Norte fue escenario de un asesinato más. Sobre la calle
Segunda entre Revolución y Madero fue encontrado sin vida por una lesión por
arma de fuego en la cabeza quien llevara por nombre Pablo Gutiérrez Treviño, de
31 años de edad.
Envuelto en bolsas de
plástico, fue encontrado el cadáver de un hombre que hasta el momento no ha
sido identificado pero que oscila entre los 35 y 40 años de edad. El cuerpo fue
encontrado en la avenida Abeto de la colonia Encino La Morita.
En ninguno de los tres casos
hay personas detenidas.
Foto: Isaí Lara/El funcionario asistió a
la reunión semanal de la Asociación de Periodistas de Tijuana.
El subsecretario del Sistema
Penitenciario, David Limón Grijalva afirmó que, a diferencia de otros penales,
en Baja California no existe el autogobierno dentro de los la situación de los
Centros de Reinserción Social (CERESO). Esto luego de que cientos de internos
en “El Hongo” participaran en una huelga de hambre.
El viernes 5 de mayo, un
grupo de 300 presos rechazaron consumir los alimentos que les son servidos para
así demostrar su inconformidad con la falta de medicamentos, las revisiones
físicas más exhaustivas a los familiares que los visitan y para pedir otras
exigencias como mejor atención médica y televisiones en celdas.
El número de inconformes
subió hasta mil internos, de acuerdo con informes de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) de Baja California.
Sin embargo, el encargado del
Sistema Estatal Penitenciario, el cual depende de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE), aseguró, esta mañana, que los internos siempre han
recibido atención médica y que en los últimos tres días, se han intensificado
las brigadas de salud.
Así lo explicó David Limón Grijalva,
quien añadió que para brindar una mejor atención médica,
“inmediatamente trajimos a
todos los médicos del Estado” en referencia a los de la Secretaría de Salud.
Dijo que la demanda más
severa, hasta el momento, es la de permitir televisiones en el interior.
Sobre el menú que reciben los
internos, mencionó algunas comidas como papas con salchicha, gallinita pinta,
pollo en mole y chilaquiles rojos.
“Yo he desayunado, comido y
cenado en todos los CERESOs”, afirmó para confirmar la calidad de los alimentos.
La grabación de una ejecución a un
ladrón de combustible en el suelo expone al instituto castrense, señalado
innumerables veces por violaciones a derechos humanos en la guerra al narco
En el suelo hay un hombre
boca abajo, con los brazos echados hacia delante. Un convoy de militares vigila
las calles. Son las 8.44 de la tarde. De repente, uno de ellos se acerca al
hombre y le dispara a bocajarro. Es un disparo rápido, casi inapreciable. Hace
falta ver las imágenes varias veces para darse cuenta de lo que acaba de
ocurrir. Un militar ha asesinado a una persona indefensa.
Es el último escándalo en
México, país acostumbrado a la infamia. Es difícil hacer un recuento de las
vilezas que han sufrido sus habitantes en la primera década de la guerra contra
el narco. Sin duda una de las peores es la sensación de que nadie puede confiar
en nadie. Lo dicen las cifras. La ciudadanía pierde la fe en las instituciones
y el Ejército, que siempre había sido una de las mejor valoradas, cae a su
mínimo histórico.
El video de los sucesos de
Palmarito muestra una realidad distinta a la divulgada por la Secretaría de la
Defensa, Sedena. En realidad, son dos los vídeos, imágenes de un mismo sistema
de cámaras, que muestran dos partes de una misma calle. La semana pasada, el
Ejército informaba de la muerte de cuatro militares y seis civiles en dos
enfrentamientos. Ambos, dijo la secretaría en dos comunicados, ocurrieron en
Palmarito, una comunidad del municipio de Quecholac, en el centro del país.
Quecholac y otros seis municipios aledaños forman el llamado triángulo rojo.
Por el subsuelo pasan tuberías llenas de combustible que van de la costa a la
capital. Las mafias han convertido esta zona en su feudo. Agujerean los ductos
y roban el combustible.
En su primer comunicado, la
Sedena informó precisamente de que aquel día, miércoles 3 de mayo, un convoy
acudió a Palmarito después de recibir una denuncia anónima. El texto indica que
la llamada se produjo a las 20.15, una toma clandestina. Los militares llegaron
y se encontraron con un grupo de ladrones de combustible. Al verlos, los
ladrones les dispararon. Para evitar la represalia, se escudaron en un grupo de
mujeres y niños. Dos elementos de la Sedena murieron.
En el segundo comunicado, la
Secretaría explicaba que los militares se quedaron para hacer “reconocimientos
terrestres”. A las 22.00, los chupaductos volvieron a atacarles. Esta vez iban
en cinco camionetas, pero sin mujeres ni niños. Los militares contestaron. Tres
civiles murieron en un primer momento, igual que dos integrantes del Ejército.
En los vídeos, obtenidos
presuntamente de las cámaras de seguridad de una vivienda particular, se
observa que los militares ya estaban en el pueblo a las 20.24. Es decir, que
tardaron nueve minutas en movilizarse, salir de donde estuvieran y llegar a
Palmarito.
De los testimonios de los
vecinos que EL PAÍS recogió allí la semana pasada, se infiere que el primer
enfrentamiento fue a las afueras del pueblo. Los vídeos y los testimonios de
los vecinos chocan frontalmente con el primer comunicado de la Sedena. Si
recibieron la primera llamada a las 20.15, no pudieron llegar al centro de
Palmarito a las 20.24, después de tener un primer enfrentamiento a las afueras
de la comunidad. No daba tiempo.
En los videos se aprecia que
entre las 20.24 del 3 de mayo y las 20.25, militares y chupaductos se vuelven a
enfrentar. Un militar muere. Un minuto y medio más tarde llega un carro y los
militares responden con todo. Diez minutos después, nadie se mueve dentro del
vehículo. Los militares se acercan, sacan a tres hombres y los someten. A dos
se los llevan, a un tercero, herido, lo arrastran. Lo dejan tirado cerca de una
de las dos cámaras. A las 20. 44, un militar se acerca y lo remata.
La Sedena no dijo que nada de
esto ocurrieraLa propia secretaría ha informado esta tarde de que el
“Ministerio Público de la federación” deberá “determinar con precisión si
corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico y
editado, y en su caso, deslindar responsabilidades de lo ocurrido”. La
Procuraduría General de la República, PGR, ha divulgado un comunicado en que
explica que ya investiga el asunto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos,
CNDH, ha informado igualmente de que “ha recibido escritos de queja
relacionados con los hechos, así como diversas videograbaciones que se han
incorporado al expediente de queja y ha procedido a su análisis por
especialistas de esta Institución”.
Los videos resultan novedosos
también, al menos las imágenes de la ejecución. El año pasado, un soldado y un
policía federal aparecieron en otro vídeo, torturando a una joven en el Estado
de Guerrero. Fue un escándalo igualmente y hasta el secretario de la Defensa,
Salvador Cienfuegos, dijo que no toleraría que algo así ocurriera de nuevo.
El caso Palmarito se suma a
la larga lista de ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de tortura
cometidas presuntamente por militares en México. Muchos medios se han acordado
hoy del caso Tlatlaya. En junio de 2014, un convoy militar asesinó
presuntamente a entre ocho y 15 civiles rendidos, integrantes de una célula
delictiva. El caso está en el limbo después de que un juez ordenara la libertad
de los presuntos autores el año pasado por falta de pruebas. La PGR indicó que
aportaría más, pero de momento no hay novedad.
En los últimos diez años, al
menos 387 integrantes de la institución han sido investigados por situaciones
parecidas. De 2007 a la actualidad, la CNDH ha documentado 109 casos de
violaciones a derechos humanos por parte de militares, con 454 víctimas.
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ EL PAÍS/ 11 /
MAYO / 2017 - 07:58 A.M)
El crimen organizado secuestró y asesinó
a su hija en el 2012 y su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina
Miriam Elizabeth Rodríguez encabezaba
grupo de búsqueda de desaparecidos.
Cd. Victoria, Tam.- Un
comando armado ejecutó anoche a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez en el
municipio de San Fernando, donde encabezaba un grupo de búsqueda de personas
desaparecidas en esa zona de Tamaulipas.
La agrupación Comunidad
Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos condenó el asesinato de su líder y comunicaron
que murió en el trayecto al hospital.
Su hija, Haren Alejandra
Salinas Rodríguez, fue secuestrada y asesinada en esa región.
El cuerpo fue encontrado en
una fosa clandestina.
El mes pasado la señora
Miriam participó en la caravana Contra el Miedo en su paso por las ciudades de
McAllen y Brownsville, Texas.
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ STAFF/ 11 / MAYO
/ 2017 - 09:23 A.M)
Abren carpetas sobre tres acciones de
militares en esta frontera y Río Bravo
Ciudad de México.- La PGR
anunció la apertura de tres carpetas de investigación por los diversos
enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en Tamaulipas.
La dependencia, a través de
la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
(SCRPPA), confirmó el inicio de una investigación por delitos de portación de
armas de fuego y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La PGR precisó, a través de
un comunicado, que la primera carpeta de investigación derivó de una llamada
telefónica por parte de elementos del Ejército Mexicano, en la cual informaron
haber sido agredidos por civiles armados en la colonia Esfuerzo Nacional, en
Reynosa, que dejó dos atacantes muertos.
La segunda carpeta de
investigación inició luego de que soldados informaron sobre un enfrentamiento
entre civiles armados, acción que dejó un muerto, por lo que se instruyó a
personal pericial y policial de la institución para el debido procesamiento de indicios.
Mientras que la tercera
carpeta se abrió después de que personal militar informó que a la altura del
entronque a Progreso, en Río Bravo, soldados sostuvieron un enfrentamiento con
civiles armados, repeliendo la agresión y resultando un agresor fallecido.
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ AGENCIA PROCESO/
11 / MAYO / 2017)
