En
la ciudad de Los Ángeles los migrantes, muchos de ellos jornaleros, temen que
con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aumenten las
deportaciones y que no sean respetados sus derechos. Asimismo, desde las
elecciones presidenciales de noviembre pasado, trabajadores migrantes han
sufrido de un aumento en los casos de acoso y agresión por parte de personas
aparentemente partidarias de un sentimiento anti-inmigrante, que según el LA
Weekley, es auspiciado por la retórica del republicano que está reforzando el
vigilantismo en contra de los jornaleros en todo el país.
Jason
McGahan, con fotos de Ted Soqui. Especial para SinEmbargo
Ciudad
de México, 14 de enero (LA Weekley).- Un lunes por la tarde, dos semanas
después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Ubaldo Hernández,
trabajador de 67 años originario de Guatemala, estaba esperando conseguir
trabajo en el Centro de Empleo de la Comunidad de Hollywood, en California,
cuando notó que un hombre que estaba en la acera de enfrente tomaba fotos.
Luego advirtió que el individuo comenzó a caminar hacia el Centro de Empleo,
mismo que está situado en una zona cercada al margen de un camino que se halla
detrás de un Home Depot.
Hernández
estaba sentado junto con otros dos trabajadores en una mesa de picnic al aire
libre. Técnicamente el Centro está cerrado los días lunes, cuando el
coordinador del sitio tiene el día libre. Pero la desaceleración laboral de la
temporada de invierno en la ciudad de Los Ángeles comenzó a principios de este
año, y Hernández y los otros, que no habían trabajado en días, vinieron y
abrieron la oficina por cuenta propia.
Al
principio, Hernández pensó que permanecer en el Centro, a pesar de la remota
oportunidad de conseguir trabajo, estaba a punto de rendir frutos. Pensaba que
el hombre que cruzaba la calle debía ser un posible empleador.
“Les
dije a mis compañeros: ‘Mira, viene a contratar trabajadores para una labor'”,
recuerda Hernández.
El
hombre era alto y blanco, con rayas grises en el cabello. Pasó junto a los
obreros, sin reconocerlos, y se dirigió directamente al remolque de
construcción que funge como la oficina del Centro de Empleos. Dado que el
coordinador del sitio estaba de asueto, nadie estaba en la oficina. Así que
Hernández se acercó a la puerta para ver si podía ayudarlo en algo.
El
oriundo de Guatemala dijo que vio al individuo inclinándose sobre las hojas de
asistencia del día que se encontraban en la oficina. También refirió que usaba
su teléfono celular para fotografiar los nombres de los jornaleros. De acuerdo
con Hernández, cuando el hombre se dio cuenta de que había sido descubierto,
salió de la oficina, pasando justo enfrente de él, para luego soltarse a correr
y abordar una furgoneta en la avenida Fernwood. Entonces el conductor del
vehículo que lo esperaba se alejó rápidamente.
Según
otros trabajadores que se encontraban en el Centro ese día, la placa trasera de
la camioneta estaba cubierta con un trozo de papel.
Hernández
dice que se quedó inmóvil en su lugar. Hace más de 20 años huyó del conflicto
armado en Guatemala que mató a cientos de miles en los años setenta, ochenta y
noventa. Estaba sacudido y su instinto le dijo que el intruso era un policía
encubierto.
El
coordinador del sitio, Danny Chávez, convenció a Hernández de que la policía de
Los Ángeles no se comporta así y que el intruso no era un oficial. Tanto Chávez
como el director del Centro dijeron creer que el hombre y el conductor
probablemente eran vigilantes anti-inmigración en una misión de espionaje.
JORNALEROS: LA CARA DE LA MIGRACIÓN
Un
migrante busca empleo en el Sunset Boulevard de la ciudad de Los Ángeles,
California, en Estados Unidos. Foto: Ted Soqui, LA Weekley.
Varios
organizadores de jornaleros de la ciudad de Los Ángeles han dicho que el
incidente en el Centro de Empleo de la Comunidad de Hollywood es parte de una
reacción en contra de los trabajadores que se suscitó desde las elecciones
presidenciales.
El
Presidente electo Donald Trump ha prometido deportar de los Estados Unidos
hasta 3 millones de inmigrantes. Asimismo, su retórica incitativa -como cuando
aseguró que los mexicanos son traficantes de drogas, asesinos y violadores-
está reforzando el vigilantismo en contra de los jornaleros en todo el país.
Pese a que no todos los trabajadores son indocumentados, muchos lo son, y la
visibilidad que proviene del acto de buscar trabajo en lugares públicos hace
que sean objeto de desacuerdos sobre la aplicación de la Ley Federal de
Inmigración.
“Ellos
son la cara visible de la cuestión de la migración”, dijo al LA Weekley Víctor
Narro, director del proyecto del Centro Laboral de la Universidad de California
(UCLA, por sus siglas en inglés), quien ayudó a fundar centros de apoyo a
jornaleros en Los Ángeles a finales de los años noventa. “Ellos están ahí
afuera en público, lo que los convierte en objetivos fáciles para el
sentimiento anti-inmigrante, y realmente están al frente del debate sobre el
tema de la inmigración en este país”, ahondó.
La
mayoría de las amenazas y actos de intimidación están dirigidos a los
trabajadores más vulnerables, aquellos que no están afiliados a un centro de
jornaleros y que se reúnen informalmente en las esquinas. Los organizadores de
esta clase de trabajadores han observado un aumento en el sentimiento
anti-inmigrante en los días posteriores de las elecciones presidenciales: en el
Fashion District de Los Ángeles, dos hombres a bordo de un automóvil se
detuvieron en una esquina para fotografiar y amenazar a unos jornaleros
encargados de cargar y descargar camiones de entrega de mercancías; en Cypress
Park, unas personas amenazaron a gritos a unos trabajadores reunidos en la
entrada de un Home Depot; y en Hollywood, inmediatamente después de las
elecciones, un pasajero de un automóvil que transitaba por el Sunset Boulevard
le escupió a un grupo de obreros migrantes.
Ubaldo
Hernández, un constructor y hábil comerciante que ha venido al Centro de
jornaleros durante 15 años, dice que nunca ha visto nada parecido. Tres semanas
después de encontrarse con aquél hombre que fotografiaba las hojas de
asistencia, aún se sentía afligido. “Hay gente loca, drogada, cosas así, que
con anterioridad entró [al Centro de Empleos]”, dijo el migrante al LA Weekley.
“Pero los racistas que vienen a investigar nombres, nunca”, recalcó.
La
ciudad de Los Ángeles financia siete centros de jornaleros en toda la ciudad,
mismos que se alzan como un recuerdo de la amarga controversia migratoria de
finales de los años noventa en California. En 1994, el entonces Gobernador Pete
Wilson abogó por la medida conocida como Proposición 187, que tras ser
aprobada, prohibía a nivel estatal el acceso a servicios municipales -tales
como el cuidado de la salud y la educación pública gratuita- a personas sin
documentos. En contraste con esta política de exclusión, los centros de
jornaleros, con el respaldo de la ciudad, fueron creados para proporcionar a
los trabajadores capacitación y estabilidad, un medio de vida más seguro y sano
que el que le es ofrecido a los trabajadores que se reúnen en las calles
esperando conseguir empleo.
En
los últimos años, las ordenanzas locales y los esfuerzos encausados a
criminalizar a los jornaleros en California han sido impugnados en un tribunal
federal y considerados inconstitucionales. Como consecuencia, hoy en día la la
Primera Enmienda de la Carta Magna le confiere a estos trabajadores el derecho
para congregarse en áreas públicas con la finalidad de conseguir empleo. Sin
embargo, los centros de jornaleros están bajo una mayor amenaza: desde su
fundación luchan para mantenerse a flote en términos financieros.
El
Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA, por sus siglas
en inglés), una organización miembro de la Red Organizadora de Trabajadores del
Día Nacional, opera cuatro centros de jornaleros en Los Ángeles y representa a
casi mil trabajadores en los centros de Wilmington, Cypress Park y Hollywood.
Sus directores creen que el aumento de la actividad de los vigilantes y los
actos de intimidación en contra de los jornaleros presagia un aumento de los
esfuerzos del Gobierno por violar los derechos de los jornaleros.
“Independientemente
de quién ganó [la elección], sabíamos que teníamos que estar preparados para
combatir detenciones y deportaciones”, dijo al LA Weekley Maegan Ortiz,
director ejecutivo de IDEPSCA. “Lo nuevo es la escala y lo agresivo que es […].
Desde la medianoche del 9 de noviembre hasta el Día de la Inauguración [que
será el próximo 20 de enero], se trata realmente de prepararse para los peores
escenarios”, explicó.
Los
jornaleros están en el otro extremo del espectro de la inmigración de los
denominados “Dreamers” (“Soñadores”), que son los jóvenes protegidos por la
acción ejecutiva del Presidente Obama conocida como Acción Diferida por el
Arribo de la Niñez (DACA, por sus sigla en inglés).
Los
“soñadores” a menudo son bien asimilados en la cultura estadounidense -muchos
llegaron a estados Unidos siendo muy pequeños- y son activistas visibles, ya
sea en los campus universitarios o en las protestas organizadas. Más de 740 mil
“soñadores” han obtenido su estatus legal temporal desde 2012, pero los jornaleros
han permanecido en el limbo. Al igual que millones de otros inmigrantes que
viven y trabajan en el vecino país sin contar con antecedentes penales, los
jornaleros no son ni objetivos prioritarios de eliminación ni beneficiarios
principales de la reforma de Obama.
“Creo
que uno de los retos es que los jornaleros no son inmigrantes sexy”, dijo
Maegan Ortiz. “No son el ‘soñador’ educado en la universidad, el hijo de
inmigrantes, o más recientemente, parte de la narrativa de mantener a las
familias unidas. La mayoría de los jornaleros no encajan perfectamente en esa
narrativa. Muchos son hombres que han dejado a sus respectivas familias en su
país de origen”, señaló.
Media
hora antes del amanecer de un sábado, los trabajadores del Centro Comunitario
de Empleo de Cypress Park se muestran taciturnos. Luchando contra la oscuridad,
la fatiga y el frío del viento, resguardan sus manos en los bolsillos de las
chaquetas mientras las capuchas de sus pesadas sudaderas de algodón establecen
el contorno alrededor de sus rostros.
Cada
hombre firma su nombre en la hoja de asistencia y toma una boleta de un rollo.
Cada uno, a su vez, rompe su billete por la mitad, dejando caer una parte del
papel dentro de un bote vacío para el café que se encuentra sobre una mesa, y metiendo
la otra parte en los bolsillos de sus respectivos pantalones de trabajo. Muchas
de estas personas tomaron dos autobuses para llegar al Centro, trasladándose
desde lugares como South Gate, Compton o Bell, donde viven en casas modestas o
en refugios.
La
rifa de trabajo a las 6:30 horas en el Centro Comunitario de Empleos de Cypress
Park de la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Foto: Ted
Soqui, LA Weekley.
La
lluvia y el frío de diciembre hacen que los trabajos al aire libre sean menos
abundantes, y esta escasez de trabajo es su principal preocupación -más que el
multimillonario polarizador que será juramentado como Presidente de los Estados
Unidos el 20 de enero de este año-.
Donald
Trump es como el rumor de una tormenta -el “huracán Trump”, como lo llamó un
trabajador mexicano-. La sensación de ansiedad está ahí, pero los trabajadores
tienen tormentas más inmediatas a la intemperie, como el aguacero del día
anterior, que empapó el suelo, convirtiéndose en la mañana más fría de la
temporada.
La
llamada a la rifa, la rifa de trabajo, llega justo a tiempo, a las 6:30 horas
de ese mismo sábado. El coordinador del centro, un joven activista llamado Luis
Rivas, llama a los jornaleros expresando “¡Rifa! ¡Rifa! ¡Rifa!”. Entonces ocho
hombres cubiertos con gorras y sudaderas se enloquecen y forman una línea al
pie de la valla de entrada al Centro.
TRUMP COMPLICA LA CIRCUNSTANCIA DE LOS
JORNALEROS Y MIGRANTES
Cuando
Home Depot quería construir una tienda en Cypress Park en 2001, la ciudad de
Los Ángeles condicionó su aprobación, en parte, a un centro de jornaleros en el
lugar. El Centro está conformado por dos remolques de construcción y un
conjunto de muebles al aire libre situados en una de las esquinas que se
encuentran en la parte posterior del estacionamiento del Home Depot, fuera de
la vista del público. El Centro, pues, se halla en un cruce desolado de la
ciudad, a la sombra del puente Golden Gate Freeway, en la orilla oriental del
río de la ciudad de Los Ángeles, cerca de las vías del ferrocarril.
Los
jornaleros en dicha ciudad son una especie de imagen inversa del blanco votante
de la clase trabajadora que votó por Trump, pero que al igual que ellos, a
menudo operan en los márgenes de la sociedad, excluidos del diálogo urbano. Los
trabajadores migrantes y algunos estadounidenses que han sido dejados a su suerte
-y que culpan a los inmigrantes de robarse los empleos-, se cruzan en este
camino. Sin embargo, aunque los jornaleros también creen que su situación está
empeorando, tienen un culpable diferente.
“Las
cosas se están poniendo más difíciles desde Trump”, dijo Pablo Cruz de 53 años
de edad, jornalero y residente permanente de Estados Unidos nacido en México.
“Sus partidarios nos ven como de otro color, una raza diferente, y nos tratan
de manera diferente”, comentó al LA Weekley.
Luis
Rivas, el coordinador de ese Centro de Empleo, introduce su mano en el bote
para el café y saca uno de los talones que los trabajadores depositaron
previamente; luego llama al número 378. Entonces el hombre con el boleto
ganador se adelanta y lo entrega a Rivas, quien escribe el nombre del obrero en
una pizarra. Rivas repite la misma acción tres veces hasta que la rifa
concluye. Para las demás personas que no consiguieron trabajo ese sábado, la
espera comienza.
Por
su parte, los cuatro ganadores de la rifa asumen tareas de limpieza. “Ustedes
ven a los hombres barriendo, [entonces] saben que llegan tarde”, dice Reynaldo
Carachure, de 36 años, uno de media docena de miembros del Centro que llegó
poco después de la rifa.
A
partir de la primera luz de la mañana, una camioneta se introducirá en el lote
y el conductor solicitará ayuda para arreglar una fuga en el techo o construir
un muro de contención, plantar un jardín, volver a conectar un sistema de
alarma o remodelar una cocina. Los ganadores de la rifa obtienen los primeros
encargos, a menos de que el empleador solicite a un trabajador en específico.
La paga varía dependiendo del trabajo, pero para trabajos manuales de este
tipo, el salario inicial es de 15 dólares por hora. Algunos de estos hombres
han aprendido oficios de construcción y pueden construir una casa desde sus
cimientos.
José
Luis Muñoz, de 64 años, es uno de esos trabajadores, un inmigrante de la Ciudad
de México cuya habilidad como constructor ha hecho que los hombres del Centro
lo tengan en alta estima. Pero Muñoz llegó tarde a la rifa de ese día, por lo
que tiene mucho tiempo para matar. Mientras espera, no es tímido compartiendo
su opinión acerca de Donald Trump: “No le tengo miedo, y no lo respeto, así
que… ¿qué me importa lo que diga?”, profiere.
Muñoz
es uno de los muchos trabajadores del Centro que se encuentran entre los
cincuenta y sesenta años de edad y que han sido jornaleros en Los Ángeles por
más de 20 años. Colectivamente, tienen un recuerdo enciclopédico de la política
de inmigración en dicha ciudad estadounidense.
En
la imagen, José Luis Muñoz quien se ha desempeñado como jornalero por cerca de
20 años. Foto: Ted Soqui, LA Weekley.
Raúl
Mendoza, de 53 años, nació en Acapulco, México, y vive al Este de Los Ángeles.
Dice que desde finales de los ochenta los agentes de inmigración solían atacar
la tienda de alquiler U-Haul que se ubica en la avenida Fletcher Drive, en
Atwater Village. También dice que la policía local solía multar a los
jornaleros que buscaban trabajo. “Nos dijeron que teníamos que seguir caminando
o que nos darían una multa por obstruir el tránsito”, mencionó.
José
Luis Muñoz también dijo que en 2008 algunos funcionarios federales de
inmigración allanaron un puesto de tacos cerca de su casa en Compton. Los
clientes y el dueño fueron arrestados, dice. “Eso ha estado pasando por años.
Trump sólo está reanudando desde donde Obama lo dejó”, dijo a LA Weekley.
Para
volverse miembro del Centro de jornaleros, un trabajador debe proporcionar
alguna prueba de identificación y residencia -una carta de refugio en el caso
de personas sin hogar- y aceptar seguir las reglas: no consumir alcohol o
drogas; no pelear; respetar la rifa y terminar con cada trabajo asignado. Cabe
destacar que los centros llevan registros de los trabajadores que tienen una
formación especializada -como fontaneros, techadores, electricistas-. También,
los centros se aseguran de que los empleadores mantengan su palabra luego de
las negociaciones.
La
estructura y los valores de los centros son atractivos para los trabajadores de
más edad, que cuentan con más experiencia, y que se resienten con los jóvenes
esquineros, quienes rara vez se afilian a uno de los centros y compiten por el
trabajo aceptando menores retribuciones. “Allí es la ley de la selva”, dice
Reynaldo, de 64 años, quien no dio su apellido por temor a ser deportado. “El
más fuerte empuja su camino y consigue el trabajo”, explicó.
Los
centros tienden a estar localizados fuera de la vista mientras que los
trabajadores en la esquina gozan de mayor visibilidad. El problema es que en
las esquinas cada hombre se vale por sí mismo.
Una
tarde, en la entrada del Home Depot de Cypress Park, una pickup se detuvo y los
“esquineros” se amontonaron. Ellos pedían 100 dólares por un día de trabajo,
luego pidieron 80. Mientras tanto, el hombre de la camioneta insistía en pagar
sólo 70 dólares. Para cuando el camión comenzó a alejarse, dos jornaleros ya
estaban a bordo.
“Ellos
ven a muchos de nosotros, así que nos pagan poco”, dice Crispín Morelos, de 61
años, originario de Puebla, México, quien observó cómo el camión se iba. “No
queremos perder la oportunidad de trabajo, así que vamos incluso por lo
barato”, ahondó.
El
jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, ha distanciado a su
departamento de las políticas federales de inmigración, pues sostiene que su
trabajo no es operar junto con el Departamento de Seguridad Nacional en un
esfuerzo por generar más deportaciones. Una orden especial de 1979, firmada por
el entonces jefe de la policía Daryl Gates, prohíbe a la policía local detener
a una persona con la finalidad de preguntar acerca de su estatus migratorio.
En
la ciudad de Los Ángeles las jurisdicciones son claras. “No nos importa el
estatus migratorio de las personas”, dice Guillermo Galvan, portavoz de la
División de Hollenbeck del departamento de policía local, que recientemente
realizó un foro comunitario sobre el tema en Boyle Heights. “Queremos que la
gente se sienta cómoda para presentarse y reportar un crimen, pero no hacemos
cumplir la Ley de Inmigración”, sustentó el gendarme.
Bajo
la administración del Jefe Beck, el departamento también dejó de entregar a los
agentes federales a aquellas personas detenidas por delitos poco graves -y que
no ameritan deportación-.
Sin
embargo, los defensores de los inmigrantes en Los Ángeles se preguntan qué
pasará si Trump redefine lo que es un delito que amerita la deportación. Desde
2015, debido al Programa de Cumplimiento de Prioridades (PEP, por sus siglas en
inglés) del Presidente Obama, una política que permite el intercambio de datos
entre dependencias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés) ha tenido acceso irrestricto a las bases de datos de
aplicación de la Ley local.
En
ese sentido, lo que el Presidente Obama estableció como una prioridad para el
ICE, para que ésta pudiera deportar a las personas detenidas por crímenes
graves, con Donald Trump el sentido podría cambiar, siendo que cualquier
inmigrante arrestado por cualquier crimen sea tildado como “extranjero
criminal” y que por tanto pueda ser deportado.
Uno
de los principales asesores de Trump en materia de inmigración, el secretario
de gobierno del estado de Kansas Kris Kobach, reveló accidentalmente que existe
la idea de redefinir lo que se entiende por un “extranjero criminal”. Durante
una reunión en noviembre con el Presidente electo, Kobach fue fotografiado
sosteniendo un documento en el que incluía sus recomendaciones al ICE, mismas
que dejaban entrever su idea de redefinir dicho concepto.
Jessica
Karp Bansal, abogada que representa a unos inmigrantes en una demanda colectiva
contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, dice que la
discreción sobre el tipo de crimen que garantiza la transferencia de custodia
de las policías al ICE recae en el Presidente. “Trump heredará esa maquinaria”,
dice Bansal. “Podría cambiar esas prioridades, podría empezar a emitir detenciones
para cualquiera que sea arrestado por cualquier razón”, comentó en entrevista
con el LA Weekley.
Bajo
la propuesta de Kobach, violaciones tan menores como vender comida en la calle
sin permiso -o incluso congregarse a la entrada de un Home Depot para buscar
trabajo- podrían convertirse en ofensas deportables, refirió Maegan Ortiz,
director ejecutivo del Instituto de Educación Popular del Sur de California.
“La discusión es que sólo los delincuentes serán objetivo [de deportación]”,
mencionó. “Pero ¿quién decide?”, terminó cuestionando.
El
Instituto está preparando clínicas legales para apoyar a los miembros de los
centros de jornaleros que están en riesgo de ser arrestados y deportados. Como
parte de la capacitación, los miembros son enseñados a documentar los
incidentes de intimidación y acoso que sufren los trabajadores. También,
IDEPSCA está organizando talleres de traumatología para los trabajadores y sus
respectivas familias. Por primera vez en su historia, el Instituto se está
preparando para el peor escenario: ataques dirigidos a las esquinas donde los
jornaleros se reúnen para buscar trabajo.
Además,
los centros están tratando de satisfacer el aumento de la necesidad de sus
servicios en un momento en que los recortes significativos de financiación han
reducido su presupuesto a la mitad. En 2013, los siete centros de jornaleros de
Los Ángeles estaban compartiendo un presupuesto anual de 1.5 millones de
dólares provenientes de fuentes locales y federales. Hoy en día, el presupuesto
anual de los centros es de hasta 750 mil dólares que proviene exclusivamente
del fondo general de la ciudad.
El
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos ha retenido de
Los Ángeles millones de dólares en ingresos federales desde 2014 debido a las
decisiones económicas que tomó la ciudad durante los años de recesión económica
de 2007 a 2010. De acuerdo con funcionarios locales, la ciudad desvió dinero
federal designado para mejoras de construcción con ladrillos y mortero para
gastarlo en servicios. Además, cuando el Gobierno federal castigó a la ciudad
reteniendo fondos, los centros de jornaleros se quedaron sin ingresos durante
casi dos meses, teniendo que deshacerse de personal y estando a punto de
cerrar.
Finalmente,
la ciudad metió las manos para cubrir los recortes y mantener a flote a los
centros de jornaleros. Cada año, desde entonces, ha sido una lucha por la
supervivencia hasta la última hora de las negociaciones presupuestarias,
explicó Guadalupe García, gerente administrativo del programa de jornaleros de
IDEPSCA.
“En
este punto está más muerto que vivo”, dice Violeta Donis, de 45 años, una
empleada doméstica de Guatemala y miembro del centro de Hollywood, describiendo
cómo los recortes de fondos han afectado la vitalidad del centro. “Antes, era
más activo, se promocionaba más”, indicó.
A
pesar de que los días combativos posteriores a las elecciones presidenciales ya
pasaron, los centros de jornaleros aún están expectantes de los legisladores
del estado de Louisiana, quienes se preparan para enfrentar la amenaza de
deportación de Trump.
El
Concejal de Los Ángeles, Gil Cedillo, un partidario de los centros de
jornaleros a los que se refiere como “salas de contratación contemporánea”,
reconoce que el tema de la financiación es una lucha anual. “Ha sido realmente
problemático”, comentó al LA Weekley. “Pero nosotros en la ciudad estamos
comprometidos a proteger la financiación de esos centros y legalmente a
proteger a todos los inmigrantes en la ciudad”, aseveró.
En
una mañana del pasado mes de diciembre, en la esquina trasera del
estacionamiento del Home Depot en Cypress Park, los organizadores de los
jornaleros convocaron una sesión de capacitación sobre qué hacer en caso de que
la inmigración pague una visita domiciliaria. La capacitación requirió de
voluntarios y un grupo de cuatro jornaleros realizó un ejercicio de rol.
Lloyd
Johnston, de 61 años, residente del refugio Bell al Sur de Los Ángeles, jugó el
papel de agente de inmigración y su tarea era convencer a los otros tres
trabajadores de que le abrieran las puertas del Centro de Empleo. El juego de
roles era sencillo, pero los obreros de la audiencia estaban atentos y no todos
reían.
Un
trabajador levantó la mano e hizo una pregunta. El facilitador de la Red
Organizadora del Día Nacional de Trabajadores le respondió en español: “Puedes
pedir una orden, pero recuerda que el ICE es capaz de decir o hacer cualquier
cosa para ganar entrada. No abras la puerta, no los dejes entrar”, aconsejó.
Inclusive
cuatro jóvenes esquineros se acercaron, portando gorras de béisbol y zapatillas
viejas. Se sentaron apiñados en la acera detrás de la última fila de asientos,
separados de los miembros del Centro pero escuchando la presentación.
Los
jornaleros son el sector de inmigrantes más propenso a ser el blanco durante la
administración Trump, refirieron los defensores legales del Centro de Los
Ángeles. Pero también pueden estar entre los más preparados para defenderse,
comentaron.
LAS PERSONAS TIENEN DERECHOS A PESAR DE
SU ESTATUS MIGRANTE
En
la imagen, Raúl Mendoza, quien fue testigo de varios operativos de detención en
contra de migrantes en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
Foto: Ted Soqui, LA Weekley.
La
Red de Organización de Trabajadores del Día Nacional (NDLON, por sus siglas en
inglés) ha tomado un papel de liderazgo en la lucha contra el uso de la policía
y de los sheriffs como agentes de deportación de primera línea, dice Chris
Newman, director legal y abogado general del grupo. NDLON ha dirigido la
campaña para lograr que el Presidente Obama termine su programa de comunidades
seguras, lo que permitió a la policía local hacer cumplir la Ley de Inmigración
y dejar que el ICE asignara personal de tiempo completo a las cárceles del
condado de Los Ángeles.
“Las
personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen el derecho de la
Primera Enmienda de buscar trabajo en espacios protegidos por la Constitución,
como las aceras”, dice Newman. “Cualquier agencia gubernamental, ya sea a nivel
local o a través de agentes federales del ICE, que intente violar esos
derechos, probablemente los enfrentaremos en cortes federales si es necesario”,
expresó en entrevista con el LA Weekley.
En
los centros de jornaleros del Instituto de Educación Popular del Sur de
California hay dos apuestas seguras para la primavera: una es que el trabajo
aumentará cuando la lluvia se detenga; la otra es que el sentimiento de
ansiedad con Trump en la Casa Blanca no desaparece.
“Hemos
organizado boicots y protestas, cuyos efectos se sintieron”, dice Raúl Mendoza,
miembro del Centro de Cypress Park. Él dice que el clima anti-inmigrante en Los
Ángeles ha cambiado para bien y no piensa que la elección de Trump hará una
diferencia. “Tal vez en otros estados la elección de Trump hará una diferencia,
pero no aquí, en Los Ángeles”, aseguró. En su opinión, la ciudad luchará.
“Es
política, tiene que complacer a cierta clase de gente”, dijo Mendoza. “Hay mucha
gente que nos apoya también, ya hemos pasado por esto”, finalizó.
ESTE
CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA WEEKLEY
(SIN
EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / ENERO 14, 2017 - 4:00 PM)
