FOTOS: CUARTOSCURO.COM / Internet
Ante manifestaciones, bloqueos
carreteros, saqueos y desabasto de gasolina a nivel nacional, el presidente
desoye a ciudadanos y organizaciones civiles, así como al sector empresarial.
Legisladores panistas presentan iniciativa para derogar el IEPS en gasolinas,
PRI argumenta que la medida está justificada e INDEX pide un diálogo nacional.
“El problema es que se está presionando al sector social”, advierte la diputada
Eloísa Talavera
En el aumento en el precio de
las gasolinas, la administración de Enrique Peña Nieto se fue por el camino más
fácil para recaudar, cargándolo al bolsillo de los mexicanos en lugar de
recortar el gasto público.
Mientras que el Presidente de
la República advierte que el gasolinazo se sostiene y no habrá marcha atrás, y
el líder del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz,
justifica que el precio del combustible se debió a que no tenían de otra, de no
hacerlo se hubieran recortado programas sociales y la obra pública habría
quedado de lado.
El razonamiento del PRI es
que anualmente gastaba 200 mil millones de pesos en mantener un precio
artificial del combustible, por lo que de sostener dicha situación se habrían
aumentado los impuestos, la deuda, o bien, desaparecería el programa Prospera.
El argumento del partido en
el poder ante la petición de un recorte en el presupuesto equivaldría al
presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, o a la mitad del presupuesto
anual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por su parte, el
presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se solidarizó “profundamente”
con la ciudadanía mexicana ante el aumento del precio de la gasolina, pero aun
así, afirmaría el jueves 5 de enero, se trata de un escenario responsable donde
el gobierno reconocía el “precio real de los combustibles en el país”.
Pero al interior del partido
se empiezan a presentar desacuerdos. Ahí está el caso del senador Patricio
Martínez García, quien envió una carta difiriendo de la postura de Ochoa Reza y
le pide hacer una reconsideración de sus declaraciones, además de una revisión a la Ley de Ingresos.
Ante tal situación un grupo
de senadores encabezado por Francisco Búrquez presentó ayer jueves 5 de enero,
en la comisión permanente del Senado, una iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se derogan los
artículos 2, fracción I, inciso D, y el Artículo 2-A de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en materia de gasolinas, con lo
que se busca generar un ahorro de 300 mil millones de pesos.
Desde el 1 de enero de 2017
se liberaron los precios del combustible y, a inicios de la semana, se
registraron los primeros aumentos considerables en productos de la canasta
básica.
En Tijuana, por ejemplo,
algunos productores de queso incrementaron por lo menos 10 por ciento el
producto desde miércoles 4, en tanto que las tortillas en algunos comercios
subieron un peso, pasando de 14 a 15 pesos, aumentos que también se dieron en
el centro de la República.
En su momento la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(CONCANACO-SERVYTUR) advirtió que la canasta básica aumentaría en promedio un
20%, en igual porcentaje se elevarían las tarifas en el transporte de
mercancía.
Productores de leche a nivel
nacional mencionaron que los lácteos tendrán aproximadamente entre el 8 y 10%
de incremento.
A esto se suma el de las
tarifas eléctricas que se viene presentando desde julio de 2016, además de que
se dio la liberación del precio del gas.
Para el economista Roberto
Valero Berrospe, esta medida representa una pérdida del poder adquisitivo del
100% en los últimos 10 años. Advirtió que el país se aproxima a una
estanflación donde se da un alza persistente de precios, con estancamiento en
el crecimiento de la economía, lo que afectará el consumo interno.
Y a partir del 1 de enero, la
inconformidad social se ha trasladado a la calle, con manifestaciones,
bloqueos, pero también saqueos a comercios y tiendas departamentales en varios
Estados de la República, sin que hasta el momento exista un saldo oficial que
concentre información al respecto.
Según lo que ha informado la
Policía Federal (PF), del lunes 2 hasta la tarde del 5 de enero, se registraron
114 bloqueos en 21 entidades federativas, entre éstas el Estado de México,
Morelos, Veracruz, Chihuahua, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Chiapas,
Oaxaca, Sonora, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo,
Guanajuato, Baja California, Colima, Nuevo León y Campeche.
Asimismo, la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que han
sido saqueadas 250 de sus tiendas afiliadas en nueve Estados, entre ellas, las
de cadenas como Chedraui, Bodega Aurrerá, Coppel, Elektra, Famsa, Oxxo, Plaza
Pabellón, Sanborns, Soriana, Círculo K, Walmart, Farmacias Similares y
Comercial Mexicana.
Por su parte,
CONCANACO-SERVYTUR aseguró que hay entre 700 y 800 tiendas pequeñas afectadas
por los saqueos en todo el país.
Además, ante los rumores por
estas acciones, 20 mil pequeños negocios cerraron sus puertas tan solo en
Ciudad de México, dejando de percibir 52 millones de pesos por ventas.
El miércoles 4 por la noche,
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que hay 250 detenidos por saqueos
y robos solo en los Estados de México, Hidalgo y Ciudad de México.
Además, en Veracruz se
reportaron 100 detenidos, en Tabasco 17 y uno en Puebla.
Mientras que en Ciudad de
México se iniciaron 38 carpetas de investigación contra 106 saqueadores, de los
cuales 21 son menores de edad.
Según la Secretaría de
Seguridad Pública de la capital de la República, se detectaron mil 501 cuentas
en redes sociales a través de las cuales se instigó a cometer saqueos.
En otros hechos más
violentos, un policía de la CDMX perdió la vida durante los saqueos, mientras
que cuatro resultaron heridos cuando intentaban evitar los incidentes. Por otra
parte, cuatro policías de Ecatepec, Estado de México, fueron cesados y
presentados al Ministerio Público por participar en estos hechos.
PAN PROPONE BAJAR O ELIMINAR IEPS
La Ley de Ingresos para 2017
estima una recaudación del IEPS por 257 mil 466 millones de pesos, lo que
representa un incremento de 73 mil 28 millones de pesos, en comparación con lo
programado en 2016.
En rueda de prensa, diputados
federales del Partido Acción Nacional (PAN) dieron a conocer que ayer jueves
presentarían una iniciativa para reducir el IEPS en un 50%.
El coordinador de los
diputados federales del PAN de Baja California, José Teodoro Barraza López,
indicó que se buscará convocar a la brevedad a la Comisión de Hacienda a una
sesión extraordinaria “para efecto de trabajar en un probable dictamen, pero
para que haya un dictamen favorable en la comisión debe haber voluntad
política. Si el PRI y sus aliados están en contra, no va a salir un dictamen
positivo de la comisión, por eso estamos diciendo que apelamos al sentido común
(de la mayoría en el congreso)”.
Entretanto, la legisladora
Eloísa Talavera Hernández dijo a ZETA que habrán de sumar aliados para tener un
dictamen positivo.
— Se ha manejado que este
dinero es para resarcir el recurso que no entra a la Secretaría de Hacienda por
la baja en el ingreso por el petróleo…
“No. Sí es porque no ha
subido el precio del petróleo, pero pudiese quedar igual que el año pasado. Se
van a recaudar 76 mil millones más que el año pasado. El problema es que se
está presionando al sector social y el gobierno no está generando medidas
contingentes. Este tema puede ser la gota que derrame el vaso”, finalizó.
Por su parte, el senador
Francisco Búrquez expuso que presentaría una propuesta para eliminar el IEPS,
impuesto que se cobra desde 2014 y uno de los principales ingresos que han
servido de soporte a las finanzas del Gobierno Federal, por el cual se recaudaron
más de 140 mil millones de pesos en 2016, mientras que para el presente año se
esperan 300 mil millones de pesos.
“Un grupo de senadores
solicitamos que se derogue el IEPS, pues no se causaba antes de 2014.
Después de esa fecha el
gobierno se puso de acuerdo con el Congreso y empezó a cargar casi 5 pesos por
litro y se quedó con una bolsa de 300 mil millones de pesos anuales que
benefició a la economía de los políticos, lo que yo llamo un robo”, acusó, a la
par de considerar que el tema de los gasolinazos
es una situación fiscal que tiene solución en el Congreso de la Unión, pues son
los diputados quienes pueden hacer los cambios necesarios para dar marcha atrás
con la medida.
Desde hace dos años, el
legislador presentó una reforma constitucional para recortar a, por lo menos,
la mitad el financiamiento de los partidos políticos, sin que hasta el momento
haya tenido el eco debido.
“El proyecto se sustenta en
la demanda que la ciudadanía que pide a los representantes, que ahora le toca
al gobierno ajustarse el cinturón, el gobierno tendrá que gastar menos y
mejor”.
El objetivo de la principal
propuesta está encaminado a reducir el 50% el gasto que genera el
financiamiento los partidos políticos “aun en años donde no hay procesos
electorales”, agregó.
Conforme a Búrquez, no se
puede permitir que se siga metiendo la mano a los bolsillos de los ciudadanos
extrayendo el ingreso producto de su esfuerzo para mantener oficinas, financiar
gastos en transporte, propaganda y otras cosas en las que malgastan los
partidos.
Federico Serrano
Por su parte, el senador por
Baja California, Ernesto Ruffo Appel, afirmó que se puede dar marcha atrás en
la liberalización, pero corresponde a los diputados hacerlo, aunque lo ve
difícil pues el PRI tiene mayoría en el Congreso.
AUMENTOS EN CASCADA
El presidente del Frente
Ciudadano en Defensa del Territorio de Ensenada, Emmanuel González Cota,
comentó a ZETA que los incrementos de las gasolinas serán de 14.2% en el precio
de la Magna; 20.1% la Premium y 16.5% para el Diesel, respecto al precio de
diciembre pasado.
“Con el incremento en las
gasolinas aumentará por lo menos un 20%
la canasta básica y las personas de la tercera edad, estudiantes,
trabajadores de la maquila serán los que sufrirán las consecuencias, es
incomprensible que el Gobierno Federal sea tan insensible”, planteó.
El líder informó que el
Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche adelantó que los
sobreprecios en los productos lácteos podrían ser entre 8 y 10%, que en pesos
representa entre 40 y 60 centavos por litro.
Asimismo, indicó que el
Consejo Nacional de Productores de Arroz de México considera que los costos del
producto podrían subir entre 25 y 30%, generando una crisis en las familias más
vulnerables del país, y puntualizó que la Confederación Nacional de
Transportistas Mexicanos (CONATRAM) tendrá que elevar precios en los
fletes.
“DECISIÓN ECONÓMICA
PRECIPITADA”: INDEX
El sector gasolinero ha
insistido una y otra vez que hace falta infraestructura de almacenamiento y
para el transporte del combustible a nivel nacional.
Al 30 de diciembre de 2016,
solo existían 402 permisos de importación de combustible no ejercidos, ya que
carecen de infraestructura y logística para mover el producto.
Ante tal escenario, el
presidente nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), Federico Serrano. externó que liberar el
precio de combustibles en México, sin una red desarrollada de competidores,
inquieta al sector, por lo que pidió al Gobierno Federal un “diálogo nacional”
que permita reconsideraciones, ya que dicha política económica ha resultado una
“decisión económica precipitada”.
Un despacho informativo del
organismo cita que el aumento de los precios de la gasolina tiene una vertiente
meramente recaudatoria, pues alrededor de 40% del precio corresponde a
impuestos.
“Se requiere un diálogo
nacional para que haya una eventual modificación a los criterios fiscales, que
permitan aligerar el precio de la gasolina y se traduzca en continuidad de los
indicadores económicos. La gasolina es un producto que se comercializa a nivel
mundial y, por lo tanto, PEMEX puede importarla de cualquier país y no puede
haber carestía de combustibles al interior, como ocurrió por acaparamiento y
logística”.
El organismo refiere que bajo
un escenario de competencia, sin un mercado de competidores consolidado, puede
inducir al crecimiento inflacionario y a un mayor descontento nacional con
paros productivos, como ya sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las
pérdidas provocadas por el gasolinazo para la Industria Manufacturera de
Exportación, ascendían a 12 mil 619 millones dólares hasta el 3 de enero de
2017.
El sector maquilador pidió
convocar al gabinete económico y al Poder Legislativo para que se hagan las
reformas fiscales, además del sector productivo, que está dispuesto a sumar sus
propuestas.
De acuerdo al organismo, las
primeras 100 horas del gasolinazo se tradujeron en demoras en las entregas de
contratos internacionales y multas por incumplimiento de los mismos, que se
estiman en 50 mil dólares por hora de retraso; paros en líneas de producción de
manufacturas avanzadas; alzas no oficiales y paros en el transporte público;
ausentismo laboral por falta de movilidad; desconfianza operativa de nuestros
corporativos multinacionales por bloqueos en carreteras de México; inminentes
alzas en la integración de costos logísticos en el comercio exterior y una
escalada de precios en los bienes de consumo para la sociedad mexicana.
Desde el seno de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se hizo un llamado a
la Cámara de Diputados a que haga un ajuste a la Ley el IEPS para disminuir las
afectaciones en la economía de las familias como resultado en el incremento del
precio de las gasolinas.
A la vez que propuso un
paquete de 23 medidas para combatir la inflación, promover la inversión y
generar empleos.
En tanto que el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) presentó un paquete de medidas político
económicas de aplicación inmediata en lo fiscal, gasto e ingresos, política
monetaria, fomento a la inversión y empleo así como para la banca de
desarrollo.
Dentro de sus planteamientos
está el reducir el gasto corriente, establecer medidas para que los ingresos no
se traduzcan a más gasto corriente, además de racionalizar el gasto corriente y
no incrementar los egresos ni el déficit.
SUBE LUZ Y
LIBERAN GAS
Desde julio de 2016 y hasta
enero de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado cada mes
el aumento de las tarifas eléctricas.
En enero se presenta una vez
más dicha situación, para el sector industrial es de entre 3.7 y 4.5% comparado
con noviembre del año pasado, las tarifas para el sector comercial subieron
entre 2.6 y 3.5%, y la tarifa de uso doméstico de alto consumo registró un alza
del 2.6%.
Mientras tanto, las tarifas
eléctricas para el sector Doméstico de Bajo Consumo (DAC), tiene un “aumento
marginal” de 2.6% de diciembre de 2016 a enero de 2017, cita un despacho
informativo de la dependencia, la cual justifica el aumento con los incrementos
de los precios de los combustibles para generar energías eléctricas registradas
en meses previos.
Asimismo, el 1 de enero se
liberó el precio del gas licuado de petróleo (LP), luego de 50 años de tener un
precio administrado por el gobierno.
Por lo anterior, las empresas
distribuidoras en el país pueden fijar su propio precio conforme a las
condiciones del mercado.
Las variables que influirán
en el precio del combustible son estacionalidad, paridad peso-dólar, precio
internacional del petróleo y los costos de distribución y transportación.
PEMEX PIDE NO BLOQUEAR TERMINALES
Desde la entrada en vigor de
la liberalización de las gasolinas y con ello el aumento del combustible, se
presentaron diversas manifestaciones de repudio en el país.
De acuerdo al último conteo
de la ANTAD, 250 tiendas fueron saqueadas “en su totalidad” a nivel nacional
durante los disturbios registrados el miércoles 4 y que se extendieron hasta la
madrugada ayer jueves, inclusive en Estados donde no se habían detectado en
reportes iniciales, como Tabasco y Quintana Roo, en este último caso en la zona
turística de Cancún.
Cabe recordar que la
organización cuenta con 5 mil 213 supermercados o tiendas de autoservicio y 2
mil 154 tiendas departamentales.
Son 41 mil 183 tiendas especializadas, que incluyen cadenas
de las tiendas de autoservicio, farmacias, ópticas y boutiques.
Ante la oleada de
manifestaciones donde ciudadanos inconformes bloquearon estaciones de PEMEX, la
dependencia hizo un llamado a la ciudadanía y partidos políticos que promueven
dichos bloqueos a las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) y a
detener a las pipas, a suspender dichas
acciones que, de continuar, afectarían seriamente el suministro de gasolinas y
Diesel a la población.
“PEMEX está comprometido a
garantizar el abasto, pero no puede poner en riesgo la seguridad de sus
trabajadores. Por ello, exhorta a las autoridades locales a intervenir, a fin
de que las actividades de distribución y suministro de combustibles puedan
llevarse a cabo con normalidad”, cita un despacho de la paraestatal.
De igual manera, la empresa
reprobó los actos violentos, pues al llevarlos a cabo, la venta de gasolina al
público tiene que suspenderse, afectando a los ciudadanos, quienes son los
consumidores finales.
SE PUEDE BUSCAR AMPARO
Contribuyentes y dueños de estaciones
de gasolina pueden solicitar el recurso de amparo y con ello revertir el
aumento a los combustibles que entró en vigor en 2017, comentaría a ZETA el
abogado fiscal Jorge Alberto Pickett Corona.
Externó que ante el
incremento los contribuyentes tienen la opción de acudir al amparo y buscar que
el Poder Judicial de la Federación decrete dicha acción como inconstitucional,
toda vez que está viciada.
Explicó que dicha medida deriva de las reforma
Energética y Hacendaria, que resultan violatorias de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 28 y 31,
fracción IV de la Carta Magna.
Pickett Corona enfatizó que
el Congreso de la Unión violó el Artículo 28 de la Constitución al momento de
derogar la fracción primera del Artículo 14 Transitorio de la Ley de
Hidrocarburos, con lo que la autoridad adelantó un año la liberación del precio
de la gasolina, decretado el pasado 27 de diciembre de 2016 y planeado para
2018, sin embargo, se hizo en 2017 con el interés de atraer más empresas del
gremio al país.
“El factor principal del
aumento de la gasolina es el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios,
mismo que actualmente es de 6 pesos de cada litro, acción que es
inconstitucional porque violenta los principios de equidad y proporcionalidad
tributaria”, expresó para además aclarar que el rechazo no debe ir en contra de
las gasolineras, pues los propietarios son meros franquiciatarios y ellos no
estipulan el precio del producto.
Por su parte, Roberto Valero
Berrospe opinó que lo único que hizo el Gobierno Federal con la liberalización
de los precios fue trasladar a los consumidores lo que ellos antes pagaban.
“El impuesto no lo bajaron y
además redujeron el margen de ganancia de los gasolineros, y así no tienen
forma de competir. Además, no hay infraestructura necesaria para que puedan
importar gasolina. Es ficticia. De muy poco sirve el aumento al salario mínimo
a poco más de 80 pesos, pues la inflación se comerá el incremento”, lamentó.
DESABASTO Y FUGA DE CONSUMIDORES
Noventa serán las regiones
que tendrá el territorio mexicano para determinar el precio del combustible
según el mercado, cada una tendrá que subsistir con precios diferenciados y
esto dependerá de los costos que genere trasladar el combustible a cada
entidad.
En Baja California el pago
más bajo por la Magna será de 16.04 y el más alto de 16.17 pesos, mientras que
la Premium será de17.81 y 17.95, respectivamente.
El Diesel se ubica en 17.16 y
17.29 pesos por litro. Respecto a los estímulos fiscales aplicables a la
enajenación de gasolinas en la frontera norte, Tijuana y Mexicali no recibirán
ninguna rebaja, convirtiéndose en las dos ciudades de Baja California con un
combustible caro, pero los consumidores de Tecate y por la cercanía de Playas
de Rosarito con Tijuana pueden cruzar a adquirir el producto a la Unión
Americana, posibilidad que no tendrá Ensenada.
La medida se traducirá en una
fuga de consumidores debido a los aumentos y al desabasto que se presenta desde
el miércoles 4 de enero, así lo expuso a ZETA el ex presidente de la Asociación
de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), Alejandro Borja.
Hasta el momento no se puede
saber cuál es el porcentaje de la baja en la compra del combustible por la
fuga, ya que es temporada decembrina, pero esperan un repunte en ese fenómeno.
Así las cosas, particulares preferirán ir a San Diego, San Ysidro o Chula Vista
a llenar sus tanques.
La diferencia no es solo en
el precio, sino en la calidad, ya que el combustible americano tiene un mayor
rendimiento, y aun con la paridad peso-dólar, es más atrayente comprar en el
vecino país, donde el galón (3.78541 litros) se oferta en 3.20 dólares,
mientras que en Tijuana serían 68.41 pesos.
Debido a los bloqueos en las
instalaciones de PEMEX en Playas de Rosarito ya se presenta desabasto de
combustible en estaciones de la ciudad, mientras que el Aeropuerto “Abelardo L.
Rodríguez” también se verá afectado, ya que la terminal se abastece de
turbosina.
EL DESCONTENTO SOCIAL
Desde el sábado 31 de diciembre
de 2016 y ante la el anuncio de una gasolina más cara, en Tijuana se presentó
la primera manifestación, aproximadamente 200 personas acudieron al llamado a
rebelarse contra el aumento al precio anunciado por el Gobierno Federal para el
primero de enero, ya que dicha situación repercutiría en el precio de todos los
productos básicos.
Así se llevó a cabo un
plantón en la Torre de Aguacaliente, donde de igual manera, se quejaron de la
privatización del agua realizada por el Gobierno del Estado y el también anunciado
aumento al Impuesto Predial por parte del Ayuntamiento de Tijuana.
“Cuando yo empecé a usar
carro, que fue hace como 12 años, estaba como a 7 pesos (por litro) y ahora
está al doble, y yo creo que en 2017 se puede ir hasta ir triple si no hacemos
nada”, declaró Manuel Ayala, uno de los
inconformes.
Para la noche del lunes 2 de
enero las instalaciones de la planta de PEMEX en Playas de Rosarito fueron
tomadas por ciudadanos y transportistas de dicho municipio.
Con pancartas en mano,
mostraban su rechazo a la medida; su petición es que una comisión atienda el
tema, de lo contrario el plantón sería indefinido.
Hasta ayer jueves 5 de enero
las instalaciones siguen tomadas, sin que pipa alguna pueda entrar o salir del
recinto.
Desde el lunes en la noche,
un grupo civil de la delegación de Camalú, a 152 kilómetros al sur de la ciudad
de Ensenada, bloqueó la Carretera Transpeninsular, provocando un
congestionamiento vial que se extendió varios kilómetros en ambos sentidos.
Esta arteria es la más
importante para el transporte de carga pesada en Baja California por ser la
conexión entre Estados Unidos con entidades del centro del país.
A la movilización se sumaron
Punta Colonet, Vicente Guerrero y San
Quintín, donde el sector empresarial, en especial el agrícola, advirtió al
gobernador Francisco Vega de Lamadrid poner fin a la manifestación, ya que
pierden dinero al tener detenida la mercancía.
Para el jueves 5, las
protestas llegaron hasta las oficinas del Centro de Gobierno del Estado en San
Quintín, donde amenazaron con cerrar el edificio como sucedió el 17 de marzo de
2015, cuando hubo una manifestación de jornaleros.
Pablo Bautista Paz, uno de
los manifestantes en Camalú, dijo que hay rencor y odio hacia el gobierno
porque no les importa perjudicar el bolsillo de la gente pobre.
“El peso cae sobre los más
jodidos, el gasolinazo es un engaño para el pueblo”, criticó.
El cierre de la vialidad ha
provocado que algunas personas que se encuentran de vacaciones en el sur de la
península retrasarán su viaje ante el temor de quedar atrapados en alguna
delegación.
Mientras tanto, en Ensenada,
el miércoles por la noche la caseta de San Miguel fue tomada por unas veinte
personas que llegaron para liberar la circulación vehicular a los usuarios de
la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada.
Trabajadores de Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE) accedieron a la petición de quienes protestaron y,
de manera pacífica, se retiraron de las casetas de cobro.
EL EFECTO INFLACIONARIO EN LA FRONTERA
En la opinión del economista
Roberto Valero Berrospe, lo que se verá en los primeros datos del INEGI
relacionados con el indicador de la inflación, la tercer semana de enero, serán
un disparo de la misma “porque resulta que las gasolinas tienen un peso muy
fuerte en el Índice de Precios al Consumidor, tanto para Tijuana como para
Mexicali, que son las ciudades que encuesta el Banco de México. En Tijuana
podría llegar al 6%, mientras que en Mexicali sería del 5%”.
El consultado agregó que el
problema inflacionario en la frontera se verá más incrementado con la paridad
peso-dólar, que ronda los 22 pesos por unidad.
“Lo más grave de esto es que
se tiene considerado un bajo crecimiento a nivel nacional y, por ende, para
Baja California, lo que nos lleva a un escenario muy poco recomendado que se
llama la estanflación. Es el peor escenario económico que se puede vivir, y
puede presentarse en el primer trimestre del año”, finalizó.
(Con información de Carlos
Álvarez y Lorena Lamas)
EL ENREDADO MENSAJE DEL PRESIDENTE
El miércoles 4 de enero, ante
la oleada de protestas por la inconformidad de los ciudadanos, Enrique Peña
Nieto dio un mensaje a la nación.
En ningún momento dijo que
habría de dar marcha atrás con la liberalización de las gasolinas, como tampoco
advirtió que habría de generar acciones para atenuar el aumento que se dio en
el combustible.
Se limitó a justificar la
acción con el propósito de preservar la estabilidad económica.
“Habrá que ajustarnos a
nuestra nueva realidad que nos impone, no es un asunto del orden interno”,
declaró.
Más adelante anunció que el
incremento en los precios de los combustibles fue resultado de un aumento que
se presentó a nivel mundial:
“Como Presidente de la
República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en
general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia,
que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Esta medida no es una
acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el Gobierno de la
República una decisión fácil, tomar una medida como la anunciada”.
Por lo anterior, apeló a “la
comprensión de la sociedad”, ya que de no hacerlo, resultarían más dolorosos
los efectos, y por ende, las consecuencias “habrían sido más costosas”.
Para concluir, citó que no
permitirá abusos en el aumento injustificado de precios en productos, sin
embargo, a nivel nacional ya hubo incrementos no autorizados en productos de la
canasta básica.
Un día después, jueves 5 de
enero, el Ejecutivo federal dirigió otro mensaje desde la Residencia Oficial de
Los Pinos, donde se aferró a su muy cuestionables mega-gasolinazo.
En ese tono lanzó la pregunta
“¿Qué hubieran hecho ustedes?”, con lo que dejó en claro que no está dispuesto
a participar en un diálogo nacional que reitera la decisión tomada y que se
antoja improbable preste atención a las propuestas que el Poder Legislativo ya
recibió para amortiguar el incremento a los combustibles.
En su acostumbrado tono
sordo, el mandatario nacional afirmó “se trata de un aumento que viene del
exterior, el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este
incremento”, e insistió en el riesgo de mantener el precio de las gasolinas, lo
que de haber tomado esa ruta, podría paralizar por cuatro meses consultas en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o interrumpir por dos años el
programa Prospera, y por tres años, el Seguro Popular.
De seguir con precios de
gasolina ficticios, argumentó, se quitarían “recursos a los más pobres para los
que más tienen”, según sus cifras, 60 millones de personas solo consumen 15 por
ciento de la gasolina, mientras que 12 millones lo hace en un 40%.
Recordó que en el pasado
otras administraciones decidieron mantener artificialmente los bajos costos de
la gasolina debido a un costo político:
“En sexenios anteriores se
perdieron un billón de pesos subsidiando la gasolina, literalmente se quemó
regalando gasolina en lugar de invertir en transporte público, en escuelas,
universidades y hospitales”.
El priista refirió que antes
de aplicar la medida se recortó el presupuesto en 190 millones de pesos y se
eliminaron 20 mil plazas laborales. Adicional a lo anterior, habrá una
reducción del 10% en la partida de sueldos y salarios.
Por último, para proteger a
la población y que no se dé el aumento de precios sin autorización, las
dependencias federales habrán de mantener vigilancia permanente, mientras que
por otro lado se dialoga con sectores productivos del país para generar
inversión y empleo.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/
Francisco Navarro Fausto /Lunes, 9 enero, 2017 12:00 PM)
