Alberto Silva Ramos fue un
funcionario multiusos en el Gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Alcalde en
Tuxpan, dos veces director de Comunicación Social, Secretario de Desarrollo
Social y a quien quería el ex Gobernador que fuera su sucesor. Era el ideal.
Fuero tendría él, y su delfín. Duarte no pudo imponerlo, pero lo hizo Diputado
federal, cuyo blindaje buscará la Procuraduría General de la República le sea
quitado, una vez que concluya una investigación en su contra. El presunto
delito: la utilización de 18 empresas fantasma en 12 dependencias, mediante las
cuales se desviaron 502 millones de pesos en 2014 bajo la fachada de gastos de
“promoción y publicidad”.
La fraudulenta operación fue
revelada el 21 de noviembre por el portal ejecentral, que dibujó la mecánica:
se emitieron 348 facturas a través de empresas fantasma -ninguna de ellas con
algún contrato con el Gobierno del estado-, sin registro y sin comprobar los
supuestos servicios prestados. El expediente que difundió en su edición
impresa, mostró cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deshilvanó
las operaciones y confirmó que las 18 empresas funcionaban como fachada y
causaron un daño al erario en ese año, particularmente durante la gestión de
Silva Ramos al frente de la Coordinación de Comunicación Social.
Silva Ramos, a quien apodan “El
Cisne” y tiene viejas conexiones con el priismo nacional, negó que él hubiera
realizado esos pagos. En un comunicado que entregó a los medios veracruzanos el
mismo día de la publicación en ejecentral, dijo que no contrató servicios ni
solicitó los pagos a las empresas señaladas, sino que fueron realizados por la
Secretaría de Finanzas, que debía de ser la responsable de aclarar el tema -que
nunca hizo. La PGR, en cambio, sí está investigando contratos que firmó en 2014
por poco más de 502 millones, por los conceptos de promoción y publicidad. De
ellos, 75 millones quedaron pendientes de cobro ese año, que Silva Ramos
intentó recaudar sin éxito a su regreso a la Coordinación de Comunicación en
abril de 2016, porque ya habían comenzado a ser públicas las operaciones
ilícitas de Duarte, añadió la investigación.
El tema de los desvíos
multimillonarios en el área de comunicación social cobró nueva vida en los
últimos días, una vez que comenzó a trascender la investigación de la PGR y la
posibilidad de solicitar un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados para
proceder en contra de Silva Ramos. Cuando refutó el Diputado lo publicado por
ejecentral, dio a conocer un pequeño paquete de documentos relacionados con la
Dirección de Comunicación Social, pero guardó silencio sobre el resto de las
revelaciones.
El expediente en el cual se
involucra a Silva Ramos, donde la PGR está determinando si está ligado a cada
una de las operaciones, establece que las 18 empresas -todas sociedades
anónimas, menos una que es sociedad civiil- más beneficiadas por el Gobierno de
Duarte fueron Saervizios Oktagonales, con 75 millones 479 mil 200 pesos;
Publicidad Akkira, con 69 millones 828 mil 268 pesos; Merca Carrey, con 65
millones 176 mil 920 pesos; Marvercarr, con 39 millones 949 mil 80 pesos;
Desarrolladores Mercalim, con 39 millones 525 mil 300; Centro de Recursos de
Negocios Cerene, con 33 millones 449 mil 147 pesos; Anzara, con 33 millones 406
mil 985 pesos, y Carrirey, con 19 millones 140 mil pesos. El resto de las empresas
fantasmas son Comercial Patrol, Comercializadora Jisar de México, Compañía
Sangora de Servicios, Gman Smart Business, Morgarver, Principal Enajena,
Promoción Comunicación, Ravsan Servicios Múltiples, Servicios Generales M, y
Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos.
De las dependencias, la
Secretaría de Desarrollo Social pagó 32 facturas a 15 de esas empresas fantasma
por 50 millones de pesos, de acuerdo con la investigación de ejecentral. La
segunda dependencia con más operaciones presuntamente ilegales es la Secretaria
de Gobierno, con 35 facturas pagadas a 13 empresas por 41 millones pesos. En
seguida aparece la Secretaría de Turismo y Cultura con 34 facturas a favor de
14 diferentes empresas por un monto total de 51 millones; y con el mismo número
de cuentas la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, con
pagos a 16 empresas por un total de 48 millones.
Según el expediente, la
Procuraduría General de Justicia pagó 26 facturas a 11 empresas por 36 millones
de pesos; Protección Civil hizo 31 pagos a 13 empresas por 46 millones; Medio
Ambiente pagó 25 a 12 empresas por 39 millones, y Educación desembolsó para el
pago de 34 facturas a 14 empresas, 47 millones. Hubo pagos similares en las
secretarías de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesca, Salud y
Comunicaciones. En todos los casos, los pagos fueron bajo el concepto de
“publicidad”. Y todas, concluyó el SAT, fueron constituidas como fachada para
desviar recursos públicos con operaciones aparentemente legales.
No es la única investigación
de la PGR en contra de Silva Ramos. Las autoridades buscan determinar si
mediante un esquema similar al utilizado en Comunicación Social, hizo lo mismo
en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz un año antes, donde publicó
45 licitaciones que fueron adjudicadas a la red de 18 empresas por un monto aún
no determinado de dinero, que nunca llegó a los programas sociales para lo que
estaban presupuestados. Los diputados federales que estuvieron asociados a
Duarte, son la otra vena de investigación federal que aún no estalla. “El
Cisne”, en efecto, es quien encabeza esa lista.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL
/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 07/12/2016 | 04:03 AM)
