FOTOS:
Especial ZETA
En
una manta aparentemente escrita y colgada por miembros del narcotráfico en
Tijuana, a los Policías Ministeriales los desafían por “robar droga”, y les
advierten “es el comienzo de un final”. Los asesinos de la mafia siguen
golpeando la fallida tranquilidad de la ciudad con cinco balaceras y siete
muertos en un solo día. En medio del caos, las corporaciones policíacas se
enfrentan mientras en la calle aumenta la cantidad de droga que circula y se
consume, sin embargo, para el gobierno la situación no es de gravedad
De
la narcomanta colgada en una barda de instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, que fue además acompañada de una granada, y donde
amenazan a Policías Ministeriales señalados de robar droga al cártel de
Sinaloa, hay varias hipótesis sobre su origen:
1.- Que la amenaza habría llegado desde
el interior del “Grupo Coordinación”, producto del pleito entre elementos de la
Estatal Preventiva y la Ministerial, no de las corporaciones completas, pero sí
de elementos asignados a narcomenudeo y preventivos. Incluso aquellos que se
enfrentaron el 18 de noviembre, precisamente por droga.
2.- Fuego amigo en la Procuraduría
General de Justicia del Estado. Agentes Ministeriales que pretenden sacar de
narcomenudeo a quienes están y ocupar sus lugares.
3.- Que en efecto haya sido un miembro
del crimen organizado que vio afectados sus intereses por el trabajo de los
agentes de la PGJE.
4.- Efectivamente, que la amenaza
provenga de células del cártel de Sinaloa, y debido al robo de droga del que
fueron objeto por parte de los agentes Ministeriales. Autoridades de México y
los Estados Unidos confirmaron a ZETA el hurto de la droga. En el ámbito local
insisten en la revisión de videos en las oficinas de la Procuraduría y sus
inmediaciones de la mañana del 17 de octubre, particularmente en Robo de Vehículos,
así como los videos del bulevar 2000 y sus entradas y salidas. Pues existen
antecedentes de un cargamento con las características mencionadas, que
simplemente desapareció.
5.- Que se trate de Ministeriales contra
Ministeriales. Una lucha entre aquellos que protegen criminales y quienes no lo
hacen. Existe el antecedente y está relacionado con el narcolaboratorio
descubierto el 18 de octubre.
En
la investigación se ha determinado que el “dueño” de la droga es un sujeto
apodado “El Flanco”, que posee tres bodegas-laboratorios en la misma zona,
donde además vive, y que ante las amenazas de muerte, circula escoltado por
elementos corruptos de la PGJE.
Laboratorio
de cristal en Las Palmas
El mensaje-amenaza del narco dejado en las narices de
los agentes de la Procuraduría del Estado, señala al “Gobierno corrupto”.
Textual,
ésta fue la afrenta criminal hacia los Ministeriales acusados de deshonestos:
“Esto
va para ustedes mugrosos rateros y Ministeriales, RAMÍREZ CRUZ, RAMÍREZ CASTRO,
SANTOYO NUÑEZ, AYALA y otros, etc. Jefe de estos ratas es el GALVÁN todos estos
de Narcomenudeo…Ustedes se robaron Una Droga Prosedente de Sinaloa en el blv
2000 “Ibas en una Ram Blanca tu GALVAN
JEFE DE TODOS TUS CÓMPLICES. Se la robaron a una camioneta Astro, mas de 200 kg
de cristal, 100 de cocaína y 5 de heroina. Y dejaron a una persona tirada y
esposada ahí a unos mts. de los hechos. Fuero rumbo a sus oficinas aguardar el
trabajo y sacaron la mitad a su contacto de Sinaloa el que les puso el trabajo.
Se repartieron y otro lo dejaron en la pick up del jefe Galvan. Si lo presentan
no importa pero ustedes andan de ratas y las ratas aquí se mueren. Y mas si le
roban a las personas equivocadas como en este caso sucedió. Este es el comienzo
de un final ministeriales y los que anden haciendo las cosas mal.
“PD
Checar las cámaras de las oficinas del lunes 17 de octubre a las 6 de la mañana
en adelante “Ahí se van enterar de todo “Gobierno corrupto”.
Éste
fue el mensaje, la amenaza para los ministeriales “este es el comienzo de un final”,
con comas, puntos, incluso con tintas en negro y rojo para resaltar los nombres
de los agentes señalados.
Cada
uno escrito en mayúsculas y con una letra legible.
Todo
fue plasmado sobre una manta que media más de dos metros y medio, estaba más
alta que la barda trasera de las oficinas de la Procuraduría del Estado donde
fue colgada alrededor de las 9 de la noche del miércoles 26 de octubre, en las
inmediaciones de la Central Camionera en Tijuana.
De
hecho, lo extenso del mensaje impedía a simple vista leerla completa porque la
parte de abajo estaba enrollada sobre la banqueta, en esos dobleces colocaron
justo en el centro una pequeña caja de regalo cuidadosamente envuelta, pero
abierta y en el interior una granada de utilería.
Por
órdenes del Subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González,
en la Procuraduría del Estado fue precisamente el jefe del área de Narcomenudeo
de apellido Adame, quien inició la indagatoria y la búsqueda de imágenes en
video, incluidas las de la cámara que observaron en el edificio de la Comisión
Estatal de Servicios Públicos con vista a donde los perpetradores colgaron la
manta.
Usualmente
los expedientes de narcomantas y amenazas los inicia la subprocuraduría de
zona, pero en esta ocasión se lo quedó la SIE, área a la que pertenece
narcomenudeo.
La
PGJE informó que además de las pesquisas para esclarecer quien dejó la amenaza
a los agentes señalados, el área de Visitaduría abrió un expediente de oficio,
basado en la información publicada en los medios y el contenido de la manta,
para investigar si el comandante Galván y los agentes Ramírez Cruz, Ramírez
Castro, Santoyo Núñez y Ayala participaron en el robo de una droga la mañana
del 17 de octubre.
Consultas
al interior de la PGJE indicaron que fuera del comandante Galván –quien lleva
bastante tiempo en la procuraduría– el resto de los ministeriales mencionados
son relativamente nuevos, promedian cinco años en la corporación.
Y
salvo Ramírez Castro, ninguno ha tenido señalamientos mayores o problemas en el
desempeño de su labor.
ARMA Y DROGA EN BODEGAS
En
cuanto a Galván, pese a estar respaldado por la confianza de sus jefes, quienes
refieren no han tenido problemas con él ni cuando estuvo en el área de
homicidios.
La
semana que concluye su nombre salió a relucir tras el enfrentamiento de
policías estatales preventivos con ministeriales en el descubrimiento de un
narcolaboratorio en el fraccionamiento Las Palmas el 18 de octubre.
De
inició los PEP señalaban a Adame y a Galván de proteger a los de Cártel
Arellano aliados con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Y en el transcurso de
la semana, la atención de algunas áreas de inteligencia en ambos lados de la
frontera, se concentraron en Galván, de quien refieren está enfrentado a otro
elemento de la PEP al que apodan “El Tiburón”, ambos resguardando intereses de
diferentes grupos delictivos.
Desde
la PGJE se informó que alrededor de las 13 horas, los agentes investigadores
aún estaban tramitando la obtención de los videos, para poder determinar quién
colgó la manta con el mensaje-amenaza.
Para
descartar lo que es un rumor creciente, que fueron elementos de la Policía
Estatal Preventiva quienes amenazaron a los Ministeriales.
Hecho
que tanto en la Procuraduría del Estado como en la secretaría de Seguridad,
niegan.
PGR: MÁS CORRUPCIÓN
Este
mes, los roces interinstitucionales alcanzaron de nuevo la relación entre el
delegado de la PGR, Pedro Jesús Torres Salazar, y la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
La
historia que a detalle está en poder de autoridades locales, resume: Un hombre
fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en posesión de 5
kilos de cristal.
Cuando
realizaban el operativo de su captura y presentación, se apersonó ante los
uniformados una mujer que se identificó como “la secretaria particular del delegado Torres”.
Pidió
primero, exigió después, la liberación del traficante. Se la negaron. Minutos
más tarde se acercó otro hombre que se identificó como agente del Ministerio
Público. Solicitaba lo mismo: que el detenido fuera liberado. Y al igual que la
mujer, dijo ir en representación del delegado de la PGR. No lograron su
objetivo.
El
detenido fue consignado, aunque horas más tarde fue liberado sin cargos.
Este
hecho de presunta corrupción, se suma a los dos ex agentes federales liberados
en julio de 2016, después que fueron sorprendidos en posesión de droga, e
ingresando a una bodega de droga; o el robo de varios kilos de cocaína en una
bodega asegurada el pasado mes de agosto, también por miembros de la federal.
Todos estos actos criminales, de corrupción,
no han sido denunciados ni investigados.
Aunque
las autoridades cuentan con los datos, imágenes e investigación
extraoficial. Criminalidad desbordada
La corrupción de las instituciones, la impunidad que eso resulta para la
criminalidad, han traído a Baja California una temporada de violencia y la
creciente actividad delictiva.
Como
ejemplo, los últimos nueve días, en Tijuana ubicaron:
* Un laboratorio de cristal en uno de
los fraccionamientos privilegiados. * Una bodega con droga y armas.
* Un narcotúnel con salida en Estados
Unidos, con toneladas de droga.
* Se ubicó y se destruyó un plantío en
Ensenada. En la actividad criminal en Baja California, particularmente en
Tijuana, participan tres cárteles de la droga, Jalisco Nueva Generación,
Sinaloa y Arellano Félix.
Para
darse cuenta de la cantidad de drogas y armas que mueven estas estructuras
criminales, es pertinente saber que bajo la Hielera Aeropuerto en la colonia
del mismo nombre, en el túnel de más de un metro de alto por más de 560 metros
de largo con salida en territorio de Estados Unidos, las autoridades
decomisaron 371 paquetes de marihuana con un peso total aproximado de 2,371
kilogramos.
En
el laboratorio en el que evidentemente cocinaban el enervante, incautaron 200
litros y 200 kilos de cristal.
Asimismo,
en el plantío de Ensenada destruyeron 516 mil ejemplares de marihuana cuya
altura rondaba entre metro y medio, las sembraron en un terreo de 40 mil metros
cuadrados ubicado cerca de Ojos Negros.
Respecto
a la bodega asegurada en la colonia La Ciénega, desde la calle San José de San
Martín, donde se ubica el predio, eran visibles los paquetes de mariguana y al
menos 3 camionetas.
Luego
de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República y del Ministerio Público Federal realizaran la
diligencia, se aseguraron 410 paquetes de mariguana, con un peso total de 4
toneladas 131 kilos.
Además,
se encontraron 7 vehículos, 2 motos acuáticas, 8 armas largas y 6 cortas,
además de una granada.
Previamente
a Moisés Uriel Flores, detenido en relación a este inmueble, le habían
incautado 50 kilogramos de cristal, un
paquete de mariguana de 10 kilogramos, así como 13 armas largas y un
lanzacohetes, 9 cargadores y 163 cargadores.
Todo
esto mientras la jornada sangrienta continuaba, hasta sumar 694 muertos en lo
que va del año, 60 durante octubre, siete asesinatos cometidos solo en el
transcurso del 25 de octubre, ese martes las calles de Tijuana fueron escenario
de cinco balaceras con sus respetivas víctimas mortales.
A LA FEDERACIÓN NO LE IMPORTA
Miguel
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, responsable de la seguridad en
el país, estuvo en Baja California el 25 de octubre –ese día hubo siete
asesinatos– acompañado de dos secretarios más, y no hubo un pronunciamiento en
torno a la escalada de violencia que vive el estado en particular Tijuana,
municipio que evadió visitar.
El
90 por ciento de los homicidios que se cometieron de enero a septiembre del
2016 en el estado de Baja California, son ejecuciones de grupos relacionados
con el narcotráfico.
De
los 819 asesinatos dolosos registrados oficialmente en la entidad, 737 habrían
sido cometidos por el crimen organizado, informó hoy Semáforo Delictivo.
Pero
al señor Osorio, encargado del combate a la criminalidad organizada,
evidentemente eso ni le importa ni le ocupa pese a ser dos responsabilidades a
su cargo.
“Creo
que se gastó más en la logística de trasladar a los tres secretarios y su gente
que en los resultados que su vista dejó en el estado”, reclamó el diputado
federal Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad, “deberemos
endurecer la exigencia al Gobierno Federal de que asuma su
responsabilidad”.
CCSPE: EXIGEN QUE EL GOBERNADOR ACTÚE
“Aquí
nosotros sentimos que falta alguna decisión determinante para poder tomar las
acciones necesarias. Nosotros hemos solicitado enérgicamente se haga lo que se
tenga que hacer y obviamente sabemos que en el estado quien tiene la última
palabra es el Gobernador, hemos buscado que el Gobernador lleve a cabo eso,
desde solicitar la intervención federal, desde tomar las acciones
correspondientes”, puntualizó Jonathan Díaz presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública del Estado.
“Ya
no es lo de cada día” mencionó al referirse a los crímenes y la violencia.
“Se
ven acciones de las policías municipales y la estatal preventiva, detenciones
de miembros aseguramiento de drogas no podemos decir que no se ha hecho nada,
pero nuestra visión es que falta.
“No
tengo la menor duda de que ellos saben que se tiene que hacer y no se ha hecho,
dar un golpe más allá, traer las fuerzas federales porque se está saliendo de
control, estoy seguro que nuestras instituciones tiene conocimiento de que hay
que tomar acciones más allá de lo común”.
Respecto
a la falta de apoyo del gobierno federal Díaz manifestó que tienen 32 estados
por lo que preocuparse y en varios les están pidiendo ayuda a gritos.
“Yo
creo que el gobierno federal va hacer o que le pidamos que haga, pero no hemos
pedido nada. Por eso digo que el que tiene la última palabra es el
Gobernador”
A
la espera de que la situación reviente: “No nos duele suficiente” El
representante ciudadano considera que el Gobierno del estado no dimensiona las
condiciones de inseguridad.
“Cuando
he reclamado me responden que soy el único que se queja…Yo no siento que haya
la idea en nuestro gobierno del estado de que la situación está grave, o sea no
siento un gobierno estatal preocupado y sin intención”
Señaló
que en este momento, tampoco hay una ciudadanía preocupada ni participativa.
“Hoy
la afectación directa en la sociedad es poca, lo más grave es drogadicción que
incide en robo domiciliario. Los muertos son la mayoría ajenos a la gente de
bien, entonces como sociedad todavía no
me duele suficiente.
“Lo
que he platicado con los grupos organizados es ‘señores, esto no tarda en
brincar al nivel en el que nos va a doler’.
En
el momento en que los grupos se posicionen más fuertemente, entonces a ver
quién los para y van hacer todo lo que esté en su mano para conseguir dinero,
van a hacer todos esos delitos que sí nos dan miedo. “Pero todavía no estamos
en eso, y sin intención estamos esperando a estar muertos de miedo para hacer
algo”.
Policía
auxiliar, asesinado en cumplimiento de su deber Eduardo Casas Morales, agente
de la Policía Auxiliar de Tijuana fue arremetido a balazos la noche del 22 de
octubre de 2016 por intervenir cuando Luis Aguilar Villa “El Charro” agredía a
su pareja sentimental.
Acompañado
del guardia de seguridad de Plaza Carrusel, José Alberto González Villanueva,
quien resultaría herido en una pierna, acudió al llamado de auxilio de la mujer
agredida en el paradero de taxis de ruta situado frente a la plaza comercial
Carrusel.
Casas
Morales tenía tres años de haber ingresado a la Policía Auxiliar “por la
necesidad de un mejor sueldo y porque le gustaba el cuidar y defender a la
gente”, reseña su esposa, María Guadalupe García Meza.
Como
policía auxiliar, Eduardo recibía un sueldo quincenal de 4 mil 500 pesos, pero
no estaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque cuando el
gobierno municipal le dio a escoger el servicio médico, optó por el que les
ofrece la Dirección de Servicios Médicos Municipales “por ser mejor”, indicó su
ahora viuda.
Por
ello, a diferencia de quienes sí están dados de alta en el IMSS, su familia no
recibirá pensión, aunque el XXI Ayuntamiento analiza cómo apoyar a la familia,
lo cual resolverá este viernes 28 de octubre.
A
Eduardo Casas le sobreviven su esposa Guadalupe, tres hijos (de 9, 4 y 1 año de
edad), así como su madre María Anselma Morales Chaparro y tres hermanos,
quienes solo piden se haga justicia y el asesinato de su ser querido no quede
impune. Con 28 años de edad, Eduardo era el menor de cuatro hermanos, era “el
hombre de mi vida” resume su madre María Anselma.
Después
de ser herido a balazos, el oficial auxiliar fue trasladado al hospital de Cruz
Roja, donde falleció a los primeros minutos del 23 de septiembre,
convirtiéndose en el octavo policía asesinado durante la administración de
Jorge Astiazarán.
En
su primera audiencia la tarde del miércoles 26 de octubre, Luis Aguilar
señalado como presunto responsable del homicidio, lució nerviosos ante el juez:
su pie temblaba contra el suelo y cuando la Juez de Control, Tania Guadalupe
Vega Gordillo, le hizo las preguntas de rutina, se le quebró la voz, tragó
saliva.
En
la sala 4 de la Unidad Judicial Tijuana, la fiscalía imputó a Aguilar Villa por
haber accionado un arma calibre 9 milímetros en contra del agente de la Policía
Municipal y del guardia de seguridad de Plaza Carrusel, José Alberto González
Villanueva, provocando la muerte del primero y dejando herido al segundo.
El
defensor público José Rafael Vázquez Romero no opuso resistencia.
La
juzgadora programó la “audiencia de vinculación a proceso” el próximo lunes 31
de octubre a las 10 horas. A
hí,
se espera que ambas partes presenten las pruebas y elementos correspondientes.
Mientras
tanto, al presunto “Charro” se le dictó prisión preventiva al interior del
Centro de Reinserción Social –“La Peni”– de Tijuana.
8 MUERTES EN 14 HORAS; VAN 693 CRÍMENES
EN TIJUANA
Parece
que entre la delincuencia no hay tregua. Tan solo en siete días fueron
asesinadas 15 personas en Tijuana.
El
martes 25 de octubre fue el día más violento con 7 asesinatos. La estadística
del mes asciende a 60 homicidios, mientras que en lo que va del año suman 693.
Los
últimos hechos delictivos datan del miércoles 26, una pareja fue atacada a
balazos cuando iban a bordo de un vehículo sedán color negro, en la colonia El
Florido II.
En
la escena falleció un hombre identificado como José Rodolfo Carreón, quien
recientemente había sido deportado tras estar preso por 9 años en Estados
Unidos por droga.
En
la agresión, una mujer de 22 años de edad, resultó lesionada. Como presunto
responsable fue detenido Juan Carlos Cázares Reyes. Tenía en su poder un arma
9mm.
Posteriormente,
hombre apodado “El Api”, fue ejecutado
al interior del restaurante Mariscos La Cacho, ubicado sobre el bulevar Agua
Caliente en la colonia Gabilondo.
En
el lugar quedó abatida la víctima, de entre 30 y 35 años, tras recibir impactos a la altura del cráneo.
Una
fuente relevó a ZETA que “El Api” ya había sido detenido en 2014 y 2016 con
drogas.
El
martes 25 se reportó que sobre el camino del Rancho y del Yonke, en la colonia
Flores Magón, se encontraba el cuerpo de un hombre de entre 35 y 40 años de
edad.
El
occiso presentaba heridas propinadas por golpes en la región cefálica. Después
se informó que un cadáver se encontraba entre matorrales y basura en un camino
de terracería.
La
víctima tenía entre 30 y 35 años de edad. Luego se reportó que sobre la avenida
Las Torres, esquina con Plan de Ayala, en la colonia Las Torres, el cuerpo de
un hombre recibió varios impactos de bala.
También
un masculino fue atacado a balazos a la altura de tórax, su cuerpo quedó
tendido sobre la calle Guanajuato, esquina México Lindo, en la colonia México
Lindo. Más tarde dos hombres perdieron la vida, producto de una riña.
Una
de las víctimas identificada como Mauro Ceja Castellón, de aproximadamente 35
años de edad, recibió varios impactos de bala, mientras que otro sujeto, no
identificado, le propinaron un golpe con una hacha a altura de la ceja.
Los
hechos ocurrieron en la calle Las Rosas, en la colonia Flores Magón.
Luego
se reportó que sobre la calle José María Morelos y Pavón se encontraba el
cadáver de un hombre identificado como Miguel Benítez Zamudio Ángeles, de 36
años de edad.
En el ataque armado resultó lesionado en un
pie un masculino de 61 años de edad.
La
madrugada del miércoles, se informó que un sujeto identificado como Carlos
Joarenth Sánchez Vera, de 24 años de edad, arribó al Issstecali Mirador, herido
con un arma blanca.
Los
hechos ocurrieron en la colonia El Mirador.
El
lunes un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia
Mariano Matamoros Norte.
Los
hechos ocurrieron en calle padre Antonio Torres y Texcalamaca.
El
sábado, Eduardo Casas Morales, oficial de la Policía Comercial fue asesinado la
noche del sábado 22 de octubre en la Plaza Carrousel, luego de responder al
reporte de una riña entre una mujer y su esposo.
El
viernes, en la colonia Reacomodo Sánchez Taboada, un hombre fue asesinado.
LOS HECHOS OCURRIERON EN LA CALLE
TALABARTEROS.
Ex
militares del CJNG secuestraron a hermana de deudora Durante ocho días una
mujer de 45 años de edad permaneció secuestrada por cuatro hombres que dijeron
pertenecer a una célula que se desprende de la alianza del Cártel Jalisco Nuevo
Generación (CJNG) con el Cártel Arellano Félix.
El
secuestro fue realizado para presionar a una mujer identificada como Berenice,
hermana de la víctima, para que pagara a la organización criminal el dinero que
le había sido decomisado por agentes federales en Estados Unidos cuando se
dirigía a México.
Sus
captores Víctor Daniel García Cázares y a Luis Ángel Ramos Cázares, ambos ex
militares, fueron detenidos y presentados ante el juez Daniel Aguilar Patiño el
jueves 27 de octubre.
Según
los hechos expuestos por la Fiscalía, el miércoles 12 de octubre, la víctima se
encontraba frente a la vivienda de su madre en la colonia Loma Dorada de
Tijuana, a bordo de su vehículo y acompañada de su sobrino de seis años, cuando
un vehículo tipo sedán blanco le cerró el paso al frente.
De
acuerdo con la entrevista que la PGJE realizó a la mujer una vez que fue
liberada, tres hombres descendieron del vehículo, uno de ellos, con un arma de
fuego y le ordenaron que bajara del automóvil.
En el trayecto, uno de los hombres le dijo “mi
problema no es contigo, es con tu hermana, tiene una deuda con nosotros y como
no nos quiere pagar, la única manera de presionarla es llevándonos a un
familiar, si no hubieras sido tú, hubiera sido tu hermana”.
Ese
día hubo un reporte de secuestro atendido sin éxito por uniformados. Sin
embargo, el 18 de octubre, los agentes que trabajaban en el caso, recibieron
una llamada telefónica de una mujer “Berenice” para informarles del secuestro
de su hermana.
Ella
reconoció haber trabajado con los secuestradores de su hermana, pero explicó
que cuatro meses atrás se había convertido en informante para el gobierno
estadunidense después de ser arrestada, por lo que no podía proporcionar
mayores detalles sobre los delincuentes ni la cantidad de dinero que le había
sido decomisado.
Los
agentes a cargo del caso, explicó la Fiscalía, corroboraron la información con
la madre de la secuestrada, quien reconoció no saber de su hija Berenice desde
hace tres meses y haber recibido varias llamadas de teléfono, horas después del
secuestro, para informarle que su hija había sido secuestrada para que Berenice
pagara la deuda.
“Tenían
a su hija y para entregarla, necesitaba entregarles el dinero. De lo contrario,
matarían a toda su familia”.
El
jueves 20 de octubre, la mujer secuestrada pidió permiso para bañarse y cuando
los dos hombres encargadas de su cuidado, la dejaron en el baño, la víctima
tomó un plumón y escribió en trozos de papel de baño “Secuestrada. Ayuda.
Urge”, luego arrojó el mensaje hacia el patio contiguo.
Los
secuestradores mantenían a la víctima en el departamento 102 del edificio tres
en el fraccionamiento La Rioja.
Más
tarde, la mujer repitió la acción y dejó caer un segundo mensaje.
Esa
noche, elementos de la Policía Municipal, se presentaron en el domicilio
informando sobre la denuncia recibida.
Una
vez que la mujer vio los logos de la Policía y escuchó a los agentes
identificarse, corrió hacia ellos para solicitar ayuda y les advirtió que sus
agresores se encontraban armados. L
a
Policía Municipal, con apoyo de una de las Bases de Operaciones Mixtas, logró
la detención de Víctor Daniel y Luis Ángel.
En
el lugar encontraron dos armas cortas y dos largas, todas abastecidas y con
cartuchos. Incluso, los rifles de asalto estaban en estado “seminuevo”.
Los
detenidos, imputados por la Fiscalía por el delito de secuestro agravado,
pertenecían a las filas del Ejército Mexicano hasta hace menos de un año.
Víctor Daniel García Cázares sirvió cuatro años en el 86 Batallón de Infantería
en Nayarit.
Y
Luis Ángel Ramos Cázares, también estuvo cuatro años en la Secretaría de la
Defensa Nacional, hasta enero de 2016, cuando se dio de baja por su adicción al
cristal.
Extraoficialmente,
se informó a ZETA que los jefes de los dos imputados responden a los apodos “El
Chaparro” y “El Terrible”. Hasta el momento, siguen sin ser localizados.
Ya
que los supuestos secuestradores pertenecían a las Fuerzas Armadas de México,
la Fiscalía solicitó que el delito de secuestro se considere agravado, lo que
incrementaría la pena, de ser encontrados culpables. El juez decidió
vincularlos a proceso por ese delito.
(SEMANARIO
ZETA/ Edición Impresa/ Investigaciones Zeta Lunes, 31 octubre, 2016 12:00 PM)
