Ciudad de México.- La
venganza fue una de las más atroces que hayan cometido Los Zetas. En marzo de
2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas
donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a
todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus
cuerpos a ceniza.
No se sabe el número real de
víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos, pero un
informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una
entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una
masacre ignorada durante años.
La investigación, dirigida
por Sergio Aguayo, del Colegio de México, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, toma el caso de
Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, como
ejemplos de violencia extrema y desatención a las víctimas.
Ambos crímenes fueron
cometidos por Los Zetas, en zonas estratégicas para el control de las rutas
hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados
ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), donde imperan el miedo y el silencio impuestos por la
violencia.
Lejos de ser hechos aislados,
las masacres revelan un mayor nivel de “barbarie” por parte de Los Zetas y
detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes
—”que eran en el mejor de los casos figuras decorativas”_, la indiferencia y/o
ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la
“pasividad” de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados
lugares, sostiene el documento.
Denuncia, además, la falta de
compromiso de las instituciones con la verdad, única vía para llegar a la
justicia y dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea “En
el desamparo”, que es como se quedaron los afectados.
El caso de los 72 migrantes,
ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos
sobrevivientes —”cosa rara” apunta el informe— y se encontraron los cadáveres.
Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se
vieron obligadas a ofrecer explicaciones, aunque la Comisión Interamericana
denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado mexicano “osciló entre
la indiferencia y la opacidad”.
En Allende no hubo hallazgo
de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.
El fin de semana del 18 al 20
de marzo de 2011, esta ciudad de 23 mil habitantes a 50 kilómetros de la
frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por el Z40 y Z42,
líderes de Los Zetas ahora detenidos contra tres supuestos traidores a los que
acusaban de robarles entre 5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de
colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de
ellos son testigos protegidos de la DEA.
La primera vez que apareció
una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la
declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense. La
cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El
expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42
desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16
ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.
Faltan datos para poder
determinar el número real de víctimas, señala el informe.
Los Zetas llegaron a la zona
en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el
crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las
guerras fratricidas entre los propios cárteles.
Para 2010, Los Zetas tenían
control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.
Ese fin de semana de 2011,
los sicarios recibieron la orden de “checar todos los domicilios de la familia
Garza (apellido de uno de los traidores) porque los iban a levantar para
matarlos”. La policía tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de
auxilio y “levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los
Zetas”.
Según el informe, en 2011 el
cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20
mil pesos del jefe, a los 500 para los menos comprometidos. El sueldo medio de
un agente es de unos 6 mil 300 pesos.
A cambio, debían ignorar
cualquier denuncia y avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de
otro cártel, dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o
golpearlas; cobrar las extorsiones y levantar a quien indicaran los criminales.
La búsqueda de todo aquel
apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana
un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las
detenciones y llevaban a la gente “a dos ranchos donde se concentraba a los
condenados”.
Los Zetas incitaron a los
vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria
pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según
declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los
incineraban en toneles.
“Después de cinco o seis
horas se cocinaron los cuerpos, quedaba pura mantequilla”. Echaron los restos
en una acequia y en un pozo para que “no se viera nada”, dice la confesión de
un sicario.
El documento del Colegio de
México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una “oleada de
violencia” no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se prolongó en
el tiempo.
Pese a la gravedad de lo
ocurrido, el caso “fue ignorado” por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún
perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014, constata el
documento.
La investigación critica, además,
la “opacidad” de Estados Unidos que, “rehúsa compartir información” con
Coahuila de sus testigos protegidos. La fiscalía federal mexicana tampoco quiso
aportar datos al informe.
El documento también denuncia
las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el
caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.
Sergio Aguayo adelantó que
iniciarán una nueva fase de investigación para entender mejor a Los Zetas, el
papel de los gobiernos de Coahuila previos a los hechos, y para saber qué hizo
la sociedad para resistir cuando “el estado abandonó a las víctimas”.
El actual gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira, en el poder desde diciembre de 2011, ha avanzado algo
al reconocer la gravedad de los hechos y comenzar a investigar, pero “no le da
prioridad al derecho a la verdad” y a explicar el porqué de la masacre, indica
el documento.
Según los últimos datos del
gobierno federal, Coahuila tiene mil 618 desaparecidos. Las autoridades han
encontrado fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían ser resultado de
prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido que los Zetas
calcinaban a personas en la cárcel de Piedras Negras, aunque hay mucha
imprecisión sobre estos sucesos.
Algunas madres de
desaparecidos en el estado presentes en la presentación del informe cerraron el
acto con reclamos. “SÍ hay manera de que nos regresen a nuestros hijos:
buscándolos”, gritó Yolanda Morán, madre de un desaparecido en 2008. “Hay mucha
simulación. No hacen investigaciones, no salen a buscar, no identifican los
restos que encuentran”.
El poeta y activista Javier
Sicilia, asesor de la investigación, destacó la importancia del informe por su
independencia y porque “es la expresión de lo que sucede en todo el país”,
masacres que no son hechos aislados.
En México hay oficialmente 27
mil 887 desaparecidos. Las organizaciones de víctimas aseguran que las cifras
reales son mucho mayores.
(ZOCALO/ AGENCIAS/ 09/10/2016 - 04:52
PM)
