martes, 30 de agosto de 2016

DESAPARECEN TRES SINALOÍTAS

Las personas se encuentran desaparecidas desde el pasado sábado

Policías buscan a los desaparecidos.

Guasave, Sin.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. autoridades reportan que tres personas originarias de la comunidad de Las Presitas en el municipio de Sinaloa, se encuentran desaparecidas desde el pasado sábado cuando se dirigían a esta ciudad provenientes de Las Parritas.

Los desaparecidos llevan por nombre, Rafael García Sánchez, de 55 años; Ulises Rafael García Bojórquez, de 34 y Guadalupe. Los dos últimos son pareja sentimental, mientras que Rafael es papá de Ulises.

Según los datos proporcionados por las autoridades municipales fue un familiar de las tres personas quien acudió hasta el departamento de policía de Gabriel Leyva Solano, donde reportó la desaparición de sus parientes, quien explicó que a las 8:00 horas del sábado salieron de Las Parritas rumbo a esta ciudad.

Los desaparecidos viajaban a bordo de un Sentra, color negro, el cual tiene como característica una calavera en la tapa de la gasolina.
Aseguró el denunciante que sus familiares se dirigían a realizar un retiro de dinero y que hasta el momento se desconoce su paradero.


(EL DEBATE/ Mauricio Valenzuela/30 DE AGOSTO 2016)

MÉXICO SOCIAL: DESAPARICIÓN FORZADA, EL HORROR CRECE


De acuerdo con datos oficiales, a agosto de 2016 había consignados, en el Registro Nacional de Personas no Localizadas y Desaparecidas, un total de 24 mil 288 casos en el fuero común y 794 en el fuero federal

El informe sobre desapariciones forzadas en México, presentado en 2013 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene una introducción demoledora. Por lo duro de su redacción se cita de manera textual: “En la ominosa lista de aportes latinoamericanos al catálogo contemporáneo de la historia universal de la infamia destaca, sin lugar a dudas, el uso extendido y sistemático de mecanismos de represión estatales que incluso obligaron a acuñar un nombre propio para denunciarlos y combatirlos. Nos referimos a la desaparición forzada”.

Hoy, 30 de agosto, se conmemora el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, y en él es importante destacar la grave situación que, con base en la información generada por tres instancias internacionales, prevalece en nuestro país, como producto del clima de violencia generalizada que se ha construido desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Particularmente, ante los horribles hallazgos de la prisión de Piedras Negras, la cual fungía literalmente como un “campo de desapariciones forzadas”, y de las fosas recientemente encontradas en el estado de Morelos, el tema cobra especial vigencia debido a la angustia, dolor y desesperación de miles de familias que tienen a uno o varios de sus integrantes en calidad de “desaparecidos”.

EL INFORME 2013

El informe arriba citado documentó que en 2011, 24 entidades de la República no habían tipificado aún el delito de “desaparición forzada” u otros análogos.

Esta situación, de acuerdo con el informe de la ONU, dificulta la toma de conciencia de los gobiernos y las autoridades judiciales locales, respecto de la gravedad y magnitud que tiene este fenómeno en el país; a la par de que deja en total estado de indefensión a las víctimas de ese crimen.

De acuerdo con la información presentada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en 2011 ya se tenía registro de una tendencia aceleradamente creciente de casos de personas víctimas de desapariciones forzadas, y de acuerdo con información recabada entre organizaciones de la sociedad civil, la cifra en ese año ya ascendía al menos a 3 mil personas.

EL INFORME DE LA CIDH

En el año 2015, el Informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, relativo a la situación de los derechos humanos en México, hizo especial énfasis en distintos fenómenos, y entre ellos, precisamente el de las desapariciones forzadas.

En este informe la CIDH sostiene: “Durante la visita (a México) la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta también de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. El fenómeno de la desaparición forzada de personas ha ocurrido en México en diferentes momentos y con diversas intensidades, como en los años 60 en el contexto de la llamada “guerra sucia” hasta finales de los 80 y actualmente ha aumentado en forma dramática en el país”.

De acuerdo con la información recabada por la CIDH, las cifras oficiales muestran un incremento de 22 mil 322 personas no localizadas o desaparecidas contabilizadas en 2014, a una cifra de 26 mil 798 en septiembre del año 2015.

Asimismo, la CIDH afirma que a pesar de los datos, la CNDH ha argumentado que lamentablemente en México se carece de un registro confiable de estadísticas relativas a la desaparición o no localización de las personas, lo que agrava la situación e impide tener un adecuado diagnóstico en la materia.

OTROS INFORMES RELEVANTES

De acuerdo con Amnistía Internacional y con Human Right Watch, en México el problema de las desapariciones forzadas forma parte de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos, por lo que es necesario entenderlas en su contexto; tales fenómenos son: a) la impunidad; b) la violencia y criminalidad que caracteriza al narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada; c) Tortura y tratos crueles por parte de autoridades policiales y ministeriales; d) ejecuciones extrajudiciales; e) violencia contra mujeres, niñas y niños; y f) ataques constantes al periodismo y la libertad de expresión.

LA INFORMACIÓN OFICIAL

El Gobierno de la República creó y puso en línea el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (https://rnped.segob.gob.mx/). Consultado el día 29 de agosto, en este sistema se tenía un registro de 24 mil 288 casos de personas cuyas denuncias por su desaparición o no localización forman parte de averiguaciones iniciadas en el fuero común, y de 794 casos en el fuero federal.

En ese mismo sentido destaca la base de datos que presentó la Procuraduría General de la República respecto de la desaparición de personas, tanto voluntaria como en el supuesto de desapariciones forzadas; en esta base, entre los años de 2014 y hasta junio del 2015, había 597 casos de desapariciones de hombres y de 233 casos de mujeres; de esta cifra, 95 casos corresponden a denuncias por desaparición forzada de hombres y 11 casos por desaparición forzada de mujeres.

Al mes de junio de 2015, entre quienes fueron desaparecidos de manera involuntaria, ninguna de esas personas había sido encontrada con vida.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Mario Luis Fuentes / Excélsior/ 2016-08-30)

BENEFICIA FUNCIONARIO CON RECURSOS PÚBLICOS A EMPRESAS DE SU PROPIEDAD


Acusan productores costeros a Secretario de Agricultura estatal

El campo agrícola El Pañuelito, de la Costa de Hermosillo, propiedad de Héctor Ortiz Ciscomani, fue beneficiado con recursos financieros de los gobiernos federal y estatal, para la adquisición de cinco tractores, y otras de sus empresas agrícolas, para la instalación de malla sombra en naves de ambiente semicontrolado para la producción de hortalizas de exportación. Los apoyos suman en total alrededor de siete millones de pesos tan solo en el 2011.

Al dirigente del grupo agroindustrial Ortiz Ciscomani, de nombre Héctor, se le puede acusar de muchas cosas, más nunca de no poseer el carecer y astucia para que los negocios familiares sean uno de los más exitosos de Sonora y de México. Y si para ello tiene el apoyo de los gobiernos en turno, que mejor.

Y  no podría ser de otra manera para este exitoso empresario agrícola y emblemático agro titán de la región costera, quien, para envidia de muchos, ha logrado sobrevivir una y otra vez a recurrentes crisis del sector, tanto financiero como de falta de recursos naturales, como el agua, para el desarrollo de la agricultura de riego.

Por por estos días que corren, Héctor Ortiz Ciscomani, firma como flamante Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado, posición desde la cual no ha dudado en allegarse de no pocos beneficios económicos que ofrecen los programas del gobierno federal y que son administrados por el estado.

El funcionario público esta siendo acusado ante instancias políticas, judiciales y administrativas de beneficiarse con programas de apoyo gubernamental a la actividad agrícola como el de incentivos a la inversión  para equipamiento e infraestructura, que impulsan conjuntamente los gobiernos federal y estatal, precisamente, desde la orcina que dirige Ortiz Ciscomani.

Un grupo de productores agrícolas de la región costera han presentado una serie de documentos que involucran al Secretario de Sagarhpa Estatal y su grupo empresarial y a los que Dossier tuvo acceso, como beneficiarios directos de programas federales destinados a empresas agrícolas donde el funcionario tiene intereses como copropietario, con un monto que ronda los siete millones de pesos de los ejercicios presupuestales del gobierno en el año 2011.

De la documentación pública cuya copia esta en poder de este medio, se evidencia al Secretario de Agricultura de Sonora, se habría beneficiado con 2 millones 400 mil pesos del programa de apoyo a la inversión en equipamiento de Sagarpa federal y su homónima en el Estado, específicamente para la instalación de malla sombra en 14 naves de producción de hortalizas en ambiente semicontrolado, ubicadas en un campo de la Costa de Hermosillo que administra la empresa Orcis Sadehouses S.A. de C.V, de la cual Ortiz Ciscomani presuntamente es socio mayoritario.

Asimismo, se desprende que el campo El Pañuelito, también de la Costa hermosillense, propiedad del grupo Ortiz Ciscomani, recibió en el ejercicio fiscal 2011 de los gobiernos federal y estatal, alrededor de 751 mil pesos para la instalación de malla sombra en una nave de ambiente semicontrolado para la producción de hortalizas calidad exportación, principalmente al mercado de Estados Unidos.

En los mismos términos, aparece el la sociedad agrícola El Chipilón, S.A. de C.V., de la cual Ortíz Ciscomani sería socio mayoritario, como beneficiaria de un millón de pesos de los gobiernos federal y estatal, para la instalación de un sistema de riego a través de micro túnel.

Pero más aun, al Secretario de Agricultura de Sonora se le señala como beneficiario directo de los programas gubernamentales del año pasado, con 670 mil pesos, para la adquisición de al menos cinco tractores por parte de la empresa agroindustrial, Casas Sombras digitalizadas S.A. de C.V, de la cual el funcionario público presuntamente es accionista mayoritario.

Los pequeños productores denunciantes, sostienen la sospecha de que dichos tractores, al igual que los otros adquiridos por los beneficiarios de los programas de gobierno para el apoyo a la actividad agropecuaria, fueron adquiridos en una distribuidora de maquinaria agrícola propiedad de uno de los hermanos del Gobernador Guillermo Padrés Elías, de nombre Miguel de los mismos apellidos, ubicada sobre el bulevar García Morales, a la salida a la Costa de Hermosillo.

Los quejosos señalan que no solo Ortiz Ciscomani ha sido beneficiado con recursos públicos para beneficio de sus empresas agrícolas, sino que muchos de quienes aparecen en el padrón de beneficiarios, son socios del funcionario en otras sociedades de producción agrícola.

Publicado en Dossier Politico el 14 de febrero de 2012


(DOSSIER POLITICO/ Fernando Gutiérrez R. /2016-08-30)

CAPTURA LA INTERPOL A ORTIZ CISCOMANI EX TITULAR DE SAGARHPA


El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarhpa) Héctor Ortiz Ciscomani, fue detenido este lunes en la Ciudad de México por personal de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés)

El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarhpa) Héctor Ortiz Ciscomani, fue detenido este lunes en la Ciudad de México por personal de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés)

El ex funcionario de la administración que encabezó el exgobernador panista, Guillermo Padrés Elías, arribó al país en un vuelo procedente de España y fue interceptado por los agentes internacionales.

Como se informó en su oportunidad, Ortiz Ciscomani está acusado de los delitos de tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones, delitos por los que tramitó un amparo que finalmente fue sobreseído.

Ortiz se desempeñó como titular de la Sagarhpa durante la administración de Padrés, a pesar que durante el sexenio fue denunciado penalmente por beneficiar a su rancho y el de sus familiares con recursos y programas de apoyos federales y estatales para el campo.

El 5 de febrero, Darío Figueroa Navarro, delegado en Sonora de la PGR, advirtió que estaban citados a declarar ante el agente del Ministerio Público federal cuatro exsecretarios de la administración de Padrés, donde destacaba el de agricultura, Ortiz Ciscomani; además del de Salud, Bernardo Campillo; el de Gobierno, Roberto Romero López, y el extesorero Carlos Villalobos Organista.

Al ex funcionario Padrecista, se le ha señalado como presunto responsable de desviar recursos del gobierno estatal hacia el rancho de su propiedad “El pañuelito”, ubicado en la carretera 100 Hermosillo- Bahía de Kino, que está dedicado a la siembra de uva
Asimismo, se le señala como presunto responsable de beneficiar con más de 36 millones de pesos de fondos públicos a las empresas ganaderas de sus familiares y por el presunto desvío de recursos públicos por alrededor de 60 millones de pesos, motivo por el cual compareció ante diputados del Congreso del Estado de la legislación anterior.

 Según se tuvo conocimiento, Ortiz Ciscomani, entrego recursos a los campos agrícolas “El Panuelito”, “El Chipilón”, “La consentida”, Agropecuaria Chipa, y Orcis Shadehouses, de los cuales él, sus hermanos, esposa, hijos, cuñadas y sobrinos son propietarios

Trascendió que el ex funcionario estatal sería trasladado a esta capital para quedar a disposición del Juez Segundo de Distrito que lo está requiriendo.


(DOSSIER POLITICO/ Comunicado/ 2016-08-30)

DIRECTOR DE POLICÍA CHOCÓ EBRIO Y DAÑÓ BIENES; LO ENCUBRIERON Y SU MULTA FUE DE 164 PESOS


Foto: Cortesía/Manejaba sin placas, sin seguro, ni tarjeta de circulación

Lam Canto se estrelló el sábado por la madrugada contra un poste. Testigos lo auxiliaron y advirtieron su estado inconveniente. Fue escondido en una patrulla de inmediato.  “No conducí ebrio –dice–, después de 22 horas de trabajo, se me cayó el teléfono”. Pero derribó un poste y su base, dañó varias luminarias y destruyó plantas del municipio.  Solo se le dio una multa por “conducir sin extremar precauciones” de 219 pesos y se le hizo un descuento de 54 pesos. El síndico cuenta que es común en el pueblo: “pedir esquina”

El pick up que conducía la madrugada del sábado 20 de agosto el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la ciudad de Tecate quedó inservible.

Comparado solo con una hojalata aplastada para su olvido. Y a pesar que el reporte policiaco dice que quedó “en garantía” no hay patio del corralón que resguarde la camioneta y sus fierros retorcidos.

Golpeó a tan alta velocidad que desprendió la base y cimientos de un poste que sostenía dos lámparas de alumbrado público y que quedó cerca de aplastar una casa móvil.

El impacto fue tan fuerte que despertó a vecinos.

La camioneta quedó –al igual que Juan Bartolomé Lam Canto– de cabeza.

ZETA ha investigado y ha obtenido acceso a diversos documentos que demuestran cómo fue encubierto el jefe policiaco para no ser procesado como a cualquier otro ciudadano.

Además de imponerle una infracción de un monto ridículo.

Si a Lam Canto, sus agentes le hubieran aplicado el reglamento y la Ley el día que “se accidentó” en el pick up que conducía sin placas de circulación y el cual no aparece en base de datos oficiales, con botellas de cerveza abiertas y causando daño por varios de miles de pesos en bienes del ayuntamiento, tendría que haber pisado las celdas del Ministerio Público, de donde por cierto sigue siendo agente con licencia.

La imprudencia de Lam no cobró vidas ni lesionó a terceros.

Algunos hematomas en su cuerpo y un pie lastimado fue el saldo, sin contar los daños causados. Su carro sin seguro y sin tarjeta de circulación no es lo único que se pierde la noche trágica del pueblo mágico: el gobierno priista de César Moreno González cierra su trienio sin rumbo y sin un edil que demuestre autoridad.

Lam Canto no será tocado ni removido, en todo caso, el alcalde decidió que sindicatura investigue si hubo actos irregulares.

Daniel de León Ramos, el síndico procurador tiene la versión de que fue un descuido del director de seguridad pública (al contestar una llamada conduciendo) lo que causó el percance y no el alcohol tal como paramédicos, policías y vecinos, atestiguaron. Y ya no hay forma de documentarlo, más allá de fotografías tomadas por los testigos y las versiones recabadas por este medio, pues además ni siquiera se le hizo el certificado médico de rigor en ese tipo de accidentes.

— ¿No te parece un poco ingenuo pensar que los propios policías detengan a su jefe por tener aliento alcohólico?, cuestiona quien escribe, al encargado de investigar el caso.

“No es de manera ingenua. Es una práctica común de muchos mexicanos, la gran mayoría, que si van tomados en su vehículo, piden esquina. Es una práctica que hemos visto desde toda la vida, que yo me acuerde, que siempre si nos llegan a sorprender, pedimos el paro para que no nos lleven. En este caso, yo no puedo asegurar ni una cosa ni la otra porque no estaba ahí”.



Foto: Ramón T. Blanco Villalón/No hay siquiera huellas de frenado  

Lam no se disculpa, miente y se molesta con ZETA:

“¿Tiene que haberme pasado algo?”

Al ser este semanario el primer medio de comunicación que publicó el choque de Lam junto con los testimonios y fotografías el día del accidente, al momento de querer conocer su versión se enfureció.

Al pedirle su interpretación sobre los hechos, el Director de Seguridad –y quien se ha concentrado en programadas de cultura vial más que en atajar a la delincuencia– dijo:

 “No conducí (quizá intentó explicar “no conduje”) ebrio, después de 22 horas de trabajo, se me cayó el teléfono. Ésa es la justificación o la situación que hay (del choque). No me atendió Cruz Roja, no me atendió Bomberos. Estoy muy molesto porque no es la nota como es, oiga”.

Pero en realidad tanto Cruz Roja como Bomberos se apersonaron en el lugar tras el reporte en C4.

Es más, en la hoja de inscripción del incidente del Centro de Control y Mando y en la bitácora de las ambulancias quedó registrado que la Unidad “BC-128”, la cual se aproximó para brindar los primeros auxilios.

De hecho fue Daniel Hernández (“rojo 5”, clave que se da al jefe en turno en Cruz Roja) el operador de la ambulancia junto con otro paramédico. Todavía Lam en el lugar, los paramédicos tuvieron que subordinarse a los uniformados que protegían a su director. Tanto así que no accedió ser trasladado al hospital.

Cruz Roja tuvo que cerrar su servicio reportando “vehículo abandonado” como si no se hubiera entrevistado con el conductor y al no poderse imponer frente a las instrucciones del director de seguridad pública que era resguardado al interior de una unidad de la policía municipal.

Información obtenida por ZETA indica que la primera patrulla que llegó a rescatar a Lam y donde posteriormente fue escondido fue la unidad 8307 a cargo del Sub comandante Oscar Suárez Zeferino.

Amanecido, quiso contestar el teléfono, venía del trabajo, sin escolta y sobrio: su versión

— ¿Entonces acababa de salir de turno?, se le pregunta a quien ha sido el encargado de la seguridad pública en las dos últimas administraciones priistas.



Foto: Ramón T. Blanco Villalón/Síndico:

“Es común que si van tomados pidan esquina” “Para empezar no tengo horario –contesta–. Viernes y sábado para mí son muy pesados, fueron casi 22 horas de trabajo ininterrumpido, ya iba a mi domicilio, recibí una llamada telefónica, ya iba sin escolta porque iba a mi domicilio.

Recibí una llamada telefónica, malamente quise contestar el teléfono, se me cae el teléfono y es cuando hay un vado en ese previo al accidente y es por ese vado que se provoca el accidente”.

—Los daños, ¿ya los vio…?

“Es en un poste, ya se habló con Sindicatura, pagué la boleta de infracción y estamos por hacer un convenio con el municipio para reparar el daño”.

— ¿La camioneta va a servir, o cómo quedó? ¿Por qué no tiene seguro?

“No, la camioneta son daños totales. No es de mi propiedad, un cuñado me había prestado el vehículo porque había dejado mi carro en la oficina. Son cosas personales, ya”.

— ¿No tiene ningún daño físico, cómo está su estado de salud?

“Aquí estoy (abre los brazos y se recorre el cuerpo con la vista).

¿Tiene que haberme pasado algo?

Aquí estoy”.  

La infracción fue de 164 pesos con 34  centavos ZETA obtuvo copia de la “Boleta de Infracción” firmada por el perito y oficial encargado de los hechos terrestres Pedro Pérez Castillo.

Ahí, el oficial plasmó que Bartolomé Lam Canto con domicilio en Santa Anita, fraccionamiento donde chocó, no presentó la tarjeta de circulación del pick up Chevrolet 2001 sin placas con número de motor 185848.

Y el “concepto de infracción y fundamento legal” fue “por violar art. 145 Fracc 384 del Rto de Tto Mpal (sic)”, es decir, “falta de precaución al conducir”.

Es decir, el perito no agregó a su boleta, el exceso de velocidad, desde luego el conducir en estado de ebriedad, el no haber respetado el alto a 300 metros de lugar del impacto entre otras obvias sanciones.

De hecho esa infracción es una de las sanciones más económicas de 3 días de salario mínimo. Por ello Lam Canto se le generó únicamente una multa de 219 pesos con 12 centavos.

 En manos de quien escribe también se encuentra el recibo de Tesorería Municipal, donde el director de Seguridad Pública pagó el lunes 22 la multa a las 10 de la mañana con 5 minutos.

De hecho, a Lam se le hizo un descuento del 25 por ciento “por pronto pago”, es decir, se le condonaron 54 pesos con 78 centavos quedando en un saldo total de 164 pesos con 34 centavos.  

TRES TESTIGOS COINCIDEN

Los testimonios recabados en la zona del choque concuerdan casi con todo lo plasmado en documentos, salvo con la forma de manejar y el estado evidente de ebriedad. Uno de los vecinos cuenta:

“En sí, nosotros íbamos llegando en la madrugada. Apenas iba a meter el carro cuando escuché (ruido de impacto), pero de la velocidad que venía, ni siquiera se frenó. Se metió el putazón ahí, se escuchó el golpe pues. Pero en sí no se escuchó que frenara ni nada y directito, no metió frenos, eran una S10 negra. Yo iba entrando y cuando llegamos, estaba todo el desmadre”.

— ¿Y el conductor salió por sí solo?

“No, estaba bien ebrio”.

— ¿Quién lo sacó entonces?

“Eso sí no sabemos. Cuando llegamos, ya estaba ahí afuera”.

— ¿Qué decía la persona?

“No, nada, se le miraba la cara de asustado, todo paniqueado, igual y bien pedo también, se le quedaba viendo a la llanta de atrás así como pensando ‘hice mi desmadre’”.

— ¿No daba instrucciones a los policías?

“No, de volada hizo una llamada y vinieron por él, una patrulla llegó por él, luego la grúa ya más tarde”.

Otro entrevistado, por separado cuenta exactamente lo mismo, solo que junto con otro hombre fueron quienes ayudaron a sacar a Lam, quien se encontraba enganchado y volteado.

“¿Está bien güey? Y ni me respondía”, cuenta.

“Solo se sobaba aquí con el celular (se soba al mismo tiempo la parte lateral del pectoral) y pedía una bolsa negra que se le había perdido…caminó hasta la banqueta y se agarró hablando por teléfono, pero ni decía nada como ido”.

Un tercer testigo quien compartió con ZETA videos del momento del choque y de la presencia de los policías, incluso el momento que una de las Grúas Pulido concesionada del ayuntamiento arrastró el pick up para poderlo girar.

En el video se escuchan las burlas de los policías cuando el grullero intenta hacer la maniobra de volteo:

“¡Hey! No mames, es la camioneta de tu papá Lam, no la maltrates” y otro uniformado contesta: “sí, mejor hay que darle la vuelta a mano” (se escuchan las risas).

— ¿Dices que había botes? “Sí había botes de basurero, y hasta agarraron un rastrillo para ponerse a barrer”.

— ¿Sacaron botes de bebidas alcohólicas? “Había una botella y había botes de cerveza, vasos de esos rojos, las sacaron y las echaron a la patrulla, otros los aventaron allá al barranco. Cuando llegaron los demás placas, llegó el perito y empezó a sacar a toda la gente, ‘háganse para atrás’, nos decía”. 


El perito así describió -sin detalles- el choque de su jefe   

El ‘hubiera’ no existe, pero Lam hubiera pagado 18 mil pesos de multa… Con la ayuda de los testimonios, información del parte de hechos el cual también se tiene copia y un perito de Tijuana se pueden sacar conclusiones obvias.

La primera es que Lam iba a exceso de velocidad para que con su vehículo haya desenterrado los cimientos del poste y haberse volteado.

La segunda es que no respetó el signo de alto que se encuentra aproximadamente en 300 metros antes del choque, de lo contrario y considerando que se estampó a una velocidad de 70 millas por hora (112 kilómetros por hora) en una vialidad con velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, tuvo que haber acelerado como un carro de carrera de cuartos de milla (400 metros) que arrancan desde velocidad cero hasta conseguir recorrer la distancia en 12 segundos.

Lam se dio a la fuga, de acuerdo al reglamento local, (en su artículo 120) “Cuando después del accidente el conductor implicado como presunto responsable se retire del lugar sin dar cumplimiento a lo previsto en los artículos precedentes, se considerará que incurrió en fuga y los agentes se avocarán a su persecución”.

Al director lo guardaron y quienes le ayudaron a darse a la fuga fueron los mismos policías.

Otra es la que se plasma en el mismo peritaje y la boleta de infracción: que no circulaba con placas ni tarjeta de circulación. Es más, el pick up negro que usa usualmente Lam Canto estaciona en la comandancia de serie 1GCDT13W01K185848 “no se encuentra inscrito en el Registro Público vehicular” (REPUVE) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) según la consulta realizada por ZETA.

El Reglamento de Tránsito en el Municipio de Tecate en la sección segunda “de los requisitos para la circulación de vehículos” explica: “todo vehículo de motor, para poder transitar las vías públicas del Municipio, deberá contar con el registro correspondiente ante la autoridad competente del Gobierno del Estado de Baja California, por lo cual deberá estar provisto de placas de matrícula y de tarjeta de circulación en vigor”. Lam ni una ni otra.

Con el Reglamento de Tránsito en mano, éstos son los conceptos y los días de salarios mínimos en multas que hubiera podido acumular el funcionario en su colisión.

*326 No portar o alterar las placas de matrícula o permisos para transitar. 10 días *361 No obedecer el alto cuando lo indique un semáforo o cualquier otra señal. 5 días

*366 Sin precaución cambiar de carril 3 días (ésta es la única que el perito le marcó)

*384 Conducir sin extremar precauciones. 3 días

*385 Acelerar innecesariamente la marcha del motor o del vehículo derrapando llanta 10 días

*388 Conducir con exceso de velocidad o no respetar el límite señalado. 10 días *420 Fuga y persecución 30 días

*422 Por ingerir el conductor bebidas alcohólicas en el vehículo, o transportarlas abiertas. 30 días

*424 Conducir peligrosa y temerariamente 10 días

*425 Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. 40 días. Sobre todo considerando el artículo 147 que dicta que “cuando el infractor, en uno o en varios hechos, viole varias disposiciones se le acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas”.

En este caso un total de 251 días de multa de salarios mínimos es decir, 18 mil 333 pesos con 4 centavos.   …más 40 mil en los daños

Cuando este semanario visitó la Dirección de Obras Públicas el martes 23 todavía no se generaba los montos de daños ocasionados por Lam sin embargo en un catálogo de bienes municipales se puede calcular, la base (8 mil pesos), el poste (6 mil pesos), las 2 lámparas (12 mil pesos cada una), cable y la flora resultan  aproximadamente 40 mil pesos los cuales Lam pretende pagarlos mediante un convenio.  

EL ENCUBRIMIENTO

A decir del reglamento de tránsito, los conductores de vehículos implicados en un accidente, del que resulten daños materiales en propiedad ajena se le dará aviso a la Dirección (la cual dirige Lam), “para que ésta pueda comunicar a su vez los hechos a las dependencias o particulares, cuyos bienes hayan sido afectados, para los efectos procedentes”.

“En todo caso –prosigue el reglamento– el juez calificador al turnar el asunto al Ministerio Público, deberá solicitar que el vehículo del conductor señalado como responsable en el reporte del perito, quede en garantía de pago de los daños ocasionados a bienes municipales, a menos que el responsable otorgue en garantía, un depósito en efectivo ante la Recaudación de Rentas Municipal, por dos veces el valor estimado de los daños por el juez calificador, o que el pago se realice en el acto”. Nada de eso pasó.



Foto: Agustín Reyes/Que venía del trabajo y se le cayó el celular, dice

El mismo documento detalla que serán los policías quienes “evitarán en lo posible la fuga de conductores implicados en el accidente” Y cuando resulten solo daños materiales, el agente dispondrá la forma de traslado ante el juez, además de que se le “deberá obtener certificado de esencia psicofisiológico de los conductores” cuando “detecte que alguno de los conductores tiene aliento alcohólico, se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes”, o bien “exista duda sobre las causas del accidente”.

Los agentes policiacos debieron ordenar el examen de niveles de alcohol en Lam Canto apegados al Reglamento. Pues describe que se realizará para considerar que una persona se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, entre otras razones “cuando el conductor al circular, vaya ingiriendo bebidas alcohólicas; cuando el conductor no exhiba licencia para conducir ni tarjeta de circulación…y cuando el vehículo circule sin ninguna placa de matrícula”.

En ese otro encubrimiento Lam se ahorró la detención y “turnación” al Ministerio Público y el pago del certificado médico de lesiones de 92 pesos, el de estado ebriedad por 731 pesos y el de aliento alcohólico por 366 pesos.

Un total de mil 189 pesos. Con este otro escandaloso acto cometido por uno más de los integrantes del gabinete de César Moreno, Tecate y su gobierno pierde más que 4 luminarias, cables y kilos de fierros y cemento.

Pierde la autoridad moral, el poder anémico de un alcalde y su gobierno. Y gana el descarado desacato de su equipo de trabajo. La imagen del pueblo mágico –al igual que en Bartolomé Lam Canto en su accidente– está de cabeza.


(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Isaí Lara Bermúdez/ Lunes, 29 agosto, 2016 12:00 PM)

INDAGAN “NARCOPOLÍTICA” EN JALISCO


Foto: Tomada de Internet/Sergio Kurt Schmidt Sandoval, "La Pistola", operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG

Vinculan a cerebro financiero del CJNG con políticos y empresarios, quienes ya empezaron a “desmarcarse”. Un hijo del detenido Sergio Schmidt “La Pistola” trabajaba en el Ayuntamiento de Guadalajara con sueldo de 24 mil pesos mensuales.

Podrían citar al ex gobernador panista Emilio González Márquez para que declare sobre sus nexos con el presunto mafioso Luego de la detención en Zapopan del presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sergio Kurt Schmidt Sandoval “La Pistola”, se destapó la  narcopolítica en esa entidad del Occidente del país, donde el presunto delincuente se “codeaba”, en la última década, con funcionarios públicos y empresarios.

Aunque no era un secreto que a Schmidt se le vinculaba con la delincuencia organizada, pues el año pasado el gobierno norteamericano lo señaló como persona cercana al líder del cártel jalisciense, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”,  y se sabía de su participación en asaltos bancarios en la década de los ochenta, ahora políticos y empresarios se hacen los sorprendidos.

El viernes 19 de agosto, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó de la captura de Sergio Kurt, quien formaba parte de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno Federal en su lucha contra la delincuencia organizada.

Renato Sales aseguró que la detención “afectará significativamente la estructura operativa y financiera de esta organización delictiva”. Y lo dijo porque sabía que habrá varios políticos “salpicados”.

El escándalo ya estalló en Jalisco, donde los empresarios fueron los primeros en deslindarse de la amistad o sociedad alguna con el aprehendido.

Después lo fueron haciendo políticos ligados al ex gobernador Emilio González Márquez, quien habría dado una “patente de corso” al personaje entre 2007 y 2013 para que se beneficiara de los negocios que se gestaban dentro de los reclusorios de la entidad.

Sergio Schmidt había participado en diciembre de 1981 en el robo armado a un banco en la ciudad de Lagos de Moreno, obteniendo el botín más cuantioso hasta ese entonces, por la cantidad de 93 millones de antiguos pesos (después de 1993 se quitaron tres ceros a la moneda), en compañía de J. Jesús González Márquez, hermano de Emilio, quien murió en un accidente automovilístico a inicios de 1982.

El fiscal general de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, que gusta figurar en los medios de comunicación, afirmó que “La Pistola” también es buscado por la dependencia a su cargo por delitos del fuero común y que se tenía conocimiento que efectivamente era el enlace del Cártel Jalisco.

 “Este sujeto lo que hacía era ser un vínculo entre autoridades de diversos niveles, entre grupos sociales, grupos empresariales con la delincuencia organizada”.

A unos días de la detención, periodistas locales ahondaron en los nexos de Schmidt Sandoval hasta descubrir que un hijo del hoy preso estaba trabajando en el gobierno municipal de Guadalajara que encabeza el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, victorioso en las elecciones de 2015 por Movimiento Ciudadano.

Kurt Schmidt Díaz, joven veinteañero, estaba en la nómina del Ayuntamiento con plaza de “Técnico A”, con un sueldo mensual de 24 mil pesos. Miembros del gabinete municipal reconocieron que el hijo del operador financiero del CJNG fue cesado al conocerse del escándalo.

También, que había participado activamente en la campaña electoral de quien dijo cambiaría la historia de Guadalajara. Otros funcionarios refirieron que ya había trabajado para Alfaro cuando fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Al ser entrevistado por reporteros, Alfaro Ramírez afirmó sobre Schmidt Sandoval:

“No voy hablar del tema, es un asunto en el que cada quien tiene que manejar con responsabilidad el asunto, claro que lo conozco, claro que ha estado en eventos públicos, es un personaje que era parte de la sociedad. ¿Quién nos dijo a nosotros que era un personaje que estaba bajo investigación? ¿Cómo tendríamos nosotros que saber de un personaje así era sujeto a una investigación? Cuando una persona que andaba en la calle como si nada, yo lo veía cada 15 días muy cerca de donde yo me siento, se sentaba él en el estadio de las Chivas, andaba como si nada, por la calle”.

Al jefe del gabinete del Ayuntamiento tapatío y ex dirigente estatal de Movimiento ciudadano, Hugo Luna Vázquez, también le fincaron nexos con el presunto empresario detenido.

La ex regidora de MC en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño, aseguró que fue presionada en 2014 -junto con otros regidores- por Luna Vázquez para que se votara a favor de destinar 6.3 millones de pesos al festival Fandango, en el cual Schmidt tendría intereses con el entonces alcalde Ramón González Reséndiz.

Ahora todos se desvinculan del enlace del “Mencho”. Ya lo hicieron Enrique Alfaro, Hugo Luna, Ramón González. Quien aún no aparece es el ex gobernador panista Emilio González Márquez, que de acuerdo a lo externado por el fiscal Almaguer, podría ser citado a declarar para deslindar responsabilidades, principalmente de la investigación que se sigue por el autogobierno carcelario, detrás del que se presume estaba Sergio Kurt Schmidt con anuencia del ex mandatario.

Durante el sexenio de Emilio, una hermana del mencionado Sergio, Cielo Schmidt Sandoval, estuvo en la nómina del gobierno estatal como jefa del Departamento de Concursos y Licitaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE), dependencia encargada del deporte en la entidad.


(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Investigaciones Zeta /Lunes, 29 agosto, 2016 12:20 PM)

ALINEAN A LOS “CHAPITOS”


Foto: Tomada de Internet

Ante el vacío de información oficial, periodistas han construido el secuestro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, aunque se desconocen los “puntos finos”. Ahora se asegura que además de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, también fue privado de la libertad su hermano mayor, César. “El Chapo” promovió un nuevo amparo por presunta tortura y segregación en el penal federal de Ciudad Juárez

A casi dos semanas del levantón de seis personas en un restaurante de Puerto Vallarta, las autoridades se muestran herméticas en cuanto al hecho y las investigaciones, en tanto se conoce extraoficialmente de que no fue uno, ni dos, sino tres los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán que fueron privados de la libertad y posteriormente liberados.

Mientras las versiones en los medios de comunicación se construyen con base en presuntos contactos con la familia de César, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y otros por medio de filtraciones de funcionarios del Gobierno Federal que supuestamente les piden guardar anonimato, un millar de soldados reforzaron los límites entre Jalisco y Nayarit en los últimos días.

Fue hasta el martes 23 de agosto cuando el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó lo que ya se sabía: además de Jesús Alfredo, había sido secuestrado Iván Archivaldo, aquella madrugada del 15 de agosto en el restaurante vallartense, pero no confirmó la noticia de su liberación, que desde el sábado 20 dieron a conocer la agencia AFP y el semanario RíoDoce.

Sales Heredia justificó que no existía la validación de la información por parte del Ministerio Público Federal que indaga el suceso, pero que la investigación estaba en curso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

La agencia francesa AFP había informado tres días antes que un miembro de la familia Guzmán le dio la noticia de la liberación.

“Ya están libres y están bien”, les dijo la fuente. P

or su parte, entrevistado por diversos medios, el director del semanario RíoDoce, Ismael Bojórquez, confirmó que a través de tres fuentes diversas, Alfredo e Iván fueron liberados la noche del viernes 19 de agosto y se encontraban a salvo gracias a la negociación del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

 Bojórquez afirmó que fueron dos fuentes las que le dieron la información de que los hijos de Joaquín Guzmán Loera estaban libres y en el Estado de Sinaloa. Después una tercera persona les confirmó la veracidad de la noticia, aunque no le dio mayores detalles.

El periodista Carlos Loret de Mola -que citó fuentes oficiales- asegundó la versión y agregó que en la cena del restaurante La Leche también fue privado de su libertad un sujeto al que identificó como “el suegro de Iván”.

Para que sus captores soltaran a los hijos del “Chapo”, la familia o sus intermediarios tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero. 

 PESQUISAS

En las investigaciones de las autoridades, se siguen dos líneas principales, que serían la inicial, de que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del levantón, y una segunda, que refiere una presunta disputa hacia el interior del propio Cártel de Sinaloa, donde las actitudes de los hermanos Guzmán Salazar no serán toleradas. “Estaban muy crecidos”.

Sin embargo, fuentes de inteligencia estiman que la alianza de cárteles que se gesta por el corredor del Pacífico habría “alineado” a los hijos del “Chapo”, quienes ya no respondían a las indicaciones de la dirigencia y estaban en riña con la facción de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y del hijo de éste, Dámaso López Serrano “El Mini Lic”.

La coalición se formaría entre las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva, que tienen de aliados a Los Zetas, con el Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez y CJNG, que tiene como cercano al grupo de los Arellano Félix. Presuntamente detrás de la unión del bloque Pacífico estaría el liberado narcotraficante Rafael Caro Quintero.

El jueves 25 de agosto, ante el vacío de información por parte de las autoridades, le construyó un nuevo episodio a la historia del levantón de los Guzmán Salazar. No solo fueron Alfredo e Iván, sino también su hermano mayor, César, las víctimas del comando armado que irrumpió aquella madrugada en la finca comercial de Puerto Vallarta.

Un día antes había dicho que “fuentes de alto nivel” del gabinete de seguridad del Gobierno Federal, le contaron que “El Chapo” Guzmán se enteró del plagio a través de su esposa, Emma Coronel Aispuro, durante una visita en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número. 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

 Supuestamente en los cinco días que los “Chapitos” permanecieron en manos de sus secuestradores, su padre estuvo muy nervioso e intranquilo en la prisión, pero no tuvo una reacción violenta y rechazó el apoyo para realizar una denuncia formal, aunque agradeció el gesto y negó tener pistas para las autoridades.



 Foto: Tomada de Internet  

NUEVO AMPARO

Durante la semana que se registró el suceso, se reportó un intenso movimiento militar y de fuerzas de seguridad en los alrededores del penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez, hecho que algunos vincularon a la noticia del amparo que ganó para que en breve sea devuelto al CEFERESO Número 1 Altiplano.

Una vez pasado el susto, el sábado 20 de agosto, “El Chapo” volvió a la carga en contra de las autoridades del penal donde se encuentra y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al presentar una nueva demanda de amparo por presuntos actos de tortura, segregación e incomunicación.

El escrito fue presentado ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, el mismo que le concedió el amparo para que sea reingresado en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez. El juzgador le concedió la “suspensión de plano” de los actos reclamados y solicitó los informes respectivos a las autoridades responsables.

El miércoles 24, Guzmán Loera ratificó la demanda de amparo presentada en su nombre, mientras que los directivos del CEFERESO de Ciudad Juárez informaron el dicho del interno es falso, pues “ha recibido atención médica de manera preventiva y en base a los padecimientos que ha presentado desde que fue ingresado a dicho Centro Penitenciario, hasta la fecha, tal como lo establece el Artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social”.

En cuanto a la atención  de salud mental que reclama Joaquín Archivaldo, el director del penal refirió que “no ha sido necesaria, ya que los psicólogos que lo han valorado no encontraron situaciones que ameriten tratamiento alguno; no obstante lo anterior, se ordenó el 21 de los corrientes, valoración psicológica, de la cual se remitirá a la brevedad posible en informe respectivo”.


(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Investigaciones Zeta /Lunes, 29 agosto, 2016 12:00 PM)