Asoma crisis en la gran minería mexicana
Un experto en temas mineros avizora la
decadencia de los grandes emporios mineros
que tendrán que poner sus barbas a remojar, sobre todo, aquellos que
inmisericordemente destruyen vastas
regiones de territorio nacional con su indiscriminada extracción de oro y plata
y otros minerales y metales, caso este de Grupo México, Peñoles y otras no
menos nocivas, que representan un alto costo para los ecosistemas donde están
asentados y una merma a corto plazo de la calidad de vida de millones de
mexicanos.
Todo, bajo el disimulo
histórico de un gobierno de la república que ante la presión internacional,
parece que hoy, poco a poco cede para mermar el poder destructivo de estos
nuevos mercaderes del subdesarrollo, sin hacerlo notar mucho, pero aplicando el
estado de derecho con aparente mano dura.
Un juicio agrario que
concluyó en una sentencia inatacable que ordena a Grupo Peñoles a indemnizar al ejido El Bajío, municipio de
Caborca, Sonora con 350 millones de dólares por usufructuar ilegalmente sus
terrenos para asentar anexos de la mina La Herradura, constituirá la punta de lanza e histórico precedente para
que otros núcleos agrarios del país revisen sus linderos y jalen a cuentas a
las grandes empresas mineras que han pasado sobre sus derechos y sobre las mismas
leyes ambientales, fiscales, laborales y agrarias de México, a raíz de que el
neoliberalismo salvaje les abrió las puertas para ampliar su poderío minero en
suelo social en sociedad con capitales extranjeros.
Una severa crisis está por
enfrentar la gran y mediana minería en México derivado del juicio agrario que
obliga al Grupo Industrial Peñoles (GIP), propietario de Minera Fresnillo que
opera La mina La Herradura de Caborca, Sonora, a pagar 350 millones de dólares
a 72 socios del ejido El Bajío, del mismo municipio, luego de que por 16 años
extrajo ilegalmente inmensas cantidades de oro y plata de terrenos propiedad
del núcleo agrario sin el consentimiento de la asamblea de socios sin pagar
renta alguna.
Es que, de acuerdo a
estimaciones de expertos en minera, el
90 por ciento de los grandes proyectos mineros en operación en México se ubican
sobre tierra social, es decir, en colonias, ejidos y comunidades agrarias, en
su mayoría en situación de pobreza que aprovecharon las industrias mineras
extranjeras y mexicanas como Peñoles y Grupo México para, indiscriminadamente
usufructuar las riquezas minerales del subsuelo bajo condiciones ilegales o, al
menos, irregulares.
Principalmente, la mayoría de
concesiones mineras asentadas sobre tierra social carecen de autorización
legítima o protocolizada de la máxima autoridad ejidal como es la asamblea de
socios, en el mayor de los casos, y en otro buen porcentaje, están invadiendo
terrenos no contemplados en el contrato original, si es que existiera.
En Sonora los títulos de
concesión minera en etapa de exploración, explotación o extracción amparan el
32 por ciento de toda la superficie estatal;
en su mayoría las empresas mineras están asentadas sobre tierra ejidal o
comunal de forma irregular o simulada, en tanto que a nivel nacional la
superficie concesionada a empresas mineras alcanza el 30 por ciento del suelo
mexicano, eso sí, bajo las mismas condiciones de usufructo irregular sobre propiedad
social.
En el caso del ejido El
Bajío, de Caborca ( ver
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=176332&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1)
el tribunal agrario número 28 con asiento en Hermosillo, sentenció a la minera
Fresnillo de GIP en sociedad con minera gringa Penmont, Inc., a regresar a los
ejidatarios ocho toneladas de oro y cuatro de plata en lingotes -tal y como
fueron extraídos del país- o, en su defecto, indemnizar al ejido por los 16
años de usufructo ilegal, así como realizar labores de remediación ecológica y
ambiental sobre las mil 800 hectáreas
desposeídas al núcleo, y que actualmente yacen en calidad de inservibles y
contaminadas con cianuro, arsénico y otras sustancias altamente tóxicas.
Los abogados han calculado
todo lo anterior en 350 millones de dólares que deberá poner en manos del ejido
para que sus socios dispongan de ellos lo que a su bien les parezca, incluida
la remediación del sitio dañado y demás
prerrogativas económicas sentenciadas por el tribunal agrario en favor
de los dueños del suelo.
Uno de los principales
asesores legales de las empresas mineras extranjeras asentadas en Sonora y
experto en derecho sobre la propiedad industrial con enfoque en minería, dio su
punto de vista a Dossier sobre este caso y
visualizó que en los próximos años este sector de la economía enfrentará
en todo el territorio del país, a manera de efecto dominó, una escalada de juicios agrarios similares al
que enfrentó y fue derrotado Peñoles en septiembre del 2015 en Sonora.
Cabe señalar que, a la fecha,
el consorcio permanece en desacato a una autoridad jurisdiccional al negarse a
dar cabal cumplimiento a una sentencia emitida, el cual es inatacable e
ineludible ante el estado de derecho mexicano e internacional, además de violatorio
todos los acuerdos sobre derecho a la posesión de la tierra social y derecho
del campesino a los que México está suscrito a través de pactos, tratados y
convenciones tutelados por la ONU.
En charla con Dossier
Político, el experto en derecho minero bajo consigna de reservar su nombre,
considera que la única forma de hacer
cumplir a la minera Fresnillo subsidiaria del poderoso grupo Peñoles,
propiedad mayoritaria del segundo hombre las rico de México, Alberto Bailleres Gonzáles, es mediante un procedimiento
jurisdiccional de embargo de bienes, no solo los de capital industrial, como
sería maquinaria, equipo e infraestructura, sino del título mismo de la
concesión minera bajo el cual opera la mina La Herradura.
Solo así los ejidatarios
vencedores en el juicio agrario garantizarían la reparación del daño
patrimonial como ente social justiciable al convertirse en socios capitalistas
cuya aportación sería el título concesionario de la explotación, ya sea con
otra o la misma empresa que los despojó de sus terrenos, que tendría como
efecto resarcir el daño por la vía de los dividendos potencializados a su
favor, por el resto de los años que esté vigente la concesión minera, con la
posibilidad real de ampliarla en caso de concluida esta sin repararse aun el
daño al ejido.
Más aún, los abogados de El Bajío están en
posibilidades de hacer valer lo que a derecho asiste a los ejidatarios para
solventar el daño patrimonial derivado de la ocupación ilegal de sus terrenos por parte de GIP, como es demandar el embargo
de los títulos accionarios colocados por Fresnillo en los mercados bursátiles
donde cotiza, a saber la bolsa de
valores de Toronto, Canadá y Londres, Inglaterra.
Peñoles creó en el 2008 a Fresnillo Plc para dividir el negocio de
metales preciosos del de metales base y colocar el 25% de la subsidiaria en la
Bolsa de Londres por lo que Bailleres mantiene la propiedad sobre el 75%
restante de la original Fresnillo.
A su ingreso a la Bolsa de
Londres, Fresnillo obtuvo 905 millones de libras esterlinas (1,770 millones de
dólares) en una oferta pública inicial a un precio de 555 peniques por acción.
Con ello el consorcio minero
recibía una suma bruta de alrededor de 900 millones de dólares por la venta de
82.89 millones de nuevas acciones.
Al día 17 del año y mes en
curso Fresnillo Plc cotizó la acción en
la Bolsa de Londres en 1.92 libras
esterlinas con un volumen colocado de un millón 131 733 acciones alcanzando un
valor bursátil cercano a los dos mil millones de libras esterlinas (poco más de
dos mil millones de dólares estadunidenses tipo de cambio actual).
Y así se publicita en su
sitio web bursátil este emporio mexicano para animar a los adquirientes de
acciones:
“Fresnillo Plc es el mayor
productor mundial de plata primaria de México y la segunda mayor productora de
oro, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo FRES desde
Mayo de 2008. Fresnillo tiene siete minas en operación, todas ellas en México;
tres proyectos de desarrollo -la Planta de Cianuración Dinámica para procesar
el oro de alta ley de las minas de Herradura y Soledad-Dipolos, (En Caborca,
Sonora) San Julián y Saucito II y cuatro prospectos de exploración avanzados -
Centauro Profundo, (Caborca, Sonora) Juanicipio, Orysivo y Las Casas-Rosario,
así como un número de prospectos de exploración a largo plazo.
En total, Fresnillo cuenta
con concesiones mineras que abarcan aproximadamente 2.1 millones de hectáreas
en México. Con una fuerte y larga tradición minera y un historial demostrado de
desarrollo minero, de reposición de reservas, y un costo de producción en el
cuartil más bajo de la curva de costos para la plata y el oro en el mundo”.
Mas cinismo no se puede,
dirán no pocos.
Grupo Industrial Peñoles
participa con el 80 por ciento de la producción nacional de oro y plata en
tanto la mina La Herradura y sus ampliaciones Dipolos I y II, Soledad y Noche
Buena, ubicadas en Caborca, Sonora aportan entre el 20 y 30 por ciento del
volumen total de extracción en todo el territorio mexicano.
EXTRACCIÓN ILÍCITA DE ORO Y PLATA “POR DEBAJO DEL
AGUA”
Según el especialista
consultado, tanto Grupo México, con asiento en Cananea y Nacozari, como Peñoles
/ Fresnillo en Caborca y Opodepe, los volúmenes de oro y plata reportados a la
Secretaría de Hacienda a través de sus carátulas fiscales no corresponden a la
extracción real de metales preciosos que
inmisericordemente van a parar al mercado extranjero con la obtención de
multimillonarios dividendos para sus pocos socios capitalistas.
“Es un secreto a voces” que
durante muchos años en Cananea aunado al proceso de extracción de Cobre como
vocación primaria de la mina Buena Vista del Cobre, antes Mexicana de Cananea,
propiedad del Grupo México de la familia Larrea Mota Velazco, se lixiviaba el concentrado para
beneficiar el oro y la plata en cantidades grandes.
Lo mismo sucede en las minas
La Herradura y sus anexos Dipolos I y II, Soledad y Noche Buena de Caborca,
donde solo un escaso porcentaje del total de la extracción real es registrado a
las autoridades federales, en virtud de no existir un control de supervisión
eficaz por parte de gobierno que obligue a la empresa a demostrar la cantidad
de oro y plata neto que extrae del subsuelo sonorense.
De esta manera, se calcula
que Grupo Industrial Peñoles y Grupo México, así como los demás grandes y
medianos consorcios con proyectos similares podrían estar reportando entre 25-
30 por ciento de los volúmenes reales de oro y plata que extraer del subsuelo
sonorense, lo cual incrementa sus utilidades y aligera la carga fiscal, dice el
especialista en la entrevista con este medio.
El entrevistado lamenta que
las leyes en materia minera y de industria y comercio en México no posean
protocolos de supervisión, vigilancia y verificación de los volúmenes de
metales preciosos que verdaderamente se extraen en los proyectos en desarrollo
por parte de las grandes empresas que se asocian a capitales extranjeros para
coinvertir en este negocio altamente lucrativo y nocivo en alta densidad para
la salud de los trabajadores, el ecosistema y el medio ambiente de los lugares
donde se asientan.
Aunado a esto, la coinversión
entre capital extranjero y mexicano en al menos 49 y 51 por ciento de
aportación capital respectivamente como lo establece la constitución mexicana,
faculta a la sociedad para contratar una empresa tercera que es la que reporta
fiscalmente las utilidades ante la Secretaría de Hacienda las cuales son las
mínimas y en esa medida un diez por ciento reparte anualmente a sus
trabajadores, que resultan muy por debajo de los dividendos reales obtenidos
por el consorcio original.
Además de ello, la o las
empresas terceras que mañosamente son asociadas a los grandes emporios
binacionales son las que administran el
contrato colectivo de trabajo con el gremio de trabajadores, con clausulado
leonino y ventajoso para la parte patronal y en detrimento del bienestar del trabajador minero y quien depende de él.
Para el caso de La Herradura,
el contrato colectivo resulta ser administrado por un sindicato fabricado a
modo y servicio del Grupo Industrial Peñoles, bajo el falso liderazgo de Carlos
Pavón, señalado por sindicalistas como desertor y esquirol del emblemático
Sindicato Nacional Minero que fundó Napoleón Gómez Sada y, que a su muerte,
secundo la lucha en pro del trabajador minero, su hijo Napoleón Gómez Urrutia,
actualmente perseguido por el poder de los grupos mineros con la complicidad de
los gobiernos de la republica emanados del PAN, y aun, secundado por el actual.
Solo así se comprende porque
el salario actual de los trabajadores mineros de Sonora y México se ha reducido
en la última década a lo más mínimo y las prestaciones económicas, sociales y
de previsión resultan hoy día similares a las de la industria maquiladora, en
perjuicio del minero mexicano y su familia.
México, y Sonora no escapa a
la numeralia, ocupa el penúltimo lugar en el ranking mundial, en cuanto a
sueldo devengado por el trabajador minero, pues en tanto en Estados Unidos un
trabajador similar actividad y bajo las mismas condiciones gana hasta 28
dólares la hora, en Cananea, La Herradura, y en todas las minas mexicanas de
Grupo México e Industrias Peñoles, el promedio de salario tabulado es de cuatro
dólares la hora; En Australia un minero gana 18 dólares la hora y en el Perú el
sueldo es de dos dólares la hora, seguido por México que promedia entre tres y
cuatro dólares la hora.
Aunado a lo anterior, habría
que agregar el daño a la salud del trabajador y al ecosistema que causa el
método utilizado por Peñoles y Grupo México para la lixiviación de millones de
toneladas de concentrado de oro y plata demanda un uso diario de al menos 600
litros de cianuro concentrado que al convertirse en ácido cianhídrico por la
acción del agua y otros compuestos, que, al mantenerse suspendido en el aire, resulta altamente
letal para toda forma de vida.
De los monitoreos sobre el
destino del ácido cianhídrico y otros compuestos utilizados por Fresnillo en
Caborca y que la Secretaría del Medio Ambiente debe cotejar con los propios no
existen registros públicos, o bien porque no se han realizado, o por
mantenerlos en total discreción, lo cual contraviene los principios de
trasparencia y rendición de cuentas que debe seguir toda entidad pública como
sujeto obligado de ofrecerlos.
Durante la Conferencia de las
Naciones Unidas (ONU) en 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro,
Brasil, y que se conoce como Segunda Cumbre de la Tierra o “Declaración de
Río”, se alcanzaron acuerdos internacionales entre los estados participantes,
incluidos la Unión Europea y América Latina, entre ellos México, donde se
establecieron compromisos para la eliminación del y uso de productos
contaminantes tóxicos y como octavo principio fundamental la proclama que
establece que para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de
vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las
modalidades de producción y consumo insostenibles, lo cual flagrantemente viola el gobierno mexicano al permitir el uso
indiscriminado de cianuro para minas de oro a cielo abierto, caso este de las
minas de Fresnillo/Peñoles en Sonora y Zacatecas, las dos principales y más
ricas de América Latina.
DESMEDIDO PODER POLÍTICO AMPARA A LOS MONSTRUOS
MINEROS EN MÉXICO
En México los reportes sobre
extracción de metales preciosos, principalmente los que realizan los grandes
emporios mineros se basan en un acto “de buena voluntad” y la última palabra la
tienen las compañías concesionarias, no obstante que existe el Sistema de
Administración Minera dependiente de la Secretaría de Economía del Gobierno de
la República, con al menos cincuenta oficinas reguladoras de la actividad,
estas se están supeditadas al capricho y disposición de la voz de los grandes
monstruos mineros.
El poder de los grupos
mineros, en este caso GM y GIP es tan amplio, que no solo colocan a sus
empleados en puestos claves de confianza en las dependencias federales y
estatales relacionadas con la actividad minería y su regulación oficial, sino
que su amplia influencia alcanza a permear tanto en las secretarias de estado, como en parlamento de las Unión, que decir en
gobiernos estatales y sus Congresos y ayuntamientos.
Casi por nada a principios de
este año el presidente del Grupo Industrial Peñoles, Alberto Bailleres recibió
del senado de la república la presea “Belisario Domínguez”, que lo reconoce
como “Empresario del Año”, igual que lo hiciera la SEMARNAT, al calificarlo
como empresario minero del año.
No es casualidad tampoco que
uno de sus exempleados haya sido nombrado Secretario del Trabajo y
Posteriormente Senador de la Republica,
el primer cargo en el sexenio de Felipe Calderón y el segundo en el
actual, como es el caso del panista Javier Lozano Alarcón, quien fuera señalado
por el ciudadano Chino acusado en México de delitos contra la salud y lavado de
dinero, Zhenli Ye Gon, de haberlo extorsionado con varios millones de dólares
que destinaría a la campaña de Felipe Calderón, para lo cual, el asiático
actualmente preso en Estados Unidos, refirió que el panista recurrió a la
famosa frase “Copelas o Cuello”, señalamiento nunca aclarado a cabalidad por el ex funcionario,
ni tampoco mereció una investigación profunda por parte del gobierno federal de
entonces, ni el actual.
En la junta del Consejo
General de Socios de la transnacional Fresnillo Plc con asiento en Londres,
Inglaterra, realizada en esta ciudad el mes de mayo próximo pasado se aprobó
por mayoría de votos de los accionistas la incursión en el Consejo de
Administración de Jaime Serra Puche, ex secretario de Comercio y Fomento
Industrial, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Hacienda y
Crédito Público en el sexenio de Ernesto Zedillo, así como de la señora Carmen Aramburazabala, la mujer más
rica de México y social accionista de Grupo Televisa y otra decena de empresas
nacionales y extranjeras de amplio poder económico y político.
Quizá sea por este poder
político y factico que rodea al Grupo Industrial Peñoles que
nadie lo supervisa ni fiscaliza a detalle, particularmente sobre sus
volúmenes de extracción de oro y plata de sus minas, sus ingresos por ventas de
exportación de metales preciosos, su participación en el mercado del dinero y
metales, así como e importación de maquinaria y equipo.
En este reinado de impunidad,
se incluyen la reiterada violación a
normas, leyes y reglamentos que deben respetar relativas al cuidado del medio
ambiente, incluyendo el uso de explosivos y productos nocivos para el ser
humano, el entorno ecológico y los ecosistemas sobre los cuales instalan sus
proyectos mineros de exploración, explotación y extracción de metales
preciosos, ferrosos y no ferrosos.
En teoría, Peñoles y demás
consorcios y proyectos mineros sus volumen de oro y plata son verificados por
la Secretaría de Economía a través de su Dirección General de Desarrollo
Minero, en base a información es y reportes que involucran un rosario de
entidades burocráticas compuesto por de al menos 48 oficinas centralizadas en
la capital del país. Es decir, entes de escritorio que escasamente tienen
presencia en plazas mineras y mucho menos presencia física en los proyectos de
explotación y, si las tiene, son manipuladas por entidades de la sociedad civil
patrocinados por los grandes emporios mineros, caso este, de la Cámara Mexicana
de la Industria Minera, un apéndice reproductor de la voz de los poderosos
patrocinadores.
REGULACIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA
Entidades públicas que conforman el Sistema de Administración
Minera dependiente de la Secretaría de Economía que deben regular y
fomentar la actividad minera, pero sobre
todo, conocer los volúmenes de
extracción de oro y plata, sus exportaciones y ventas en los mercados
internacionales, así como la participación de metales preciosos de origen
mexicano en los mercados bursátiles de las grandes empres asentadas en
territorio nacional. Está claro que no lo hacen:
Dirección General De Desarrollo Minero
Dirección De Fomento Y Organización
Subdirección De Fomento A Minería Social
Departamento De Asistencia Técnica Y Consultas
Departamento De Análisis De Información De Entidades
Públicas
Dirección De Programas Estatales
Subdirección Técnica
Departamento De Enlace Con Los Estados
Departamento De Estudios De Mercado
Dirección De Proyectos Y Asuntos Internacionales
Subdirección De Orientación De La Inversión Minera Y
De Alianzas Estratégicas
Dirección De Análisis E Información
Subdirección De Análisis Sectorial
Departamento De Soporte Técnico
Dirección General De Regulación Minera
Dirección De Cartografía Y Concesiones Mineras
Asesor Y Enlace Administrativo
Secretaria Privada Del Jefe De Unidad
Subdirección De Concesiones Y Asignaciones
Subdirección De Estadística
Departamento De Área
Dirección De Revisión De Obligaciones
Subdirección De Control De Obligaciones
Departamento De Agrupamientos Y Desistimientos
Departamento De Registro De Obligaciones
Departamento De Verificación De Obligaciones
Dirección Del Registro Público De Minería Y Derechos
Mineros
Subdirección De Registro Público De Minería
Departamento De Dictaminación
Departamento De Inscripciones
Subdirección De Derechos Mineros
Dirección De Cartografía Y Concesiones Mineras
Dirección De Control Documental
Dirección De Revisión De Obligaciones
Subdirección De Medio Ambiente
Dirección General Adjunta De Operación Y Seguimiento
Asesor Especial
Asesor Jurídico
Departamento De Asesoría Geológica
Departamento De Concesiones De Exploración
Subdirección De Cartografía Minera
Dirección De Control Documental
Dirección De Revisión De Obligaciones
Subdirección De Medio Ambiente
Dirección General Adjunta De Operación Y Seguimiento
Asesor Especial
Asesor Jurídico
Asesor Y Enlace Administrativo
Secretaria Privada Del Jefe De Unidad
(DOSSIER POLÍTICO/ FERNANDO GUTIÉRREZ R.
/2016-08-22)
