jueves, 11 de agosto de 2016

“EL PATO”, INTERESES DE LA FAMILIA BOURS… Y, EL PERSONAJE DE “ABSOLUTA CONFIANZA” DE LA GOBERNADORA

Lo cuentan así: Que, durante la presentación de los Avances del Fondo Minero en el estado de Zacatecas, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray le hizo un reconocimiento a Manlio Fabio Beltrones.

¿Pues qué no estaban peleados?

Digo, la vox populi (la voz del pueblo es la voz de Dios) ahora metida en las redes sociales y en columnas periodísticas atractivas, sostenían que era (¿ya no?) don Luis la verdadera piedra en el zapato de Manlio…

… que debió celebrar las derrotas electorales que le tocaron al sonorense en su desempeño como presidente del PRI nacional.

¡Calmada raza!... en el evento mencionado donde se reunieron altos y medianos funcionarios le cantaron a Videgaray las mañanitas por su cumpleaños… ¡ahueeela, si es el que reparte el queso… digo, el presupuesto nacional!

Pero bueno, ¡ya!... en ese acto, el citado amigo cercanísimo (le habla al oído) del presidente Peña Nieto, reconoció a Beltrones por haber impulsado la creación del mencionado Fondo que a la fecha cuenta con 4 mil 200 millones de pesos.

… dinerito, pues, que puede quedarse en los municipios donde hay presencia del sector minero…

… ¡Ah, a poco nomás porque sí las mañanitas!

En ese evento estuvo la gobernadora Claudia Pavlovich… ella debe saber más de los detalles finos de ese momento político… más allá, pues, de la lana que, obvio, se trajo para beneficiar a las referidas comunidades.

¡Lástima márgaro!... en Sonora ni toda la lana del Fondo Minero podría compensar los estragos y destrucción que ha generado el Grupo México y su mina en Cananea.

Las agresiones al Río Sonora, la flora y fauna… las enfermedades de los habitantes de esta región, y el agua contaminada que se sospecha pudiera tener ya presencia en Hermosillo, es una tragedia espantosa…

… agravada (¡más aún!) por la ausencia de hospitales en la región para atender las enfermedades…

… y la constante duda, de si realmente les importará a las autoridades que nosotros estemos consumiendo – quizá – agua con los metales provenientes del derrame de la mina Buenavista del Cobre.

SI EL NORTE FUERA EL SUR…

Sí, así deben pensar Ricardo y Rodrigo Bours, afanosos hoy en día, por reposicionar su liderazgo en Cajeme y, en general, en la región sur.

Sí, “si el norte fuera el sur” … ¡imaginen el control de don Ricardo, ya aceleradísimo para ir subiendo peldaño tras peldaño (mediático y organizativo, claro está) para que al llegar al cuarto año de gobierno de Claudia Pavlovich, ser ¡el más sólido aspirante a la candidatura del PRI para gobernador!

Sí, pero Claudia apenas va a cumplir un año… y, al aceleradito sureño le faltarían tres… todavía.

¿Por qué comen tantas ansias?

Primero tendrían que hacer senador a Ernesto de Lucas Hopkins, el afamado “Pato” que es de la cuadra de los Bours, y cobra como secretario de Educación y Cultura en el gobierno de Claudia… ¿Qué no?

¿Y si no es “el Pato” quién?

No le conviene al artífice de las jugadas políticas en Cajeme, mandar al diputado federal Abel Murrieta para aquella posición… ¡no, no, los huevos no los ponen en una sola canasta… Bachoco tiene mucha experiencia en eso!

Pero bueno, la caballada de los señores del sur, no debe estar flaca… al contrario.

Quizá alguien afín al grupo político del senador Ernesto Gándara Camou… para ir amarrando bien – y fuerte – las alianzas que vienen.

EL PRI DE CLAUDIA… ¿CAMBIOS?

La chamba en el PRI estatal la saca bien Gilberto Gutiérrez… pero quizá tenga que renunciar para hacerse de algún puesto en la burocracia estatal…

Las necesidades de fortaleza personal de la gobernadora, la obligarían a poner en la dirigencia del partido, a alguien de su absoluta confianza…

¿Tiene la gobernadora muchos funcionarios de “absoluta confianza”?

Entiéndase, el gobierno de Claudia está integrado por personajes que provienen de los grupos que se sumaron en la pasada campaña…

… pero ahora le toca a Claudia reacomodar sus piezas.

Y es posible que empiece por el partido… (¿ya adivinaron quién es el de “absoluta confianza”) … por ahí va…

Hasta pronto

Hotmail: roberto_dyke@hotmail.com


(DOSSIERPOLITICO/ Roberto Dyke Rivera /2016-08-11)

QUEDARÁ IMPUNE CORRUPCIÓN DE PADRÉS


Juez Distrito abre las puertas…

El juez concedió la libertad bajo caución al ex coordinador Ejecutivo de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Padrés Elías, por considerar el desvío de mil 700 millones como un “delito menor”, decisión que fue impugnada por la Procuraduría General de la República (PGR)…

Hermosillo, Sonora (DP).- La fianza de 20 mil pesos otorgada por el Juez de Distrito, Herminio Armando Domínguez Zúñiga a Francisco Ávila Quiroga, abre el camino a la total impunidad al ex gobernador Guillermo Padrés Elías y sus funcionarios acusados del desvío multimillonario.

El juez concedió la libertad bajo caución al ex coordinador Ejecutivo de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Padrés Elías, por considerar el desvío de mil 700 millones como un “delito menor”, decisión que fue impugnada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Con este hecho, todos y cada uno de los implicados en el multimillonario desvío de recursos públicos en el sexenio 2009-2015 quedarán en la impunidad.

El lunes, el delegado de la PGR en Sonora, Darío Figueroa Navarro, reveló que al ex director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías que fue detenido la semana pasada por “moches fiscales” que superan los 700 millones de pesos, no lo dejó en libertad la procuraduría sino el juez.

Figueroa Navarro externó que al presunto implicado se le acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades mismo que no se considera grave, “no es la procuraduría la instancia que lo liberó”.

Aclaró que “no es un delito grave, no obstante la procuraduría interpuso un recurso de impugnación en virtud de que no estamos conforme con la cantidad fijada (de 20 mil pesos), ahora será decisión del tribunal”.

Cabe señalar que Francisco Ávila Quiroga fue acusa por presuntamente desviar más de mil 700 millones de pesos durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías.

El 13 de marzo, Dossier Político consignó que con la ausencia de Guillermo Padrés Elías, Teresa Lizárraga, Bernardo Campillo, Carlos Navarro Sugich y Jorge Luis Ibarra Mendívil, la Contraloría General del Estado reveló la lista de inhabilitados que encabezan Carlos Villalobos, Alberto Martínez, Mario Cuen, Roberto Romero parte del daño patrimonial superior a los 6 mil 259 millones de pesos en total

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio a conocer que suman 25 los ex funcionarios inhabilitados por 10 años y sancionados donde destacan Villalobos Organista por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos; a  Alberto Martínez, director general de Control de Fondos y Pagaduría, por 3 mil 029 millones 501 mil pesos y Cuen Aranda, tesorero del Estado por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

Murillo Aispuro apuntó que “los nombres que hoy revelamos corresponden a personas que recibieron una sanción administrativa por irregularidades detectadas durante su desempeño como funcionarios, atendiendo a principio de la Ley de las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora”.

Precisó además que lo anterior “en correspondencia con el grado de participación en los hechos imputados, se trata de sanciones de carácter administrativo independientes de los procesos penales que pudieran derivar con la autoridad judicial”.

El monto del daño al patrimonio de los sonorenses que acumulan estas 18 personas es por 6 mil 259 millones 140 mil pesos.

1.- Javier Alberto Martínez Verduzco, director general de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 3 mil 029 millones 501 mil 109 pesos.

2.- Carlos Manuel Villalobos Organista, tesorero del Estado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.

3.- Mario César Cuen Aranda, tesorero del Estado. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

4.- Roberto Romero López, secretario del Gobierno del Ejecutivo del Estado. Inhabilitación por 10 años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción, al no poder comprobar destino de 90 millones 163 mil 920 pesos que se erogaron de la partida “Ayudas sociales a personas” en el segundo trimestre de 2013 y primer semestre de 2014.

5.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.

6.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 14 millones 908 mil 993 pesos con 64 centavos.

7.- Cynthia Zaraith Orozco Atondo, contador interno del Fideicomiso Puente Colorado. Inhabilitación por 10 años, sanción económica 11 millones 326 mil 304 pesos.

8.- José Germán Valenzuela Aganza, residente de Obra, Coordinador de Supervisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora. Inhabilitación por siete años; sanción económica 5 millones 223 mil 208 pesos.

9.- Roberto Molina Acedo, director general de Infraestructura Hidráulica, Urbana de la Comisión Estatal del Agua, Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 millones 318 mil 850 pesos.

10.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 273 mil 731 pesos.

11.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 104 mil 433 pesos.

12.- Idolina Salazar Ortiz, administradora del Hospital General de Puerto Peñasco, dependiente de los Servicios de Salud. Inhabilitación por tres años; sanción económica por 578 mil 338 pesos.

13.- Jesús Humberto Cuadras Rojo, administrador del Hospital General de Puerto Peñasco. Inhabilitación por tres años; sanción económica por 72 mil 775 pesos.

14.- Ramón Eduardo Ruiz Zapata, director general de Costos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Inhabilitación por tres años; se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

15.- Martín Romero Méndez, director de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

 16.- Cristian Gerardo Chávez Espinoza, policía estatal de Seguridad Pública, inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

 17.- Luis Rey Chong Zambrano, servidor público adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como director del plantel Escuela Federal 31 de Octubre ubicada en el ejido 31 de Octubre del municipio de Cajeme, destitución del puesto e inhabilitación por cinco años. No se aplicó sanción económica porque el servidor público reintegró la cantidad derivada y comprobó la diferencia restante.

18.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Inhabilitación por tres años.


(DOSSIER POLITICO/ Redacción / 2016-08-09)

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y DERRAME EN RÍO SONORA, A LA ONU


Viene a México misión del organismo internacional

Estos dos casos y una lista de al menos 65 más de abusos presentarán a una misión de la ONU que llegará a México a finales de agosto o principios de septiembre. Las quejas ponen otra vez en la polémica las megaobras y la reforma energética. Grupo México será una de las grandes empresas que quedarán expuestas ante esta misión especial, a cuyos integrante se les expondrán los problemas que persisten en los poblados cercanos a los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, tras el derrame, hace 2 años, de 40 millones de litros de sulfato de cobre en la mina Buenavista del Cobre, administrada por la empresa.

Para finales de agosto o principios de septiembre se espera la visita de una misión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que puede abrir un nuevo frente en la larga lista de enfrentamientos entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales.

La agenda definitiva y fechas de la visita del grupo aún no se definen, pero se espera que esta semana se haga el anuncio. Por lo pronto, organizaciones de la sociedad civil ya esperan a los representantes de la ONU con una lista de al menos 65 casos que documentan presuntos abusos cometidos en contra de pueblos indígenas y ejidatarios por obras que van desde la explotación ilegal de minas en el país hasta despojos de tierras para obras realizadas o en proceso, en el contexto de la reforma energética.

Esta misión llega a México justo en un momento crucial en que los tribunales agrarios están por emitir su fallo sobre varios casos emblemáticos, entre éstos el de Juchitán, en Oaxaca, donde existen dos amparos en contra de los métodos que se usaron para realizar las llamadas “consultas” para la construcción de los 12 parques eólicos que se encuentran en esta zona.
El caso de Juchitán es emblemático, ya que muestra la falta de respeto a los mecanismos a través de los cuales se deben desarrollar las megaobras, muy de moda en el actual sexenio.

Nadie está en contra del progreso, pero sí del hecho de que en tiempos en los que se presume transparencia y se pide perdón por los agravios cometidos en contra de la sociedad, no se respeten los estándares internacionales para obras que alteran inmediatamente la forma de vida y el patrimonio de una comunidad.

Denunciar las irregularidades que hubo en el proceso le ha costado a integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) ser blanco de amenazas, insultos e intimidaciones, sólo por mencionar algunos perjuicios.

OTROS CASOS EMBLEMÁTICOS

La lista que presentarán al grupo de la ONU incluye más casos como el de la Sierrita de Galeana, en Durango, que ya fue expuesto ante Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos durante una visita “no oficial” a México, realizada en mayo de este año.

Este conflicto entre propietarios de la tierra y la minera Excellon Resourses, a la que acusan de no cumplir con las condiciones contempladas en los contratos firmados, data de 2004, y al igual que en el anterior, existe un largo proceso jurídico que se ha visto plagado de acciones dilatorias y falta de acuerdos.

Grupo México será una de las grandes empresas que quedarán expuestas ante esta misión especial, a cuyos integrante se les expondrán los problemas que persisten en los poblados cercanos a los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, tras el derrame, hace 2 años, de 40 millones de litros de sulfato de cobre en la mina Buenavista del Cobre, administrada por la empresa.

Otro problema en Sonora –y que ya está propuesto para la agenda– es la construcción del Acueducto Independencia, que quita agua a la tribu yaqui para distribuirla en zonas aledañas. Ante distintos foros se ha expuesto que esta obra quita al pueblo nativo el derecho humano de acceso al vital líquido, y su oposición ha sido también motivo de actos intimidatorios en contra de la población y el encarcelamiento de algunos de sus líderes, como Mario Luna, quien permaneció un año en prisión para finalmente ser liberado en septiembre de 2015.

El tema de la siembra de soya transgénica en Campeche, que, a decir de la población maya, afecta su producción de miel, uno de sus principales sustentos, será otro de los expedientes que se presentarán ante los representantes de la ONU.

Existe la posibilidad de que aparte de los ya contemplados se sumen a la lista más casos que seguramente mantendrán ocupados a los integrantes del grupo de trabajo, quienes, una vez que los evalúen, emitirán un informe que nos dará la oportunidad de ver si el gobierno federal ya está más receptivo a las observaciones de organismos internacionales o si, simplemente, ya prepara su respuesta para negarlo todo.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Juliana Fregoso / Forbes/ 2016-08-09)

EMPLEADOS DENUNCIAN MALVERSACIÓN DE FONDOS

Trabajadores del Centro Cultural Riviera del Pacífico en Ensenada ventilaron documentos donde demuestran que la administración municipal de Gilberto Hirata Chico, ha malversado fondos destinados exclusivamente a la seguridad social del personal.

Información que solicitaron los mismos empleados a la Dirección de Finanzas y Contabilidad del Gobierno del Estado, a través del órgano de Transparencia, muestra que el Gobierno Municipal ha descontado por lo menos 8 millones 806 mil pesos de cuotas y no las ha entregado al Issstecali.

Los registras de impago refieren la primera catorcena del 2011, cuando Enrique Pelayo Torres asumió la presidencia, que se dejaron de pagar las cuotas.

Éstas y otras irregularidades provocaron que la inhabilitación en 2015 del anterior administrador del Riviera, Jorge Ramírez García.

En mayo, el titular de Issstecali, Javier Meza López, dijo que el pasivo entre el ayuntamiento de Ensenada y la institución era de 630 millones de pesos incluyendo adeudo histórico y la cuenta corriente.

Para el funcionario estatal los únicos afectados son los derechohabientes por la carencia de medicamentos, no se jubilan por la falta cuotas para la pensión, tampoco hay acceso a créditos al no existir una garantía de pago.

“Hemos buscado también que el servicio médico no se deteriore, aunque no nos están pagando nosotros seguimos dando el servicio”, indicó.


(SEMANARIO ZETA/ ENSENADA/ LORENA LAMAS MIÉRCOLES, 10 AGOSTO, 2016 06:42 PM)

DE LOS ÁNGELES A TIJUANA, PAREJA VIAJÓ CON CADÁVER DE MENOR


Foto: Inés García

 Johnny Lewis Hartley y Mercy Mary Becerra, detenidos el martes 9 de agosto cuando intentaban cruzar de Estados Unidos a México con el cuerpo de un menor de dos años de edad por la garita de Tijuana, pudieron haber cometido el asesinato en Los Ángeles, California, informó el Departamento de la Policía de San Diego.

El hombre de 39 años y la mujer de 43 años de edad son originarios de la ciudad de Whittier, California -perteneciente al condado de Los Ángeles- donde pudo haber cometido el asesinato, por lo que los detectives de Homicidios de la Policía de San Diego se encuentran trabajando en el caso junto a los homólogos de la Policía de Whitter.

Según un comunicado de prensa dado a conocer por la dependencia de San Diego, el martes 9 de agosto, alrededor de las 12:00 del día, autoridades mexicanas contactaron a la Policía de San Diego para informarle de la detención de un hombre que llevaba el cuerpo de un niño dentro de una maleta.

Una vez que los agentes estadounidenses llegaron al cruce fronterizo de San Ysidro, entablaron comunicación con los oficiales mexicanos.

“Al hombre se le negó la entrada a México y fue entregado en custodia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizo, quien después fue puesto a disposición de los detectives de Homicidios y el cuerpo del menor entregado a la Oficina del Médico Forense”, detalla el boletín.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Johnny Lewis Hartley intentó ingresar a México acompañado de Mercy Mary Becerra, pero fueron detenidos por agentes aduanales de México.

En ese momento, la mujer huyó y el hombre fue detenido con la maleta. Una vez que el equipaje fue revisado en la máquina de Rayos X, los empleados de la Aduana observaron una figura humana, por lo que al abrirla, encontraron al pequeño.

 Poco tiempo después, la mujer fue detenida por autoridades mexicanas y entregada a las de Estados Unidos, precisa la Policía de San Diego.

La pareja enfrenta un cargo por homicidio y se encuentra tras las rejas.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Miércoles, 10 agosto, 2016 12:32 PM)

THE GUARDIAN NO SE RETRACTA DE REPORTAJE SOBRE CONDO EN MIAMI USADO POR ANGÉLICA RIVERA


Katie Thompson, vicepresidenta de comunicaciones del diario británico The Guardian, aseguró que el medio no ofrecerá, ni ha ofrecido nunca disculpas por los reportajes que ha realizado en México.

Ayer, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, señaló que el diario ya “tuvo que ofrecer disculpas” por información difundida en ese medio.

A través de un comunicado, el funcionario federal descalificó el reportaje publicado en el medio extranjero sobre un departamento de lujo que habría usado Angélica Rivera Hurtado, en Miami, Florida, el cual supuestamente le prestaba un “potencial contratista” a la primera dama.

“The Guardian tiene una profunda responsabilidad al reportear en México. Nos mantenemos al tanto de esta historia y jamás hemos pedido disculpas por ninguno de nuestros reportajes previos en México”, dijo Thompson, entrevista por el reportero Jenaro Villamil, del semanario Proceso.

Sánchez había afirmado que “The Guardian faltó a la verdad” en la investigación titulada ‘El hogar de la primera dama de México en Florida, es propiedad de un contratista potencial del Gobierno’.

“The Guardian ha publicado información sobre temas relacionados con nuestro país que ha sido desmentida. En algún caso, tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo publicado”, aseguró Sánchez.

Sánchez no precisó a qué caso se refería y de qué disculpas hablaba. Sin embargo, durante la campaña presidencial del 2012, The Guardian divulgó un reportaje sobre la relación entre la empresa Televisa y el actual mandatario nacional, Enrique Peña Nieto.

La periodista Jo Tuckman publicó en el medio británico documentos y testimonios sobre el vínculo entre la televisora y el ex gobernador del Estado de México, lo cual provocó airados reclamos de Televisa y de los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, The Guardian nunca se retractó ni pidió disculpas o desmintió la información, sino que publicó un comunicado de precisión sobre el texto, firmado en conjunto con la televisora.

The Guardian publicó este martes un reportaje en donde señala que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama mexicana, Angélica Rivera Hurtado, utiliza un departamento de lujo, valuado en 2.05 millones de dólares, en Key Biscayne, al sur de Miami, en Florida, Estados Unidos, comprada por la empresa Grupo Pierdant, que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México, entre ellos, la administración de puertos.

El rotativo inglés asegura en su investigación Rivera ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual Presidente de México.

Sin embargo, el medio extranjero no aclaró si la primera dama mexicana tiene vínculos con la constructora desde antes de tener una relación con el que sería Presidente de México, y si Grupo Pierdat tuvo o no contratos con el gobierno del Estado de México en los tiempos en los que Peña Nieto fue Gobernador.

Lo que sí detalla el medio inglés es que la compañía pagó el predial de un departamento adicional en Key Biscayne, comprado por medio de una subsidiaria establecida por Rivera.

El periódico inglés señala que tales acuerdos rememoran aspectos de la compra de la “casa blanca”, la mansión ubicada en la ciudad de México y valuada en 7 millones de dólares, en cuya negociación se vieron involucrados Rivera y un contratista del gobierno, por lo que los señalamientos por conflicto de interés fueron inevitables.

Dicho conflicto, revelado en 2014 por la periodista Carmen Aristegui Flores y su equipo de investigación dañó la popularidad de Peña Nieto y su imagen reformista, así reviviendo preocupaciones constantes acerca de la corrupción que ha afligido a México durante la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con la investigación de The Guardian sobre las propiedades de Florida, existe una relación poco ortodoxa entre la Primera Dama y el Grupo Pierdant, pues la propiedad en cuestión se halla en la Ocean Tower One, en una comunidad apartada con una piscina, canchas de tennis y un concierge o mayordomo de guante blanco ubicada en Key Biscayne, un opulento enclave en Miami-Dade County. Rivera, quien fuera estrella de telenovelas, compró la unidad 304 de tres habitaciones en 2005.

Ella reveló su existencia al público en noviembre de 2014 durante la publicación del controvertido caso de la “casa blanca”, misma que puso sus finanzas bajo el escrutinio público.

La primera dama dijo que vivió un año en el departamento de Florida con sus hijas.

Su valor actual asciende a cerca de 3.5 millones de dólares, según refiere el grupo inmobiliario Zillow. Sin embargo, ella no mencionó al Grupo Piendant ni al fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, quien tiene amplios intereses comerciales en México y Estados Unidos.

Asimismo, The Guardian mencionó que en 2009 Pierdant compró la unidad 404 en Ocean Tower One a través de una empresa, Biscayne Océano Holdings, aparentemente establecida para tal fin.

Desde entonces, dijo, parece haber dejado que la Primera Dama utilizara la propiedad como una adición a su otro apartamento, en efecto, lo que les permite ser manejados como una sola unidad.

El periódico inglés dice que la señora Rivera ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual Presidente de México, con quien se casó en noviembre de 2010.

También dijo que Grupo Pierdant busca contratos para desarrollar puertos marítimos, aunque no dice cuáles. La historia de The Guardian se concentra en un supuesto conflicto de interés, pero también en la investigación de la “casa blanca”, realizada por el equipo de Carmen Aristegui.

En julio pasado, un año y nueve meses después de que la investigación periodística del sitio Aristegui Noticias develará la existencia de la “casa blanca”, propiedad de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, construida por uno de los principales contratistas del Estado, el mandatario nacional pidió “perdón”.

Peña Nieto reconoció haber cometido un error que daño la imagen de su familia y su investidura.

La propiedad de su cónyuge Angélica Rivera Hurtado valorada en 86 millones de pesos desató una ola de críticas por haber sido construida por Grupo Higa, contratista de grandes obras de infraestructura desde que el mandatario era Gobernador del Estado de México.

 El anuncio del Presidente se hizo durante la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ante un foro lleno en el cual Peña Nieto apeló a la autocrítica para recuperar la confianza ciudadana antes de reconocer que había cometido un error al adquirir esa propiedad.

 Si bien Peña no reconoció haberse conducido fuera de la ley, sí expuso que su imagen se vio afectada.

PIERDANT NO TIENE CONTRATOS, PERO SU HERMANA SÍ

Ayer, José Luis Montenegro, el periodista que realizó la nota para el diario británico, ofreció algunas precisiones a través de su cuenta de la red social Twitter, donde recordó que la hermana de Ricardo Pierdant, de nombre Aurora, recibió un contrato de 1,160,000.00 pesos, ya en la administración de Peña Nieto, para ofrecer un “servicio de capacitación de derecho petrolero mexicano”.

La mujer se desempeñó como funcionaria pública en la Gerencia de Contratos de Pemex Exploración y Producción (PEP) pero fue despedida de su cargo en 2011 por negligencia, luego de que la Secretaría de la Función Pública sancionara a Sergio Guaso Montoya, subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución de esa unidad, y a sus subalternos.

Guaso y Pierdant intentaron darle la operación del sistema 4, que transporta todo el crudo que se produce en la Sonda de Campeche solamente a Energy Minatenance Services, siendo el convenio 420407836 el más costoso en el rubro de servicios al ascender a cuatro mil 312 millones 553 mil pesos por un plazo de diez años.

Al operar como directora general de Wise Business Development, empresa constructora creada en 2012, Aurora cabildeó la Reforma Energética con el fin de que tuviera mayor injerencia por medio de contratos de renta y producción compartida.

Wise se define en su sitio web como “especialista en proveer asesoría estratégica para empresas petroleras y de servicios que desean participar en proyectos relacionados con el de la industria petrolera y energética de México”.

En la descripción del equipo que labora en la empresa, se dice que la exfuncionaria participó de 2003 a 2011 en el diseño, promoción e implantación de contratos por Pemex para permitir la inversión privada en la explotación y producción de hidrocarburos, además de fungir como asesora del gobierno para el marco legal y normativo para la contratación de Petróleos Mexicanos.

En la biografía de la ex funcionario federal que aparece en el portal de Wise, indica que desde 2012, año en que Peña Nieto llegó a la silla presidencial, ella asesoró a empresas involucradas en negocios petroleros en México y en el análisis de sistemas petroleros en América Latina.


(SEMANARIO ZETA/ CARLOS ÁLVAREZ /MIÉRCOLES, 10 AGOSTO, 2016 04:17 PM)

SÓLO 23% DE MEXICANOS APRUEBA A EPN; 7 DE CADA 10 MEXICANOS PIENSAN QUE EL PAÍS ESTÁ MAL


La aprobación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está en sus niveles más bajos, ya que el 74 por ciento de la población mexicana reprueba su gestión y sólo el 23 por ciento lo apoya, reveló la más reciente encuesta nacional del diario Reforma. 

Aunado a esto, más del 60 por ciento de la población percibe un deterioro en la seguridad pública y la economía del País, mientras que cerca del 70 por ciento considera que la pobreza y la violencia han aumentado en el último año.

El presidente Peña Nieto se posiciona como el peor evaluado desde el sexenio de Ernesto Zedillo y la tasa de rechazo a su gestión es la más alta registrada desde que inició la serie de encuestas del rotativo en 1995.

“Dicha percepción coincide con un incremento en la desaprobación al trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto en todos los rubros de su gestión, particularmente educación y seguridad”, indica el texto que presenta la encuesta número 11 sobre el mandatario nacional.

La percepción, indica el rotativo de circulación nacional, coincide con un incremento en la desaprobación al trabajo del presidente Peña Nieto en todos los rubros de su gestión, particularmente en la educación y la seguridad.

La encuesta a mil 200 adultos, del 4 al 7 de agosto, muestra que la aprobación al Mandatario cayó siete puntos porcentuales en el último cuatrimestre, alcanzando solamente 23 por ciento.

La proporción de consultados que opina que la corrupción en el Gobierno federal ha aumentado en el último año pasó de 40 a 55 por ciento. Así, 7 de cada 10 mexicanos consideran que México va por mal camino.


(SEMANARIO ZETA/ CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 11 AGOSTO, 2016 06:59 AM)