Es común ver en la Zona Metropolitana
del Valle de México cerros cubiertos de casas hechas por personas que no pueden
pagar otro lugar para vivir. Casi la mitad de los 20 millones de habitantes que
viven en la urbe lo hacen en un asentamiento irregular, de acuerdo con un
estudio de la UAM. “Nadie ofrece a esta gente desde el gobierno o desde los
mercados un lugar legal que puedan pagar de acuerdo a su ingreso”, dijo Alfonso
Iracheta, director general de Centro Eure. Al laborar en la informalidad, no
tienen derecho a los créditos que ofrecen los organismos públicos de vivienda.
En esas áreas, las familias viven entre miseria, delincuencia y
estigmatización. La policía rara vez entra.
Saúl Hernández
Ciudad de México, 30 de julio
(SinEmbargo/ViceNews).– Mercedes tenía
un mes de haber construido su hogar cuando el fuego lo redujo a cenizas. No
sólo fue su casa. Las llamas devoraron la mitad de las chozas de cartón, lámina
y madera que había en La Cuesta. El milagro de aquel Viernes Santo fue que
nadie murió.
Han pasado once años del
incendio y la vida de las más de 300 familias de la comunidad sigue siendo
precaria. En cuartos de 40 metros cuadrados duermen hasta diez personas. Los
niños juegan entre la basura y el excremento de los animales. Los robos, tiroteos
y homicidios agravan la situación en una zona donde la policía rara vez entra.
Esta mezcla de miseria y
crimen bien puede describir a una favela de Río de Janeiro o una comuna de
Medellín. Pero la historia de La Cuesta tiene lugar en la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM), la urbe más poblada del país con 20,1 millones de
habitantes.
La ZMVM se compone
oficialmente de las 16 delegaciones de la Ciudad de México —la capital del
país, antes conocida como Distrito Federal — 59 municipios del Estado de México
y otro más de Hidalgo, que conforman su periferia.
Ya sea que se viaje al norte
o al sur, al oriente o al poniente, es común ver en la ciudad cerros cubiertos
de casas hechas por gente que no puede pagar otro lugar para vivir. Las hay
también sobre áreas naturales protegidas y aún cerca de colonias de clase media
y alta. Se les conocen como “asentamientos irregulares” en el lenguaje formal;
pero coloquialmente estas zonas son llamadas “cinturones de miseria” o
“ciudades perdidas”.
No existe un dato oficial
sobre cuántos sitios de esta clase hay en el Valle de México; pero uno de los
estudios académicos más ambiciosos que se ha hecho en el tema estima que la
población que habita en estos lugares creció de 8.5 a 9.4 millones entre 1990 y
2010. Es decir, casi la mitad de los 20 millones de habitantes que viven en la
urbe lo hacen en un asentamiento irregular.
Para Priscilla Connolly,
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y autora del
estudio, los asentamientos irregulares nacen en general con la ocupación de un
terreno por familias pobres.
Su trabajo se basa en los
datos de los censos y conteos de población y vivienda levantados entre 1990 y
2010, los cuales sirvieron para generar un mapa que muestra la distribución de
estos sitios.
Las formas de ocupación van
desde la invasión del predio sin consentimiento del dueño hasta la venta
irregular de lotes por los propietarios de la tierra, por personas que se hacen
pasar por dueños o por líderes de movimientos organizados que cobran cuotas a
las familias para que puedan vivir allí.
Independientemente de la
forma de ocupación, estos predios se caracterizan porque en un inicio carecen
de infraestructura y servicios urbanos, lo que los hace muy baratos. Con suerte
y con el paso del tiempo, experimentan mejorías en la calidad de las viviendas
y la dotación de servicios.
En ocasiones, se venden
ilegalmente tierras que son propiedad del Estado sobre las que es imposible
construir, aunque la gente lo ignora hasta después de comprar el lote.
Éste es el caso de La Cuesta,
situada en las faldas de un cerro del municipio de Ecatepec, a veinte minutos
del norte de la capital viajando en auto. Aunque se formó hace quince años, sus
pobladores no pueden tener agua entubada ni drenaje porque se encuentran sobre
una zona federal por debajo de la cual cruzan ductos de gas natural. Instalar
esos servicios implicaría dañar los ductos y exponer a la gente a una tragedia.
Para Alfonso Iracheta,
director general de Centro Eure, una organización que contribuye a desarrollar
soluciones a los problemas que enfrentan las ciudades, la causa de los
asentamientos irregulares es económica.
“Nadie ofrece a esta gente
desde el gobierno o desde los mercados un lugar legal que puedan pagar de
acuerdo a su ingreso”, advierte.
–¿El Valle de México se está
“favelizando”? –preguntamos a Iracheta.
–-Sí claro, a la mexicana. Yo
diría que todas las ciudades del país se están informalizando y en paralelo se
están precarizando.
Aunque se trata de un
problema serio, no existe un censo con el número exacto de asentamientos
irregulares. Iracheta considera que esto es una muestra de que “a nadie en el
gobierno parece importarle el problema”.
Los datos más actuales que
hay son más bien dispersos. En 2008, el gobierno de la Ciudad de México
contabilizó 69 “ciudades perdidas”. En 2014, la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial (PAOT) contó 867 asentamientos irregulares sólo en
suelo de conservación, es decir, en áreas destinadas a la preservación de la
naturaleza y actividades agroforestales.
En la periferia, el Programa
de Ordenación de la ZMVM actualizado a 2011 indica que 53 de los 59 municipios
mexiquenses tienen asentamientos irregulares que albergan poco más de 95 mil
lotes.
SIN DINERO PARA UN HOGAR
Las viviendas de La Cuesta suelen tener
en un mismo espacio la cocina, el comedor e incluso la habitación. Foto:
Mauricio Castillo/VICE News.
Vivir en la capital es un
lujo que muy pocos pueden pagar. Cifras del portal inmobiliario Metros Cúbicos
muestran que el metro cuadrado de una casa en venta puede ir de los 9 mil 322
pesos a los 38 mil 271 pesos, dependiendo la zona. Una casa de 60 metros
cuadrados costaría entre 559 mil y 2.300.000 pesos.
Pedir un crédito bancario
para el inmueble más barato al que hacemos referencia requiere comprobar
ingresos de por lo menos 9 mil 700 pesos mensuales, de acuerdo con un simulador
de crédito hipotecario. El 62 por ciento de las personas que trabajan en la
ciudad gana menos que eso.
A esto hay que agregar que la
mitad de los trabajadores del Valle de México labora en la informalidad, por lo
que tampoco tienen derecho a los créditos que ofrecen los organismos públicos
de vivienda.
A decir de los especialistas,
el Estado dejó en manos privadas la política de vivienda. Las empresas, por
supuesto, construyen casas para quienes sí pueden pagar.
Sólo el año pasado se
financiaron 20 mil 200 viviendas nuevas en la Ciudad de México, pero apenas 800
fueron para familias pobres. En cambio, la mitad eran de clase media y
residencial.
En la periferia hay más
vivienda económica gracias a los subsidios federales destinados a ese
propósito. Una de cada dos casas nuevas se hizo pensando en la gente de bajo
ingreso, pero aún es insuficiente.
México se está urbanizando a
pasos muy acelerados. De acuerdo con Iracheta, casi todo el crecimiento
demográfico hasta 2050 se dará en las ciudades, y “más de la mitad de esta
diferencia va a ser población muy pobre, la pregunta es dónde se va a asentar.
Ya lo estamos viendo, en lugares irregulares”.
Quienes llegaron a instalarse
en La Cuesta, lo hicieron porque ya no podían pagar el lugar donde antes
vivían. La historia de este asentamiento irregular es la regla, más que la
excepción.
Ahora viajamos al sur de la
ciudad para comprobarlo.
En una pequeña comunidad
llamada Tlalpizaltli conocemos a Karen y Alberto. Hace dos años que el
matrimonio se mudó a este lugar porque el dinero ya no les alcanzaba para
seguir cubriendo la renta del cuarto que alquilaban.
Tlalpizaltli es un
asentamiento irregular en la delegación Xochimilco y se encuentra sobre suelo
de conservación. Comparado con La Cuesta, la vida aquí es más llevadera.
La vegetación y la
tranquilidad que se siente al estar lejos del ajetreo cotidiano de la ciudad,
atenúan la pobreza en la que vive su gente, aunque no por eso deja de ser
severa.
Hace 30 años llegaron sus
primeros pobladores y hoy les sigue faltando casi todo. No tienen agua entubada
y tampoco pueden consumir la del río que corre a un costado porque está
contaminada.
Los vecinos “jalan” el agua
desde la tubería que pasa por la carretera más cercana usando mangueras
improvisadas por ellos mismos. Con todo, el líquido sólo llega cada tercer día.
En lugar de drenaje, cuentan
con fosas sépticas. Energía eléctrica sí tienen, pero corren el riesgo de que
se las corten porque ya deben más de 200 mil pesos.
El gobierno olvidó a la gente
de La Cuesta y Tlalpizaltli. De no ser por los proyectos que llevan a cabo
organizaciones civiles como TECHO, su calidad de vida sería igual a la de
cuando se formaron.
TECHO construye casas de
madera que denomina “viviendas de emergencia”. Dulce Colín, directora de
comunicación de la organización, explica que se llaman así porque son una
solución inmediata al problema de vivienda precaria de la gente, aunque no es
una vivienda adecuada.
Para que sea adecuada, una
casa debe cumplir con seis requisitos: tener un tamaño y materiales de
construcción apropiados; disponer de luz, agua y drenaje; contar con espacios
públicos de calidad; estar cerca de escuelas, hospitales y fuentes de trabajo;
que sus habitantes tengan la seguridad jurídica de que nadie los va a desalojar
y, finalmente, que su pago no comprometa la satisfacción de otras necesidades.
Karen y Alberto ocupan una de
estas viviendas. Antes, ellos y sus dos hijas vivían con los padres de Karen
hasta que la ONG hizo la nueva casa para separar los dos núcleos familiares.
En La Cuesta, las autoridades
municipales impidieron que TECHO construyera las viviendas, así que fueron los
propios vecinos quienes aprendieron a armarlas con el material que la
organización les dejó.
ENTRE LA MISERIA, LA DELINCUENCIA Y LA ESTIGMATIZACIÓN
La Cuesta, ubicada en el Estado de
México, es una zona donde la policía rara vez entra. Foto: Mauricio
Castillo/VICE News.
Cuando cae la noche, las
mujeres de Tlalpizaltli tienen miedo de pasar por el largo callejón que
comunica al predio con la carretera. Y es que al lugar acuden personas extrañas
que aprovechan la ausencia policiaca para drogarse y esconderse entre la hierba
crecida para robar y acosar a las más jóvenes.
En La Cuesta la situación es
peor. “Hay balaceras por aquí, por la avenida, asaltos en el día y en la noche,
a todas horas es eso y con arma de fuego…
“Allí enfrente [en un terreno
baldío] mataron a uno. En toda esa zona donde están las torres de alta tensión
hacia abajo los dejan o allí mismo los matan”, cuenta Balbina, habitante de la
comunidad desde que se formó.
Debido a estos problemas, la
gente de La Cuesta también tiene que luchar contra la estigmatización.
“Nos culpan de todo a
nosotros, dicen ‘esos de las casitas son unos malvivientes, unos rateros’. No
te voy a decir que aquí no pasa nada pero piensan que todos somos iguales”, se
lamenta Balbina.
Terminamos nuestro recorrido
por La Cuesta, cuando una madre de familia insiste por quinta ocasión en
transmitir su súplica: “Queremos que el gobierno volteé a ver más que nada a
nuestros niños, porque a nosotros no nos ven”.
La gente de La Cuesta no se
aferra a vivir allí. Ellos son conscientes del riesgo que corren. Si tuvieran
otra opción se mudarían con gusto, pero hoy no la tienen. Tampoco demandan un
terreno regalado, pero piden que les den condiciones para pagarlo poco a poco
de acuerdo a sus posibilidades económicas.
Alfonso Iracheta, también
investigador de El Colegio Mexiquense, presentó hace tres años una propuesta al
gobierno mexicano para crear el Instituto Nacional del Suelo.
El plan contempla un programa
de oferta masiva de lotes habitacionales bien localizados y accesibles a las
familias más pobres en todas las ciudades del país, para que no vivan en la
irregularidad y mucho menos en zonas de riesgo.
Pero el gobierno no parece
tener prisa en resolver el asunto. “Lleva tres años y medio la propuesta y no
se hace nada. El problema es que ya tenemos varios cientos de miles más de
familias en la irregularidad y el gobierno no decide”, advierte Iracheta.
VICE solicitó una entrevista
al director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT), responsable de impulsar la propuesta presentada por Iracheta, pero
hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR
SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN DE VICENEWS.
(SIN EMBARGO.MX/ VICE NEWS EN ESPAÑOL
JULIO 30, 2016 - 6:34 PM)
