XALAPA,
Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte de Ochoa se encuentra acorralado:
Por
un lado, el frustrado aspirante a la gubernatura, el senador priista Héctor
Yunes, exigió su renuncia por “vergüenza y por decoro” y aseguró que ha sido el
peor mandatario del PRI en la historia de Veracruz y, por el otro, su propia
bancada en el Congreso local le ha congelado y abortado ocho iniciativas de ley
con las que el polémico gobernador pretendía blindar su salida y dejar
funcionarios “a modo” para evitar ser sancionado en el futuro.
Además,
la Procuraduría General de la República (PGR) busca tumbarle por la vía legal
los nombramientos y las leyes hechas “a modo” para el combate a la corrupción
en la entidad.
Y,
por si fuera poco, la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) adeuda a
proveedores, contratistas y terceros institucionales unos 14 mil millones de
pesos, cifra que equivaldría a 23 veces el presupuesto anual del Poder
Legislativo.
“Ya
estábamos emulando a Vargas”, el personaje de la película “La Ley de Herodes”,
dice en entrevista el diputado priista Ricardo Ahued al referirse al paquete de
iniciativas enviadas por Duarte al legislativo veracruzano.
Añade:
“Hoy
no tenemos ecuanimidad, ya no tenemos proyecto de partido, las reformas tienen
que ser a favor de la sociedad y no solo de unos cuantos.
Autocrítico,
el exalcalde priista de Xalapa, sostiene que hoy día las nuevas generaciones no
quieren saber nada del partido. “¿Cómo van a querer saber de él? Sí quien gobierna
bajo ese instituto, comprometió su futuro”, comenta, en alusión al impago de
becas de educación media y superior, la asfixia financiera a la Universidad
Veracruzana (UV) y la crítica situación de las finanzas estatales.
Julen
Rementeria, integrante de la comisión de Hacienda del Estado, afirma Duarte su
lado político más intransigente en el ocaso de su sexenio.
“El
panorama es por demás complicado. Todos los días nos llegan a visitar personas
a las que se les debe dinero: jubilados, proveedores y vecinos.
Ni
Rementería ni Ahued ven factible que Duarte renuncie o solicite licencia antes
de que concluya el sexenio al que le restan 135. “Hay que medir si genera algún
beneficio (su salida). Lo importante sería que terminara su gestión en medio de
la ecuanimidad, eso sería fundamental”, expone Ahued.
El
panista Rementería completa: “Es más un tema de desquite político, fruto del
hartazgo, pareciera que a uno les pudiera dar gusto, su retirada, beneficiara
en algunas cosas, evitaríamos leyes tan intransigente y berrinchudas… pero hoy
con varios diputados del PRI en su contra, el Congreso ha tomado vida propia,
así que su salida o no, viene pasando a segundo término”.
Ambos
legisladores coinciden también en que el saqueo financiero y el daño causado a
Veracruz, a sus instituciones y a distintos sectores de la sociedad en cinco
años y medio son irreversibles.
El
gobernador electo Miguel Ángel Yunes aseguró el pasado miércoles, en rueda de
prensa, que es claro que Duarte “padece de sus facultades mentales” por lo que
no puede continuar en el gobierno.
Esto
lo dijo luego de que el Congreso Local recibió una iniciativa del gobierno
estatal para “basificar” a más de 15 mil empleados de confianza, lo que
representaría una erogación extraordinaria de mil 500 millones de pesos
anuales, una cifra equivalente a tres veces el presupuesto de la Secretaria de
Desarrollo Social (Sedesol) y 60% ciento del subsidio anual de la Universidad
Veracruzana (UV).
DE “CARGA-MALETAS” A MILLONARIO…
La
semana pasada el diario costarricense “Extra” publicó una nota en la que señala
a Vicente Benítez González, diputado local electo del Partido Nueva Alianza
(Panal) y excolaborador de Duarte, como uno próspero inversionista en aquel
país cuya fortuna no es muy clara.
Incluso,
el rotativo reportó que Duarte de Ochoa estuvo en Costa Rica el 7 de octubre
del 2010 y que se acreditó en migración con el pasaporte GD3191030, situación
que resultó “sospechosa” para el Ministerio de Gobernación y la Policía.
Otro
medio, “Teletica” reportó que Vicente Benítez es dueño de varios predios en
Costa Rica, entre ellos, del hotel Nube, así como de terrenos ubicados en zonas
exclusivas de aquel país.
El
extesorero, exsubsecretario de Desarrollo Social y exoficial Mayor de la
Secretaria de Educación en el gobierno duartista admitió públicamente que es
dueño de varios propiedades y justificó su riqueza al haberse casado con
Mariela Núñez Rodríguez, nativa de la ciudad de Quesada, provincia de Alajuela.
“Como
cualquier familia normal, mis hijos (dos) tienen el derecho de visitar a los
tíos y abuelos y los llevo cada que se presenta la oportunidad o en fechas
significativas. Nuestros viajes a aquella república no tienen por qué
sorprender”, expuso Benítez en rueda de prensa en San Andrés Tuxtla, en donde
aprovechó para renegar del PRI y asumirse como diputado “azul turquesa”, en
alusión a su postulación por Nueva Alianza.
En
Veracruz, Vicente Benítez era un completo desconocido de la función pública, su
primer trabajo en el PRI, lo tuvo en 2009, durante la campaña de Javier Duarte
a la diputación federal. Benítez cargaba una maleta de cuero café, siempre
llena de billetes. El legislador electo era el encargado de sobornar a
reporteros y fotógrafos para que cuidaran las “fotografías” y los textos que
hablarían del eventual próximo legislador por el distrito de Córdoba.
Un
año después, Vicente Benítez repitió en el cargo de repartir sobres de dinero a
los periodistas de toda la entidad, para que cuidara la imagen de Javier
Duarte, como candidato a gobernador. Ya con un maletín más grande –relatan
exempleados del PRI estatal- Benítez solía otorgar cantidades de tres mil a
diez mil pesos por gira, dependiendo el periodista y medio de comunicación en
el que trabajara.
Con
Duarte ya en el gobierno, Benítez fue lanzado a la fama internacional, cuando
se le ubicó cómo el artífice de transportar 25 millones de pesos en efectivo
que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró al gobierno de
Veracruz en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, en enero del 2012. Ese
dinero, justificó el entonces Tesorero de Veracruz era el pago de campañas
publicitarias de la Cumbre Tajín en Papantla, el Carnaval de Veracruz y las
fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan.
Sin
embargo, siempre quedó la duda si en realidad ese dinero fue a parar a la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, como acusó la oposición en aquel
entonces. Un semestre después, la PGR devolvió el dinero a la administración de
Duarte.
DEUDAS POR TODOS LADOS
A
cuatro meses y menos de dos semanas de que concluya el sexenio, las 20
dependencias del gabinete de Duarte tienen adeudos diversos con proveedores,
contratistas, terceros institucionales y medios de comunicación.
Una
revisión somera a los más de 14 mil millones de pesos de pasivo circulante,
incluidos en el Anexo I, filtrado a medios de comunicación por el Órgano de
Fiscalización (ORFIS), revela pasivos que rayan en lo inverosímil.
Una
deuda con la empresa Airbus por 9 millones de pesos por “anticipo” y “pago
final” por la compra de un helicóptero en Protección Civil, con la empresa
Soriana, esa misma oficina tiene pasivos por 19 millones 741 mil pesos por la
adquisición de despensas, mientras que a la empresa Smartfood le adeuda 6
millones 500 mil pesos, también por la compra de víveres para despensas. En
total, Protección Civil debe 74 millones 19 mil pesos.
En
el listado de cuentas por pagar, la Secretaría de Agricultura (Sedarpa) debe a
proveedores 246 millones, 794 mil pesos, varios de esos millones, son pasivo
adscrito a otra dependencia estatal, Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
(Inverbio) quien apoyo a diversos productores para el establecimiento de
técnicas de cultivo, en las deudas que acumulo el agro veracruzano, la Sedarpa
debe varios cientos de miles de pesos por concepto de irrigación.
La
Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) presenta pasivos por 75 millones, 122
mil pesos, destacando una deuda de un millón, 740 mil pesos a TV Azteca, así
como una millonaria lista de pasivos a particulares, como 4 millones, 640 mil
pesos a Barranco Pulido Ricardo Iván, 3 millones de pesos a Agustín Sierra
Aguilar, 14 millones, 250 mil pesos a José Ascensión Cruz Guadalupe y 5
millones 800 mil pesos a Irene Patricia Vázquez Moctezuma, entre otros acreedores.
La
Secretaria Particular del gobierno de Javier Duarte presenta un adeudo por 5
millones 923 mil 815 pesos a proveedores, mientras que la Oficina de Programas
de Gobierno tiene pasivos por 857 mil pesos. Y hasta la representación estatal
en la Ciudad de México el gobierno de la entidad debe 709 mil pesos.
La
deuda con medios de comunicación, asciende a 400 millones, 146 mil pesos: 14
millones 790 mil pesos a la empresa AVAN Noticias, 8 millones 331 mil pesos al
Centro Radiofónico de Xalapa, 7 millones 815 mil pesos a la compañía
periodística de El Sol de Veracruz, 6 millones 844 mil pesos a la empresa
Consulver Veracruz, 27 millones de pesos al periódico AZ, 25 millones a la
empresa La Voz del Itsmo, 20 millones 592 mil pesos a Eureka Estrategia y Comunicación.
La
CGCS también debe a particulares como Martín Mendiola Yepez y Froylan Flores.
La oficina de prensa de Duarte acumula pasivos por 9 millones de pesos,
mientras que al medio nacional Reporte Índigo le adeuda 7 millones 795 mil
pesos, al Universal 3 millones, 800 mil pesos, 4 millones de pesos al periódico
Excélsior, así como pequeñas deudas como 600 mil pesos al semanario El Mercurio
o 400 mil pesos al columnista, Manuel Rossete Chávez.
UN “GIGANTESCO ATRACO”
Para
el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata, los
actos de corrupción en que han incurrido funcionarios del gobierno de Veracruz,
no sólo representan un gigantesco atraco a las finanzas públicas estatales,
también constituyen un brutal atentado al bienestar de los veracruzanos, porque
se robaron el dinero público destinado combatir la pobreza la inseguridad y el
atraso económico.
“La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno del Veracruz
recibió de la federación de 2010 a 2014, recursos por un monto de 43 mil 554
millones de pesos para aplicarlos a programas de educación, salud, seguridad y
desarrollo social, pero el dinero nunca llegó a su destino. El sector que mayor
perjuicio sufrió es la Educación, en donde el faltante es de 20 mil, 579
millones de pesos, mientras que en el rubro de Desarrollo social se dejaron de
aplicar 11 mil 30 millones de pesos, en el sector Salud se encontraron
faltantes por 10 mil 622 y en Seguridad Pública mil, 323 millones de pesos”.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ NOÉ
ZAVALETA /19 JULIO, 2016)
