FOTOS: cortesía
Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano
Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo
bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron
una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el
asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan
con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos
ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de
autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al CAF como una
organización “desarticulada”
Era la segunda semana de
diciembre de 1985. Parada ante una juez,
Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una
millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos
desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para
ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien,
sortearía esos gastos.
Lo que no dijo Alicia aquel
día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran
líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el
Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992
le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El
Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de
dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento
del “Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.
“Me veo en la necesidad de
solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir
dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a
la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal
que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca
de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier
Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura
de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón,
Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo
capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de
Baja California Sur.
Como parte de aquel juicio en
1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El
del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales.También el consentimiento del
“tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto
personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo
boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien
sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael
Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el
asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.
Mansión vendida en Paseo de
los Obeliscos #545, Club de Golf Santa Anita, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco,
alberca Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril
del 86. Lo hizo sin la autorización
de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta. Apenas dos años antes, en 1984, Francisco
Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin
construcción por 4.1 millones de pesos.En ese lapso construyeron una
finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.
Los movimientos hechos por
Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones
de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de
los ochenta y noventa.
La maniobra que encaja
perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
(lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y
mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30
actas notariales analizadas por ZETA, obtenidas a través del Registro Público
de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen
anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que
solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación
previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por
funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas
a la Procuraduría General de la República (PGR).
En Jalisco, donde los
Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de mil 100 millones
de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño
de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis de este Semanario.
Uno de los movimientos
predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos
fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo
la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo
fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto
con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones
derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24
de mayo de ese año.
La mansión fue recuperada por
Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el
principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla
tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.
LA RUPTURA
El CAF es una de las
organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa,
Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en
Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de
hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y
Guadalajara.
La popularidad que tenían los
hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias
que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o
socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen
cientos de asesinatos y desapariciones.
Utilizaron el sadismo para
acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en
ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que
años después se conocería como “pozoleo”.
César Esquer, Elman Chávez y
Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese
método. Los “pozolearon” en 2003,
cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión
pública. Se daría a conocer hasta seis
años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador
del CAF.
Esquer era un joven
veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en
Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus
amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su
primo, quien trabajaba como policía y narcotraficante del Cártel Arellano
Félix. La droga había sido robada a
los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del
movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en
calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer,
capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos
amigos.
Por ese tipo de acciones, las
autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la
organización mafiosa más “violenta” de su generación.
Fueron ellos los que en 1992,
en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El
Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no
sólo laboral, sino de amistad. Se distanciaron porque
Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos
ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.
Tanto “El Chapo” como “El
Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en
una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y
Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.
Arellano tomaron venganza el
24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar al “Chapo”, cuyo nombre ya había saltado
a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de
matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara.
Por una “confusión”
asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se
trasladaba al mismo destino. Según la cuestionada versión oficial de la PGR,
los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a
Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El
Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos
de 80 kilos.
El abogado del Arzobispado de
Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil
del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR.
Públicamente ha dicho que
Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos
mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces
Presidente de México, Carlos Salinas.
Derivado de la presión
internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen
de Posadas. Fue detenido el 9 de junio de
1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas.Con esa primera captura, los
Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue
procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o
Ramón Arellano Félix.
En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix
(Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco
Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo”
Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien
dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha
provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese
incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años
2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García
Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio
definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.
LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN
Hasta antes de simular
problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban
como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta
de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración
de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria;
Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco,
padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano,
el líder fundador del cártel, era un “comerciante”. De esa manera los Arellano se
identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que
adquirían.
En 1984, el “licenciado Francisco
Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su
esposa, Amelia Arteaga Anaya. Marcelino
era hijo del ex secretario de la Defensa Nacional y ex gobernador de Jalisco,
Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades se desempeñaba como funcionario público de
Aduanas. Un año después fue presidente del club de fútbol Chivas del
Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Fútbol. Murió en 2007 a causa de
cáncer.
La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357
metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil
976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por
separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8
millones de pesos.
Otra argucia legal recurrente
en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era
donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por
lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal
beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo
tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo
Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.
Luis Benjamín y Frank Xavier
Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la
donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín
y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.
CONFISCAN BIENES
El asesinato de Posadas y la
detención del “Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia
Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del
narcotráfico mexicano más buscado de la época.
La PGR comenzó a
investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año,
asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa
y Baja California. En Jalisco, fueron 16 los
bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes
los vendieron o donaron.
Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y
tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios
que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los
integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha
comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo
esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de
Zúñiga.
LA IMPUNIDAD
Las pruebas que incriminan a
la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a
través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido
públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.
En los documentos salen a
relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles
cómplices que participaron en las operaciones del clan.
No existía en aquel entonces una Ley de extinción
de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar
penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos
denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.
Entre los notarios públicos
jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano,
se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero
certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo,
cinco de compra y dos de venta.
Sergio Salvador Aguirre
Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público
se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros
cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas
mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7
millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se
convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro.
La maniobra implementada
por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de
dinero. No es una coincidencia que el
Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental
en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a
notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades
y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de
blanqueo de recursos.
NINGÚN PROCESADO POR LAVADO
A
23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la
PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia
por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito
que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el
destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una
entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados
Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier
han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina,
por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene
financieramente al CAF.
Información obtenida por el
sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de
mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas
por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del
SAE; una funciona como escuela privada, otra como asociación civil que promueve el empleo y una
más fue vendida en marzo pasado.
En el caso de la escuela, se
trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados
sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia
Arellano. Se trata de la finca estilo
español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió
autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.
En el caso de sietes propiedades más que no
estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia,
cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas
notariales en poder de ZETA.
Entre éstas se encuentra la propiedad que
Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa.
En la actualidad tal inmueble
aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con
niveles preescolar y básico (primaria y secundaria).
Este Semanario buscó en
varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el
origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo
electrónico, no respondieron a la solicitud.
MANSIÓN VENDIDA
Contrario a los exóticos
gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde
viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de
otros mafiosos de la época.
Nada de zoológicos,
esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores
llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo
colonial con toques contemporáneos que solían construir. La mansión del
fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la
muestra de su buen gusto.
Construcción de mil 230
metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel;
cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor
y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca
circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de
la principal y 927 metros cuadrados
adiciones de jardines.
Lo mejor: la tranquilidad de
estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente
bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas
verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque. La construyeron entre
1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2
mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos.
Posteriormente éste le vendió
la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989. En la demanda promovida
ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar
sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se
comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita. Por poco más de ocho meses el
juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se
la concedió.
Concluyó que aun cuando la
PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de
“una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre
la certeza del acto reclamado.
Expuso también que nunca
había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que
estuviera relacionada la finca en mención”.
De esa manera el juez Cornejo,
un abogado con maestría en Política
Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.
La PGR contrademandó la
decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres
magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora
Alicia.
Sin trabas legales de por
medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la
venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de
clasificado.
“Para terminarla a su gusto”,
señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo
pasado.
Lo que ha quedado en
evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de
la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen.
La venta de la mansión de
Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y
seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que
la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de
Guadalajara.
(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones Zeta/
Domingo, 17 julio, 2016 08:00 AM)
