Ante la reciente ola de
detenciones y deportaciones de extranjeros en el país sudamericano, la
Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una advertencia a los mexicanos que viven allá o que piensan
ir, para que ‘tomen medidas’
Entre los deportados hay periodistas,
fotógrafos, investigadores, funcionarios de la ONU, miembros de ONG, que han
pasado a engrosar la lista negra del gobierno cada vez más autoritario de
Daniel Ortega
Tras la detención en
circunstancias poco claras de ciudadanos mexicanos en Nicaragua, así como su
posterior aislamiento y la presunción de violación a sus derechos humanos, las
autoridades mexicanas se han puesto en alerta.
El pasado 27 de junio, la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una advertencia a los
mexicanos que viven en Nicaragua y a los turistas con planes de viaje a la
nación centroamericana, para que tomen medidas de seguridad debido a la
situación que priva en aquel país.
Sin embargo, los mexicanos no
han sido los únicos afectados de la hostilidad del gobierno del presidente
Daniel Ortega, durante su mandato muchos extranjeros han sido expulsados del
país.
Entre los deportados se
encuentran periodistas, fotógrafos, investigadores, funcionarios de la ONU,
miembros de ONG, que han pasado a engrosar la lista negra del gobierno cada vez
más autoritario.
La situación en el país
centroamericano es preocupante para los visitantes, Nicaragua está alejándose
de la imagen de una nación próspera, abierta al mundo y con buen recibimiento
para los extranjeros.
Ahora se habla de detenciones
sin justificación, encarcelamiento en lugares que son denunciados como centros
de tortura, hostigamiento y expulsión para aquellos a los que el gobierno
considera como una amenaza para la estabilidad del país.
En este contexto se advierte
que quienes corren mayor riesgo de ser violentados son los periodistas,
fotógrafos, investigadores o académicos, que arriban a Nicaragua para estudiar
y dar a conocer la realidad de lo que se vive en dicha nación y se vuelven
presencias no gratas para el gobierno.
Incluso los organismos de
derechos humanos en Nicaragua se han pronunciado por las detenciones y
expulsiones que se han suscitado en el país en los últimos meses,
calificándolas como medidas extremas y arbitrarias.
MEXICANOS NON-GRATOS
El primer caso que prendió
las alarmas para las autoridades mexicanas se suscitó el pasado 1 de junio, con
la desaparición del estudiante Jobany Torres, quien hacía sus prácticas
profesionales en una empresa minera en Managua, capital del país.
Jobany estuvo detenido 15
días en las celdas de Auxilio Judicial, denunciadas por defensores de los
derechos humanos como centros de tortura, y después de pagar una multa fue
liberado y enviado a México.
El estudiante fue sometido a
juicio donde se le declaró culpable de simular su desaparición, y en su
audiencia apareció con huellas de golpes, que, según las autoridades
nicaragüenses, él mismo se provocó.
La académica mexicana Viridiana
Ríos tuvo que abandonar Nicaragua a menos de 48 horas de su llegada, al darse
cuenta que la policía de ese país la tenía sometida a vigilancia y ante el
temor de ser detenida.
Ríos, investigadora del
Wilson Center de Washington, se encontraba en el país centroamericano para
realizar una investigación relacionada al crecimiento económico y desigualdad,
estudio que lleva a cabo en diversos países.
Al darse cuenta de que era
perseguida por la policía, llamó al Consulado mexicano en Nicaragua, donde le recomendaron
que dejara el país, finalmente el 23 de junio lo abandonaría por la frontera
con Honduras.
Dos días después, el 25 de
junio, la policía detuvo a tres ambientalistas mexicanos: Salvador Tenorio
Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Paccelli Chávez Macedo, junto con
otras 10 personas de la “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”.
Los mexicanos se encontraban
en la comunidad La Fonseca, enseñando a los campesinos a construir estufas y
hornos ecológicos, cuando ocurrió una explosión accidental durante la
elaboración de estos aparatos.
Los jóvenes fueron acusados
de utilizar explosivos sin autorización y permanecieron tres días en las
oficinas migratorias.
Tras comprobarse que la
explosión fue accidental, fueron llevados a la frontera con Honduras para que
abandonaran el país el pasado 28 de junio.
EL RIESGO DE SER EXTRANJERO
En los últimos meses se han
suscitado otros casos relacionados con ciudadanos extranjeros, como fue el de
Evan Ellis, quien estaba en el país para entrevistarse con activistas
relacionados al proyecto del Gran Canal Interocéanico.
Arribó el 13 de junio. Al día
siguiente la Policía Nacional llegó a buscarlo hasta el hotel donde se
hospedaba y lo escoltó hasta el aeropuerto Augusto C. Sandino para deportarlo
de vuelta a su país.
El fotógrafo Tom Lafay, quien
estaba elaborando un reportaje fotográfico para Amnistía Internacional, fue
detenido el 19 de junio y llevado a la estación de Policía de Nueva Guinea, y
horas después fue puesto en libertad.
De igual forma, dos
funcionarios estadounidenses que llegaron para certificar a empresas
nicaragüenses que exportan a Estados Unidos fueron expulsados en días
recientes.
El portavoz del Departamento
de Estado norteamericano, John Kirby, advirtió que la expulsión afectaría la
relación bilateral entre ambos países.
Las autoridades nicaragüenses
afirmaron que los funcionarios estaban realizando tareas de seguridad
incompatibles con su estatus en el país.
LA SIMULACIÓN ELECTORAL
A la situación de las
detenciones y expulsiones arbitrarias se suma el tenso ambiente político que se
vive en Nicaragua, con un proceso electoral bajo sospecha que culminará con los
comicios del próximo 6 de noviembre.
El actual presidente Daniel
Ortega prácticamente se ha asegurado su cuarto mandato, tras deshacerse de la
oposición y ser el único candidato importante en unas elecciones que los opositores
han catalogado como farsa.
La Corte Suprema de
Nicaragua, cuyos magistrados son señalados por estar bajo las órdenes directas
del presidente Ortega, en un fallo controvertido ha anulado la candidatura del
opositor Luis Callejas.
Ortega, de quien se presume
controla todos los poderes del Estado, además del Parlamento, también ha
decidido prohibir a los observadores independientes que verifiquen la
transparencia del proceso electoral.
MEXICANOS DEPORTADOS
Ciudadanos mexicanos han sido
víctima de persecución y deportación en Nicaragua en las últimas semanas:
EL ESTUDIANTE
Geovany Torres viajó a
Nicaragua para hacer sus prácticas profesionales en una empresa minera en
Managua.
Estuvo detenido 15 días en
las celdas de Auxilio Judicial, denunciadas como centros de tortura.
Fue sometido a juicio donde
se le declaró culpable de simular su desaparición, y en su audiencia apareció
con huellas de golpes, que, según las autoridades, él mismo se provocó.
Tras pagar una multa fue
liberado y enviado a México.
LA ACADÉMICA
Viridiana Ríos, mexicana
investigadora del Wilson Center de Washington, llegó a Nicaragua como parte de
la lista de naciones en los que realiza un estudio relacionado al crecimiento
económico y desigualdad.
Tuvo que abandonar el país a
menos de 48 horas de su llegada, al darse cuenta que la policía la tenía
sometida a vigilancia.
Contactó al Consulado
mexicano, donde le recomendaron que dejara el país; salió de ahí el 23 de
junio.
LOS AMBIENTALISTAS
La policía detuvo el 25 de
junio a tres mexicanos: Salvador Tenorio Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz y
Eugenio Paccelli Chávez Macedo, junto con otras 10 personas de la “Caravana
Mesoamericana del Buen Vivir”.
El grupo trabajaba en la
comunidad La Fonseca enseñando a los campesinos a construir estufas y hornos
ecológicos, cuando ocurrió una explosión accidental.
Fueron acusados de utilizar
explosivos sin autorización y permanecieron 3 días en las oficinas migratorias.
Tras comprobarse que la
explosión fue un accidente, fueron expulsados del país a través de la frontera
con Honduras.
(REPORTE INDIGO/ CARLOS SALAZAR/ Jueves
30 de junio de 2016)
