En el Estado de México, la tierra del
Presidente Enrique Peña Nieto, está concentrada parte fundamental de la
información de Grupo Higa y OHL-México, corporativos conocidos por sus tramas
de millones de pesos y sospechas de corrupción. Pero el Gobernador Eruviel
Ávila logró reservar los datos de las dos empresas hasta 2024, un sexenio
después de que concluya la presente Administración federal. Banobras también
mantiene bajo candado las convocatorias que publicó antes de otorgarle
contratos a Higa. Y Pemex indica que sus contratos con OHL México son públicos,
pero uno de ellos tiene un costo de casi 200 mil pesos. Son los obstáculos
encontrados por SinEmbargo en un ejercicio en todos los sistemas de
Transparencia del país para lograr un acercamiento a esas dos entidades, las
más controvertidas de los últimos años.
PRIMERA PARTE
Ciudad de México, 9 de mayo
(SinEmbargo).– Si un ciudadano quiere conocer alguno de los contratos que
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha firmado con la filial de Obrascón Huarte Lain en
México (OHL México), tiene razones para alegrarse: la información es pública y
puede ser solicitada ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero ese ciudadano deberá
tomar en cuenta un detalle: sus recursos económicos. Por el documento tendrá
que pagar 171 mil 522 pesos, el costo fijado por el instituto para ese legajo
de unas nueve mil cuartillas.
Ahora, si el ciudadano quiere
enterarse al pie de la letra de un contrato que la Secretaría de Energía
celebró con Grupo Higa, S.A. de C.V., de Juan Armando Hinojosa Cantú, tendrá
que pensar en desembolsar 27 mil 610 pesos con 50 centavos, más 107 pesos con
50 centavos por gastos de envío.
En México, los datos públicos
tienen precio: 50 centavos por copia simple y 18 pesos por copia certificada.
Son costos regidos por la Ley Federal de Derechos, una legislación promulgada
en 1981 por el entonces Presidente José López Portillo y a los que se apega la
normativa de Transparencia y Acceso a la Información vigente.
Así, el acercamiento a Grupo
Higa y OHL México, las dos entidades privadas más conocidas en la presente
Administración por supuestas anomalías en sus relaciones contractuales con los
gobiernos, tiene un costo que puede rebasar los cien mil pesos.
A juzgar por los cientos de
solicitudes de información ante el INAI, los mexicanos desean desenmarañar las
tramas que vinculan millones de pesos con sospechas de corrupción o privilegio
en ambos corporativos. Investigadores, tesistas, periodistas o ciudadanos
comunes han manifestado su deseo de contar con los contratos entre el Gobierno
y estas empresas; además de pormenores de reuniones que han implicado a
funcionarios, según puede leerse en las peticiones.
Pero además del costo de los
contratos, quienes buscan información sobre Higa y OHL encuentran otro tope: la
reserva. Parte fundamental de los datos de ambas empresas está concentrada en
el Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto; pero no puede
accederse con facilidad a la información guardada ahí. Una Ley de Transparencia
que permite la extensión hasta el infinito de los plazos para reservar
información, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar hasta
2024 asuntos como la concesión a Grupo Higa de la autopista Toluca-Naucalpan,
cuya construcción implicó el desalojo y destrucción de viviendas de una
comunidad otomí en Santiago Xochicuautla en abril pasado; además de los datos
del Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que
originó el escándalo de corrupción de OHL-México.
Esta casa editorial hizo más
de mil solicitudes de información para conocer en qué sitios de la República,
estas dos empresas contaban con contratos y con qué gobiernos. Las respuestas
fueron prórrogas de 20 días hábiles, declaraciones de inexistencia o de
reservas parciales o totales, así como el costo en miles de algunos contratos.
A cada institución le fue solicitado
el número de convenios, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el
que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de
una convocatoria o invitación. A nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex
Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en
ese periodo.
En cuando a OHL, la SCT,
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron las instituciones que
admitieron relación contractual.
Mariana Campos, coordinadora
del Programa Gasto Público, de México Evalúa, una de las autoras del estudio
“Métrica de la Transparencia en la Obra Pública”, conoció el ejercicio de
SinEmbargo. Para la observadora, el acercamiento a través de los mecanismos de
Transparencia a esas empresas se interrumpió cuando la intención fue ir más
allá en el conocimiento detallado de los contratos y también en la reserva con
plazos mayores a cinco años.
También fue consultado
Ernesto Gómez Magaña, forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción”
(#yoco) de la organización Contraloría Ciudadana y a cargo de la
“Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en
licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales
como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y
Transparencia Mexicana.
“Frente al cáncer de la
corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado.
Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de
la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el
empresariado esté comprometido con la Transparencia”, expuso el especialista.
LOS SECRETOS DEL EDOMEX, LA TIERRA DEL PRESIDENTE
El 11 de abril de 2016, la
comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México,
amaneció repleto de maquinaria pesada. La empresa Autovan, filial de Grupo Higa
había ingresado para desalojar a sus habitantes y luego, destruir sus casas.
Fue notoria la zozobra en el pueblo. Los obreros que conducían los pesados
tractores no iban solos, los apoyaban elementos granaderos del Gobierno del
Estado de México.
La vivienda del delegado
Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope
difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían
el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo
cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo
promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros
sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas mediante
un decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2015 para concluir
la autopista Toluca-Naucalpan.
La carretera está planeada
para ser una vía de cuota de 39 kilómetros que beneficiaría el tránsito
vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de
pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense,
fue concesionado a Grupo Higa.
Pero los detalles de la
concesión no pueden saberse. El Gobierno de Eruviel Ávila clasificó la
información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado
lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y
mantenimiento de la autopista.
Es una reserva que incluye
todos los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que derivan de la
liberación del derecho de vía requerido para la construcción de esa carretera.
De Santiago Xochicuautla, el
Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024,
mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el
financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación
de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a
las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de
ellas deriven.
El 2024 también es el año en
que se abrirán los datos relacionados con el Sistema Independiente de
Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que originó el escándalo de corrupción
de la filial en México de OHL México.
Aunque desde 2013, el
conductor que transita cada día por el Circuito Exterior Mexiquense ha pagado
50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, si pregunta por el destino de
sus pagos, no obtendrá ninguna respuesta.
El Gobierno del Estado de
México argumenta que la concesión del Circuito está inmersa en un proceso
judicial. En mayo de 2015, el Gobierno canceló el contrato por considerar que
la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de
50 centavos. Luego, el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México
continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato habría
sido una orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los
audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del
corporativo.
HIGA Y BANOBRAS: CERRADURA QUE NO ABRE
“Parcialmente reservada” fue
la respuesta de Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de
la Administración federal con ocho décadas de operación– cuando se le solicitó
información detallada de sus contratos con Grupo Higa. El emblemático banco ha
firmado seis convenios con filiales del Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú,
pero de cuatro, no pueden conocerse las convocatorias, parte fundamental de una
adjudicación en un proceso de libre competencia.
Ocurre así en la convocatoria
que se hizo para la ejecución de la ampliación de la carretera
Guadalajara-Colima, la que ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico en unión
con Grupo Servicios S.A de C.V. y G. Collado.
También el que se le otorgó a
Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para realizar el “estudio de sondeo a
los usuarios del tramo carretero Guadalajara-Colima” y en el que se le dio a la
misma PACSA para “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero
Altacomulco-Maravatío.
En el que tiene la
constructora Teya para la ejecución de los trabajos de la ampliación de dos a
cuatro carriles de los kilómetros 103-510 al 110-000 del tramo carretero
Guadalajara-Colima, la convocatoria también está reservada.
Banobras informó a este medio
digital que la información que mantiene reservada está protegida por el secreto
bancario y fiduciario y que el comité de información (ante el INAI) se
pronunció por confirmar ese estado de los datos en su sexta sesión
extraordinaria del 26 de febrero de 2016.
El Banco se había propuesto
mantener bajo el candado de la reserva (hasta 2025) los contratos que firmó
respecto a la autopista Guadalajara-Colima, uno con Constructora Teya S.A. de
C.V. y otro con Obras del Pacífico S.A. de C.V., ambas filiales de Higa.
Y era así, según Banobras,
porque los datos de ese contrato pertenecían a un fideicomiso el cual también
estaba bajo secreto fiduciario.
Pero el INAI lo reconvino
para que abriera la información.
De modo que ante las
solicitudes de este diario digital, Banobras respondió: “Se hace de su conocimiento
que los contratos celebrados con Constructora Teya S.A. de C.V y Concretos y
obras del Pacífico S.A. de C.V. se han dado a conocer con motivo de una
resolución del INAI”. En efecto, en sus respuestas, Banobras remite a su
dirección electrónica (http://www.banobras.gob.mx) para que se consulten sus
contratos. Pero al llegar al rubro indicado, el click no lleva a ninguna
información.
Las respuestas de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) también representaron una traba. Ante
cuatro solicitudes, la dependencia notificó que requería prórroga pero
concluido ese periodo, dejó sin contestar dos. Una de sus respuestas se refiere
a OHL España cuando la pregunta fue específica en OHL-México.Sec-Energía
***
México aparece hundido en el
“Índice de percepción de la corrupción”, elaborado por la organización
Transparencia Internacional cuya sede está en Berlín. En el último reporte de
2014, obtuvo 35 puntos, en una escala que va de cero (altos niveles de
corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción).
Cuando Peña Nieto fue
candidato el Índice de Percepción de Corrupción 2011, elaborado por
Transparencia Internacional, México tenía el sitio 100 de 183. Una posición de
alarma. Hoy, el país no ha logrado atravesar el bache: se superó cinco
posiciones, pero se mantiene entre los países con las peores calificaciones:
está en el casillero 95.
En estos momentos, el costo
de la corrupción tanto en el Gobierno como en las empresas está calculado en el
9 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador
Empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ubica
ese número en 10 por ciento. De cualquier forma se trata del doble de las
ganancias que obtiene el crimen organizado y es superior a los dividendos de la
extracción de petróleo crudo cada año por Pemex.
El 4 de mayo de 2015, Enrique
Peña Nieto, Presidente de la República, promulgó en el Palacio Nacional la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de estampar
su firma, el Primer Mandatario dijo que con esta nueva norma se cerraban los
espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abría una nueva etapa de
transparencia y rendición de cuentas en el país.
Apenas dos días después, el
diario británico The Financial Times –el más influyente para los inversionistas
del mundo– publicó un reportaje en el que relató que la corrupción se había
convertido en un lugar común en México, al grado que a las empresas locales y
multinacionales ya les resultaba indiferente.
El plazo para que los estados
armonizaran sus sistemas de información de acuerdo con la Ley General de
Transparencia que entró en vigor el 5 de mayo ha expirado y sólo xx estados lo
lograron. Y mientras buscan homologarse, los obstáculos para acercarse a Higa y
OHL brotan en casi todos los sistemas de transparencia. El de Tabasco no
permitió realizar las solicitudes pues en su portal público no aparece la
opción para registrarse en el sistema. En los de Yucatán y Tamaulipas, después
de ingresar la solicitud, no se obtuvo fecha de respuesta.
A nivel federal, la
frecuencia con la que el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón
(2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2016) han negado información se refleja
en el Índice de Expedientes Reservados que a la fecha suma 12 millones 416 mil 154
asuntos. Las negativas concentran contratos, gastos en obras o funcionarios
involucrados en irregularidades. Respecto a los contratos de Higa, el Gobierno
mantiene la categoría “información pública” ante el INAI. Pero el acercamiento
implica un camino con topes.
(SINEMBARGO.MX/ ALEJANDRA PADILLA,
LINALOE R. FLORES Y DANIELA BARRAGÁN/ MAYO 9, 2016 - 12:05 AM)
