jueves, 10 de marzo de 2016
HALLAN DOS CUERPOS EMBOLSADOS EN SAN IGNACIO
Los cuerpos sin vida de dos
personas fueron localizados en el
interior de una bolsa negra de plástico sobre la carretera México 15 en San
Ignacio, kilómetro 61.
De acuerdo con el reporte
policíaco, las víctimas fueron encontradas a la altura del crucero del Limón de
los Peraza por personas que pasaba por el lugar y reportó la existencia de una
bolsa con contenido extraño.
Al lugar llegaron autoridades de corporaciones de seguridad
pública como mañana de este Policía
Ministerial y del Ejército quienes implementaron un operativo.
La bolsa, que se encontraba
cubierta con una lona y despedía fuerte olor, fue revisada por las autoridades,
quienes constataron que en su interior se encontraban dos cadáveres en estado
de descomposición.
Uno de los cuerpos presentaba
impactos de bala en la espalda.
Las víctimas fueron
identificadas por las autoridades como Francisco Javier de 28 años y Roberto
Armando de 41 años, ambos con domicilio en Piaxtla de Arriba, San Ignacio.
(RIODOCE/ REDACCION/ 10 DE MARZO 2016)
JOYAS, RELOJES Y CABALLOS ES LO QUE TIENEN LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL GABINETE
De los 13 nuevos integrantes del
gabinete presidencial, José Narro Robles aún no entrega su declaración
patrimonial; sin embargo, tiene hasta el 8 de abril para hacerlo ¿hará público
su patrimonio?
Entre 2015 y 2016 el
presidente Enrique Peña Nieto ha hecho 13 cambios en su gabinete, de los cuales
8 ya actualizaron su declaración patrimonial, cuatro no la han actualizado y
uno no la ha presentado.
Entre sus pertenecías están
casas, terrenos, autos, lanchas, obras de arte, joyas, relojes y hasta caballos
y borregos.
Cada vez que un servidor
público es nombrado en un nuevo cargo debe actualizar su declaración
patrimonial y presentarla máximo dos meses después de la toma de posesión en el
cargo.
Tres de los nuevos
integrantes del gabinete nombrados en febrero de este año tienen hasta finales
de abril para actualizar o presentar su declaración patrimonial. Pero los que
fueron nombrados con anterioridad ya la debieron haber presentado.
De los nuevos nombramientos,
José Narro Robles, secretario de Salud, Mikel Arriola, nuevo director general
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), y José Antonio González Anaya,
nuevo titular de Pemex, tienen hasta el 8 de abril para presentar su
declaración.
Narro Robles lo hará por
primera vez por no pertenecer al gobierno federal antes del nombramiento,
mientras que González Anaya y Arriola deben actualizar su declaración
presentada en sus cargos anteriores.
En su última declaración, de
mayo de 2015, como titular de Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), Arriola no aceptó hacer públicos sus datos
patrimoniales.
González Anaya, como director
del IMSS, sí hizo público su patrimonio en mayo de 2015 y sin precisar los
montos del mismo informó que tenía seis terrenos, una casa, dos autos, obras de
arte, muebles y accesorios de casa e inversiones bancarias.
Otro de los más recientes
integrantes del gabinete, Rafael Tovar y de Teresa, nuevo secretario de
Cultura, no ha actualizado la declaración patrimonial que presentó como titular
de Conaculta en mayo de 2015 en la que no hizo público su patrimonio. Tovar y
de Teresa debía actualizar esta declaración a más tardar el 21 de febrero, pero
no lo hizo.
De los 10 cambios anunciados
por el presidente Peña Nieto el 27 de agosto de 2015, solo un funcionario no
actualizó a tiempo su declaración patrimonial. Se trata de Francisco Guzmán
Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia, que tenía hasta el 27 de octubre
para presentar una nueva. En su anterior declaración como coordinador de
asesores del Presidente de la República, Guzmán Ortiz no hizo públicos sus
datos patrimoniales.
El resto de los nombramientos
de agosto de 2015 actualizaron su declaración patrimonial e hicieron públicos
los datos, algunos incluso publicaron el valor de su patrimonio.
Rosario Robles, que pasó de
Sedesol a Sedatu, declaró inversiones por casi millón y medio de pesos, una
bancaria y su seguro individualizado. Tiene obras de arte por 350 mil pesos,
joyas por 400 mil pesos, muebles y accesorios de casa de 250 mil pesos, una
camioneta Jeep Patriot 2009 que compró a crédito por 255 mil pesos. Declaró adeudos
por 271 mil 333 pesos en tarjetas de crédito.
En mayo de 2015 Robles
informó que tenía una casa en copropiedad, aunque no aparecía en la página de
su declaración.
Enrique de la Madrid,
secretario de Turismo, declaró un terreno de 1 millón 922 mil pesos, dos
lanchas de 25 mil dólares cada una, una camioneta Jeep Rangler 2009 de 215 mil
pesos, muebles y accesorios de casa. No declaró el monto de once inversiones
bancarias, tres fondos de inversión y una inversión privada. Sin precisar
montos, informó que adeuda en cinco tarjetas de crédito y tiene un préstamo
personal.
José Eduardo Calzada
Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, informó que tiene un local de mil metros cuadrados que adquirió
en 2002 del cual no precisa su valor. Declaró que posee un auto Honda sedán con
un valor de 248 mil 500 pesos que adquirió en octubre de 2008. Sin precisar el
valor informó que tiene equipo de oficina, caballos y borregos, joyas, cuadros,
esculturas, muebles y accesorios de casa. Declaró dos inversiones por más de
600 mil pesos, ambas bancarias y declaró que no tiene adeudos.
Aurelio Nuño Mayer, titular
de la Secretaría de Educación Pública, no reportó propiedad de inmuebles o
vehículos, pero sí inversiones por más de cuatro millones y medio de pesos y
muebles y accesorios de casa con un valor de 1 millón de pesos. Reportó adeudos
en un préstamo personal de 158 mil 950 pesos y en una tarjeta de crédito por 96
mil 500 pesos.
José Reyes Baeza, titular del
Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), declaró cuatro bienes inmuebles, que incluyen dos terrenos, un local
y una casa, dos de éstos donados por su padre. Tiene cuatro inversiones
bancarias, dos autos: una camioneta Jeep 2012 y un Ford Mustang 1965. No hizo
público el valor de sus bienes.
Rafael Pacchiano Alamán,
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reportó la
propiedad de un departamento de 76 metros cuadrados obtenido mediante un
crédito en 2008, una casa de 2 mil 196 metros cuadrados comprada con un crédito
y un terreno de 350 mil metros cuadrados adquirido en 2009 del que no se
precisa si se encuentra en una zona rural o urbana y del que en la segunda hoja
de su declaración patrimonial se infroma que está "pendiente de registro
público de la propiedad".
Pacchiano declaró también dos
relojes Rolex, ambos pagados de contado, un reloj Panerai y obras de arte, que
son un Bosco y una escultura de Jorge Marín, que de acuerdo con el catálogo de
Casa Lamm van de los 22 mil dólares hasta los 105 mil dólares. Reportó dos
adeudos, uno personal de 2012 y uno hipotecario de 2008.
Claudia Ruiz Massieu,
secretaria de Relaciones Exteriores, declaró seis bienes inmuebles: dos casas,
un terreno donado de su ex esposo, dos departamentos y un local. Declaró una
camioneta Honda CRV, modelo 2009. Tiene cinco adeudos por tarjetas de crédito,
tres inversiones bancarias y su seguro de separación individualizado. Tiene
joyas, obras de arte, muebles y accesorios de decoración. La funcionaria no
declaró el valor de éstos bienes.
José Antonio Meade, titular
de la Secretaría de Desarrollo Social, declaró un auto Honda Fit 2007, un
terreno de 254 metros cuadrados que pagó de contado, muebles y accesorios de
casa, obras de arte como cuadros y esculturas, dos inversiones: una bancaria y
su seguro de separación individualizado. Declaró adeudos en cuatro tarjetas de
crédito, sin precisar el monto.
EL RESTO DEL GABINETE
En junio de 2015 MILENIO
publicó los detalles de las declaraciones del gabinete presidencial.
En ese entonces solo Virgilio
Andrade, secretario de la Función Pública, Aurelio Nuño, entonces jefe de la
Oficina de la Presidencia, Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo
Social, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Salvador Cienfuegos
Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, hicieron público el valor de su
patrimonio.
Hasta la fecha siguen sin
especificar el valor de sus propiedades: Alfonso Navarrete Prida, secretario
del Trabajo, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia,
Enrique Ochoa Reza, director de CFE, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de
Energía, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes,
Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina y Arely Gómez González,
procuradora General de la República.
(DOSSIER POLÍTICO/ Tomado de: Alejandro
Domínguez y Adriana Cobos / Milenio/ 2016-03-10)
“HALCONES” SÍ CUSTODIAN GASERA EN SAN PEDRO
Con total impunidad y nula presencia de
la autoridad…
Durante un recorrido por el sector,
Dossier Político constató la presencia de al menos 3 personas que al observar
el vehículo en el que se trasladaban reporteros de este medio intentaron
acercarse con palos y radio de comunicación en mano, advirtiendo que no
permitirían a ninguna persona avanzar hacia la obra en construcción, mucho
menos tomar imágenes…
Hermosillo, Sonora (DP).-
Pese a la denuncia pública hecha por vecinos del lugar ante el temor de ser
agredidos, un grupo de vigilantes, guardias o “halcones” custodian los trabajos
de construcción y operación de la gasera clausurada en San Pedro y todo indica,
con la complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
Durante un recorrido por el
sector, Dossier Político constató la presencia de al menos 3 personas que al
observar el vehículo en el que se trasladaban reporteros de este medio
intentaron acercarse con palos y radio de comunicación en mano, advirtiendo que
no permitirían a ninguna persona avanzar hacia la obra en construcción, mucho
menos tomar imágenes.
En una gráfica de DP se
aprecia a 3 personas jóvenes de aspecto sureño, bien vestidos, con ropa Polo,
que no permiten a ninguna persona acercarse a menos de 200 metros de la
construcción de la obra donde se instalaron 10 cilindros gigantes con capacidad
para 250 mil litros de gas LP cada uno.
El fin de semana, vecinos del
lugar denunciaron a DP que protegida por “halcones” u hombres armados con bats,
palos, varillas y equipados con radios de comunicación portátiles, vigente se
encuentra la construcción de la gasera en San Pedro, pese a los sellos de la
suspensión ordenada por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y
ejecutada por la CIDUE Hermosillo.
Denuncian que un grupo de al menos 10 hombres
“bien vestidos” con equipo de comunicación, palos y bats en mano, resguardan el
terreno donde aún se construye y se instalan los 10 “misiles” con capacidad
para almacenar 250 mil litros de Gas LP cada uno.
Los inconformes describen que
durante el fin de semana realizaron un recorrido por el sector y desde la
carretera San Pedro.Zamora, se aprecia la presencia de estas personas que
evitan a toda costa que personas ajenas se acerquen para tomar video o fotografías
de la obra en construcción.
Por ello, llaman a la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al alcalde de Hermosillo, Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez, a la Procuraduría General de Justicia, Policía
Municipal y Policía Estatal a hacer cumplir la ley y suspender de manera
definitiva la construcción de la obra que desde el 27 de febrero suspendió la
CIDUE por instrucción de la UEPC.
El miércoles de la semana
pasada, a través de Dossier Político, habitantes de San Pedro y Zamora
denunciaron que aún continuaban los trabajos de la almacenadora de gas que
cuenta con 10 grandes “misiles” con capacidad para 250 mil litros de gas cada
uno.
Más tarde, el titular de la
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), Iván
García Gómez, anunció que la obra fue
clausurada por instrucción de la Unidad Estatal de Protección Civil desde el 25
de febrero, por incumplir con el plan interno de Protección Civil
Temprano, habitantes de las
comunidades rurales de Zamora y San Pedro que se oponen a la puesta en marcha
de una planta almacenadora de Gas LP, lamentaron que el Ayuntamiento de
Hermosillo avale la obra reconociendo que es segura.
Dorita Salazar, una luchadora
social de la región que junto con decenas de habitantes de la región se han
manifestado en contra de la empresa Almacenadora de Gas Windstar, ubicada en el
kilómetro 7 de la carretera San Pedro El Saucito a Zamora, denunció a Dossier
Político esta arbitrariedad.
Entrevistado vía telefónica,
Dorita quien está a cargo de un dispensario médico en San Pedro, informó a DP
que en la más reciente visita que tuvieron del ingeniero Renato Ulloa Valdez,
actual Director de Agua de Hermosillo (AguaH), trató de convencerlos de lo
seguro que es la obra que almacena 2.5 millones de litros de gas, en 10 enormes
tanques estacionarios.
"Le hice una reunión a
(Renato) Ulloa y ellos hablaron de todas las conveniencias y de la no
peligrosidad (de la obra) que es más peligros tener un tanque de gas en nuestra
casa, prácticamente se defendió a la empresa", expresó
Esta fue la respuesta del
funcionario municipal a los habitantes de la región que temen una tragedia
igual a la de San Juanico, Estado de México, en el año de 1984 donde murieron
410 personas por la exposición de unos tanques de Pemex que albergaban 1.5
millones de litros de gas.
En entrevista que tuvieron
con la persona que construye la obra –de la que no recordó el nombre-, Dorita
Salazar dijo que de manera déspota les reprochó a los vecinos inconformes que
él mantenía a 100 familias de Zamora al ofrecerles trabajo, cifra que a los
lugareños no les cuadró.
Lamentó que el director de
AguaH les insistiera que la empresa cuenta con los permisos y que cumple con
los 500 metros de distancia de las personas, porque no se está hablando de 5
tambos de gas, "se habla de 2.5 millones de litros en gigantescos tanques
que nadie sabe cómo los hicieron llegar al lugar, porque nadie se dio cuenta.
La líder, no descartó acudir
a alguna universidad para que un ingeniero hidráulico les aclare si la planta
almacenadora también conocida como Border Interprises S.A. de C.V. cumple con
las especificaciones técnicas y si puede operar en el lugar.
El 27 de enero, habitantes de
San Pedro y Zamora denunciaron a DP la construcción irregular de la planta
almacenadora de gas natural, en el kilómetro 7 de la carretera a Zamora, a un
costado de un Cecytes, como lo muestra la gráfica del periodista Manuel
Fernando López.
Carmen Ahumada, a nombre de
los habitantes de ambos poblados, dijo que buscan evitar que siga operando la
planta almacenadora por el riesgo tan similar al de San Juanico, "no
quedaría nada de Hermosillo si llega a pasar una desgracia ahí...", señaló
a Dossier Político.
"Hay 10 misiles de 250
mil litros de gas natural que contiene cada uno, eso no está permitido porque
no cuentan con permiso para construir, además no solicitaron permisos a los
vecinos, del Ayuntamiento (de Hermosillo) ni del Gobierno del Estado",
señaló a DP la luchadora social.
La empresa Almacenadora de
Gas Windstar S.R.L. de C.V y /o Border Entreprises S.A de C.V, tiene tres meses
operando en el lugar; para ello, los inconformes ya entregaron un documento al
titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) que dirige Alberto
Flores Chong, donde manifiestan su inconformidad y advierten, que el viernes
podrían cerrar la carretera a Zamora.
(DOSSIER POLÍTICO/ Redacción /
2016-03-10)
TITULAR DE ISSSTESON CON PADRÉS DESVIÓ 2 MIL 200 MDP
Teresa de Jesús Lizárraga, extitular de
ISSSTESON, durante el gobierno de Guillermo Padrés en Sonora, desvió 2 millones
de pesos en joyas, tablets, cámaras, pantallas y celulares.
CIUDAD DE MÉXICO.- Teresa de
Jesús Lizárraga Figueroa, directora general del ISSSTESON durante la
administración de Guillermo Padrés, en Sonora, desvió, en 2012, dos millones de
pesos para comprar cámaras de video, fotográficas, aparatos de refrigeración,
sillones reclinables, tablets, computadoras, perfumería, joyería, cosméticos,
ropa, electrodomésticos, teléfonos celulares, juguetes y pantallas, que fueron
utilizados para realizar eventos sociales de la dirección general.
Sin embargo, no existe
evidencia documental sobre qué tipo de eventos se llevaron a cabo, su
justificación y el beneficio obtenido.
Además, el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó un saldo pendiente por comprobar de
180 mil pesos por pagos de viáticos a pacientes, sin que hubiese justificación,
comprobación o recuperación de los recursos públicos.
La auditoría detectó también que en el
registro de cuotas y aportaciones por cobrar a los diferentes organismos
afiliados, quedó un saldo pendiente por mil 944 millones 724 mil 841 pesos,
“sin que se hubiera manejado una cuenta específica para identificar cada una de
las ramas o conceptos de aportación que, ante tal descontrol administrativo,
(lo cual) impide o retrasa la recuperación de las cuentas por cobrar”.
Así, pese a que el ISAF
documentó todas estas anomalías por un monto superior a los 2 mil 200 millones
de pesos durante su gestión al frente del ISSSTESON, Teresa de Jesús Lizárraga
Figueroa hoy es diputada federal del PAN.
En su momento, un grupo de
diputados locales, integrantes de la Comisión de Vigilancia del ISAF, interpuso
una denuncia penal ante la Procuraduría del estado por peculado, uso indebido
de atribuciones y lo que resulte; sin embargo, la dependencia encargada de investigar
estos delitos determinó el no ejercicio de la acción penal.
El ISAF ordenó a la diputada
reponer el daño patrimonial; sin embargo, a Lizárraga Figueroa no se le
inhabilitó como servidora pública. La Comisión de Vigilancia del Congreso
determinó en su momento dejar sin efecto esta medida disciplinaria y no se le
ha impuesto ninguna sanción, por lo que su expediente está limpio, pese a que
los delitos están documentados.
(DOSSIER POLÍTICO/ Tomado de: El
Financiero/ 2016-03-10)
INVESTIGARÁN ABUSO SEXUAL CONTRA 7 MENORES EN ALBERGUE RURAL
Jesús Sobarzo Larrañaga, encabezó la
conferencia de prensa convocada la mañana de este miércoles en Palacio de
Gobierno, donde no estuvieron presentes ni el Procurador de Justicia ni
autoridades de Protección al Menor y la Familia.
La Paz, Baja California Sur.
– La Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación previa
correspondiente tras la denuncia de presunto maltrato y abuso sexual de 7
menores de edad a manos de otros dos internos, también menores, en un albergue
rural en el municipio de Los Cabos.
“Se ha ordenado de inmediato
la atención médica y psicológica de las presuntas víctimas” informó el jefe de
la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado,
Jesús Sobarzo Larrañaga, en una conferencia de prensa convocada la mañana de
este miércoles en Palacio de Gobierno, donde no estuvieron presentes ni el
Procurador de Justicia ni autoridades de Protección al Menor y la Familia.
En una sorpresiva rueda de
prensa donde el vocero estatal se limitó a leer un comunicado y pidió la
comprensión de los representantes de los medios de información “al no abrir
este comunicado a preguntas y respuestas” para luego informar que “en principio
y hasta nuevo aviso, fungirá como el canal de comunicación autorizado para dar
a conocer los avances del presente caso”.
En el texto de cuatro
cuartillas, que leyó el responsable de la comunicación del gobierno del estado,
expone que se encuentran trabajando en cada área a fin de brindar atención a
los menores y tomar las medidas pertinentes; como la inmediata suspensión del director de dicho
albergue por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPBCS).
Por esto último, se comisionó
a un “equipo especial”, de servidores públicos para hacerse cargo del albergue,
y se ordenó la inmediata revisión de todos los albergues del estado.
También explicó que por
tratarse de menores de edad, tanto la ubicación del albergue, como la identidad
de las víctimas y victimarios, se resguarda, para no vulnerar sus derechos.
“Se instruyó además, a la Subprocuradora
de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, para
que fuera al lugar de los hechos para atender la investigación y a las
familias”, añadió.
Del mismo modo aseguró que en
todo momento estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
supervisando que todo momento los procedimientos.
Por si esto fuera poco se
instruyó a la Contraloría General, que de inicio una investigación para
determinar responsabilidades administrativas por parte de los servidores
públicos encargados de la integridad de los menores en esta estancia, ya sea
por hechos u omisiones en sus funciones.
Finalmente, el texto concluye
diciendo que todos los sudcalifornianos, pero particularmente los menores de
edad tienen el derecho a vivir en paz, con salud a prosperar y a servir una
locación de calidad ya no ser sujeto de violencia o abusos; el comunicado no
dice absolutamente nada, referente a dos niñas que también fueron abusadas
sexualmente en el mismo municipio, el día de ayer, cuando volvían de la escuela
y que tardaron hasta cuatro horas en ser atendidas, siendo un folleto, la única respuesta que las
autoridades fueron capaces de brindarles.
(PENINSULAR DIGITAL/ Hugo Daniel
Álvarez/ 09/03/2016)
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