lunes, 15 de febrero de 2016

FORD SE VA A SAN LUIS POTOSÍ... O EL FIN DE LA ESPERANZA SONORENSE


Hace unas semanas Ford anunció que abrirá una nueva planta armadora de autos en México. La abrirá en San Luis Potosí, en un proyecto magno que llevará más de mil millones de USD para producir un auto híbrido que vendrá a competir con el Toyota Prius –el auto líder mundial en el segmento, ni más ni menos. Con este evento termina de confirmarse que el clúster automotriz del Noroeste de México, y el de Sonora en particular, se ha rezagado en definitiva del horizonte de auge y transformación de esta industria que experimenta el país. Veamos y entendamos. Luego juzguemos.

Desde 2013 México se ha convertido en el polo automotriz más dinámico del mundo y la IA es uno de los motores que ha activado la economía en los momentos de recesión (PwC, 2013). Es también la mayor generadora de equilibrios comerciales y la mayor oferente de empleo manufacturero (Covarrubias, 2014-2015). Se extiende por buena parte de la geografía nacional. Los tres corporativos de Detroit, cinco líderes asiáticos y cinco europeos, operan 22 fábricas armadoras de autos en 10 estados. Las fábricas autopartistas suman ya más de 2,500 establecimientos que se extienden a 21 estados; con ellas y las armadoras se han conformando cuatro clústers (Noroeste, Noreste, Centro y Bajío) cuya dinámica regional es muy sensible a su comportamiento (Banco de México, 2013). Sin embargo, el nivel de desarrollo de las regiones es desigual. El caso más sobresaliente corresponde la Región del Bajío que con Guanajuato, Aguas Calientes y San Luis Potosí al frente pasó a convertirse en el gran hub automotriz de México. Ocho de las principales armadoras globales están ahí; en el último lustro llegaron al Bajío BMW, Mazda, Daimler AG, VW, y Toyota anunció planes de instalación en 2015–en tanto Honda, GM y Nissan se expandieron con nuevas factorías. Con ellas El Bajío, y Guanajuato en particular, devino en la región industrial más dinámica de México y América Latina. Su producción conjunta de 1.5 millones de autos, la ha convertido en una de las 15 economías automotrices del mundo (Conacyt, 2015).

Después del Bajío sobresale la Región Noreste, con grandes proyectos de ensambladoras y el núcleo más extendido de proveedores. En el extremo opuesto, aparece la Región Noroeste. En ella destacan en particular los casos de Sonora y Baja California que después de que abrieron plantas de ensamble por Ford en 1986 y Toyota en 2004, respectivamente, se han rezagado. Pero mientras Tijuana recibió el Centro de Ingeniería y Desarrollo de Nissan, ninguna localidad de Sonora ha recibido un sólo proyecto de relevancia por otras armadoras. Enseguida destaca el caso de la Región Centro, donde Puebla ha experimentado una gran dinámica por las sucesivas ampliaciones de VW y, más recientemente, por el arribo de Audi, y ha rebasado la dinámica previa del Estado de México y Morelos.

La lógica de las economías de aglomeración y antecedentes de localización indicaba que Sonora le quedaba una esperanza. Esta radicaba en que cuando Ford decidiera expandirse en México pensaría en la entidad. El reciente anunció de que Ford se expande y que va a cualquier parte menos a Sonora hecha por tierra la esperanza.

Este es el costo de haber tenido un gobierno que se dedico a saquear el estado mientras las oportunidades industriales se abrían para México. Es una historia que se repite. Cuando el gobierno y la economía de una región son puestos en manos de bandoleros e ignorantes, los inversionistas y las gentes de talento simplemente voltean a otro lado.


(DOSSIER POLITICO/ Alejandro Covarrubias V / 2016-02-15)

OBTENÍAN LOS ZETAS $15 MILLONES AL MES POR COBRO DE CUOTAS DEL PENAL DE TOPO CHICO


MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.

La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.

Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.

El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.

En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.

El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.

En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.

A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.

CUOTAS PARA NO SER TORTURADO

El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.

La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas.

Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.

“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Morales.

Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.

CORRUPCIÓN PROVOCA MASACRE

Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.

Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.

Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.

Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policiacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión.

Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, el cual le otorgó un corrupto juez quien argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.

A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.

Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, la mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.

La noche del miércoles 10 de febrero, al filo de las 11 horas, el grupo de El Z-27 comenzó a buscar a sus rivales para asesinarlos mientras que El Credo disfrutaba de la visita conyugal.

El numeroso grupo de seguidores de El Z-27 se movía libremente por toda la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los mataron a golpes.

Mientras que el grupo rival comenzó su defensa. Aún se desconocen detalles, pero algunos familiares de internos contaron que a los pocos minutos la riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros
puntos del penal.

Al menos cinco reos fueron golpeados y arrojados sobre colchones, a los que les prendieron fuego. La riña se prologó por cerca de 40 minutos y a las 11:52 horas se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública un motín en el interior del Topo Chico.

Cuando arribó el general Antúnez, secretario de Seguridad, para tomar el control de la situación, se encontró con las escenas de decenas de muertos en diversos puntos, muchos en el patio además de unos 50 heridos.

Alrededor de 40 de ellos fueron trasladados a los locutorios de los abogados donde fueron atenidos por paramédicos; cerca de 10 con lesiones graves salieron en ambulancias a hospitales.

En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Juan Alberto Cedillo / 2016-02-15)

SIN RECURSOS PARA JUZGAR NARCOMENUDEO EN EL NSJP


Junio será el periodo fatal para que los delitos relacionados con la venta de droga al menudeo sean juzgados dentro el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial en Baja California; sin recursos ni capacitación el Estado no se encuentra preparado para el nuevo desafío.

Poder Judicial solicitó ampliación presupuestal   La inclusión del delito del narcomenudeo en el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial fue un pendiente desde que se implementó en Baja California, específicamente en Mexicali, sin embargo, el 18 de junio del 2016 tendrá que pasar del sistema tradicional al Nuevo Sistema en todo el estado, por lo que existen  inquietudes.

La carga de trabajo representa tan solo en Mexicali alrededor de 3 mil expedientes al año en Mexicali, precisamente es donde existe mayor inquietud debido a la carga de trabajo con la que ya cuentan los jueces orales.

En el resto del Estado, de entrada no será una problemática debido al margen que tendrán los nuevos jueces en el acumulado de casos, pero en seis meses la carga de trabajo de los nuevos juzgados pudiera empezar a ser un tema preocupante en caso de que no se le inyecten recursos y capacitación a los operadores, manifestaron litigantes de la región.

Representantes de diversos colegios de abogados entrevistados por ZETA mantienen su escepticismo en torno a la implementación en el caso del narcomenudeo, los más preocupados advierten un colapso, los menos, que actualmente no se encuentran preparados los órganos encargados de impartir justicia. 

 PREOCUPA MEXICALI

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vázquez señaló su inquietud en cuanto a la implementación en todo el estado del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial que ya existe en Mexicali, debido a la carga de trabajo que tienen los juzgados.

“La problemática implica para la operatividad el recurso, en el caso de Ensenada, Tecate, Tijuana y San Quintín lo podemos llevar hacia los jueces que vamos a trasladar al Nuevo Sistema de Justicia Penal…donde traigo mi inquietud es sobre el tema del presupuesto, necesitamos alrededor de 60 millones de pesos para poder operar en este año”, afirmó el magistrado presidente.

Juan José Crespo Torres Vázquez indicó que el recurso no se presupuestó en el ejercicio fiscal 2016, por lo que se solicitó al Congreso una ampliación de recursos por esa cantidad para poder realizar la transición del delito del narcomenudeo al sistema Acusatorio Adversarial.

El presidente del TSJE expuso que el proceso del narcomenudeo no es complicado, ya que no se requiere gran cantidad de actividad de la defensa o del Ministerio Público, por lo que los procesos se culminan rápido.

En cuanto a los Tribunales de Adicciones que se han propuesto como una medida alternativa de solución señaló que se han realizado pláticas con personal de la iniciativa privada, dijo que no existiría ningún problema para implementarlo siempre y cuando se tenga el recurso ya que esas figuras requieren mayor personal especializado.

Sobre la infraestructura indicó que se implementarán dos salas y dos jueces en Ensenada, en Tijuana cuatro salas y 12 jueces, Rosarito y San Quintín con una sala y un juez.

“A los siete meses ya vamos a necesitar a los jueces que puedan abatir la carga de trabajo que nos mande PGJE, en este caso en Tijuana 36 jueces, Ensenada 6, Tecate 6 y ésos pueden ayudarnos en Rosarito y San Quintín”, afirmó Vázquez.

Señaló que actualmente se tiene un esquema de un Tribunal Colegiado (3 jueces) para resolver los juicios orales por lo que estarían proponiendo al Congreso modificar la Ley Orgánica del Estado para cambiar a unitario (un juez) por cuestión de eficiencia.  

Se les olvidó el presupuesto El diputado Juan Manuel Molina presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado reconoció la falta de recursos que se dejaron de invertir desde el 2010 al 2013 y culpó a la anterior Legislatura de acaparar el dinero.

El diputado indicó que se debió invertir 470 millones en Ensenada y 287 millones en Tecate, sin embargo, la cifra apenas llegó a la mitad. Indicó que la federación le cargó la mano a los estados, ya que en diversos temas como la implementación del nuevo sistema de justicia, los temas mercantiles, narcomenudeo y trata de personas fueron asignados sin recursos.

— ¿Podría llegar a colapsar el sistema con la gran cantidad de casos? “No creo que se llegue a un colapso porque al final de cuentas los asuntos que se atienden por juzgado eran hasta de 2 mil 500 asuntos, cada defensor tenía hasta 400 causas penales atendiéndolas o tratando de atenderlas, ya se ha estado bajo una presión similar”.

Ariel Mendivil, abogado Juan Manuel Molina, diputado Juan José Castro Crespo, presidente del Consejo de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho de Mexicali, recordó que en Baja California la postergación de la inclusión en el nuevo sistema del delito de narcomenudeo se hizo bajo un decreto al momento de la entrada del nuevo Código de Procedimientos Penales.

Castro aseguró que en Mexicali en promedio a la semana entran 136 asuntos en cada uno de los 3 juzgados, lo que significa alrededor de 600 expedientes que se van a judicializar y con esos números va a ser muy difícil que el nuevo sistema funcione adecuadamente.

“Nosotros sí vemos con cierta preocupación que el sistema pueda colapsar, si tomamos en cuenta de que el sistema de justicia adversarial tiene como prioridad que los asuntos no lleguen a un juicio oral, son asuntos de poca monta”, afirmó el abogado y acusó que la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial del Estado no están capacitadas en ese tipo de investigación.

“Yo no veo de qué forma se vayan a llevar esos asuntos, yo pienso que le deben de decir la verdad a la gente de que no va a entrar en vigor ese Código Nacional en Baja California, nomás en Tecate hay 2 jueces de control, en Mexicali son 16, en Tijuana ocupamos 42 jueces”, explicó Castro.

El litigante dijo que el Gobierno del Estado no atendió el llamado de los colegios para el tema de la capacitación, por lo que afirmó que son pocos los abogados que conocen el sistema, cuando mucho 20.  

Mal enfoque Por su parte el presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California, Pedro Ariel Mendívil indicó que desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia se debió incluir el narcomenudeo.

Criticó la vigencia del decreto de vigencia y de dudosa naturaleza Constitucional, además de que el tema del narcomenudeo debe ser visto desde el enfoque de la salud al tratarse de una enfermedad y no de salud. Centro de Justicia de BaJa California Lamentó que la autoridad se convierta en una perseguidora de adictos y no se combata el tema de la delincuencia.

 — ¿Hay riesgo de que el sistema llegara a colapsar? “No puedo concebir la idea de que entremos en un sistema o en la posibilidad tan pronto de un colapso, lo que sí veo es que los temas de la agenda se están complicando, tenemos complejidad con la programación de Audi ciencias de formulación de imputación, intermedias y juicio oral porque existe un problema entre los operadores que están difiriendo audiencia tras audiencia y esto hace que se empiece a colapsar”.

En el tema de la defensoría señaló que solo existen 18 abogados para atender cerca de 15 mil casos, lo que los hace imposibles de atender.

Indicó que en su experiencia de los casos que le tocó conocer entre el 20 al 30 por ciento de los que defienden acusan de detenciones irregulares en donde se les siembra droga, armas o en lugares distintos a los partes informativos.  

El optimismo desde la PGJE El Coordinador de la Subprocuraduría en Investigaciones Especiales de la PGJE, David Lozano informó que durante el 2015 en Baja California se detuvo a 7 mil 943 presuntos responsables del delito de narcomenudeo, de los cuales 3 mil 147 corresponden a Mexicali, 3 mil 826 a Tijuana y 970 a Ensenada.

En el caso de Mexicali se constituyeron 2 mil 790  averiguaciones previas, de las cuales se consignaron 2 mil 506 ante un juzgado especializado en materia de narcomenudeo.

Indicó que durante 2015 se cerraron alrededor de 600 expedientes en todo el estado, asimismo, se realizaron 2 incineraciones en Tijuana en coordinación con el Poder Judicial del Estado además de que se consiguieron 95 cateos, lo que consideró un golpe fuerte al narcomenudeo.

La visión de Lozano respecto a la inclusión del deliro en el NSJP fue más optimista que la de los abogados y el Presidente del tribunal, aseguró que los agentes del ministerio público están realizando capacitaciones además de que todo el personal nuevo tiene que llegar con conocimientos del nuevo sistema oral.

Dijo que son conscientes de la situación jurídica que se avecina, por lo que han realizado sus prevenciones de personal y equipo para perito, que será más necesario.

(SEMANARIO ZETA/ Cristian Torres / Jueves, 11 febrero, 2016 05:20 PM)

DETIENEN A “EL SOTOL” JEFE DE UNA BANDA DE SICARIOS


La Dirección  de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Border Patrol, la Base de Operaciones Mixtas (BOM) capturó a José Giovanni Arias Medina, alias “El Sotol” o “El Gordo”, jefe de una banda de sicarios al servicio del cártel de Sinaloa relacionada con varios homicidios recientes en esta Tijuana.

El viernes policías municipales y soldados del Ejército Mexicano asignados a la BOM lo detuvieron en la colonia Libertad.

El individuo, también utiliza los nombres de José Yobani Arias Medina, Javier Moreno Arias y José Yovani Arias Medina, tenía orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de autor mediato y coautor, obsequiada por el Juzgado Séptimo Penal de Tijuana.

Un despacho informativo detalla que el año pasado fue detenido por la Policía Municipal en cinco ocasiones, por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos útiles, tráfico de personas y robo de vehículos.

En 2016 llevaba dos capturas: 23 y 26 de Enero, por probable responsabilidad en delitos contra la salud.

A finales de 2014, la Policía Municipal lo apresó debido a una orden de aprehensión federal por tráfico de personas, y lo puso a disposición de la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Trabajo conjunto de la Dirección de Inteligencia de la SSPM y de la misma área de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) de la PGJE, indica que Arias Medina es líder de una célula al servicio del cártel de Sinaloa y dirigía bandas dedicadas al tráfico de personas que operaban en colonia Libertad, Zona Norte y Zona Centro.

Agencias policiacas de la Unión Americana, incluida la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), lo vinculan con introducción de drogas y de personas en el país vecino.

Durante los primeros días del mes la coordinación entre corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno dio como resultado que la BOM aprehendiera a varios integrantes de la célula de “El Sotol”, a su vez subordinado de “El Aquiles”, dedicada a liquidar a narcomenudistas de su propio grupo por deudas de droga así como a miembros de otras bandas criminales con las que disputan el control de la venta de enervantes al menudeo en la ciudad, y al tráfico de personas a Estados Unidos.

El 11 del febrero fueron asegurados Esteban Enríquez Muñoz, alias Esteban Muñoz Delgado (“El Rambo”), Yean Carlo Ramírez Rangel (“El Yoni” o “El Juanillo”) y Bernardo Arturo Ordaz Miguel (“El Peter” o “El Cucho”), vinculados con varios homicidios y ataques armados a narcomenudistas en colonia Libertad, Zona Norte y Zona Centro. Los tres tenían orden de aprehensión por homicidio calificado.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Domingo, 14 febrero, 2016 02:14 PM) 

INTEGRANTES DE LA BANDA BRITÁNICA VIOLA BEACH MUEREN EN ACCIDENTE


Kris Leonard, River Reeves, Tomas Lowe y Jack Darkin, integrantes de la banda británica Viola Beach fallecieron la tarde del sábado 13 de febrero tras un accidente de auto en Estocolmo, Suecia, lugar a donde habían viajado para presentarse en el festival ¿Dónde está la música? Que se celebró del 11 al 13 de febrero.

Según informes de la policía sueca, el automóvil donde también viajaba su representante Cary Tarry, cayó de un puente a un canal de Estocolmo, ciudad y capital más grande de Suecia.

Tras un comunicado de prensa emitido por la familia del mánager del grupo que también falleció en el accidente corroboró la noticia:

“Podemos confirmar que nuestro hijo Craig y los cuatro integrantes del grupo Viola Beach sufrieron un accidente fatal en las primeras horas del domingo”.

El grupo británico de inde pop Viola Beach se formó en 2013, en Warrington al noroeste de Inglaterra.

Con apenas unos años de haber iniciado su carrera iniciaban la aventura en la música siendo poco a poco reconocidos en Europa.

Si álbum aún en su haber, contaban con sencillos como: “Swings & Waterslides”, “Boys That Sing” y “Like a Fool”.


(SEMANARIO ZETA/ TRINIDAD RAMÍREZ TORIZ/  DOMINGO, 14 FEBRERO, 2016 01:37 PM)

3 BALEADOS Y UN MUERTO EN TECATE



En el lugar quedaron 13 casquillos.

En un solo hecho, tres hombres resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego en Tecate. Uno más, quedó sin vida dentro de un domicilio.

El C4 recibió el reporte a las 10:50 de la noche del sábado 13 de febrero, por detonaciones de arma de fuego en un domicilio en la colonia Los Olivos, una zona de invasión ubicada frente al Centro Estatal de las Artes en Tecate.

A decir de las primeras declaraciones de los lesionados, un solo hombre fue quien entró en el lugar y abrió fuego contra todos.

El cuerpo sin vida quien vestía un pantalón de mezclilla azul y una sudadera negra quedó boca abajo en posición fetal.

La persona sin vida era conocida por el apodo de “El Randy” de 38 años de edad, aproximadamente. Investigadores de la Policía Ministerial recogieron en el lugar al menos 13 casquillos de bala de calibre .223, de manera preliminar.

La vivienda ubicada en la calle Lima y Naranjos, frente a la tienda de abarrotes “Vichis” de la mencionada colonia es identificada como “picadero” por las autoridades.

En el lugar se encontró lo que parece ser una escopeta y envases de licor.

Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Tecate y responden a los nombre de Ángel Hernández Anaya de 40 años de edad, Hermilo Chávez Osuna de 43 años y Amado Landeros Pérez de 32 años de edad.

La autoridad ministerial ha iniciado los procedimientos de investigación acordes al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En menos de dos meses, los primeros días del 2016, Tecate ha registrado nueve homicidios violentos y varios atentados con armas de fuego.


(SEMANARIO ZETA/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ DOMINGO, 14 FEBRERO, 2016 12:07 PM)

FUERZA CIVIL EN NL TOMA EL CONTROL DE TOPO CHICO


El Gobierno de Nuevo León tomó el control del Penal del Topo Chico, donde el jueves pasado murieron 49 reos en motín, a la entrada de elementos policiacos se desmantelaron celdas de lujo equipadas con muebles, aparatos electrodomésticos y hasta un bar.

Las celdas estaban equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisiones digitales, baños sauna y hasta acuarios.

Además se retiraron 280 puestos semifijos de abarrotes y alimentos y hasta un bar operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta un 120 por ciento.

Tras el cateo realizado el pasado jueves, Fuerza Civil destruyó altares de la Santa Muerte, que incluían figuras de tamaño real, cuadros y vestuarios similares a los de matlachines.

El mobiliario fue retirado por maquinaria pesada y transportado en camiones.

En una visita al reclusorio el General Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de Seguridad dijo: “Conocimos todas las irregularidades que existían, arbitrariedades, abusos, cobros de piso”.

Luego abundo: “Ellos (los internos) nos piden que ya cese eso, estamos dando esa garantía, ahorita ya tenemos el control con Fuerza Civil para evitar que esos vicios se vuelvan a suscitar”.

Con información de Sin Embargo.

(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA/  Domingo, 14 febrero, 2016 08:25 PM)