A FLOTE, SAQUEO EN SALUD DE SONORA

Bernardo Campillo ante equipo de transición…

Después de las evidentes muestras de desvío de más de 20 mil millones de pesos de las arcas estatales a manos de los responsables del Nuevo Sonora, ahora Campillo es llevado al banquillo de los acusados y tendrá que explicar el desorden financiero por más de 600 millones de pesos mantiene en crisis a los hospitales públicos en Sonora...

Hermosillo, Sonora (DP).- Este miércoles en punto de las 9 de la mañana, el doctor Bernardo Campillo llegó a su oficina en espera del equipo de transición de la gobernadora electa, Claudia Pavlovich Arellano, para informar sobre el saqueo a Sector Salud en Sonora.

Después de las evidentes muestras de desvío de más de 20 mil millones de pesos de las arcas estatales a manos de los responsables del Nuevo Sonora, ahora Campillo es llevado al banquillo de los acusados y tendrá que explicar el desorden financiero por más de 600 millones de pesos mantiene en crisis a los hospitales públicos en Sonora.

En mayo del 2013, Dossier Político publicó que de acuerdo a informes proporcionados por el Dr. Carlos Manuel González Méndez, el secretario de Salud, Bernardo Campillo, se hizo millonario de la noche a la mañana y llevó al Sector Salud a una condición de quiebra financiera con un saqueo inmisericorde de recursos que pone en riesgo la vida de los pacientes y la funcionalidad de los Servicios de Salud en Sonora.

El Dr. González Méndez sostuvo que existe desabasto de medicinas y una deuda superior a los 600 millones de pesos en el Sector Salud, hechos que han provocado la muerte de pacientes ante la falta de equipamiento luego del saqueo que hoy mantiene al secretario de Salud con una mansión de más de 10 millones de pesos en San Carlos, Nuevo Guaymas, lo que no podría pagar con su salario como funcionario del Nuevo Sonora.

El 14 de junio del 2012, dos días después de su despido del Hospital General, el médico sostuvo una entrevista con Dossier Político, denunció que después de 20 años ininterrumpidos como neurocirujano, fue despedido injustificadamente luego de una férrea lucha en pro de la transparencia y contra el desvío de recursos en la Secretaría de Salud de Sonora.

En entrevista exclusiva con Dossier Político, el galeno expresó que “los abusos del poder del Gobierno del Estado no tienen límites, el esperanzador Nuevo Sonora es solamente una pesadilla de la cual no hemos podido despertar, la lucha por nuestros derechos laborales y el pago completo de nuestros salarios de los empleados de la Salud siguen”.

González Méndez describió que “la lucha inicia en el año 2007 en pleno Gobierno autoritario boursista contra los 54 médicos que decidimos a través de los tribunales laborales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigir nuestro sueldo completo y nuestras prestaciones para una jubilación justa, ya algunos médicos han fallecido sin haberlo logrado”.

Amplió que con la llegada del nuevo Gobierno, habiendo en campaña comprometido su palabra, Bernardo Campillo y Gustavo López Caballero, “solamente la traición y la avaricia los ha mantenido deteriorando los sueldos de los empleados de salud y desviando los sueldos a sus arcas propias, se logró en agosto del 2010 constituir un sindicato legítimo, con toma de nota y registro, pero nunca al servicio de los corruptos, nació el SESSS”.

Expuso que el SESSS inició demandas históricas contra los 104 aviadores del sindicato de Villalobos, “líder corrupto que no cuenta con registro ni toma de nota y coordinador de la campaña de López Caballero a la Alcaldía.

Resultado, una Contraloría solapadora. Un movimiento por la transparencia se inició para conocer el desvío de recursos de las nóminas de los trabajadores de Salud, logrando mediante manifestaciones que se nos entregaran, auditamos y encontramos irregularidades desde el 2006, pero desvíos hasta por el 50% de los sueldos homologados que envía la Federación”.

El Dr. González indicó que el último año se enviaron 187 millones de pesos y se “prestaron” a programas sociales del Gobierno del Estado como Oportunidades, Progresa y Crecer, casi 90 millones.

“Este año, desde febrero se nos inician descuentos a todos los trabajadores de la Salud, con seguros de vida inventados que no solicitamos y nunca entregaron pólizas por 400 pesos al mes, se nos descuentan prestamos inventados, o faltas inexistentes, denunciamos y actuamos requiriendo el cierre de la calle reforma para que se nos reintegrara parcialmente”, precisó.

El día de hoy (jueves), en base a un proceso de levantamiento de acta administrativa abusando de testigos falsos, del Director Administrativo del Hospital General del Estado Huberto García Astiazarán, “sujeto represor de nuestros derechos a manifestarnos y que actúa como supervisor de maquiladora, han dado un duro golpe a la lucha por la transparencia despidiéndome del Hospital General del Estado que durante 20 años fue donde ejercí como neurocirujano”.

Aseguró que ante la adversidad, su lucha no termina y la búsqueda por la reinstalación, apenas comienza.

“La verdad saldrá a flote y los responsables de los desvíos de recursos tendrán su castigo; el movimiento no termina con el terrorismo laboral del Hospital General “Dr. Pesqueira”, tiene cuentas pendientes con sus trabajadores por su espíritu mezquino y cobarde”, finalizó el secretario general del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora (SESSS).

El pasado 21 de junio, Sonora Ciudadana emitió un comunicado donde expone que tras una persecución constante por parte de los directivos del Hospital General del Estado, el neurólogo y líder del SESSS fue despedido el pasado 12 de junio por exigir transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que se recurrirá a los  procedimientos legales correspondientes  para defenderlo  de tal decisión.

Este es un hecho sin precedentes pues el Sindicato cuenta con toma de nota y registro ante las autoridades competentes, pero no goza del reconocimiento político/administrativo de Servicios de Salud de Sonora. Con este despido injustificado se consolida el “terrorismo laboral” que se ha venido denunciando desde hace tiempo por parte de distintos trabajadores.

“Nuestro actuar no es político-partidista, nuestras demandas empezaron en el anterior sexenio y continúan en el actual, mismo que no ha cumplido con sus compromisos de campaña. Mi despido es por recordarles esos compromisos y es una muestra de la situación que guardan nuestros derechos como trabajadores de la salud”, señaló el Dr. González.

Desde hace cinco años el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de Sonora, que integra a 400 trabajadores de la salud,  ha exigido transparencia en el manejo de los recursos que envía el Gobierno Federal para pagarle a los empleados la llamada homologación salarial, por lo que desde 2008 se han interpuesto 205 demandas laborales para que las autoridades paguen los salarios completos incluyendo las pensiones debidas, como corresponde según los tabuladores oficiales. 

“Preocupa que las autoridades crean que pueden anular derechos básicos de los trabajadores como el derecho a manifestarse”. Señaló Guillermo Noriega Esparza, Director de Sonora Ciudadana AC, quién además recordó que solamente el año pasado el Gobierno Federal envió más de 185 millones de pesos para los salarios de los trabajadores y no todo llega a sus manos. “Ahí es donde tiene fundamento el trabajo de investigación que realizamos con el SESSS”.

Señaló que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos, los tribunales competentes y se hará uso de todos los recursos legales nacionales e internacionales para proteger los derechos de los trabajadores de la salud, al mismo tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Sonora a permitir un clima democrático en el que se respete la libertad de asociación y de manifestación.

“No preocupa mi situación, pues sabemos que tarde o temprano los tribunales me reinstalarán en mi trabajo,  lo que preocupa es que quieran aniquilar un movimiento sindical de forma tan autoritaria”.  Concluyó el Doctor.

Para mayor información: Dr. Carlos González,  celular (662) 2762141

 ANTECEDENTES

• En 1998 inicia la Sociedad de Médicos del Hospital General del Estado a solicitar a ISSSTESON, Servicios de Salud de Sonora y Gobierno del Estado a que se entreguen prestaciones para pensiones del sueldo homologado obtenido por la descentralización (1997).

• En enero de 2007 (sexenio de Eduardo Bours) médicos del Hospital General inician proceso para demandar laboralmente a los Servicios de Salud de Sonora por la nula respuesta a la integración de la homologación para una pensión.

• En marzo 2007 se integran 56 demandas laborales por no recibir el salario como es debido. A lo largo de los años se han sumado otros hasta llegar a 205 demandas.

• En abril 2007 inicia la represión contra médicos que demandaron laboralmente, con amenazas de despido, cambio de horarios y turnos de trabajo, videograbaciones al entrar y salir del hospital, entre otras prácticas de acoso.

• En julio 2007, diez especialistas insustituibles (únicos en el estado) solicitan, a manera de protesta, permiso sin goce de sueldo. Ceso la represión y el acoso, regresando a sus labores.

• Los trabajadores de la salud se empiezan a organizar con la principal demanda de integrar la homologación al salario y recibirla completa. El mismo candidato a Gobernador, Guillermo Padrés, se comprometió a ello por escrito durante su visita de campaña al Hospital General del Estado.

• El 13 de marzo de 2010 en asamblea constitutiva se funda el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de Sonora (SESSS) para darle formalidad a la lucha por las condiciones de los trabajadores de la salud.

• El 16 de agosto de 2010 se realiza la toma de nota y se entrega el registro al Dr. Carlos González Méndez como primer Secretario General del SESSS.

• En 2010 se inicia una investigación de la mano con Sonora Ciudadana AC para documentar el uso y destino de los recursos de la homologación salarial. Derivado de esto, se dio la lucha por transparentar tanto los tabuladores salariales como las nóminas de pago, que hasta entonces eran mantenidos en el secreto.

• En 2011 se realizan varias manifestaciones públicas debido a la negativa de entregar las nóminas a pesar de haber ganado recursos vía ley de transparencia.

• En 2012 se inician descuentos del salario de los trabajadores con los cuales se pretendía dar el aguinaldo a finales de año, lo que atentaba contra sus derechos. El SESSS realizó movilizaciones y protestas, lo que logró revertir la decisión.

• Desde mayo a la fecha se inició una persecución contra el Dr. Carlos González, levantando actas de forma irregular, sin su jefe superior presente y sin respetar los requisitos para un despido de esta naturaleza.

• En el acta de despido queda establecida como una de las causas el haberse manifestado frente a la oficina de recursos humanos con una lona que pedía “transparencia en las nóminas”.

(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2015-08-19)

INTENTA SUICIDIO MAESTRA DE GUARDERÍA ABC

La docente en tiempos del incendio del pasado 5 de junio del 2009 donde 49 niños perdieron la vida y una de las 22 personas que cuentan con amparo y a las que la Procuraduría General de la República le giró orden de aprehensión, dijo que “hicimos todo lo humanamente posible por salvar a esos niños”…

Hermosillo, Sonora (DP).- Luego de asegurar que las empleadas y maestras hicieron todo lo posible para salvar la vida de los 176 niños de la Guardería ABC, Marina Isabel Flores revela que en ocasiones “he intentado quitarme la vida”.

La docente en tiempos del incendio del pasado 5 de junio del 2009 donde 49 niños perdieron la vida y una de las 22 personas que cuentan con amparo y a las que la Procuraduría General de la República le giró orden de aprehensión, dijo que “hicimos todo lo humanamente posible por salvar a esos niños”.

La maestra Marina Isabel Flores afirmó que “pero el siniestro nos ganó porque fue menos de un minuto lo que tuvimos para sacarlos… estamos nerviosas tanto nosotras como ex trabajadoras como las familias… estamos pasando momentos muy feos… sentimos como que estamos volviendo para atrás otra vez”.

Sobre la tragedia que enlutó al país recordó que “estábamos comiendo como a las 2.40 y se empezó a escuchar que crujía el techo… pero pensé que eran los pichones que se metían en la bodega”.

La maestra Isabel añadió que “siento que se me va a caer encima el techo… me levanto y veo hacia la pared en donde se nos estaba metiendo el humo… no nos daba aroma a nada… no olía a nada”.

Precisó que “en ese momento le dije a alguien que se estaba quemando la bodega… habíamos 4 personas en el comedor… y dijimos ´se está quemando la guardería´… salimos corriendo a la sala y a sacar a los niños”.

La tragedia de las ex trabajadoras no ha terminado pues además han sufrido amenazas de muerte de parte de los mismos padres de las víctimas e incluso, las amenazas son directas como el de quemarles sus casas para que sientan lo que ellos sienten.

Por si fuera poco, en decenas de ocasiones les han gritado “¡asesinas!”.

El martes, Dossier Político publicó que una empleada de las que cuentan con amparo para evitar ser detenida por la PGR después de liberar las 22 órdenes de aprehensión, también perdió a su hija quien sufrió quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo.

Derivado de lo es considerada como una injusticia de la Procuraduría General de la República, una joven, hija de una ex trabajadora de la estancia infantil, clama a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la CEDH Sonora que protejan a las ex empleadas que también son víctimas de la injusticia.

La joven, hace referencia de que su madre era Secretaria de Filtro al momento de la tragedia y describe que la hija de otra empleada fue una de las víctimas del incendio de la Guardería ABC.

En una carta que circula en las redes sociales, la joven expone que el 5 de junio del 2009 el incendio ocurrido en la Guardería ABC (localizada en Hermosillo, Sonora) dejó como resultado el fallecimiento de 49 niños y 46 más con secuelas gravísimas, además de 6 empleadas igualmente afectadas por tratar de rescatar el mayor número posible de niños atrapados en el bodegón en llamas.

Desde entonces, se han desencadenado una serie de irregularidades por parte del sistema de justicia mexicano, todas ellas cubiertas por la impunidad, el nepotismo y la violación de las garantías individuales: todo ese ciclo tan desgraciadamente clásico del ejercicio de la "justicia" en nuestro país.

Se han encarcelado y liberado bajo fianza una serie de funcionarios públicos, muchos de ellos cuyas funciones no tenían relación alguna con la negligencia ocurrida al permitir que se operara dicha guardería en un entorno altamente peligroso, no propio para sus fines mismos.

Sin embargo, los poderosos, los de "arriba", a los "peces gordos" que tenían bajo su mando las licitaciones de estas empresas, han salido libres, limpios de cualquier cargo, ejerciendo incluso nuevos cargos políticos.

La justicia mexicana padece de una amnesia, pero una amnesia selectiva para con la esfera de los "todopoderosos"; no para con la sociedad, para los subordinados a los caprichos del sistema legal creado por el monstruo de la corrupción.

El día de hoy se ha hecho público que la PGR ha girado 22 órdenes de aprehensión contra las empleadas, tanto pedagogas, empleadas administrativas incluso de intendencia. Se ha resuelto que el cargo que se les imputa es el de "homicidio culposo por abandono de persona".

¿Qué giro es este en la larga y tortuosa línea de esta supuesta investigación ante el fatídico incidente de hace 6 años? El mismo de siempre: ir contra los chivos expiatorios, el eslabón más bajo, el proletariado, todo ello para blindar a los poderosos.

Soy testigo de esta gran injusticia.

Lo digo porque mi propia madre era trabajadora de dicha guardería, y desgraciadamente fue víctima (y lo sigue siendo) de ese incidente.

Su función dentro de aquella empresa era el de Secretaría de Filtro (se encargaba de verificar que cada niño que entrara cumpliera con las normas sanitarias, es decir, correcta higiene y que tuviese la ropa adecuada para entrar a aquel lugar, además de otros aspectos, como tener una ficha de identificación completa de cada niño ingresado, para poder localizar a los padres en casos de enfermedad u otra situación de cualquier índole).

Cuando recibían cursos de Protección Civil, la tarea asignada a mi madre era salvaguardar los documentos de cada uno de los niños, tomar la lista de los ingresos del día hipotético en donde pudiera ocurrir algún siniestro, como el que sucedió, y salir inmediatamente de aquel lugar.

Claro está, mi madre lo hizo, y además tomó en sus brazos a tres niños que entregó a la multitud que ya se encontraba fuera de la guardería.

Desgraciadamente quiso entrar de nuevo pero las autoridades le negaron el paso. Y puedo hablar por las demás empleadas, que en aquel incendio que terminó por consumarse en menos de un minuto, arriesgaron sus vidas por rescatar a los niños que tuvieron a su alcance, aún inmersas en el caos mismo de las llamas y el humo.

Y hemos de añadir, que entre esas 22 empleadas se encuentra una orden de aprehensión contra una de las empleadas cuya hija sufrió quemaduras del 95 %, EMPLEADA QUE NO PUDO SALVAR DE LAS LLAMAS A SU PROPIA HIJA.

Mi familia (y seguramente las familias de las 21 empleadas restantes) nos encontramos ante la zozobra de que en  cualquier momento pueda llegar un automóvil de la PGR y se lleve a mi madre detenida, por un cargo que ni siquiera es como se describe, y sin previa notificación legal de lo acontecido en esta línea de investigación, que se le encarcele y no la vuelva ver, que se mache su integridad moral, física y mental por el resto de su vida.

Realmente tenemos miedo de este sistema de justicia y la forma en que los medios y los funcionarios públicos han manejado este acontecimiento catastrófico y trágico, reprobable en todo sentido: por el simple de hecho de que las empleadas también son víctimas: trabajaron durante más de 4 años en condiciones que arriesgaban su vida, sin siquiera saberlo.

Personalmente, estoy realmente hastiado, y me repugna que México esté lleno de un anecdotario de impunidad y destrucción para con las garantías individuales de sus ciudadanos; estoy sumido en una tristeza tremenda que después de 6 años no se haya resuelto absolutamente nada, y que todo indique que no se hará, que se dejará en el olvido, y en el más lamentable e indignante de los casos, se culpe a los inocentes, a las víctimas: todo inmerso en el olvido futuro, una historia más.

Les pido su apoyo, que estén al tanto de la verdad, que se protejan a las víctimas y que no contribuyamos más con nuestro silencio y pasividad ante la impunidad.

Exijo la protección de los derechos humanos de los niños fallecidos, de los que viven con graves secuelas y de estas mujeres inculpadas injustamente.

(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega/ 2015-08-19)

“QUE PAGUEN LOS QUE VIENEN”

El funcionario estatal evidenció el boquete financiero que mantiene Sonora luego del desfalco inmisericorde al erario público, hecho que parece quedará en la impunidad porque nadie hará nada al respecto pues ya la gobernadora electo ha declarado que no perseguirá a nadie y que “no tengo una varita mágica”…

Hermosillo, Sonora (DP).- Con cinismo, valemadrismo y total sinvergüenzada, el tesorero del Gobierno del Estado respondió que no pagará los adeudos millonarios a los proveedores “no hay dinero y no se pagará… que paguen los que vienen”.

El funcionario estatal evidenció el boquete financiero que mantiene Sonora luego del desfalco inmisericorde al erario público, hecho que parece quedará en la impunidad porque nadie hará nada al respecto pues ya la gobernadora electo ha declarado que no perseguirá a nadie y que “no tengo una varita mágica”.

El 2009, como senador de la República, el todavía gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elias, poseía sólo 3 propiedades entre ellas, un terreno rústico  de 15 mil metros cuadrados que tenía un valor de 70 mil 486 pesos que hoy, podría superar los 120 millones de pesos, terreno que en su momento albergó más de 120 caballos pura sangre.

Dossier Político obtuvo informes de que como senador, Padrés Elías presentó el 17 de diciembre su Declaración Patrimonial donde reportó además una propiedad conocida como “Pozo Nuevo”, el polémico rancho donde se construyó una presa que contenía más de 4 millones de metros cúbicos de agua y que derivado del derrame del 6 de agosto del 2014, salió a la luz pública internacional.

Para el 2009, de acuerdo a la información en poder de este medio, el mandatario estatal no contaba con un solo caballo; en 4 ó 5 años, llegó a tener más de 450 caballos pura sangre, provenientes de Texas, Colorado, Nuevo México y Arizona de Estados Unidos, así como de Dubái y Cuba a través de la empresa

Los caballos cuarto de milla fueron importados al país a través de la Comercializadora V&A de Nogales S.A. de  C.V. con dirección en Luis Donaldo Colosio No.4950, Local 2, colonia Las Granjas, Nogales, Sonora.

Todo indica que desde su arribo a la gubernatura de Sonora y hasta diciembre del 2014, Padrés Elías y compañía logró amasar una fortuna que supera los 260 millones de pesos sólo en caballerizas y caballos finos donde alguno de ellos supera un precio de 10 millones de pesos, la mayoría unos 60 mil dólares y el más caro unos 900 mil dólares.

Entre los políticos que conviven más con el gobernador de Sonora en sus caballerizas ubicadas en San Pedro está Javier Gándara, Roberto Romero López, Bernardo Campillo, entre otros.

Según la información hecha llegar a DP,  Javier Gándara y el gobernador Padres han realizado viajes a las ferias de caballos más importantes de Estados Unidos para comprar caballos pura sangre y bailadores, como: Horse World Expo, Arabian US Nationals, World Championship Appaloosa Show y Western States Horse Expo.

De acuerdo con los testimonios recabados la construcción de “Las Caballerizas del Gober “ propiedad de su esposa Iveth Dagnino Acuña de Padres, inició en el mes de octubre del 2010 y duró aproximadamente 14 meses; en diciembre del 2011 se inició constante desfile de batangas, vaqueros, sillas de montar de lujo y la gran sorpresa: los quirófanos y maternidades para los partos y enfermedades de los lujosos equinos provenientes de Texas, Colorado, Nuevo México y Arizona de Estados Unidos, así como de Dubái y Cuba.

El 18 de mayo reciente, una nueva denuncia por desvío de recursos públicos contra el gobernador Guillermo Padrés Elías, hizo el PRI Sonora que asegura que las caballerizas del mandatario superan los 150 millones de pesos de recursos públicos, por lo que ya lo llama “El señor de los caballos”.

Una vez más, el Partido Revolucionario Institucional pone el dedo en la llaga en el uso discrecional del erario de parte del titular del Nuevo Sonora, denuncia donde a través de gráficas se mostró la presunta compra ilegal de caballos y caballerizas ubicadas en San Pedro, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo al PRI Sonora, en conferencia de prensa acusó que el gobernador usó a Bella Aurora Valenzuela como presunta “prestanombres” para la compra de los caballos, quien estaría al frente del hecho ilícito y en la adquisición de. las caballerizas que tienen un coso de alrededor de 150 millones de pesos.

El dirigente del PRI  en Sonora, Alfonso Elías Serrano, se mostró indignado  por lo que hizo el gobernador en lo que consiste al modo de inversión en San Pedro  “El Saucito”, junto con funcionarios públicos y allegados en la construcción de  hípicos que solamente se ven en ciudades muy grandes, son tres hípicos todos ellos muy cerca del estadio Sonora,

“Uno de ellos es el Hípico Internacional, una obra de gente de Guadalajara de la cual no sabemos nada y este quedó para uso y disfrute del gobernador, es una obra que tiene todas las instalaciones para llevar competencias hípicas”.

Mencionó que está también otro hípico el cual se encuentra a  800 metros del anteriormente mencionado, el “San Juan Italia”, que pertenece a Roberto y José Dagnino, cuñados del  gobernador en turno, Padres Elias , el tercer hípico,  Mezquital Kino,  que es de los tres compadres alegres, Luis Sierra Jr, Alejandro  y Javier Gándara, hijo del candidato a gobernador del estado, “este club hípico incluye una alberca para que puedan nadar los caballos”.

También mencionó cómo se han venido haciendo de caballos para la familia y amigos de Padres Elías, más de 465 caballos de distintas partes del mundo, como Cuba, Holanda y EU, estos caballos fueron exportados por una exportadora en Nogales, en la cual aparece como socia mayoritaria a Delia Nora Valenzuela, los caballos obtenidos en EU fueron adquiridos en una subasta que variaba de 20 mil a 90 mil dólares.

“En San Pedro Saucito hay caballerizas con capacidad para mantener 120 caballos con refrigeración, camas de maternidad y todas las instalaciones especializadas  para atender  caballos, tiene pavimentación, oficinas, un parque integrado y una mansión que utiliza el señor gobernador  para pasar sus fines de semana”, acusó Alfonso Elías Serrano.

“Hace poco tiempo atrás el gobernador del estado declaro su patrimonio y mencionó la propiedad de San Pedro Saucito, dándole un valor de 5 millones de pesos al inmueble y que la integraban algunas obras de 15 mil metros cuadrados, esto mismo fue desmentido por el PRI  estatal, asegurando que la propiedad es en realidad de 165 mil metros cuadrados  y que tiene un valor otorgado por un avaluó que rebasa los 36 millones de pesos, sumándole la construcción de una mansión con un estimado que sobre pasa el 1 millón de dólares, dando una sumatoria total de más de 50 millones de pesos en la propiedad.

Para finalizar, Elías Serrano menciono que si la candidata Claudia Pavlovich llega a gobernadora sean confiscados esos caballos y a lo mejor les toca uno.

El 19 de mayo, el Senado de la República preparó un exhorto para el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, respecto a los múltiples casos de corrupción donde se le involucra directamente, como el último donde lo llaman “El señor de los caballos”, actos que no quedarán en la impunidad.

El senador priísta David Penchyna Grub advirtió que “en el Senado (de la República) estamos trabajando en la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar al gobernador, pero también están las denuncias en las instancias de justicia; me llama la atención que esta es la administración con mayor número de denuncias en el país”.

El priísta sostuvo que o habrá cabida a la impunidad del panista que gobierna Sonora, “nosotros no vamos a negociar ni por Padrés ni por nadie ningún asunto que tenga algo que esconda algo que haya violentado la ley”.

Precisó que “segundo, el mensaje a los ciudadanos respetuosos de un ciudadano mexicano más, es démonos cuenta qué tenemos y qué queremos para nuestros hijos… no permitamos que nadie decida por nosotros exhortaría a los ciudadanos con la información que ustedes ponen en sus medios, con diferentes criterios, que normen su criterio y salgan a votar”.

El senador Penchyna Grubb dijo además que “tenemos que tomar acciones democráticas en contra del mal Gobierno y lo judicial, nosotros lo cuidaremos como un contrapeso del Poder Ejecutivo y Judicial”.

Expresó que “lo que más duele en el país es la impunidad, y quien ha hecho mal, no se puede ir impune porque eso genera anarquía y genera una desesperación frente al poder público”.

Además insistió que se dará un seguimiento puntual a las denuncias contra el gobernador Guillermo Padrés Elías por presuntos actos de corrupción, como la compra de una presa, ranchos, caballerizas y compras millonarias de caballos.

“Está en comisiones (la investigación), me parece que es un Punto de Acuerdo que podremos votar en los próximos días y llevar al pleno de la Comisión Permanente, espero que eso se decida y en las próximas semanas este resolviéndose”, manifestó el senador priísta.

(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2015-08-18)

LAS “MIL SOSPECHAS” DE RUFFO

Como ninguna otra conversación intervenida y filtrada entre panistas donde se intercambian actos de corrupción, la que involucró a Ernesto Ruffo Appel se apagó de inmediato.

Incluso, para fortuna de Ricardo Anaya, candidato a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la supuesta llamada entre el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y Ruffo fue considerada una pifia.

Innumerables audios han cimbrado al PAN al evidenciar moches e irregularidades en los presupuestos públicos, e incluso financiamiento de procedencia ilícita en campañas a gobernador.

De hecho, el propio Anaya en enero de este año, tuvo que justificar un audio publicado en internet, la grabación de una llamada telefónica entre el hoy candidato y Miguel Ángel Yunes Linares, en la cual el entonces dirigente suplente del PAN, solicitaba al aspirante a diputado federal, “entregar números” e “incrementar porcentajes para entregar”.

En fin, el estallido de la grabación de Ruffo pesó incluso más para el medio de comunicación que la publicó que para el mismo PAN.

El diario Reforma publicó el martes 11 de agosto la transcripción de una supuesta llamada telefónica entre el senador Ernesto Ruffo Appel y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en la cual el legislador solicita recursos al mandatario panista para la campaña de Ricardo Anaya por la dirigencia nacional del PAN. Horas más tarde, la publicación de circulación nacional, compartió los audios de la llamada.

A decir del periódico de circulación nacional Ruffo por teléfono le comunicó al sonorense: “Tenemos una información importante y estamos preocupados de que hubiera unas detenciones (luego de entregar el gobierno) o algo, para explicarte y apoyarte”.

-“Se los voy a agradecer en el alma, sí lo necesito”, le atribuye a Padrés

Y luego la petición por parte de Ruffo: “Ayúdame, traemos el gasto corriente de la campaña de Ricardo para Sonora, hay que subir espectaculares, varias cosas”.

Sin más, el supuesto mandatario: “no te preocupes, lo que necesites”.

El primero en responder fue Ruffo, a las siguientes horas de la publicación (transcripción) y antes de que se transmitieran los audios, negó alguna comunicación con el gobernador de Sonora.

La versión de Padrés vino después: “ésta no es la primera vez que se hacen montajes de este tipo, que se arman estrategias en contra de mi persona, desde supuestas filtraciones que nunca parecen hasta este tipo de cosas que son demasiado evidentes”.

Incluso, Javier Corral contrincante de Anaya  sostuvo que la campaña de su contrincante, Ricardo Anaya “está trazada por la corrupción, por la simulación y la mentira”, el reclamo no lo hizo contra el senador Ruffo Appel, de quien dijo no estar de acuerdo con su decisión de apoyar a Anaya.

Mientras que Ricardo Anaya negó el uso de recursos públicos en su campaña. “Todo nuestro financiamiento es legal, es correcto, es ético, bajo ninguna circunstancia le vamos a pedir dinero a nadie que esté en una función pública”, dijo en entrevista con Grupo Reforma.

El ex gobernador de Baja California no solo desmintió sino que interpuso una denuncia penal el miércoles 12 por la usurpación de su persona en la grabación, ello, a pesar que indicó: “en México nunca avanza nada”.

Ruffo defendió a Anaya, lo describió como un hombre transparente. Por quien no metió las manos fue por Padrés, de quien aún se sospecha la posibilidad de haber caído en una extorsión y haya entregado recursos a cambio de la protección.

“Ha corrido mucha agua a través del río Sonora, hasta por ahí dicen un represón, pero bueno, que cada quien aclare su changarro”, manifestó el de Ensenada.

Ruffo incluso supuso a Antonio Valladolid, secretario de fianzas del gobierno del Estado y a quien se le describió que invirtió millones de pesos en equipo para las intervenciones telefónicas, como uno entre tantas y tanas posibilidades: “pueden ser todas, en cuanto a probabilidades no considero que sea un probable responsable”.

El senador más bien desvió la suspicacia hacia el Partido Revolucionario Institucional: “Yo tengo mil sospechas ya ve que en la política uno no sabe ni por dónde. Puede ser por cualquier lado”, remató.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Redacción ZETA / Fotos. Jorge Dueñes/  17 de Agosto del 2015 a las 12:00:33)

INMOBILIARIAS, HOTELES Y PLAZAS, LOS NEGOCIOS DE “LOS CUINIS”

La organización criminal “Los Cuinis”, uno de los cárteles más poderosos y violentos en México, de acuerdo a Estados Unidos, cuenta con al menos 15 empresas en Jalisco y Quintana Roo, la cuales prestan sus servicios a la organización liderada por Abigael González Valencia.

Así lo informó, este 19 de agosto, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, el cual incluyó a las compañías y a seis colaboradores del cártel, en la lista de narcotraficantes especialmente designados para bloquear sus transacciones en la Unión Americana.

El cártel, con operaciones centrales en Jalisco, ya había sido señalado por el gobierno estadounidense como una entidad financiera bloqueada.

Entre las empresas de “Los Cuinis”, aparecen Hotelito Desconocido, un hotel y spa de lujo ubicado en Tomatlán, así como las inmobiliarias Ahome Real Estate en Guadalajara, Jalisco y Bric Inmobiliaria en Zapopan, Jalisco.

Las empresas

Mientras que entre los centros comerciales, aparecen la Plaza Tules en Zapopan, Jalisco y Zaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Además de Abigael González Valencia “El Cuini”, quien es identificado como operador financiero para el Cártel Jalisco Nueva Generación y su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el gobierno de Estados Unidos identifica a Jennifer Beaney Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlon, Silvia Romina Sánchez Carlon, María Elena Márquez Gallegos, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo y Fernando Torres González.

Si bien, “El Cuini” se encuentra recluido en la penitenciaría de El Altiplano desde su arresto el 28 de febrero de 2015 en un operativo de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco, “El Mencho” continúa prófugo.

Ambos son acusados por la Fiscalía Federal de Columbia en Estados Unidos de los delitos de narcotráfico, por lo que la Corte de ese distrito, emitió una orden de aprehensión provisional con fines de extradición, la cual todavía no ha sido ejecutada ya que el narcotraficante se amparó.

De acuerdo con John E. Smith, director de acciones de la Oficina del Tesoro para Control de Activos Extranjeros, esta designación “marca el primer paso en desmantelar esta significativa red de negocios. Estos negocios e individuos no podrán continuar operando bajo el velo de la legitimidad”.

La ampliación de esta sanción, implica que cualquier activo de la empresa o personas bajo jurisdicción de Estados Unidos, queda congelada y se le prohíbe a cualquier ciudadano entablar transacciones financieros con ellos.

Las sanciones financieras para quienes violen estas disposiciones fiscales en Estados Unidos, son de hasta 10 millones de dólares y diez años de prisión.

A través de un comunicado de prensa, la Oficina informó que en esta operación participaron la División de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Los Ángeles.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ INÉS GARCÍA RAMOS / FOTOS. CORTESÍA/   19 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 14:11:30)

MANDOS ENTERADOS DEL “OPERATIVO SECUESTRO” EN MEXICALI

Al menos 10 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentran involucrados en el secuestro exprés de una familia de ganaderos en el Valle de Mexicali. Los datos vertidos en el Proceso judicial que enfrentan, revelan que el cuadro de mando del llamado “Operativo Carranza” tuvo conocimiento de los hechos

  

De manera sorpresiva se dieron una serie de cambios en los cuadros de mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali a fines de julio de 2015, la acción fue calificada por su director, Alejandro Monreal Noriega como rutinaria.

Fue relevado de su encomienda René Tanori Hernández, hasta ese entonces comandante de la zona Valle de Mexicali –a decir del fiscal y la defensa—, encargado directo de coordinar el “Operativo Carranza”, que derivó en la denuncia que involucra a 10 agentes municipales en el secuestro de unos ganaderos.

Las fechas de los cambios, también coinciden con el inicio del juicio en donde –hasta el momento— se encuentran bajo medidas cautelares 6 agentes a su cargo por considerar la probable participación de los mismos en el secuestro.

Además en la presentación del caso de parte de la fiscalía, se mostraron partes y oficios donde se acredita que los jefes de los uniformados conocían del operativo.

  

SE ENTREGAN 6, FALTAN 4

La mañana del 5 de agosto del 2015, seis agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) suspendidos, se presentaron ante el Juez de Garantías para que se les cumplimentara la orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado en su modalidad exprés.

Aunque la investigación involucra a 10 policías, hasta el momento solo se ha podido sostener en la investigación de la fiscalía estatal cargos contra 6 de ellos, por esa razón ese mismo día se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputaciones y la de vinculación a proceso se programó para el 10 de agosto.

Derivado, se abrió la causa penal 293/2013 con Número Único de Caso 02/2015/00353 en contra de los agentes Mónica López Mendoza, Verónica López Mendoza, Sergio Herrera Alvarado, Arturo Pérez Rodríguez, Eduardo Ruiz Cisneros y Jesús Alberto Montoya García, todos ellos representados por Beatriz Adriana Robles García y Jorge Luis Barajas.

La defensa pidió la comparecencia de varios testigos, lo que representó la oportunidad para los fiscales Rigoberto Zatarain y Sergio Tadeo Sosa Alegría  de solicitar a la Juez Cenaida Tafolla que la audiencia se hiciera privada para proteger la identidad de los secuestrados, al final la abogada Robles García desistió de su petición.

  

LA VERSIÓN DEL ACUSADOR

Posteriormente se leyeron los testimonios de las víctimas. Identificándose como ganadero, Jorge Sánchez explicó que el día de los hechos, alrededor de las 9:30 de la mañana, llegaron a su rancho “El Indio”, ubicado en el ejido El Caimán de la delegación Carranza,  4 o 5 patrullas de la policía municipal de Mexicali de las que bajaron alrededor de 10 agentes. 

Los uniformados vestían pasamontañas, pero algunos se quitaban la capucha de vez en cuando, por lo que los pudo identificarlos, uno de ellos le dijo que se trataba de un operativo policiaco debido a que “ahí apestaba”, por lo que en primer lugar les quitaron los teléfonos celulares y la cartera.

Según su dicho, los agentes agarraron unas palas y se pusieron a escarbar en toda la propiedad, y los amenazaron, “Van a mamar si no nos das 45 mil dólares, te vamos a sembrar 6 libras de cristal”, le dijo uno de ellos. Luego de una hora lo subieron junto con su hijo y su sobrino a un pick up, mientras que a un trabajador de nombre Eduardo se lo llevó otra unidad.

 Posteriormente los trasladaron al ejido Durango en la patrulla, ahí los seguía una mujer policía en la camioneta Ram de Sánchez. Fueron llevados a las inmediaciones del ejido Sonora, en donde los bajaron y les quitaron las esposas, le dieron el teléfono celular para que hablara con familiares y les consiguiera en ese entonces 35 mil dólares.

 Primero le habló a su esposa Rosalina, posteriormente a su hermano Luis Armando, para entonces  habían pasado casi 2 horas, después fue el mismo agente quien le marcó a Luis Armando para presionarlo, le dio un plazo hasta las 2 de la tarde, en la negociación la cantidad se fijó en 30 mil dólares.

Para el cobrar del rescate, el agente municipal pidió que fuera una hija de Sánchez quien llevara el dinero a un autoservicio ubicado en la colonia La Puerta, para entonces habían pasado “15 o 16 horas”, según refirió la víctima.

Después, el agente recibió una llamada que según el declarante lo puso nervioso, “tu hermano ya está llorando en la comandancia”, reclamó, ante esos hechos el resto de los uniformados dejaron el lugar, y solo se quedó uno que mandó al hijo de Sánchez y su sobrino a cobrar el rescate.

Cuando se quedaron los dos, fue cuando la víctima se echó a correr hasta el ejido Michoacán de Ocampo, ahí le marcó a su hermano, quien le indicó que se fuera hasta la jefatura del ejido Carranza.

LOS TESTIGOS

La fiscalía también presentó la declaración del hijo de la víctima, a quien identificaron como Jorge Luis, el testimonio coincide con el de su padre, señala que él y su primo una vez que fueron liberados para recoger el dinero se dirigieron a La Puerta, en donde estuvieron esperando por espacio de 2 horas, ahí llegó su primo “El Mayito” Sánchez, quien les avisó que su padre se había escapado.

La otra declaración fue de Luis Armando, hermano de Jorge Sánchez, quien informó que las 10:30 de la mañana se encontraba en Mexicali, cuando le habló su otro hermano, Mario, para avisarle que había patrullas en el rancho, a los 15 minutos le habló el mismo Jorge para pedirle 45 mil dólares porque “Tenía un problema” y que su cuñada ya sabía lo que pasaba.

En total. Luis Armando señala que recibió entre 15 y 20 llamadas de los secuestradores exigiéndole el dinero, “apúrenle, ya va a ser el cambio de turno o si no le vamos a clavar cristal”, refirió en su testimonio, fue alrededor de las 3 de la tarde que contestó la última llamada.

Entonces decidió ir a la comandancia municipal –jefe de los uniformados involucrados—, donde se entrevistó con René Tanori, quien en ese entonces era el comandante de la zona Valle, le dijo que se iba a comunicar con un agente de apellido Montoya, quien era el que traía el operativo, posteriormente llegó ese agente para informar que había detenido a unas personas por espiar dentro de un domicilio, pero que los había liberado. Ante la falta de respuesta, finalmente fue al Ministerio Público a denunciar.

Otro testimonio fue el de Eduardo –trabajador de Jorge—, quien señaló que desde las 6 de la mañana llevó a comer a las ovejas a unas parcelas que se encontraban a varios kilómetros, cuando llegó un compañero de trabajo de nombre Raúl para darle el lonche, y le propuso volver al rancho porque se veía movimiento extraño.

Al llegar, Eduardo fue revisado y esposado por un agente municipal, lo subieron a una patrulla y lo llevaron a la comandancia del kilómetro 43, en el camino se le emparejó otra patrulla dándole instrucciones en clave, posteriormente lo encerraron sin dejarlo hacer una llamada telefónica, duro 12 horas detenido.

La Fiscalía presentó un Acta de Inspección del 7 de enero en donde supuestamente se apreciaba las excavaciones realizadas por los agentes, de igual manera un oficio del subdirector de la policía municipal donde remitió los roles de servicio de las estaciones Nayarit, Delta, Cerro Prieto y Carranza.

IDENTIFICADOS

Para el 17 de enero según los agentes del Ministerio Público, los policías municipales ya no fueron localizados en su domicilio, por lo que llevaron a las víctimas a realizar una prueba de identificación de los agentes mediante fotografía.

Jorge Sánchez identificó a Eduardo Ruiz Cisneros como el encargado del operativo, a Sergio Herrera Alvarado al que le llamaban “El Chino” y a Verónica López como la mujer que le quitó el celular, por su parte su hijo identificó a Verónica y Mónica López Mendoza –quienes resultaron ser hermanas—, esta última como la que manejaba el pick up que les habían quitado, a Eduardo Ruiz quien era el que realizaba las llamadas y al agente Sergio Herrera quien anduvo todo el operativo sin capucha.

Eduardo –el trabajador— reconoció a Jesús Alberto Montoya García, Sergio Herrera Alvarado y Arturo Pérez Rodríguez, quienes lo llevaron a la comandancia de policía.

Otra de las pruebas que pesan en contra de los policías municipales fue que en el informe que rinden frente a C4 no se reportó ningún operativo ni las detenciones de Jorge, Jorge Luis, Francisco ni Eduardo.

LA DEFENSA DE LOS POLICÍAS

Por su parte, los abogados de los agentes suspendidos,  presentaron los partes informativos de las unidades municipales presuntamente implicadas en el secuestro, documentos en los que se registra que las unidades y los oficiales a cargo estuvieron realizando diversas acciones desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por lo que a su parecer no pudieron estar presentes en el rancho El Indio durante las 7 horas que duraron secuestradas las víctimas.

En el parte de la unidad 200 comandada por Sergio Herrera, Arturo Pérez Rodríguez, se detalla que a las 11:30 horas se trasladaron a la comandancia del ejido Kilómetro 43 con tres personas, una de ellas Eduardo (trabajador del rancho El Indio) por espiar en un domicilio.

Según los reportes, de la estación Delta salió la unidad 924 comandada por Luis Enrique Sánchez Becerra, Pedro Campos y Verónica López Mendoza, en la unidad Cerro Prieto se movilizó la unidad 305 operada por Eduardo Ruiz Cisneros y Jesús Alberto Montoya García, de la estación Nayarit salió la unidad 4232 comandada por Javier Sánchez Cabrera, Alfredo Neftalí Sotelo Rodríguez y Mónica López Mendoza –todos estos agentes se encuentran suspendidos por Sindicatura Municipal.

Los abogados también señalaron múltiples incongruencias en la integración de la Carpeta de Investigación, como el reporte ocular de los agentes ministeriales en donde nunca se especificó que se habían cavado hoyos en el rancho.

También evidenciaron que no existe reporte de C4 a la guardia del Grupo Antisecuestro por la privación de la libertad. Y expusieron que tampoco hay registro de alguna entrevista de las víctimas del 4 de enero. Esto  pese a la existencia de un video en donde se aprecia que cuando los parientes de la víctima se encontraban en las oficinas de la PGJE aún estaban negociando su liberación.

Otro de los puntos de la defensa es que no existen citatorios para los agentes municipales en la carpeta de investigación, incluso las fotografías de las viviendas que los ministeriales tomaron para comprobar que habían acudido a los domicilios fueron tomadas desde el mismo vehículo, lo que representaría que ni siquiera se bajaron para intentar localizarlos.

Señaló que la Sindicatura Municipal realizó la suspensión de los agentes municipales del 15 al 21 de enero, lo que significó que aún eran localizables. Y recalcaron que los imputados se presentaron de manera voluntaria a la corte.

La defensora también presentó como evidencia un reportaje del semanario ZETA en donde se exponen algunos antecedentes de las víctimas, además de que una de las unidades fotografiadas no corresponde a la marca que denunciaron, que ninguno de los policías municipales tenía armas largas como se denunció, además de que las características físicas no coinciden con la de los imputados.

LA RÉPLICA

El fiscal respondió que los antecedentes de las víctimas no tienen relevancia en el caso y más aún, los hace vulnerables a este tipo de actos, además de que los partes policiacos pudieron ser modificados por los mismos agentes, incluso especificó que en ninguno de los casos se reportó el operativo preventivo en la delegación Carranza y prácticamente ninguna de las patrullas involucradas reporta actividad de las 9:30 a las 10:30, hora en que presumiblemente ingresaron al domicilio de las víctimas.

Finalmente la juez Cenaida Tafolla decretó que era procedente la Vinculación a Proceso ya que existen elementos suficientes para establecer que se realizó un secuestro agravado en la modalidad exprés y se puede inferir la probable participación de los agentes municipales.

En la siguiente audiencia la Fiscalía tendrá que presentar las pruebas suficientes para acreditar el delito que habrían cometido los imputados y de ser encontrados culpables, los agentes municipales podrían alcanzar una pena hasta de 100 años de prisión.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Cristian Torres Cruz / Fotos. Cristian Torres/   17 de Agosto del 2015 a las 12:00:39)

NARCOS RETOMAN LAS CALLES EN TIJUANA

Ante el cúmulo de asesinatos y las pocas capturas, los nacomenudistas convertidos en homicidas aprovechan la impunidad y, como sus antecesores de los cárteles, matan a sus enemigos en lugares públicos, generando víctimas inocentes. La autoridad tiene detectados a los cuatro principales asesinos de Tijuana, pero solo uno cuenta con orden de aprehensión, dos están en proceso, y los expedientes del cuarto apenas se encuentran en integración. Aseguran en PGJE que regresó “El Güero Chompas”

Más allá de los anuncios de coordinación, detenciones de presuntos homicidas que finalmente son consignados solo por posesión de armas, y los constantes decomisos de droga, los hechos muestra que los traficantes de droga al menudeo en Tijuana están escalando en sus niveles de violencia y en la impunidad que alcanzan.

Como sucedía en la peor época de Tijuana (2007-2010), los narcomenudistas han trasladado sus pugnas sangrientas a los lugares públicos de la ciudad, y se han salido con la suya: aterrorizar a enemigos y extraños.

Algunos casos:

* El viernes 7 de agosto, criminales irrumpieron en el restaurante El Negro Durazo, y a balazos hirieron a tres comensales.

* Era el fin de julio de 2015 cuando en plena algarabía de la Plaza del Zapato, hombres armados entraron a un bar e hirieron a una mujer y a un hombre, este último era músico en el lugar

* En mayo de este año, fue asesinada Itzel Medina, empleada de la Procuraduría del Estado, cuando se encontraba en el interior de Yonke Shagy.

* También el caso del Ministerio Público Omar Fernando Vázquez Hidalgo, a quien acribillaron en el crucero más concurrido del Bulevar Díaz Ordaz.

* Esta semana, en una balacera suscitada -persecución policiaca incluida- en un sitio público, dos hombres fueron asesinados y uno herido por Jesús Alberto Leal Espinoza “El Cuervo” y Juan Ufiel Jiménez Azar “El Fracaso”, en la colonia Morita de la delegación La Presa.

Los niveles de violencia, como la forma de las ejecuciones han ido escalando, al tiempo que en el Estado y Municipio de Tijuana, los titulares de las áreas de Seguridad y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) siguen negando la participación de cárteles en estos impunes hechos, para responsabilizar a bandas de zonas o células de narcomenudistas.

Indistintamente, bandas, células, cárteles, actúan en las calles de Tijuana, con impunidad.

EL NARCOMENSAJE DE LA SEMANA

 “AITA SU GENTE SIGAN MANDANDO BASURA AKI EL CIELO SIGE VERDEEEE!!! EDGAR ALEJANDRO HERRERA ALIAS CAIMAN O ZAME, JOSE JUAN PEREZ VARGAS ALIAS EL PIOLIN O EL CRISTALON,, ARTURO GIOVANNI HERRERA ALIAS EL GROSS O EL TEKATO,, ASI BAN A KEDAR USTEDES TAMBIEN SALGANLE! A LA CALLE CULOS “FIERRO Y METAL”.

Así se leía en el mensaje que criminales anónimos -al menos para las autoridades de investigación- dejaron sobre los cuerpos de dos hombres localizados el viernes 7 de agosto.

Los abandonaron dentro de la cajuela entreabierta de un automóvil sedan Honda Accord  de color negro, frente al Club de Leones de la colonia Los Santos, Delegación La Mesa.

Poco antes de las  diez de la mañana, los peritos llegaron. Documentaron el cuerpo de un hombre estrangulado, estaba vestido; al cierre de edición de ZETA, ninguna persona había reclamado el cuerpo ni identificado. Como señas particulares, los peritos anotaron varios tatuajes con las siguientes leyendas: YADIRA LOVE, VIDAL, O.LAYVY, y ACOSTA.

El segundo cadáver, también de un hombre, estaba envuelto en una cobija, desnudo, con las manos atadas a la espalda  y decapitado. Su cabeza no fue localizada en la escena. A él le encontraron heridas de arma blanca en cuello y abdomen, huellas de haber sido amarrado de las piernas y de haber sido golpeado. El cuerpo tampoco ha sido reclamado.   

LOS HERIDOS DEL NEGRO DURAZO

Eran alrededor de las diez de la noche del viernes 7 de agosto cuando se desató una balacera en el restaurante de mariscos El Negro Durazo. De los hechos, víctimas y presentes ofrecieron muchas versiones:

* Que había varios jóvenes reunidos en una mesa, o que solo eran dos.

* Que a uno de ellos le dispararon en el restaurante, y al otro cuando ya se había despedido del grupo e iba camino a su casa.

* Que a los dos les dispararon pero uno huyó de la escena y, ante su mal estado, terminó en un hospital dos horas más tarde: los médicos llamaron a las autoridades por tratarse de una herida de bala.

Y lo que la PGJE ha definido en la investigación, es que presumiblemente el ataque era contra Cristian Martínez Ruiz, de 25 años -quien huyó del restaurante- y se dedica a la venta de autos, “y según sus amigos, también vende droga” indicaron en la Subprocuraduría.

El otro herido fue Lucero Vidrio Gibrán -hijo de un médico.-, quien acompañaba a Martínez, según imágenes de los videos del lugar. También herida -y a presumir de las autoridades, una víctima colateral no implicada con los dos primeros- quedó la señora Francisca Macías.

Los atacantes fueron descritos como dos hombres vestidos de negro que se acercaron directamente a la mesa de las víctimas. Uno de ellos disparó, y después ambos huyeron en un Jetta oscuro rumbo a la Avenida Revolución de la Zona Centro, donde abandonaron el carro.

La PGJE tiene imagen de los atacantes, pero han decidido no hacerla pública.  

ASESINATOS, DETENIDOS Y SOSPECHOSOS

Durante 2015, en Baja California se cuentan 375 homicidios violentos, de esos, 24 se cometieron entre el 1 y el 13 de agosto. En la semana que termina, tres personas fueron asesinadas el martes 5 de agosto, dos más el jueves 6, dos cuerpos localizados el viernes 7, dos más el domingo 9, uno el lunes, y la mañana del martes 11, acribillaron a dos hombres más. Solo en uno de los crímenes hay detenidos.

El saldo de la balacera, que se dio alrededor de las tres de la mañana en la delegación La Presa el martes 11 de julio, fue de dos hombres muertos aún no identificados: el joven “Daniel N” de 15 años, con heridas que ponen en peligro su vida; además de la captura de Alberto Leal y Ufiel Jiménez.

Según el parte policiaco, los presuntos responsables circulaban sobre la calle Saucillo cuando vieron una patrulla e intentaron huir, razón por la que fueron perseguidos y se inició un intercambio de balazos.

Los sospechosos intentaron la fuga, porque en la camioneta Caravan verde,  llevaban a los dos hombres mayores y al menor de edad. Explicaron en declaraciones ministeriales que su jefe -al que se negaron a identificar- les había pedido que los “levantaran” y se los llevaran para matarlos, “porque eran sus contras en la venta de droga”.

Al verse perseguidos y darse cuenta que serían alcanzados, en plena carrera decidieron matar a quienes llevaban secuestrados, para cumplir la orden que tenían. Luego chocaron y fueron detenidos cuando intentaron huir a pie. Pero no supieron dar el nombre ni el apodo de sus víctimas.

Las autoridades también tienen un sospechoso en el expediente 298/2015/201, iniciado por el homicidio de Lorena Esmeralda Mendoza López, mujer que en su cuerpo tenía dos tatuajes de la Santa Muerte y era dueña de una botánica.

El cadáver fue localizado el lunes 11 en el interior de su casa en el fraccionamiento Mariano Matamoros, con principios de estado de putrefacción, golpes y heridas defensivas. La hija de la víctima indicó que no veía a su madre desde el sábado 8 de agosto y que el domingo 9, vio salir de la casa en el carro de su madre y cargando cosas, al concubino de esta, con quien sabía, había tenido pleitos recientes por temas económicos. Lo identificó como José Luis Camarillo Rodríguez, de 27 años, quien es buscado.

Esta semana también fueron asesinados otros hombres: Marco Antonio Samaro Rentería, muerto a balazos en la calle Navío de la delegación Sánchez Taboada. A un lado de su cadáver quedaron una dosis de cristal, dos donas y un refresco. A Aurelio Félix Rodríguez, en la delegación Playas de Tijuana le dispararon desde una vagoneta Caravan color guinda, mientras a David García Quintana lo acribillaron con un tiro en la cabeza en el interior de la casa ubicada en el número 6234 de la colonia Ignacio Ramírez, Delegación San Antonio de Los Buenos; y a Eduardo Niño Ramírez lo balearon sobre la calle Plan de Guadalupe en la delegación Sánchez Taboada.

Procuraduría identifica a asesinos:

“Alejo”, “Gross”, “Güero Chompas” y “Griego”

Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador estatal de la Subprocuraduría Contra Delincuencia Organizada (SCDO), detalló: “Después de haber tenido período de receso -criminal- en la delegación Sánchez Taboada, estamos teniendo un aumento en temas de homicidios en esa zona, que comprende la colonia del mismo nombre, El Triunfo, 3 de Octubre. También tenemos la Zona Centro, Cañón Palmeras, Tenochtitlán, con alza permanente, donde no se ha disminuido este delito.

“En la colonia Obre tuvimos un descenso y, a diferencia de meses anteriores, se nos está presentando una alza en la Zona Este de la ciudad, específicamente El Florido, La Morita”.

— ¿Por qué se recrudeció la violencia en Sánchez Taboada?, cuestionó ZETA.

“Nos empiezan a aparecer cuerpos con mensajes dirigidos específicamente a un sujeto apodado ‘El Gross’ (Arturo Giovanni Gómez Herrera) y ‘El Piolín’ (Juan José Pérez Vargas), que supuestamente  son los presuntos responsables, que hace unos meses estaban engrosando las estadísticas de homicidios, de hecho están identificados.

“Hemos visto una serie de amenazas, esto nos lleva a consecuencia de que hay una pugna por el control de dicha delegación, donde hay amenazas de muerte”.

— ¿“El Gross” es del Cártel de Sinaloa?

“Efectivamente, se supone que delinquía para gente de  ‘El Aquiles’ (Alfonso Arzate García)”.

— Entonces, ¿quiénes los están amenazando?

“Ahí nosotros tenemos indicios de que quien está volviendo a la escena criminal, es el apodado ‘Güero Chompas´ (José Luis Mendoza Uriarte). Tenemos entendido que Mendoza se está aliando con cierta parte del CAF  y que le está peleando la zona al apodado ‘Gross’, zona que anteriormente era controlada criminalmente por Los Uriarte”.

— ¿Cuál es el origen de los homicidios en la Zona Centro?

“Ahí los indicios son que en términos delictivos, la zona la está manejando un sujeto apodado ‘Luisillo’, familiar directo del apodado ‘Mono’ (Luis Toscano, asesinado en abril de 2015), y lo que tenemos es que el apodado ‘Alejo’ (Raúl Mirando Ordaz) es quien tiene el control de la zona y la instrucción de limpiarla de la gente de Toscano”.

— Están regresando los ataques a balazos en áreas públicas, como el restaurante El Negro Durazo, una discoteca en la Plaza del Zapato, el yonke Shagy, etcétera. ¿Cuál es la lectura que dan Ustedes a esto?

“Efectivamente hemos tenido dos asuntos, en los mariscos y en la plaza, se han dado, tenemos entendido que el asunto de la Plaza del Zapato fue una rencilla ahí al calor de las copas, una borrachera, salieron unas armas de fuego en una discusión, no los manejamos porque no es el tema de homicidios. Pero lo que sabemos es que sí, es gente armada que entra a estos lugares, que tienen cierta relación con el narcotráfico (los clientes), la delincuencia organizada, y luego se enfrentan al calor de las copas. Pero específicamente el problema es que se les está permitiendo a ciertos sujetos entrar armados a dichos lugares”.

— ¿Quiénes son en este momento los homicidas buscados para ser detenidos por la PGJE?

“Por lo que se ha obtenido de las investigaciones, narcomantas, declaraciones de detenidos, podemos decir que son ‘El Gross´’ sabemos que es sicario y ajustador de cuentas para la gente de Sinaloa en Sánchez Taboada; ‘El Alejo’ en la Zona Norte; y en la Zona Este, ‘El Griego’ (Víctor Hugo Mejía López), quien al parecer es el que trae las últimas ejecuciones de narcomenudeo en esa área”.

— ¿Hay órdenes de aprehensión en contra de ellos?

“Estamos integrándolas, pero ya están señalados, en el caso de ‘El Gross’ unas actas ya fueron presentadas, pero no nos han resuelto todavía sobre las órdenes de aprehensión. En contra del ‘Güero Chompas’ sí hay orden de aprehensión. Contra ‘Alejo’ se están integrando, y ‘El Griego’ todavía está en proceso”.

DETENIDOS CON ARMAS

            

Otros detenidos en la semana fueron Santiago Bastidas, Moisés León, Jonathan Espinoza y Gilberto Arámburo. El viernes 7 de agosto,  la Policía Municipal los presentó como presuntos homicidas, informaron que habían sido detenidos en posesión de una lista con nombres y apodos de sujetos a los que matarían. Fueron presentados a la PGR en posesión de un ama corta, una larga, cartuchos droga y esposas.

Todos fueron consignados al Juzgado Cuarto por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos. Por el tema de los posibles  “homicidios, unos mensajes y la lista”, la Federación enviará un desglose al Ministerio Público federal.

TEMEN POR LA VIDA DE EX POLICÍA DESAPARECIDO

Familiares de Artemio Duarte Martínez, ex policía de Tijuana, quien junto con otra veintena de oficiales, fue acusado de delincuencia organizada en 2009  y torturado durante 40 días por militares en el 28 Batallón de Infantería, para luego ser trasladado a un penal de máxima seguridad en Nayarit, y año y medio después exonerado de los cargos, denuncian su desaparición.

Rubén Duarte, hijo del ex oficial, indicó que su padre, de 64 años de edad y quién tiene un taller de carpintería en Playas de Tijuana, desapareció la mañana del martes 11 de agosto de 2015, después de que salió de su hogar en el mismo fraccionamiento para dirigirse a su trabajo.

Lo raro, explica Duarte, que tampoco aparece el vehículo pick-up Sonoma de color blanco que don Artemio  utilizaba para desempeñar su labor.

“Aunque mi padre era reservado, era un hombre tranquilo, que se llevaba bien con la gente. Nosotros que creemos que el asunto va por el problema que tuvieron hace años, porque ellos andaban peleando la reincorporación al gobierno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabe del problema que tenían los oficiales, ya que de hecho había medidas cautelares. Tememos por su vida porque hace días un ex policía involucrado en el asunto, murió”, sostuvo el hijo.

Los familiares de Duarte Martínez reportaron su desaparición ante la Procuraduría General de Justicia, asentada en el expediente 2351/15/211/AC.

Sus representantes legales, Jorge Sánchez y Silvia Vázquez, enviaron una carta dirigida al titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en la que denuncian la desaparición del ex policía.

Por el caso de la separación de la Policía Municipal de Tijuana, el arraigo, la tortura y encarcelamiento en el penal de Nayarit, la CNDH emitió en 2011 una recomendación, en la que instruye la reparación del daño a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),  a la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobierno del Estado de Baja California y al Ayuntamiento de Tijuana. Aún no ha sido acatada.

La denuncia fue contra el Teniente Coronel Julián Leyzaola y el Capitán Gustavo Huerta -quienes estaban al frente de la Policía Municipal en ese momento-, así como contra el General de la II Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, quien entonces tenía a su cargo el 28 Batallón de Infantería.

La recomendación es la 87/2011 y se encuentra en la Segunda Visitaduría de la CNDH en la Ciudad de México.

Además, en junio de este año, acompañado de su abogada Silvia Vázquez, Duarte Martínez acudió a la PGR para solicitar medidas cautelares que le fueron otorgadas a él y a otro grupo de uniformados, por amenazas que de igual manera, se plantearon a la fiscalía local al momento de reportar la desaparición. Patricia Tamayo/Saúl Ramírez

DETIENEN A NARCOMENUDISTA DE LA OBRERA

El miércoles 12 de agosto fue detenido Esteban Morales Martínez “El R6”, presentado por la Policía Estatal Preventiva (PEP) como “principal distribuidor de droga en la colonia Obrera” para los hermanos Arzate García “Los Aquiles”.

Lo presentaron ante la autoridad ministerial por la posesión de “una bolsa con 60 gramos droga sintética conocida como ice, y un arma de fuego calibre 9 milímetros”

En su comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ligó a este presunto criminal al grupo de Lucre Antonio y Marco Antonio Cerda Pacheco “Los Cuates de la Obrera”, detenidos el 4 de junio. Aseguraron que actualmente era subalterno de otro delincuente apodado “El Tragedias”.

“El Tragedias” es un apodo identificado desde mayo de 2015 por las áreas de inteligencia de la Policía Municipal de Tijuana y, de acuerdo con señalamientos de delincuentes detenidos, es “mano derecha de René Arzate ‘La Rana’”.

Los mismos informes ubican a este grupo delictivo como responsable del asesinato, en diciembre de 2013, de quien fuera director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, Arturo Kaloyán y del de Benjamín Gutiérrez Quiroz  “El Quecho”; así como del atentado en contra de Antonio Díaz Ponciano, agente del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Tijuana, ocurrido en julio.

 LA RECAPTURA DE “EL MOSTRO”

Omar Alberto Zamora Pantoja “El Mostro” fue detenido el 29 de abril de 2015,  señalado del homicidio de la niña Mariana Segura Fuentes, de 5 años. La mató durante un operativo en el que pretendía asesinar a los padres de la menor, sin embargo, fue liberado el 21 de junio, porque solo había sido consignado por el delito de portación de armas. El 11 de agosto Zamora fue recapturado, esta vez por el asesinato de Reymundo Sánchez Gómez, cometido el día 4 del mismo mes en el fraccionamiento Puertas del Sol.

En sus primeras declaraciones, “El Mostro” aseguró que mató a Sánchez, quien era su jefe en la venta de droga, porque este lo amenazó que si no cobraba una deuda a otro narcomenudista, lo mataría a él y su familia, así que decidió adelantarse y asesinarlo. 

La Procuraduría investiga también la relación de Zamora Pantoja con el homicidio de un ex policía municipal y un hombre cuyo cuerpo fue encontrado cercenado en la Zona Este de Tijuana.

(SEMANARIO ZETA/REPORTAJEZ/ ROSARIO MOSSO CASTRO / FOTOS. CORTESÍA/   18 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 20:49:20)