Unas
700 familias están en limbo político territorial entre Ensenada y Rosarito. Los
dos municipios pelean la potestad del territorio al cual ambas administraciones
prestan servicios y que entró en conflicto cuando se creó el V Ayuntamiento de
Playas de Rosarito. Los pobladores ven una indiferencia en el Congreso del
Estado, institución que debería legislar al respecto, luego que decisiones
tomadas en el pasado fueron desechadas. Si a obras vamos, cuenta el líder de
Santa Anita, Rosarito suma 25 obras, escuela primaria, cancha deportiva,
pavimentación y alumbrado público; Ensenada: recolección de basura, vigilancia
policíaca y alcantarillado de la calle Felipe Crosthwaite, y la pavimentación
de un tramito de 200 metros
Como
los hijos de una pareja divorciada en pleito por la patria potestad, los
pobladores de Santa Anita han visto pasar los lustros sin saber qué municipio
debe velar por ellos. Pero no es mera cuestión de “identidad” lo que padecen en
su vida diaria.
“‘La
Bondojo’ está muy feo, en México hay una colonia así, ¿por qué no le ponemos
‘Santa Anita’?... Y Santa Anita se le puso”, decidieron en una junta de vecinos
en 1983, cuando Rosarito aún era una delegación de Tijuana. Del porqué del
primer nombre puesto al poblado en alusión a una colonia arrabalera del D.F.,
ni los residentes más viejos lo saben explicar.
Víctimas
de la indefinición territorial por más de 30 años, los habitantes de Santa
Anita y zonas aledañas como La Misión,
La Fonda, San José de la Zorra, recurren al municipio de Rosarito o al de
Ensenada, según les convenga, o según los traten, pues indistintamente para
imponer cargos, cobros y votos, ambos municipios reconocen la paternidad, pero
cuando se trata de brindar servicios y gestiones de toda índole, norte y sur
los desconocen. Entonces se sienten los hijos de nadie.
“¡Es
un show…es un desmadre!”, narraba para ZETA en 2012 una señora de Santa Anita,
harta de vivir del tingo al tango pues tanto en la delegación Primo Tapia como
en La Misión –de Rosarito y Ensenada respectivamente— no les querían atender y
menos resolver trámites con el pretexto de que pertenecían a otro municipio.
“Mi credencial de elector dice que soy de Ensenada…pero todos los trámites los
tengo que hacer en Rosarito”.
En
enero de 2012 se suscitó uno de los tantos conflictos que se derivan de la
indefinición y desatención para los habitantes de Santa Anita, ya que en los
últimos años ha subido de tono la confrontación entre las autoridades
municipales de uno y otro municipio, con
un gobierno y congreso estatales que como árbitros, han resultado incapaces.
El
gobierno de Rosarito construyó una caseta de seguridad en pleno centro de Santa
Anita a petición de los colonos que ya no aguantaban a los rateros y
drogadictos. No pasaron ni tres días cuando las autoridades catastrales del
Ayuntamiento de Ensenada colocaron sellos de suspensión de obra por no contar
con permisos ni anuncios argumentando que el predio les pertenece. Los dimes y
diretes entre ambas autoridades se calmaron, pero los santanitenses se quedaron
sin vigilancia.
Asuntos
más graves se han suscitado, como en el 2011 cuando cerca del restaurante “La
Fonda”, a tres kilómetros de la zona limítrofe, hubo un enfrentamiento entre
policías municipales de Ensenada y los guaruras del alcalde de Rosarito Javier
Aguirre. Los agentes ensenadenses encañonaron a los escoltas del edil rosaritense.
No pasó a mayores, pero otras pudieron haber sido las consecuencias.
Para
los residentes es un desbarajuste tener que pagar el predial en un municipio,
el agua en otro, el gas en Rosarito, o la tenencia en Ensenada, o en el colmo
de los casos, pagar doble, porque para los cobros ambas administraciones sí
levantan la mano. El desgaste emocional para los naturales se agudiza por la
incertidumbre en la propiedad de la tierra y la falta de inversión y desarrollo
que se ha ido agravando por la falta de atención de los gobiernos.
LOS AÑOS PASAN…
El
Congreso del Estado por enésima vez retomará el tema de los conflictos
territoriales. El gobierno de Rosarito demandó una ratificación de los límites
territoriales que les favorece, mientras que Ensenada, de última hora,
presentó una reconvención o
contrademanda, para que se nulifique el decreto para crear el Municipio de
Rosarito, pues consideran ahí se originó el problema.
Cuando
en 1995 mediante el Decreto 166 se creó el Municipio de Playas de Rosarito, que
hasta entonces era una delegación de Tijuana, se establecieron los límites
territoriales, también definidos por la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California publicada en el diario oficial.
Establecieron la extensión de Rosarito hasta el kilometro 91, a la mitad del
arroyo La Misión. En 1998 se ratificaron los límites en el Decreto 146 y en
2001 en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. Y otra
vez en 2002 se ratificaron los límites según se publicó en el Periódico Oficial
Mexicano.
En
el 2009 el entonces diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, presidente de la
Comisión de Fortalecimiento Municipal, retomó el tema, a propósito de dos
plebiscitos previos aplicados en Santa Anita, en el que los resultados favorecían al municipio de
Playas de Rosarito. Mientras que Ensenada defendió su postura en base a
documentación y datos históricos. Ferreiro habría dicho: “Es muy importante lo
que opinen los ciudadanos, porque no queremos tenerlos en lugares donde no quieran
estar”.
En
1997 de más de 200 lugareños que votaron, 178 lo hicieron a favor de pertenecer
a Rosarito, y solo 15 lo hicieron por Ensenada. Y en diciembre de 2008, 85
votaron por ser rosaritenses y sólo 5 por considerarse ensenadenses. La
participación se redujo a la mitad porque hubo amenazas o intimidación para
algunos residentes.
Incluso
líderes afines a los intereses rosaritentes impidieron votar a la comunidad
norteamericana asentadas en la colonia, pues los señalaron como cohesionados
por el gobierno de Ensenada.
El
comité de vecinos justificó su preferencia por Rosarito porque es quien siempre
les ha proveído de los servicios de pavimentación, escuela y más obras
comunitarias, mientras que Ensenada remotamente los ha atendido. No obstante el
entonces alcalde ensenadense Pablo Alejo López Núñez sentenció: “Buscaremos que
Santa Anita sea parte de Ensenada”.
Por
su lado, el presidente municipal de Rosarito, Hugo Torres, sentenció que la
falta de resolución de los límites territoriales era meramente por cuestiones
políticas. El diputado Ferreiro aseguró que antes de finalizar esa Legislatura,
la XX, quedaría solucionado el conflicto, lo que evidentemente no sucedió.
En
marzo del 2010 los miembros de Cabildo de Rosarito, encabezados por el alcalde
Hugo Torres, sesionaron en el mero poblado de Santa Anita, por lo que
compararon a Torres con un dictador, según declararía Andrés Armenta González,
dirigente del Comité Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de
Ensenada. Al acto también acudieron autoridades municipales y repartieron
cobijas y medicinas a los lugareños. “No es nada más un problema político, es
una invasión a nuestro territorio, porque la historia nos ha demostrado que los
grandes problemas así inician, así hizo Hitler con Varsovia y todos sabemos en
lo que concluyó”, dijo Armenta.
En
ese mismo año el diputado Ferreiro envió una iniciativa de Ley para que se le
exigiera al gobierno municipal de Ensenada le regresara todos los pagos que por
concepto de impuesto de predial había cobrado a propietarios de Alisitos, La
Fonda y La Misión, argumentando que se trataba de propiedades ubicadas en Playas de Rosarito,
lo cual suscitó una nueva afrenta. La demanda no procedió.
En
2011 cuando el Congreso del Estado ya tenía una resolución, que favorecía a
Ensenada, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, amparado en el artículo 34
de la Constitución Política del Estado de Baja California, referente a
“Iniciativas Ciudadanas, Formación de Leyes y Decretos”, que le confiere al
ejecutivo estatal “hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso”,
rechazó y regresó la iniciativa al Congreso con comentarios tan banales como
“Ensenada ya tiene mucho territorio”.
En
septiembre del 2013 el Congreso del Estado con 10 votos en contra, nueve a
favor y dos abstenciones, rechazó el dictamen que favorecía a Ensenada, toda
vez que dejaba sin efecto legal el plano
publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 21 de junio de 1995,
donde se establecía la superficie del Municipio de Rosarito y que después de un
cálculo aritmético se concluía que había un error en el decreto 166 que dio
como resultado una asignación indebida de territorio a Rosarito a la hora de
separarse de Tijuana.
Luego
el que hizo una reunión de Cabildo en la zona limítrofe un 15 de enero de 2014,
fue el Cabildo de Ensenada, en las instalaciones de la Delegación La Misión,
por lo que los defensores del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Municipio
de Ensenada (GIT) reprocharon que más que voluntad política del Congreso y
alcaldes, han imperado los intereses personales del empresario –y dos
veces alcalde— Hugo Torres Chabert y la
diputada Laura Torres, por adherir a Rosarito un territorio que no les
corresponde. El regidor del PES, Jaime Zepeda Ávalos, prometió que “el actual
ayuntamiento de Ensenada buscará poner fin a este conflicto y se actuará con
decisión y legalidad”.
Al
final de ese año el diputado perredista Roberto Dávalos muy entusiasmado echó
palomas al vuelo anunciando que ya había voluntad tanto del presidente municipal panista de Rosarito, Silvano Abarca
Macklis, como del alcalde priista de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, para
llegar a un acuerdo armónico y poner fin a la controversia territorial y
aceptar la mediación de terceros para llegar a un acuerdo. La propuesta sería
que una tercera instancia ajena, como la UNAM o UABC, decidiera. La reunión
sería el 11 de enero de 2015, pero el alcalde se Rosarito no se presentó pues de
última hora rechazó la propuesta de una tercera entidad mediadora.
EL QUE “JALE” MÁS
Santa
Anita se empezó a formar a finales de los setentas, con migrantes de toda la
república. En 1984 eran apenas 14 casas, “muy humilditas, yo me vine como
todos, buscando trabajo”, recuerda Lucio Curiel Rodríguez, oriundo de Jalisco,
líder y fundador de la colonia.
Don
Lucio describe como gente muy pobre a todos los pobladores, hasta tres familias
en cada casa. Como hasta ahora mayormente empleados de hoteles y restaurantes,
meseros, albañiles, jornaleros, pescadores. Pero a diferencia de ahora, en
aquellos años había turismo: “La playa esta tenía mucho trabajo”. Hoy día
radican en Santa Anita unas 700 familias. Y una colonia de aproximadamente 200
norteamericanos, apartada y privilegiada, principalmente retirados, “muchos de
ellos con aspecto de ex presidiarios, como si se vinieran a esconder acá”,
describe un lugareño. O como dice don Lucio, “de repente me salen unos muy
barbones, y otros muy pelones”.
Cuando
el segundo plebiscito, con eso de que “la colonia de los gringos siempre ha
estado muy controlada por los delegados de La Misión (Ensenada)”, Don Lucio no
los dejó votar, por lo que aún con pocos votos Rosarito volvió a ganar en ese
sondeo. La queja llegó desde el Congreso al alcalde Hugo Torres: “Este señor no
quiere dejar a los americanos votar”. “Ah, qué bien defiende sus derechos Don
Lucio”, respondió Torres.
Después
de animar a los vecinos a formar una colonia, Curiel lo primero que gestionó
fue la construcción de una escuela primaria, la gestionaron tanto con el
ayuntamiento de Tijuana (Rosarito era delegación) como con el de Ensenada, y
desde ahí empezaron “a medirle el agua a los camotes”: “Sabíamos que iba a
llegar el día que tendríamos que corresponderle al que nos había ayudado más”.
Finalmente
la Escuela Primaria X Ayuntamiento la lograron por el gobierno de Tijuana a
través del delegado Salvador “Chavoy” Aguirre, mientras que del alcalde de
Ensenada “nos cortó las alas, nos dijeron ‘ustedes no son de aquí, ustedes van
a pertenecer a Rosarito’”. Lo mismo les respondieron cuando pidieron agua a la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y cuando quisieron
regularizar sus tierras ante la CORETE (Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra): “No puedo ayudarlos, no vamos hacer nada de ‘ese lado’, ‘suena’
que será un nuevo municipio”.
El
líder de Santa Anita elaboró una lista comparativa de obras comunitarias
brindadas por uno y otro municipio, y en la de Rosarito sumaron 25 obras desde
la escuela primaria, cancha deportiva, pavimentación y alumbrado público;
contra solo tres otorgadas por el gobierno de Ensenada, que fueron recolección
de basura, vigilancia policíaca y alcantarillado de la calle Felipe
Crosthwaite, y la pavimentación de un tramito de 200 metros.
Se
ha vencido el plazo para que ambos
gobiernos presenten su respuesta para el nuevo episodio en el conflicto de los
límites territoriales, la analizará la Comisión de Gobernación y Asuntos
Legislativos, con supervisión y apoyo del área jurídica, para después subirlo
al Pleno, explicó a ZETA el director Jurídico del Congreso, Antonio Aparicio
Robles, externó, parco, que como se trata de algo similar a un asunto
contencioso, deben ser cautelosos, “el tema es dedicado, es como estar ante un
juzgado, hay que tener una reserva similar, no especular”.
Advierte
que no hay plazo para que el Congreso resuelva, la Ley no lo establece, pero
sugiere que los diputados terminarán por remitir el caso a la Suprema Corte de
Justicia: “Finalmente para allá va a ir el asunto, tenemos que ser cautelosos”.
¡EN ESTA ESQUINA!… ENSENADA
“No
hay manera de hacerle entender a Rosarito que el conflicto se da cuando nace
como municipio, y termina quitándole terreno a Ensenada, Rosarito tiene que
echar los ojos hacia el norte, hacia Tijuana, y no pretender afectarnos a
nosotros”, resume Jesús Jaime González Agúndez, secretario general del
Ayuntamiento.
También
lo que vino a perjudicar la división del territorio fueron las erróneas
mediciones de la SAHOPE (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
del Estado) en su momento, y la SIDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología) después, por establecer las dimensiones en “agebs” y no en
kilómetros, denuncia Agúndez.
Los
últimos planos previos a la municipalización de Rosarito datan de 1989 y
establecen en 1,584.479 kilómetros cuadrados el total el territorio de Tijuana.
Con la Ley del Congreso que en 1995 establece que Rosarito tendrá 513.32
kilómetros cuadrados, entonces el mismo documento dice que a Tijuana le
quedarían 1,239. 49 kilómetros cuadrados. Pero las cuentas no dan. En total
sumarían 1,752.81 kilómetros cuadrados. Hay un desfase 168.33 kilómetros
cuadrados, que es el que ahora Rosarito reclama a Ensenada.
Después
que el gobierno de Rosarito presentó un descuerdo o controversia para descartar
a la UNAM como órgano mediador pues el alcalde Silvano Abarca consideró que la
institución tiene intereses en el puerto al contar con un centro en la
localidad, el gobierno de Ensenada preparó una serie de estrategias jurídicas,
soportada con planos, fundamentos catastrales y demás documentos, con los que
pide la nulidad del Decreto 166 o la “reconvención” del mismo que establece la
extensiones del naciente quinto municipio de Rosarito: “Entonces para nosotros
es así de sencillo”, enfatiza el secretario de gobierno en Ensenada.
E
ilustra: “Nosotros otorgamos permisos de alcoholes, hacemos vigilancia con
salvavidas, Rosarito debe tener solo como 15 patrullas papara todo el
municipio, es imposible que pueda brindar seguridad a esa zona, no la da, no
tiene manera de dar servicios, nosotros pusimos el alumbrado público el año
pasado, una fracción de la delegación estaba a oscuras…”.
Apenas
el 10 de agosto pasado el municipio de Ensenada presentó 33 pruebas para
sustentar su reconvención, en donde aparte de la nulidad del Decreto 166 piden
llamar a declarar a la “SIDUE antes, denominada SAHOPE, al haber sido la
dependencia que elaboró un plano en el que se asignó la superficie a los
municipios de Tijuana y Playas de Rosarito que en conjunto excedieron en
168.331 kilómetros cuadrados”.
Más
aún, el presidente municipal Gilberto Hirata Chico presumió que “en un hecho
sin precedentes”, se pide llamar a juicio al gobierno de Tijuana, no porque
exista conflicto por la sobreposición de su territorio, sino porque le fue
reconocida en su favor una superficie de 33.95 kilómetros cuadrados
“perteneciente al territorio de Ensenada”.
¡En La Otra Esquina!… Rosarito
“No
existe error, ése es el límite; los límites nunca se han movido”, sentencia
Jorge Nicolás Arévalo Mendoza, regidor de la Comisión de Gobernación y
Legislación del Ayuntamiento de Rosarito y miembro de la Comisión Especial para
los Límites Territoriales.
Explica
el edil que Rosarito presentó una demanda o denuncia, para que, contrario a
Ensenada, se ratifiquen los límites territoriales fijados en el Decreto 166.
También demandaron que Ensenada se abstenga
de seguir cobrando impuestos, derechos y contribuciones que no le
corresponden, pues dice que el mismo Congreso lo aprueba al establecer en la
Ley de Ingresos de Rosarito las percepciones por esos rubros en los terrenos de
El Descanso, Venustiano Carranza, La Fonda y Santa Anita, desde Los Arenales hasta
el Puente La Misión, mientras que “Ensenada no lo tiene contemplado en su Ley
de Ingresos”.
Explica
Arévalo que los límites siempre se establecen “al corpus”, es decir, fijados
por alguna afectación natural, en este caso del arroyo San Miguel, en la mitad
del puente de La Misión, sitio donde todavía hasta los noventas existía un
anuncio que decía “aquí empieza Ensenada”, y que un buen día desapareció, al
igual que una placa que se han robado varias veces de la plaza cívica
inaugurada por el alcalde tijuanense René Treviño Arredondo en 1983. También
argumenta que si algunos habitantes pagan predial o permisos al gobierno de
Ensenada es por conveniencia, puesto que estos derechos son más baratos en
aquel Ayuntamiento, “o como el dueño de La Fonda, que tiene permisos de los dos
municipios”.
El
regidor sí avala las mediciones determinadas por la SAHOPE y SIDUE, lo avala
como órgano ejecutivo del Congreso, “y coincidimos totalmente, no se ocupa un
tercero…como la UNAM, que finalmente es gente apegada a Ensenada, iban a ser
parciales”.
Reitera
entonces: “Hay que ratificar los límites, no el territorio”. Y otra razón
reiterativa: “Ensenada es grandísima, no necesita más territorio, es tres veces
más grande que Rosarito”.
“Decían
que tenemos mucho territorio, pero ése no es un argumento para resolver este
asunto”, repara González Agúndez, secretario de gobierno de Ensenada. “Tampoco
se trata de quién da más o quién da menos, quién tiene menos o más, sino quién
tiene el derecho”.
¡Y EN MEDIO!… EL CONGRESO
En
lo que sí coinciden las autoridades de ambos municipios es que el Congreso del
Estado tiene el compromiso histórico de resolver de una vez por todas, el
conflicto. Pero también las dos partes confían poco en que la actual
Legislatura, como la anterior, actúe al margen de condicionamientos políticos.
Los diputados pronto concluirán su gestión y a ello se agrega un escenario
complicado y previsible ante el nuevo proceso electoral por iniciar.
“Esperemos
que no se enturbie o dilate la resolución de este tema y que se mantenga en la
esfera política, que la resolución sea justa, apegada a derecho, imparcial”,
infiere González Agúndez, secretario general de gobierno en Ensenada.
“Es
un tema que ha estado trastocado por lo político, también por intereses
económicos de algunos empresarios y ex presidentes municipales –se refiere sin
mencionar a Hugo Torres Chabert y Silvano Abarca Macklis—“. Desestima también
los dos plebiscitos, pues dice que la decisión es del Congreso no de los
ciudadanos: “Esto es sencillo de resolver pero lo vinieron a complicar los
funcionarios”.
“El
Congreso no trae la más mínima intención de resolver nada”, sentencia por su
parte el regidor Arévalo, de Rosarito. Acusa que de los diputados “nadie se
anima a quitarle un pedacito a uno y ratificárselo a otro”. La actual
Legislatura, vaticina, no actuará diferente que la anterior: “Avientan el tema
a la congeladora y se lo pasa a la siguiente administración”. Si el Congreso
está tan politizado que se declare incompetente, reclama.
Adelanta
que si el Congreso le da la razón a Ensenada, automáticamente se inconformarán,
como también lo hará la contraparte si la decisión favorece a Rosarito. Y en
efecto, Gilberto Hirata Chico anunció que de no resolverle favorablemente el
Congreso acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Instancia
que también ve más viable el regidor de Rosarito, dado a antecedentes
similares, donde controversias territoriales entre municipios se han resuelto
correctamente en la SCJN: “El conflicto no se resolverá aquí…”, concluye.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Juan Carlos Domínguez / Fotos. Enrique Botello / Carlos
Dominguez/ 17 de Agosto del 2015 a las
12:00:39)
