lunes, 29 de junio de 2015

EL DOBLE TURNO DE LOS AGENTES


De nuevo aparece la Dirección de Servicios de Protección del Gobierno estatal en medio de un narcoescándalo. Detienen a un presunto narcotraficante y sus tres custodios pertenecen a esta dependencia. No son “malos elementos”, como se pretende justificar: es el sistema de seguridad de un Gobierno hasta el tuétano comprometido con los grupos criminales que operan en la entidad.

Investigaciones Ríodoce
Un presunto operador del Cártel de Sinaloa y tres elementos de la Policía Estatal de Sinaloa, adscritos a Servicios de Protección, fueron detenidos por elementos de la Marina Armada de México (SEMAR), el pasado 18 de junio en un rancho ubicado en el municipio de Mocorito.

Hasta el cierre de esta edición habían transcurrido ocho días de la detención, y ni la SEMAR, ni la PGR había emitido ningún informe de la detención; de manera extraoficial se reveló que el presunto narcotraficante detenido fue identificado como Genaro Payán Aros, Rubén Genaro Roacho Aros o Genaro Payán Quintero, alias el Gringo.

El Gringo supuestamente trabaja para Ismael el Mayo Zambada, aunque no hay mucha información al respecto, ni es un nombre o apodo que fuera común escuchar como el de otros operadores.

Las autoridades estatales tampoco han querido hablar del tema; a pesar de que han sido cuestionados por la prensa sobre las detenciones, se han limitado a decir que es información federal y que no tienen conocimiento.

Sería hasta el 24 de junio que el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Castro, confirmó que las tres personas que habían sido detenidas con el supuesto integrante del Cártel de Sinaloa, eran agentes adscritos al área de Servicios de Protección y se encargaban de prestar servicios de seguridad a una empresa.

“Una empresa que tenía más de quince años brindando servicios ¿Qué pasó después? Lo ignoramos. Creo que Argentina se llama la empresa”, declaró el Secretario de Seguridad. Se refería a Agrícola Argentina S. A. de C. V.

Genaro García no quiso dar los nombres de los policías; posteriormente, por medio del departamento de comunicación de la SSP, se realizó la petición sobre los agentes. Sin embargo, indicaron que el Secretario no sabía de la “situación jurídica de los muchachos” y que prefería esperar a ser notificado de manera oficial.

Extraoficialmente se identificó a los agentes como José Norberto García Acosta, Jorge Antonio Sarabia Rochín y José Luis Roacho Aros.

Los dos últimos aparecen en el expediente 567/2015 con petición de amparo; la fecha del acuerdo fue el 19 de junio del 2015 un día después de su supuesta detención, presentado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Según una nota del periódico Noroeste fechada el 31 de julio del 2012, uno de los ahora detenidos, José Norberto García Acosta, resultó herido junto con otros agentes, en un enfrentamiento que se dio entre elementos de la Policía Federal  y de la SSP, por la avenida de Las Torres, en el fraccionamiento La Estancia.

Según las autoridades, había ocurrido una confusión porque viajaban vestidos de civil cuando los oficiales se encontraron sobre la vialidad; elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar cuando se percataron que se trataba de agentes de la Policía Federal y de la Estatal.

En el hecho resultaron tres heridos de varios impactos de bala que fueron trasladados al hospital, entre ellos José Norberto, agente supuestamente detenido el pasado 18 de este mes con el Gringo, en Mocorito.

El otro elemento presuntamente detenido ese mismo día es José Luis Roacho Aros. Sus apellidos coinciden con el propietario de la Agrícola Argentina SA de CV, a la que según el Secretario de Seguridad pública estaban adscritos los agentes.

El administrador y dueño mayoritario de la Agrícola Argentina es Rubén Genaro Roacho Aros, a quien le pertenecen el 25 por ciento de las acciones; el resto de la empresa está repartida entre cinco de los hijos, a cada uno le corresponden  el 15 por ciento de las acciones.

La empresa se creó el 21 de agosto del 2000 y está ubicada por la carretera El Dorado en el kilómetro 23.5, en Culiacán. Según el Padrón de Beneficiarios de PROCAMPO, la Agrícola Argentina resultó beneficiada del componente de Diésel Agropecuario en el año 2013.

El mismo dueño de la agrícola, Rubén Genaro Roacho Aros, compró el 3 de diciembre del 2004, un predio por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, dentro de la primera etapa del Sector Tres Ríos, donde actualmente se encuentra la Plaza Real Culiacán.

El predio fue adquirido por un valor de 4 millones 343 mil 449 pesos, siendo el representante del proyecto Tres Ríos, Manuel Antonio Coronado Lepro, bajo el gobierno de Juan Millán Lizárraga.

Rubén Genaro Roacho Aros actualmente tiene 52 años de edad, no se sabe con exactitud si es originario de La Palma o de Culiacán, ya que en documentación consultada por Ríodoce aparece en estos dos lugares; lo que no varía es su residencia, que aparece en la capital del estado.

El pasado 24 de junio, luego de que terminó el festejo por el día del policía donde se festejó a los elementos estatales de seguridad, el Procurador General de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, señaló que la Secretaría de Marina les pidió información sobre los tres elementos de Servicios de Protección detenidos.

Higuera Gómez aseguró que el presunto operador del Cártel de Sinaloa, bajo el nombre de “Genaro Payán” no cuenta con antecedentes penales en el estado de Sinaloa, y que solamente se encontraron antecedentes de uno de sus hermanos; sin embargó tampoco él quiso proporcionar más detalles de las acciones de la Marina.

“Los trabajos de la Marina son trabajos reservados, ellos solamente pidieron información de tres personas que efectivamente eran de Servicios de Protección y tienen un contrato con una empresa, pero ya la información oficial a cualquier requerimiento de ellos tienen que hacerlo a la Secretaría de Seguridad Publica”, dijo el Procurador.

El presunto narcotraficante detenido, junto con los tres elementos de seguridad fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia y posteriormente a la SEIDO, en la ciudad de México.

Presuntamente  fueron detenidos con armas largas y drogas, sin embargo no se ha dado a conocer más información.

Según el manual de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, el objetivo de la Dirección de Servicios de Protección es “brindar un servicio profesional, eficiente e inteligente a las empresas y personas que soliciten el servicio de protección, contando para ello con elementos debidamente capacitados”.

El punto número tres de las facultades específicas de la Dirección de Servicios de Protección consiste en verificar que los recursos humanos y materiales a cargo de la Dirección sean “manejados con la máxima austeridad, transparencia y eficacia”.

Cesar Yunue de la Cruz Oliden es el Director de Servicios de Protección,  encargado de verificar esos recursos humanos y materiales. Se solicitó una entrevista por medio del departamento de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pero se informó que “los directores del área operativa no dan declaración”.


(RIODOCE/ INVESTIGACIONES RIODOCE/ 28 junio, 2015)

INDUSTRIA BAJO SOSPECHA


Políticos atacan a Gerardo Peña, pero ocultan permisos

Políticos del Gobierno del Estado y de la alcaldía de Ahome despotricaron en contra del diputado federal panista, Gerardo Peña Avilés, quien sospecha de que el permiso de impacto ambiental de la planta de fertilizantes que se construye en Topolobampo fue obtenido con mentiras.

En tanto, el repudio social a la inversión privada que ahora es considerada como sospechosa y de complicidad con políticos del Gobierno del Estado, va en aumento.

Por separado, pescadores desembarcaron en el relleno del estero el Quelele, paralizaron el desplante de la industria y se enfrentaron verbalmente con los superintendentes de obra.

Tras la intermediación de Peña Avilés, el zipizape concluyó con una reunión en la que los constructores mostraron algunos permisos de obra, pero sin permitir anotar datos o tomar fotografías.

Previo a la asamblea, un líder pesquero no identificado acusó a Peña Avilés de vender la protesta social si aceptaba reuniones privadas. El legislador rechazó la imputación.

Horas después del altercado, el Comité Único de la Vivienda de Topolobampo llamó a la población del campo pesquero a una movilización masiva de repudio en contra de la planta de amoniaco y el gasoducto Topolobampo—El Encino.

En un comunicado, Gorgonio Silva Gualizapa acusó que al Gobierno y a los empresarios no les importa el grave riesgo ecológico y la salud de la población de la sindicatura de Ahome, y por ello pidió detener el genocidio del estero el Mapahui. “El gobierno malovista, los ricos empresarios y políticos ya se soban las manos por las ganancias que van a obtener.”

Asentó que la planta de fertilizantes de amoniaco y el gasoducto que se construyen a orillas de la bahía, acabara con la actividad económica primaria como la pesca de camarón, recolección de moluscos y otros, mientras que el manejo de gas natural conocido también como shale, pizarra o lutito (sic) provocan en los seres humanos cáncer en los huesos, hígado y mama, y trastornos cerebrales y nerviosos.

Antes, Peña Avilés había recibido una llamada telefónica de Francisco Labastida Gómez de la Torre, coordinador general de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, acusándolo de ser el instigador de las movilizaciones y advirtiéndole que sería demandado por el bloqueo a la planta de fertilizantes.

El legislador respondió al burócrata negando la imputación de agitador social y afirmando que a la demanda le respondería con el fuero: “Pensé que me iría sin inaugurar mi fuero, pero no, sí lo voy a utilizar para responderle a ese”.

Peña Avilés dijo que no se subirá al ring “con los políticos oficialistas” ni responderá “periodicazos ni bravatas o insultos telefónicos de burócratas que no quieren ser tocados ni con la sospecha pública”.

Así, dijo, poco importa la puya, burla o conmiseración de los políticos locales.

El diputado federal respondió así a la aseveración del alcalde Arturo Duarte García de que sería llamado para explicarle “con palitos y bolitas” el trámite de la planta de fertilizantes, y porque también lo consideró como el legislador que estaba atrás de la agitación social.

“No estoy atrás de nadie ni de nada, dijo, sólo pretendo que me demuestren que en el estudio de impacto ambiental no hay información sesgada, manipulada, o mentiras para favorecer a ciertos personajes y capitales. Que todo está legal. Pero se niegan, me dan largas, evasivas, retrasos y ahora ataques. Voy a esperar los plazos que dice la ley de transparencia y si persisten en sus evasivas, iremos al siguiente nivel”.

Su pretensión, agregó, es detener la depredación de zonas protegidas, como humedales en las bahías, el arrojo de jales a arroyos de la sierra y la destrucción de fábricas de agua en la montaña, con el pretexto gubernamental de generar empleos, que es otra falacia porque ya toda la tecnología es automática y especializada.

Peña Avilés muestra su as bajo la manga: una copia simple del estudio de impacto ambiental elaborado por el Corporativo Constructora Ambiental en diciembre del 2013 sobre la Planta de Amoniaco Topolobampo de 2 mil 200 toneladas métricas por día, rubricado por Eduardo Martínez Acosta, quien afirma que en la zona no hay área natural protegida.

“Yo aquí lo tengo, pero quiero la versión oficial para ver en qué sustentaron tal aseveración, y quiero saber cómo niegan que la planta de fertilizantes se construye sobre el área de manglares número 2025 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y que se denomina Sitio Ramsar, y que a la vez es el sitio 107 del Catálogo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) bajo el nombre de Lagunas de Santa María—Topolobampo—Ohuira”, sostuvo.

Desde el 2 de febrero del 2009, añadió, esta zona tiene protección internacional. Además, la cartografía de esa dependencia lo ubica como proyección UTM zona 12 norte, elipsoide GRS80 Datum ITRF92 con una extensión protegida de 22 mil 500 hectáreas, indicó.

“Si demostramos que hay abuso de poder público mexicano y sinaloense en favor de los inversionistas extranjeros, a ver hacia qué país exportan su amoniaco, porque hay una condena y veto internacional a empresas que construyen plantas petroquímicas sobre sitios Ramsar”, afirmó.

LOS ESTUDIOS OCULTOS

De acuerdo con un listado de ingreso de proyectos y emisiones de resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental, publicado en la Gaceta Ecológica de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental del Año XII Separata No. DGIRA/001/14 de fecha 9 de enero del 2014, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente S.A. de C.V. construirá dos plantas en Topolobampo, y no una como pretende hacerlo aparecer el Gobierno de Mario López Valdez e incluso el municipal de Ahome, de Arturo Duarte García.

El 19 de diciembre del 2013, la empresa Petroquímica de Occidente S.A. de C. V. obtuvo el folio 25SI2013I0017 con el que registró el proyecto de la planta de amoniaco anhidro de capacidad de producción de 2 mil 200 toneladas métricas por día, que se construiría en Topolobampo dentro de una superficie de 39 hectáreas .7937 centiáreas.

Además de la planta de amoniaco anhidro, el proyecto contempla la instalación de dos ductos, uno de conducción de gas natural de 18 pulgadas de diámetro y una longitud de mil 100 metros y otro para la conducción de amoniaco de 18 pulgadas de diámetro y tres kilómetros de longitud.

El proyecto de explotación por 25 años fue aprobado el 21 de abril del 2014 con un plazo de construcción de cuatro años y seis meses.

Dos meses después de esa aprobación, el 31 de junio del 2014, la Dirección de Obras Públicas y Ecología del Gobierno del Municipio de Ahome autorizó el certificado de construcción 3022 en favor de Gas y Petroquímica de Occidente S.A. de C.V. para construir 34 mil metros cuadrados en un terreno de 000 metros cuadrados y con un costo 4 millones 225 mil 003.53 pesos.

Y no es todo, el 22 de abril del 2015, apenas dos meses atrás, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente registró otro proyecto, pero ahora de construcción de un parque industrial.

La empresa obtuvo el folio 25SI2015GD037 y quedó registrado en listado de ingreso de proyectos y emisiones de resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental, publicado en la Gaceta Ecológica.

Según esa dependencia, el proyecto consiste en la construcción de un parque industrial para apoyar el desarrollo de Topolobampo, en el noroeste de Sinaloa.

Considerando la tendencia de desarrollo generada por la ampliación de las instalaciones portuarias y las actividades petroquímicas en la región, la empresa está interesada en realizar una inversión, construyendo y operando infraestructura para promover y facilitar la instalación de nuevas industrias.


(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera/ Los Mochis en 28 junio, 2015)

CÁRCEL A TORTURADORES


“Estaba con las manos hacia atrás, yo pensé que era un secuestro. Vendada de los ojos me hablaba una persona, me dijeron que iban a traer a mis hijos, que los iban a violar, que me los iban hacer pedazos, jamás pensé salir viva de ese lugar”, narró Yesenia Armenta Graciano para un video que realizó Amnistía Internacional.

Armenta Graciano está por cumplir el próximo 10 de julio tres años de haber sido privada de su libertad de manera ilegal. Ese día fue torturada por agentes de la Policía Ministerial, para extraerle confesiones falsas y fabricarle pruebas, con las que la acusaron como responsable del asesinato de su esposo Alfredo Cuen Ojeda.

Integrantes de Amnistía Internacional estuvieron el 25 y 26 de junio pasado en Culiacán, como parte de la jornada del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura. Vinieron para exigirle al Gobierno de Mario López Valdez justicia para Yesenia Armenta Graciano.

México es uno de los cinco países que Amnistía Internacional tiene bajo la lupa por el creciente número de casos de tortura. En estos países se realizaron manifestaciones y otras formas de activismo para mostrar la solidaridad con víctimas y sobrevivientes de este grave delito en contra de los derechos humanos.

En el país, Amnistía ha encabezado la petición de justicia para tres de las víctimas de tortura: Adrián Vásquez Lagunes actualmente en prisión; Ángel Colón, quién ya fue liberado pero sigue esperando que se le repare de manera integral el daño que se le causó y que se investigue la tortura que sufrió; y la sinaloense Yesenia Armenta Graciano, también en prisión.

Madeleine Penman, Investigadora para México, y Juliana Cano Nieto, directora de Campañas de Amnistía Internacional, exigieron al gobierno estatal apresurar el auto de libertad, luego de demostrar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) basó la culpabilidad en la declaración de la detenida, producto de los actos de tortura ejercidos sobre ella.

“Después de muchas horas de mi captura a mí ya me habían violado, yo firmé aún vendada, jamás leí lo que yo firme”, asegura Yesenia, en el video presentado por Amnistía.

Armenta Graciano también fue golpeada, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla, le taparon la boca con un trapo y le echaron agua para ahogarla; dos días después de que rindió su declaración preparatoria ante el juez, denunció lo que le habían hecho.

“En el caso de Yesenia hay múltiples pruebas de tortura. Expertos internacionales y nacionales realizaron un examen médico forense basado en el llamado Protocolo de Estambul”, dijo Penman.

Informó que a casi tres años de los hechos ocurridos a Armenta Graciano, el Ministerio Público no ha aportado pruebas relevantes para mantener la acusación en su contra.

“En mayo venimos y visitamos a Yecenia en la cárcel, a partir de ahí empezamos un proceso de investigación profunda en este caso, fabricado por la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa”, manifestó la defensora de derechos humanos.

Amnistía Internacional instó al procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, a que se desista de la acusación contra Yecenia Armenta y que se de paso inmediato a su libertad.

También pidió que se investigue la denuncia de tortura y que se lleven a proceso penal a los responsables, ya que “la investigación debe ser pronta, completa y con plena garantía de independencia ya que los presuntos torturadores son funcionarios de la misma Procuraduría”.

Exigen también que se garanticen las medidas necesarias para que toda persona detenida sea adecuadamente examinada por médicos forenses oficiales “que registren de manera veraz las lesiones presentadas y tengan independencia de sus colegas ministerios públicos y policías”.

TORTURADORES, A LA CÁRCEL

Las visitadoras de Amnistía Internacional Madeleine Penman y Juliana Cano Nieto se dieron cita en punto de las seis de la tarde en el tercer piso de Palacio de Gobierno. Tenían una cita pactada con el Gobernador Mario López Valdez. La reunión, privada, duró alrededor de dos horas.

“Como todos los estados de México, Sinaloa no es la excepción de este fenómeno de la tortura, planteamos al gobernador los retos de Sinaloa en este sentido y las oportunidades para tener gobernabilidad en este estado, pero con Derechos Humanos, tener este balance entre la fuerza del orden y los derechos humanos”, expresó Penman, al salir de la reunión.

En el caso de Yesenia Armenta hay una recomendación al Gobernador del Estado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero hasta el momento no hay avances en la investigación en contra de los posibles policías responsables.

“El problema de este caso es que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sinaloa, es juez y parte en el caso de Yesenia. Tanto es así que hay una acusación contra Yesenia, ella sigue en la cárcel, acusada por delitos”.

—¿Cuál fue el resultado de la reunión con el gobernador? —se le preguntó a Juliana Cano.

—Creo que el gobernador reconoce la importancia de preservar los derechos humanos en el Estado, y lo reconoce tanto que le pidió a Amnistía que le ayudáramos en darle capacitación a policías y otros entes estatales en tema de tortura.

“La respuesta nuestra fue y sigue siendo de que la mejor manera de que las personas no torturen es que quienes lo hagan reciban el castigo apropiado. Que las personas que torturaron a Yesenia, que han torturado a miles de personas aquí en México vayan a la cárcel, eso va a dar un mensaje más fuerte que cualquier capacitación que se le haga a la policía”, respondió.


(RIODOCE/ Cristian Díaz / 28 junio, 2015)

LOCALIZAN SUJETO CALCINADO DENTRO DE LA CAJUELA DE UN TSURU


El hombre  estaba totalmente calcinado a la orilla de un camino de terracería a 100 metros del basurón municipal en la Pitayita, el tsuru portaba placas de circulación con el numero VRB60001

El cuerpo estaba dentro de la cajuela totalmente calcinada y sobre este un mensaje que lo acusaba de guarache y arriba del mismo un guarache.

Hasta el momento el cuerpo esta sin identificar.


(RIODOCE/ REDACCION/ 28 junio, 2015)

EL ATENTADO DE JUNIO


Intentan ejecutar a Luis Noriega Ondorica, como a su colega Javier Sámano Bazúa

Desde el 5 de febrero de 2014, el subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur, Jesús Antonio Sánchez Solís, estaba “buscando móviles” sobre el homicidio de Javier Sámano Bazúa, cuando un sicario le hizo ocho disparos a Luis Noriega Ondorica, quien fue herido en su espalda y en ambas manos.

A diferencia de la ejecución de Javier Sámano Bazúa, exjuez Primero y Segundo de lo Civil, y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, —donde el homicida había bajado de una camioneta Ford Lobo, doble cabina, color negro, sin placas y había efectuado tres disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros—, en el atentado contra Luis Noriega Ondorica, el sicario fue descrito como un transeúnte que le hizo ocho disparos.

“BUSCANDO MÓVILES”

A un año y cuatro meses de la ejecución de Sámano Bazúa, sobre los presuntos móviles del crimen el silencio es ensordecedor, a pesar de que el subprocurador Sánchez Solís había dicho a los dolientes universitarios que estaba “buscando móviles”.

El 5 de febrero de 2014, Diana Margarita Garzón, entonces directora de la Facultad de Derecho de la UAS, y amiga de Sámano Bazúa, estaba indignada porque éste había sido asesinado el día de la Constitución.



—¿Qué acciones va a realizar la Facultad de Derechos para exigir  justicia? —le preguntó Ríodoce.

—Los universitarios no olvidamos, pero sí confiamos en la legalidad. Hablamos ya con el subprocurador Sánchez Solís, quien es maestro también de la facultad, y vamos a esperar que ellos resuelvan. Confío en que él no solamente va a tener la obligación como subprocurador, sino la obligación moral por ser maestro de la facultad, por ser universitario, porque así como daña a la ciudadanía este delito, nos daña a nosotros aún más. Es realmente, como le digo, indignante. Hablé con el subprocurador como amigos, como compañeros de trabajo, pidiéndoles que cumpliera su deber como universitario y como amigo.

—¿Y qué le respondió el subprocurador?

—Que ellos están realizando todo lo posiblemente necesario, que están buscando móviles, yo confío en él, confío en que nos darán una respuesta pronta.

—¿No hay todavía posibles móviles del crimen?

—Todavía no, pero vamos a estar muy pendientes de la revisión de todo el expediente.

“ROZÓN EN LA ESPALDA”

En esta ocasión el sicario no eligió el 5 de febrero, día de la Constitución, para atentar contra la vida del abogado Luis Noriega Ondorica, como en la ejecución de su colega Javier Sámano Bazúa, pero fue en la misma calle Río Bravo, de la Colonia Ferrocarrilera, donde cayó mortalmente herido el exjuez de lo civil.

En esa misma acera, donde está ubicada la casa número 207 que alberga las oficinas del despacho jurídico, en la avenida Río Bravo, situada entre avenida Papagayo y calle Jesús García, la mañana del 5 de febrero de 2014, fue levantado Sámano Bazúa por la Cruz Roja, para luego morir en la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El pasado jueves 25 de junio, un año y cuatro meses después, el litigante Luis Noriega Ondorica sufre el atentado criminal y fue trasladado por la Cruz Roja hacia un hospital privado donde se recupera de las heridas provocadas por los balazos.

“Nomás fue un rozón en la espalda”, dijeron al interior de la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal (SSPyM) de Mazatlán, de la que fue titular en el trienio 2005-2007, del entonces alcalde Alejandro Higuera Osuna.

En el informe policiaco luego se precisaría que Noriega Ordorica no sólo había recibido un balazo en la espalda sino también en ambas manos.

Incluso, algunos policías municipales aseguraban en corto que uno los ochos disparos efectuados contra Noriega Ordorica con un arma de fuego calibre 9 milímetros le había arrancado un dedo de una de sus manos.

PARTE INFORMATIVO

El parte informativo de la Tercera Unidad de Maniobra dirigido por el Policía Tercero, Cesáreo Antonio Ventura Ibarra, al secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Antonio Murillo Rojo, informaba sobre el atentado:

“Que siendo aproximadamente las 9:00 horas, del 25 de junio de 2015, al encontrarnos los suscritos policía tercero operativos Cesáreo Antonio Ventura Ibarra y Silvino Luis Martínez, Policía Operativo en recorrido de vigilancia a bordo de la P-16, al circular por la avenida Ejército Mexicano y calle Flamingos  del Fraccionamiento Ferrocarrilera, cuando reportó vía Radio del Centro de Radiocomunicaciones del Gobierno del Estado (C-4) que por la calle Río Bravo, número 207 entre las calles Jesús García y Papagayo de Fraccionamiento Ferrocarrilera, reportó una persona herida por arma de fuego.

“Al llegar al lugar (de los hechos) efectivamente se encontraba una persona al parecer consciente a la cual se le apreciaban heridas en ambas manos, así como una herida en la espalda baja, al preguntarle su nombre dijo llamarse Luis  Noriega Ondorica, de aproximadamente 55 años de edad.

“Manifestó que minutos antes una persona robusta quien vestía camisa roja fue el que lo había lesionado con varios disparos los cuales se apreciaban afuera de las oficinas ocho casquillos percutidos tirados en el suelo al parecer de calibre 9MM., procediendo a acordonar el área.

“Se solicitó inmediatamente el auxilio de la Cruz Roja, acudiendo la ambulancia número 619 al mando de Humberto Muñoz, quien dijo que iba a trasladar al herido al hospital Sharp, acudiendo también el lic. Pedro Zamudio, de la Agencia Tercera y la encargada de Servicios Periciales, Alma Arredondo, tomando conocimiento el Jefe Operativo en turno Jesús Gabriel Osuna Lomelí”.

OBJETIVO EQUIVOCADO

El 5 de febrero de 2014, al ser ejecutado Javier Sámano Bazúa, no faltó quien asegurara que al que buscaban era Luis Noriega Ondorica y que se habrían equivocado de objetivo, por lo que la mañana del 25 de junio se sorprendieron de que el litigante no había cambiado de despacho.

Las conjeturas sobre los posibles móviles del atentado son tantas como los cargos y casos en que ambos abogados han trabajado, pues Noriega Ondorica ha sido Ministerio Público de la Federación y llevó la defensa de Alma Delia Chávez Guerrero, acusada de asesinar al músico Aldo Sarabia.

El 5 de mayo de 2005, en la avenida del Mar, elementos de la SSPyTM detuvieron a un grupo armado integrado por ocho sicarios portando un arsenal y fueron trasladados al Tribunal de Barandilla, pero los jefes policiacos solo presentaron seis, contradiciendo las fotos donde aparecían ocho.

Luis Noriega Ondorica fungía como titular de la SSPyTM, de donde fue cesado un mes después por la presunta liberación de dos detenidos que no aparecieron y que se presumía eran delincuentes “pesados”.

En 2013 correría la versión de que uno de los dos esfumados del Tribunal de Barandilla era el supuesto finado Gonzalo Inzunza Inzunza el Macho Prieto, presunto jefe de seguridad de Ismael Zambada, el Mayo.

Así que mientras el fiscal Sánchez Solís sigue “buscando móviles” sobre la ejecución de Sámano Bazúa, el atentado de Noriega Ondorica sigue los mismos pasos.

SECUELA DE IMPUNIDAD

-5 de febrero de 2014. Un homicida ejecuta de tres balazos con un arma de fuego, calibre .9 milímetros, al exjuez civil Javier Sámano Bazúa. Desde hace un año y cuatro meses la PGJE no tiene a ningún detenido.

-25 de junio de 2015. Un sicario dispara ocho balazos, con un arma calibre .9 milímetros, al abogado Luis Noriega Ondorica, causándole graves lesiones en su espalda y en ambas manos. Hasta el cierre de esta edición no hay ningún detenido.


(RIODOCE/ Cayetano Osuna/Mazatlán en 28 junio, 2015)

HERENCIA


Su padre se había dedicado al contrabando. Todo lo prohibido había pasado por sus manos y luego vendido. Un día lo detuvo la policía federal con un cargamento de mota y lo metieron a la cárcel. La sentencia fue tan dura que necesitaría otra vida para pagarla. Por eso sus hijos crecieron sin él y no podían visitarlo, porque había quedado lejos de casa.

Así enfrentaron la dura vida, la corteza gruesa y roñosa del guayacán, junto con su madre. De muy niños hacían mandados a los vecinos, luego fueron paqueteros en tiendas, farmacias y supermercados, y lavaron carros. Trabajaban y estudiaban. Su madre les repetía pónganse a chambear duro, dedíquense a estudiar, no quiero que terminen como su padre. Ellos solo escuchaban y pujaban. Un sí amá, no más para que no renegara.

Su padre era un ausente, una sombra, un fantasma. Un recuerdo, una sonrisa de papel, una vieja fotografía que de tan gastada parecía como esa memoria achicada, distante, casi inexistente e imperceptible: memoria en sepia. Un nombre, una referencia, alguien que había estado a ratos, de paso, sin heridas ni trofeos, por sus vidas de infancia y corteza de roca volcánica.

Un vecino, a quien seguido le lavaban la camioneta, le pidió a uno de ellos que lo acompañara a dar unas vueltas. Con tal de subirse a esa fiera en celo, marca Silverado, aceptó. Poco discreto, el vecino se puso a patinar sobre el asfalto en uno de los cruceros y fue donde lo atoró un convoy del ejército.

Lo esculcaron con lupa. El tablero, bajo los asientos y detrás del respaldo. Las llantas, la caja, el motor y más allá. En un golpe de suerte escucharon un sonido hueco. Qué es esto. Mi capitán. Separaron la tapa y dieron con el doble fondo. Armas cortas y largas, cartuchos y ropa de combate, pecheras y granadas de fragmentación. El joven alegó que era inocente, que él solo iba de raite. El dueño de la camioneta pujó, resignado.

Los llevaron a la cárcel. Los metieron en un cuarto de cinco por seis, que compartían con ocho reos. Secuestradores, narcotraficantes, matones y asaltantes. Y él, que no paraba de llorar. En tiempo de frío le faltó cobija y en tiempo de calor enflacó más, deshidratado, insomne y con la piel tan pegajosa que era difícil separar del abdomen y pecho esa camiseta blanca y desgastada.

Una tarde, en la que el breve patio parecía un desfile de almas en pena, de presidiarios corvos y nauseabundos, un hombre que no había visto se le acercó. Yo conocí a tu padre. Él asintió, intrigado. Mira, él fue mi patrón y me dio a ganar mucho dinero. Levantó la mano, hizo un ademán y ordenó que lo atendieran. Le dieron al joven una celda de lujo, con tele con escai, aire acondicionado y cama con colchón ortopédico. Pensó que apenas había conocido a su padre. Sintió gratitud. Querencia. Gracias pá.


26 de junio de 2015

(RIODOCE/ COLUMNA"MALAYERBA"  de javier Valdez/ 29 de Junio 2015)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN… A MALANDROS


La detención de un presunto operador del Cártel de Sinaloa, ahora Rubén Genaro Roacho Aros, Genaro Payán Aros o como se llame, vuelve de nuevo a salpicar al Gobierno del Estado.

La Marina Armada de México solo dio un pellizco al cártel más poderoso del mundo, pues el detenido es un operador de poca monta, pero también aprehendió a tres de sus custodios, que son policías activos de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos a la Dirección de Servicios de Protección (DSP), organismo que vende servicios de seguridad a empresas y personas.

Así que el golpe (¿sin quererlo?), fue más para el Gobierno estatal que para el Cártel de Sinaloa, entidades, una y otra, que se entrecruzan en diversos momentos y ámbitos desde hace lustros.

Detienen a Joaquín Guzmán Loera en un edificio de condominios en Mazatlán, y resulta que ahí mismo tiene un departamento un operador del Cártel, Antonio Mandujano Eudave, que meses después es detenido en España. Luego sale a la luz que el gobierno estatal le había vendido a este mismo personaje un terreno en el Parque Bonfil, donde el “empresario” construyó unas bodegas.

La semana antepasada detiene la Marina a Mauricio Gaxiola Hernández en Isla Paraíso, operador financiero del mismo cártel, y se tiene que en esa misma torre tienen condominios varios funcionarios estatales o, al menos, reconocido por ellos mismos, es uno de sus lugares para descansar. Demasiada coincidencia en un mundo tan desconfiado.

Desde hace muchos años la Dirección de servicios de Protección se ha visto involucrada en actividades turbias, no solo relacionadas con el ámbito estrictamente policiaco, sino también administrativo, denunciadas en su tiempo ante el Congreso del Estado, evidenciando al manoseo de los dineros que ingresan a esta dependencia por los servicios que presta.

El primer aviso de la oscura relación entre esta dependencia y el narcotráfico ocurrió en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, cuando fue asesinado el narcotraficante Víctor Portillo, un hombre oriundo de Los Sitios, Badiraguato, que había hecho “empresa” en el centro de Sinaloa, fundando, entre los negocios que se le conocieron, la “Agrícola Portillo”.

Al narcotraficante se le daban las relaciones públicas. Se unió familiarmente con más de algún prominente miembro de la clase política y fue de los primeros en obtener beneficios del Gobierno estatal, a través de la Dirección de Servicios de Protección, algo que al final no le sirvió de gran cosa. Una mañana fue levantado junto con dos escoltas que pertenecían a esta dependencia. Los tres aparecieron muertos ese mismo día.

Había adquirido, en el mismo sexenio de Juan Millán, múltiples propiedades en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, que quedaron a nombre de su esposa e hijos. En una de ellas construyó un edificio de departamentos ubicado por el bulevar Francisco Labastida, a unos metros del puente Morelos.

Y quién sabe si sea mera casualidad, pero durante años Juan Sigfrido Millán Lizárraga tuvo en el tercer piso de ese edificio un departamento que usaban él y su hermano Enrique.

No hay pudor. Cuando Mario López Valdez ganó la gubernatura, el mismo departamento le fue prestado por el ex gobernador al actual secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, quien estuvo viviendo ahí ya como funcionario público, hasta que encontró acomodo en otro lugar.

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La Dirección de Servicios de Protección nunca ha sido cuestionada como tal, por su   existencia misma, sino, en algunas ocasiones, por la turbiedad con que se ha manejado sus operaciones. Ni por el Congreso del Estado. Los empresarios que se dedican a vender seguridad tampoco, aunque pudieran alegar, por lo menos, competencia desleal. Y es que, en su mayoría, muerden de una y otra forma la reglamentación que las rige, compensadas sus fechorías con sobornos a la Secretaría General de Gobierno.

Tenía poco de haber asumido la gubernatura Jesús Aguilar Padilla, cuando otro hecho alertó sobre la mugre que habitaba la DSP. El 13 de julio de 2005, cuando circulaban por la avenida Álvaro Obregón, entre Constitución e Ignacio Ramírez, en Culiacán, fue muerto el narcotraficante Julio César Beltrán Quintero. Lo acompañaban cuatro elementos de esa Dirección quienes también fueron asesinados. Pero salvo el cambio de director, Juan Manuel Zarco, no hubo ningún cambio. Un año después el Ejército detendría a cuatro policías de la misma dependencia custodiando un camión con 35 kilogramos de “cristal” y dos de cocaína. En otro hecho tempranero del sexenio, agentes de la DSP fueron involucrados en la fuga de nueve reos del penal de Culiacán, cuando se introdujeron, dizque a una revisión. Los reos salieron vestidos de policías.

BOLA Y CADENA

HAY MUCHOS ELEMENTOS MÁS para cuestionar la existencia de la corporación. El 20 de agosto de 2010 fue muerto a tiros Jorge Murillo Espinoza, director de la DSP. Lo masacraron a él y a sus tres escoltas, cuando circulaba por la avenida Lázaro Cárdenas, a solo tres cuadras de la Unidad Administrativa. Nunca se explicaron los móviles del atentado y menos se castigó a los responsables.

SENTIDO CONTRARIO

EL VERBO DE MODA EN SINALOA es “destapar”, por aquello de los llamados destapes y autodestapes, que han caído como una plaga en la vida política de la entidad, bochornoso espectáculo en un momento en que los políticos debieran mostrar, aunque sea por mera pose, un poco de pudor. Los métodos son ahora irrisorios y hasta extravagantes, como esas tarjetas de descuento de la diputada Francisca Corrales. ¿Qué sigue?

HUMO NEGRO

POR LO PRONTO, EL PARTIDO SINALOENSE afirma sin rubor que su único candidato a la gubernatura es desde ahora su líder, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Falta mucho para que esto se defina. Lo que parece ya un hecho es que el PAS, si va en alianza, podría convertirse en 2016 en el fiel de la balanza.


(RIODOCE/ COLUMNA “ALTARES Y SÒTANOS” de Ismael Bojórquez/ 28 junio, 2015)