PADRÓN DE APOYOS AMAÑADO, ACUSAN PESCADORES

Inconformes con el padrón de beneficiarios por la veda para proteger la vaquita marina, alrededor de 500 pescadores afirman que fueron excluidos por compadrazgos de las federaciones de pescadores. SAGARPA reconoce irregularidades y, afirma, aún se puede pulir la lista

Cientos de pescadores exigen ser integrados al padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de quedar fuera de la compensación económica derivada de la veda implementada en el Alto Golfo de California para la protección de la vaquita marina, especie en peligro de extinción.

Sin embargo, la polémica se desató porque los 500 pescadores que quedaron fuera, afirman que la mayoría de las personas que están en el padrón, no tienen nada que ver con la cadena productiva.

Advierten que la veda implementada por el Gobierno de la República, decretada en abril de 2015 y originada por presiones de organismos ecológicos internacionales, tendrá mayores repercusiones de las que se estimaban en un principio, ya que poblaciones como San Felipe y el Golfo de Santa Clara dependen de alguna manera de la pesca.

Con la prohibición de la pesca ribereña, cientos de  familias tendrán que emigrar o buscar la manera de sobrevivir en condiciones precarias, ante la falta de alternativas económicas, ya que en esas zonas no existen oportunidades de empleo.

El grupo de pescadores que se dicen afectados,  acusa “posible fraude de las federaciones de pescadores, quienes dejaron fuera de la lista a sus trabajadores para integrar a personas cercanas”.

Según estimaciones de estos trabajadores del mar, el padrón de compensaciones económicas otorgadas por el Gobierno de la República se encuentra fuera de la realidad y, sostienen, solo una de cada siete personas, son pescadores o se encuentran en la cadena productiva.

El representante Jorge Isaac Navarrete Guzmán, expuso que el padrón los dejó fuera, por lo que piden la intervención del Gobierno Federal para que los incluya, pues muchos de ellos, son personas que no saben hacer otra cosa que pescar.

Incluso ante las carencias economías que se han presentado por la veda, aumentaron los robos, derivados de la desesperación de algunas familias para poder subsistir.

“Reclamamos ser incluidos en la compensación, hay muchas personas que se han dedicado toda su vida a la pesca o a la compraventa de pescado, y nosotros creemos que hubo irregularidades en la dispersión del recurso; algunas personas que están en las federaciones se aprovecharon”, señaló Navarrete.

“De los que fueron beneficiados indebidamente, creemos que fueron muchos, porque personalmente acudí a verificar las filas que acudieron a recibir las tarjetas y no reconocí a ninguna de las personas que estaban ahí; hay muchas que no son de San Felipe, y otras que no tienen nada que ver con el sector pesquero” acusó Navarrete Guzmán.

Pero no son los únicos. Josefina Aguirre, representante de la comunidad del Golfo de Santa Clara, comentó: “Nos afectó el cierre de la pesca a toda la comunidad, nos dejaron sin nada porque se está esperando una compensación que muchos la tienen y otros no la tienen, entonces, no sabemos qué va a pasar con la gente que no ha recibido compensación”.

Para el biólogo Agustín Sánchez, representante de la misma comunidad pesquera, toda la población resultó afectada por la veda, al dejarlos fuera de las bolsas compensatorias, como en el caso de los adultos mayores que  recibían un beneficio indirecto de la pesca.

Indicó que al acabarse la pesca dejaron de percibir ingresos adicionales y no fueron contemplados, al encontrarse en el programa 65 y Más, pero el ingreso es muy poco.

FEDERACIÓN REVISA LISTADO DE BENEFICIARIOS

Por su parte, Matías Arjona, secretario de Pesca y Agricultura, consideró que la dependencia estatal se encuentra abierta a revisar los padrones y reconoció la existencia de diversas irregularidades.

“La Secretaría de Pesca ha estado muy pendiente de este procedimiento para ejecutar una veda de este tipo, realmente es histórico, y es la primera vez que se da por tan largo tiempo; hemos estado muy pendientes de que el padrón que se utilice para este plan de compensación sea el más adecuado”.

Agregó que junto con SEMARNAT, SAGARPA y SEDESOL, son los encargados de definir el padrón, por lo que se tendrán que coordinar para revisar las condiciones de las personas que se dicen afectadas.

“Definitivamente hay algunos que no deben estar, se han detectado otros que sí deben estar y es lo que se ha estado haciendo ahorita con estas dependencias federales, junto con la Secretaría de Pesca, se ha estado revisando este padrón y se debe afinar; no debe haber ningún problema” informó Arjona.

El titular de Pesca y Agricultura manifestó ante la prensa desconocer los números exactos de las personas de no deben figurar en el padrón, aunque en Sonora -donde también hay veda- se han presentado mayores irregulares.

“En Baja California son relativamente pocos, yo me atrevo a decir que en Baja California debemos dejar ese padrón bien afinado, y es en lo que vamos a poner todo el esfuerzo”, reiteró.

Según Arjona, desconoce si se vendieron cartas, las cuales otorgaban las federaciones de pesca y daban el derecho de estar en el padrón, pues no hay forma de comprobarse.

El funcionario concluyó que hasta el momento solo ha existido una entrega a 900 personas en Baja California, más otros mil 400 en Sonora, entre pescadores, permisionarios, de plantas, receptoras, maquila y transporte.

ESTADO TAMBIÉN BUSCA REGULARIZAR PADRÓN

Por su parte, el delegado estatal de la Secretaría de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Guillermo Aldrete Haas, reconoció que mantienen pláticas con varios grupos de pescadores para regularizar el padrón.

“Soy de la opinión de que si los padrones no están con la gente que debe ser, que se revise entre SAGARPA, CONAPESCA, SEMARNAT y SEDESOL, se verifique quién debe y quién no debe estar, esa es mi opinión; hablé yo a Mazatlán con CONAPESCA, les hablé de las irregularidades que manifiestan algunas personas y vamos a platicar con las diferentes autoridades para ver qué vamos a hacer. Lo que sí te digo es que existe la voluntad y la idea de que lo que esté mal, se corrija”.

— ¿Cuántos casos han detectado?

“Han sido mucho los casos, pero no se han revisado, lo que tenemos que hacer es revisar, ver el padrón, revisarlo”.

— ¿Y las más de 400 personas que dicen dejaron fuera, realmente eran pescadores?

“Yo pienso que no todos, aquí hay muchas cosas que tenemos que pensar, en que todas esas gentes que reclaman no necesariamente merecían la compensación, o no necesariamente eran el perfil para recibirla. Lo que sí me queda claro es que eran pescadores libres que de alguna manera, al no pescar, se provoca algún efecto social negativo, y que tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a trabajar”.

— ¿Podría haber acciones legales contra las personas que se apuntaron al padrón sin ser pescadores?

“La verdad que en eso no te puedo decir si pudiera haber acciones legales, porque podrían ser por omisión, equivocación y no de mala fe, estamos convencidos de que la revisión nos va a dar el resultado al que aspiramos, saber quiénes están, quienes no deben estar y que se tiene que corregir”.

— ¿A cuánto asciende el apoyo que van a distribuir en Baja California?

“Son mil 80 millones de pesos para Baja California, tengo entendido”.

— ¿De cuánto son los pagos?

“Son pagos mensuales, ahorita ya se dio el primero, son como 30 mil pesos para cada permisionario, como 72 mil pesos anuales para algunos pescadores, eso es más o menos lo que hay. El próximo pago va a ser el primero de junio o julio”.

— ¿Han buscado alternativas para compensar…?

“Claro, nosotros estamos buscando probables alternativas que nos permitan darle trabajo o generar proyectos productivos para la gente que quedó fuera, porque la verdad, San Felipe su vocación es pescadora, el quitarles esa posibilidad de pescar es un verdadero problema, esperemos que en dos años esto se corrija y tengamos los implementos de pesca para no afectar lo que es la famosa vaquita (marina) y poder regresar a la pesca, que es algo cultural de San Felipe”.

AL CONGRESO DE LA UNIÓN

El tema ya llegó al Congreso de la Unión, donde el diputado federal Andrés de la Rosa Anaya, exigió ante el pleno de la Comisión Permanente que las dependencias federales SAGARPA, CONAPESCA Y SEDESOL, incluyan a los pescadores del puerto de San Felipe que quedaron fuera del padrón.

El legislador federal indicó que esta grave omisión ha motivado la manifestación pública de los pescadores en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Mexicali, dada la posición desventajosa en que se encuentran para poder llevar sustento a sus familias.

De igual manera, advirtió la problemática que pudiera representar la veda, debido a que San Felipe tiene solo dos actividades económicas preponderantes, el turismo y la pesca, por lo que lamentó que hasta el momento no exista una respuesta que satisfaga a los pescadores.

Para concluir, advirtió que podría generar otro tipo de acciones por parte de los pescadores y que afectarían el bienestar social, como bloqueos a las vías de comunicación.

(SEMANARIO ZETA/ Sin reportero asignado /   01 de Junio del 2015 a las 12:00:28)

AMENAZAS A VALENCIA DE EL MEXICANO

En una mezcla de policías, funcionarios, periodistas y bandas criminales, en mayo de 2015 la familia de Eligio Valencia Roque recibió cuatro afrentas: un mensaje del narco contra el amigo de su hijo menor, el asesinato de su hijastro y agente del Ministerio Público, y dos narcomantas amenazando a uno de sus hijos y firmado por “CTNG”. De ningún hecho, el también líder de la CTM presentó denuncia. Su hijo fue sacado del país

La familia Valencia, la de Eligio Valencia Roque, propietario entre otros negocios del periódico El Mexicano, ha recibido en las últimas tres semanas, por lo menos dos amenazas.

A pesar de que una de las alertas criminales fue dejada junto a tres cabezas decapitadas, y otra en una bolsa acompañando el cuerpo de un hombre herido, ni del diario El Mexicano, ni de la familia Valencia, ha habido un posicionamiento al respecto.

En entrevistas extraoficiales, ZETA fue enterado que tampoco presentaron denuncia contra quien resulte responsable, ni alertaron a organismo alguno de defensa de la libertad de expresión y de los periodistas.

De hecho, de las amenazas y el asesinato de un hijastro de Eligio Valencia Roque, no se publicó información en El Mexicano.

En efecto, presuntos miembros del narcotráfico, a saber de las autoridades en el Estado, del lado del Cártel Arellano Félix, han enviado mensajes. Un cartulina con amenazas a un allegado al diario, una narcomanta con amenaza directa, y el asesinato del agente del Ministerio Público, Omar Fernando Vázquez Hidalgo, a decir de los trabajadores del diario, hijastro del también líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Con los mensajes de los criminales a los propietarios del diario, la autoridad, aun sin investigación oficial, ha ido armando una historia que gira alrededor de jóvenes ligados a bandas de narcotraficantes y policías corruptos. Destacan tres nombres: Eligio Valencia López, Iván Villegas y Omar Fernando Vázquez Hidalgo.

Además, las ligas de éstos con funcionarios del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, como Roberto Karlo López y Antonio Valladolid, coordinador de Comunicación y secretario de Finanzas, respectivamente, quienes dada la fraternidad con Eligio Valencia Alonso y su padre, habrían intercedido ante la Procuraduría para velar por la seguridad de los referidos posterior a la amenaza.

Otra parte de la investigación indica que en 2014, Francisco Vega de Lamadrid, tanto los Valencia y colaboradores del gobernador, como Valladolid, intercedieron para la contratación de Vázquez Hidalgo como agente del Ministerio Público, luego de que había sido policía ministerial y detenido en 2009 por sospechas de nexos con el narcotráfico.

El cuadro de relaciones peligrosas entre policías corruptos, periodistas, políticos y funcionarios, culminó en mayo de 2015 con las amenazas a los Valencia, el asesinato del agente y el autoexilio de Eligio Valencia López hacia los Estados Unidos, adonde llegó con la protección de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, a petición de cercanos al mandatario Vega de Lamadrid y la familia de Eligio Valencia Roque.

De la salida de Valencia López del país, aun cuando ocupa la suplencia de una candidatura a diputado federal, la dirigente estatal del PRI -partido al que pertenece y representa Valencia- Nancy Sánchez, dijo a ZETA:

“Como dirigente, como partido, lo que puedo decir es que ahí están las autoridades, que investiguen, es un tema muy delicado, a mí no me corresponde, ni a mí ni al partido.

“Preocupación tengo, por supuesto, pero no me compete a mí emitir ninguna declaración, es algo delicado y la autoridad primeramente debe brindar protección y hacer la investigación pertinente”, remató la también ex compañera de fórmula de Eligio Valencia cuando, en 2012, contendió2 por la candidatura a senador.

LOS NARCOMENSAJES

El 13 de mayo de 2015, personas no identificadas abandonaron una hielera con tres cabezas humanas decapitadas en la Macroplaza. Junto al fatal hallazgo, los investigadores del Estado localizaron un mensaje del narcotráfico en unas cartulinas color verde fosforescente.

Decían:

“SIGUES TU JABAS, MARION, GRIEGO, JACK LES VA A PASAR LO MISMO POR CORRIENTES MATA INOCENTES SE LA VAN A PELAR LA VERG… CON LA GENTE ARELLANO MEJOR VALLAN Y PIDANLE DINERO A SU PAPI AQUILES PINCHES MUERTOS DE HAMBRE SI FUERAN TAN VERG… ESTUVIERAN AQUÍ EN TIJUANA ERES IGUAL Q TU HERMANO PINCHES NARCOS DEPRIMIDOS ESTO LE PASARA A TODOS LOS JOTOS Q ANDEN CON UDS. INCLUYENDO AL PERIODISTA IVAN VILLEGAS AL Q LE PAGAN PARA QUE NO SALGAN LAS BAJAS

ATT. LOS VERDEROS DUEÑOS DE LA PLAZA EL CAF SIGUE MANDANDO”.

A ZETA se comunicaron representantes de organismos de defensa y protección de los periodistas de Estados Unidos y México, para preguntar quién y dónde trabaja el “periodista Iván Villegas”. Tanto en las indagatorias de reporteros de este Semanario, como en las de corporaciones policíacas y de investigación de Baja California y Tijuana, no se localizó a periodista o reportero con el nombre de Iván Villegas en medios de la localidad.

Posteriormente fue público, a partir de una fotografía en redes sociales, que se trataba de un cercano a Eligio Valencia López, el hijo de 23 años de Eligio Valencia Roque, quien fue Regidor en Rosarito y delegado de la Zona Centro en el mismo municipio.

En la gráfica aparecen de pie, frente a la enorme bandera que preside la tribuna de la Cámara de Diputados federal, cuatro jóvenes, de los cuales se identifican tres: Eligio Valencia López, Iván Villegas y Fernando Vázquez Hidalgo. El primero ya fuera del país por protección de su padre, el segundo amenazado por el narcotráfico y el tercero, asesinado el jueves 21 de mayo.

DOS NARCOMANTAS

El mismo jueves 21 de mayo a las 5:30 pm, se reportó el asesinato de un joven en la calle Piña de la colonia Felipa Velázquez. El muerto traía documentos y fue identificado como Alfredo Bravo Kino. Su cuerpo quedó tirado boca abajo, a un costado de un pick-up blanco. Testigos solo reportaron haber visto huir a un joven que parecía menor de edad, vestido de color negro.

En la  escena los investigadores encontraron ocho casquillos calibre 9 milímetros. Y les informaron que una persona había entregado a la familia del joven asesinado, una bolsa, que a su vez, éstos entregaron a los investigadores.

La bolsa, tipo las que proveen en los mercados y tiendas de autoservicio, contenía una manta de 1.50 metros de ancho por 4.32 metros de largo, en la que se lee:

“QUE? EMILIO VALENCIA DEL PERIODICO EL MEXICANO

Tampoco vas a sacar esta noticia ??????? poco con la miseria que te da a tu compadre AQUILES vas a salir del hoyo sigues tú y saca todas las bajas de esas lacrotas para que miren su gente ATT CTNG PRESENTE”.

Pasadas las ocho de la noche del mismo día, dos horas y media después, un nuevo reporte: balazos en la colonia Maestros al Sur de Tijuana. En el lugar, policías encontraron herido a Omar Miramontes González, de 31 años; un hombre que había sido detenido en cinco ocasiones por robo de vehículo. Tenía heridas en los hombros y le habían disparado seis balas calibre 9 milímetros. Sobrevivió.

Al ser interrogado, Miramontes explicó que esa noche estaba lavando su vehículo cuando desde afuera del cerco de su casa le habló una persona por su nombre: Omar; que él dio dos pasos hacia su interlocutor y se acercó. Parado de frente, el otro hombre plática con él durante alrededor de siete minutos, a pesar de que declara que nunca lo había visto ni lo conocía. Lo describió como persona de tez blanca, delgado, como de 25 años.

Ya en la plática -de la cual no refirió el tema-, Miramontes preguntó al desconocido, “¿Quién te mandó?”, a lo que su atacante respondió:

“Que estamos cortados con la misma tijera, aquí te mandaron una bolsa, si quieres te la pongo aquí para que veas que no traigo nada”.

Dijo a los investigadores que volvió a preguntar “¿Quién te mandó?”, pero el hombre no contestó. Solo escucho balazos y empezó a sangrar.

En el lugar, las autoridades localizaron otra manta de amenaza a los Valencia, exactamente igual a la anterior:

“QUE? EMILIO VALENCIA DEL PERIODICO EL MEXICANO

Tampoco vas a sacar esta noticia ??????? poco con la miseria que te da a tu compadre AQUILES vas a salir del hoyo sigues tú y saca todas las bajas de esas lacrotas para que miren su gente ATT CTNG PRESENTE”.

Concluyen los policías investigadores, que se trata de un Eligio Valencia y que el nombre Emilio fue un error como los muchos que aparecen, a veces de manera intencional, en las narcomantas. Y que por Aquiles, se refieren a Alfonso Arzate Arteaga “El Aquiles”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa, y enemigos criminales del CAF y ahora del Cártel Tijuana Nueva Generación.

Al análisis del mensaje se desprende que las publicaciones del El Mexicano no estarían informando de las bajas en el Cártel de Sinaloa. Lo que sí fue cierto, es que de la aparición del narcomensaje en cartulina, de las dos narcomantas y del asesinato de Vázquez, no hubo publicación en el diario propiedad de Eligio Valencia Roque, presidido por Eligio Valencia Alonso, y donde los criminales identificaron al político priista Eligio Valencia López.

TRES AFRENTAS EN UN MISMO DÍA

El jueves 21 de mayo, la familia Valencia recibió tres afrentas:

1. Una narcomanta en la colonia felipa velázquez.

2. El asesinato de omar fernando vázquez hidalgo, a quien en el periódico identifican como hijastro de eligio valencia roque.

3. Una narcomanta en la colonia maestros.

Ante los hechos, ningún miembro de la familia Valencia denunció los hechos ante la PGJE, Procuraduría General de la República (PGR) u organismo de defensa de periodistas alguno.

Lo que sí hicieron, a través de los colaboradores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fue solicitar protección de la Policía Ministerial para que el menor de ellos, Eligio Valencia López, fuera trasladado hacia la garita para cruzar a Estados Unidos y permanecer allá, protegiendo su integridad física.

La conclusión de la familia en referencia a que se trataba de Eligio Valencia López -el mensaje del narco dirigido a “Emilio Valencia”-, se debe a los hechos ocurridos anteriormente, cuando señalaron a su amigo Iván Villegas, a la fotografía que apareció de ambos, acompañados de Vázquez Hidalgo.

ASESINAN A “LA BARBIE”

Los ataques iniciaron a las tres de la tarde de ese jueves 21 de mayo. En la escena del asesinato de  Omar Fernando Vázquez Hidalgo “La Barbie”, las autoridades localizaron un video que muestra que en el ataque participaron por lo menos tres sujetos que iban en una camioneta tipo panel. Se observa que van al frente de su víctima en el paso vehicular que solo permite la circulación  de un auto a la vez,  y se dirige del crucero de la “5 y 10” hacia el Libramiento, rumbo al Sur de la ciudad.

Justó cuando Vázquez ya no podía maniobrar para salir -y ellos tenían el camino libre al frente-, frenan y lo obligan a hacer lo mismo. Bajan dos sujetos -uno vestido con camisa de camuflaje-, pero solo uno le dispara. Las balas entran de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, después los homicidas suben al auto y huyen.

Minutos más tarde se encontró una camioneta Ford Aerostar blanca, en las inmediaciones de la delegación Margarito Saldaña. Dentro había un arma calibre 38 -el asesinato se perpetró con una 9 milímetros- y una chamarra de camuflaje.

Un testigo dijo a la Policía que vio correr a un hombre rumbo al Grupo México, comunidad ubicada del otro lado de la vialidad y hacia allá se dirigieron; después detuvieron a un sujeto que presentaron como sospechoso. Era el dueño de la panel.

El individuo negó la propiedad de carro y su participación en los hechos, según su padre, lo sacaron de su casa cuando se estaba bañando. Ya en la PGJE resultó negativo a la prueba de Rodizonato y, al compararlo con el video, no coincidía con las características físicas de los atacantes de Vázquez.

Desde 2014, la víctima Omar Fernando Vázquez Hidalgo se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal. En sus declaraciones a la prensa, la procuradora Perla Ibarra informó que después de consultar los archivos en su función pública “no estaba  llevando ningún caso relevante”, con lo cual se desestima una línea de investigación por el lado laboral.

Extraoficialmente, elementos de la Procuraduría informaron que no era un empleado ni asiduo, ni aplicado a su trabajo.

 “No se le veía mucho”. Había llegado a ese cargo por recomendaciones de Eligio Valencia Roque a un secretario, y éste, a su vez al gobernador del Estado. En la Procuraduría lo identifican como “un aviador, no trabajaba, no se presentaba y, cuando venía, no tenía intención de hacer algo o aprender la labor ministerial”, refirieron a ZETA.

Vázquez Hidalgo fue ministerial hasta 2005, renunció cuando empezaron a investigarlo junto a un grupo de policías que, se presumía, servían al Cártel Arellano Félix.

En 2009, mientras trabajaba en el Ayuntamiento de Tijuana -también por recomendación de Valencia-, fue detenido con droga por la Policía Estatal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública lo señaló por sus nexos con el crimen organizado, pero salió libre en menos de 48 horas, sin cargos, cuando los propietarios del diario El Mexicano y la autoridad municipal intercedieron por él.

En 2014, Omar reingresó a la Procuraduría del Estado como agente del Ministerio Público, para lo cual “aprobó todos los exámenes de confianza” informó la procuradora.

Al cierre de esta edición, ningún miembro de la familia Valencia había interpuesto una denuncia o solicitado el apoyo de organismos de defensa de periodistas.

(SEMANARIO ZETA/ Rosario Mosso Castro /   01 de Junio del 2015 a las 12:00:38)

LA INTRIGA DE TANHUATO

Autoridades descartan masacre; primeros peritajes eximen a fuerzas federales de presuntos abusos. Human Rights Watch recomienda una investigación puntual. Hay dudas de la vinculación del grupo criminal abatido con el CJNG. El investigador Guillermo Zepeda advierte que la muerte de presuntos narcotraficantes a manos de militares va al alza, sin pasar por el sistema de justicia

Mientras funcionarios del gobierno federal aseguran que no hubo excesos en el operativo de la ranchería de Tanhuato, Michoacán, donde 42 presuntos delincuentes fueron abatidos por fuerzas federales y militares, y la Comisión Nacional Derechos Humanos participa en la investigación de lo ocurrido hace una semana, las dudas y las opiniones divididas persisten creando incredulidad en la sociedad.

Los resultados de los primeros peritajes de necropsia y balística practicados a los cadáveres de los presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el lugar de los hechos revelan que los disparos que mataron a los civiles fueron realizados a más de 200 metros de distancia.

Independientemente de las versiones extrapoladas de autoridades y de familiares de los fallecidos, organismos internacionales –entre ellos Human Rights Watch (HRW)– exigen al gobierno mexicano afinar las pesquisas desde un inicio para que no ocurra un “fiasco” como en las averiguaciones del caso Tlatlaya, donde soldados ejecutaron extrajudicialmente a presuntos criminales.

A siete días de la balacera en el rancho El Sol, en los límites de Michoacán con Jalisco, la mayoría de los cuerpos sin vida ya han sido reclamados y entregados a sus deudos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 18 de los occisos eran jaliscienses, tres michoacanos, dos del Distrito Federal y cuatro personas más eran habitantes de Aguascalientes, Sonora, Coahuila y Tabasco.

El dicho de que los ahora muertos estaban vinculados al CJNG fue obtenido por las autoridades federales de las declaraciones de dos de tres personas detenidas tras el operativo, calificado como exitoso por parte de quienes salieron victoriosos, aunque la forma de operar del grupo no se parezca a las ofensivas ocurridas semanas antes en los municipios de Ocotlán, San Sebastián del Oeste y Villa Purificación, en Jalisco.

Al catedrático Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, del ITESO, le preocupa el tema de la fuerza letal del Ejército Mexicano, pues investigaciones que ha realizado en los últimos años muestran que mientras las sentencias severas por delitos contra la salud van a la baja, las personas abatidas por militares van a la alza.

LA BALACERA EN TANHUATO

Los hechos no son claros desde el principio. Pues una de las versiones señala que los agentes federales investigaban la invasión de la ranchería por parte de un grupo delincuencial; la otra, destaca que federales y militares detectaron a sujetos armados afuera del rancho y los persiguieron al interior.

El escenario fue en kilómetro 371 del tramo de la autopista Guadalajara-Morelia, en la desviación a las Tinajas de Vargas. Eran aproximadamente las nueve de la mañana cuando los elementos operativos que viajaban en vehículos blindados fueron agredidos con armas de fuego y en respuesta incursionaron en un enorme inmueble, al mismo tiempo que solicitaron apoyo terrestre y aéreo.

Entre los primeros balazos, el arribo de un mayor número de más unidades y la aparición de un helicóptero Black Hawk artillado transcurrieron más de tres horas. En el sitio perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal. Varios presuntos sicarios huyeron con rumbo al cerro y otros tres fueron capturados ilesos.

Autoridades estatales y de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron 42 armas de fuego largas AK-47 y AR-15, un lanza cohetes, un fusil Barret calibre 50 y un arma corta, además de dos camionetas y seis vehículos calcinados.

Dos de los detenidos declararon pertenecer a la organización de “Los Guerrero”, supuestamente patrocinados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y enfrentados con La Familia Michoacana. A dicha célula criminal se le investiga por su probable participación en la ejecución del candidato por el partido Morena en Yurécuaro, Enrique Hernández, algunos días antes de este enfrentamiento.

Tras los primeros datos confirmados por la Comisión Nacional de Seguridad, en voz de su titular, Monte Alejandro Rubido, surgieron versiones de que a los fallecidos los masacraron sin ninguna oportunidad de defenderse. Algunas fotografías compartidas a través de las redes sociales a los occisos en una posición, sin armas, y posteriormente con postura modificada y armas a su lado.

En cuanto familiares de los finados lograron su identificación expresaron a través de medios de comunicación que sus parientes eran personas trabajadoras y no criminales, aunque coincidieron al señalar que no los veían desde hace varios meses y desconocían en qué consistía su trabajo.

LAS INVESTIGACIONES

Aún no se aclaran los hechos de Villa Purificación, Jalisco, donde el primero de mayo narcotraficantes derribaron un helicóptero del Ejército con saldo de nueve elementos muertos, y de la presunta respuesta de militares, que abatieron a ocho personas en las rancherías próximas al lugar de los hechos, cuando  ahora se registra un nuevo suceso en Tanhuato.

Desde el primer día y hasta la fecha, el gobierno federal descarta que federales y militares se hayan extralimitado en el cumplimiento de su deber y se trate de una masacre. El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, salió un par de veces ante los medios de comunicación para asegurar que las fuerzas federales respondieron al ataque de los civiles y solo los tres detenidos se rindieron.

Este jueves 28 de mayo, trascendió que los primeros resultados de los peritajes que realizan la PGR, con apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, corroborarían que no se trató de un exceso policial.

En resumen, la información destaca que los disparos de militares y federales fueron efectuados por lo menos desde 200 metros de distancia, desde diferentes alturas y con diversos calibres. Presuntamente, los cuerpos de las víctimas presentan en promedio dos balazos, no hay prueba de les hayan disparo a corta distancia y no tienen el llamado “tiro de gracia”.

Pese a lo anterior, la menguada credibilidad de las autoridades ha despertado la voz de diversos organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch (HRW), que sugirió a los representantes del Estado mexicano realicen una investigación puntual sobre los acontecimientos de la Tinaja de Vargas para evitar que se repitan casos como el de Tlatlaya.

El director gerente de para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, no vaciló al asegurar que “debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”.

Wilkinson destacó que la PGR debe adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos “se investiguen sin demoras y negligencia” para no repetir pesquisas como las de los militares en el Estado de México, calificadas como “un fiasco” y recomendó “convocar a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”.

 Dudas razonables

Además del posible exceso en el uso de la fuerza, que se dice, habrían incurrido los agentes al matar a los presuntos delincuentes, existen otras dudas, entre ellas su real vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, calificado por los gobiernos de Estados Unidos de América y de México como el más poderoso en la actualidad.

La reacción del presunto grupo criminal, identificado como Los Guerrero del Cerro, célula que anteriormente era relacionada con el Cártel de Sinaloa y comandada por un tal Jesús Guerrero y Luis “El Chureko”, no estuvo mínimamente relacionada con la operatividad mostrada en los ataques recientes a policías federales, estatales y militares.

De marzo a la fecha, las emboscadas en Ocotlán con la muerte de cinco agentes de la Gendarmería Nacional; en San Sebastián del Oeste, con 15 elementos de la Fuerza Única regional masacrados; y de Casimiro Castillo-Villa Purificación, con el derribo del helicóptero y nueve fallecidos de la milicia y la Policía Federal, motivaron una serie de declaraciones de autoridades y expertos en seguridad.

Primero fue el diario El País de España quien captó declaraciones de autoridades de Jalisco que afirmaron que los miembros del CJNG operaban con técnicas y tácticas de guerra como se demostró tras la agresión armada y con explosivos a los policías estatales en la sierra jalisciense.

Después, Wall Street Journal publicó que los integrantes del Cártel de Jalisco han recibido formación estratégica y paramilitar por parte de ex militares de México, Guatemala y Estados Unidos. La versión fue atribuida al Comisionado de Seguridad Pública estatal, Francisco Alejandro Solorio, a quien supuestamente intentó matar la misma organización criminal a finales de febrero. Se dijo entonces que kaibiles, ex miembros de élite del Ejército guatemalteco y veteranos de guerra dieron formación estratégica y paramilitar a los sicarios del grupo criminal.

Recientemente, la revista Proceso, dio a conocer que los sicarios del CJNG y Los Cuinis han sido formados en tácticas de asalto a militares por elementos de las FARC colombianas, de acuerdo a fuentes estadounidenses. La capacitación sería a ciertos mandos del clan delictivo durante sus visitas a campamentos de los insurgentes sudamericanos.

En el rancho El Sol, en Tanhuato, nada de lo anterior fue observado. Los supuestos delincuentes fueron sorprendidos y no hubo una reacción que mostrara el adiestramiento que se ha señalado, por ello, algunas voces han señalado que tal vez los abatidos no pertenezcan a la nueva generación, sino a la referida banda local de Los Guerrero sin nexos con el cártel jalisciense.

Las declaraciones de Monte Alejandro Rubido para descartar la masacre lo llevaron a decir que los agentes que participaron en la Tinaja de Vargas son gente preparada y capacitada de las fuerzas federales, mientras que los supuestos sicarios no tenían la adecuada preparación y los agarraron dormidos. Entonces ¿los gendarmes federales en Ocotlán, los policías de la Fuerza Única y los militares de Villa Purificación no estaban debidamente capacitados?

LA LETALIDAD DEL EJÉRCITO

El investigador Guillermo Zepeda Lecuona –con más de dos décadas de experiencia en temas de seguridad pública y justicia– expresó su preocupación por el tema de la fuerza letal del Ejército al referir que investigaciones muestran que “mientras las sanciones más severas en el ámbito federal, impuestas por un juez federal van a la baja, las personas abatidas en enfrentamientos con el Ejército van a la alza. Es una fuente criminal que no está pasando por el sistema de justicia”.

El académico aseveró que en los últimos ocho años –en los que se dice que hay una guerra en contra el narcotráfico– “curiosamente las sanciones de menos de un año de prisión por narcotráfico pasaron de cuatro mil a 16 mil y las sanciones de más de siete años de prisión, pasaron de tres mil 700 a dos mil 900; es decir, las penas pequeñas se cuadruplicaron y las penas severas tendieron a la baja”.

Zepeda Lecuona criticó la ley del menor esfuerzo con la que “el Ministerio Público prefiere los casos fáciles y eso es lamentable”, pues esa actitud abona a la impunidad y ése es el contexto en el que florece el crimen organizado como industria.

“La estrategia es muy importante, pero si el contexto de decisión política tiene atados los efectos y el impacto de estas políticas públicas, pues la impunidad se garantiza en el más alto nivel y dejan impotentes las acciones que en su diseño parecían acertadas”, señaló el investigador del ITESO.

Las propuestas de solución a la problemática no abundan, pero Guillermo Zepeda estima que “hay que apostar por las instituciones, fortalecerlas y para eso hay que depurarlas a fondo. Ojalá y se dieran casos como en Chile, como en Costa Rica, en que los casos de corrupción de más alto nivel exhibida, enjuiciada y sancionada, para terminar con estos cimientos carcomidos de la confianza pública y sobre todo el deterioro de las instituciones”.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA /  01 de Junio del 2015 a las 12:00:38)

SEPESCA ESPECULA CON PESCA DEPORTIVA

Autoridades limitan la cuota de captura de atún aleta azul o “bluefin” de 5 a 3 mil toneladas, para repartir entre tres grandes empresas exportadoras de Ensenada y castigaron a pescadores deportivos que solo pueden “capturar y liberar” la especie

En un escenario de aparente desigualdad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) acordó el 2 abril del 2015 racionar la cuota de captura de atún aleta azul o “bluefin”, de 5 a 3 mil toneladas, para repartir entre tres grandes empresas exportadoras de Ensenada. Al mismo tiempo castigó a pescadores deportivos que solo pueden “capturar y liberar” la especie.

El decreto firmado por el titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF), deja mal parado al Secretario de Pesca del Gobierno del Estado (Sepesca), Matías Arjona Rydalch, a quien acusan de tener intereses personales en la nueva disposición al formar parte del consejo directivo del rancho atunero Acuacultura de Baja California, una de las tres que tendrán derecho a extraer aleta azul.

El tonelaje de captura se repartirá entre las concesionarias Acuacultura de Baja California, Servax Bleu y la empresa de Estados Unidos y Baja Aqua Farm. Aunque oficialmente el titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Mario Sánchez Aguilar no reveló de cuánto es la cuota por empresa se sabe que dos barcos atuneros pidieron despacho a Capitanía de Puerto para salir a capturar, y se espera la llegada de otros dos en el curso los siguientes días. 

Según el cálculo científico, el 84 por ciento del daño a la población de atún aleta azul lo hace Japón y Corea, que año con año mata entre dos y tres millones de atunes, de los cuales más del 80 por ciento son organismos de aproximadamente 30 centímetros de longitud o dos kilogramos y medio.

ORIGEN DE LA CUOTA

Michel Dreyfus León, encargado del Fideicomiso de Investigación para el Desarrollo del Programa Nacional de Aprovechamiento de Atún y Protección de Delfines (Fidemar) explicó que el atún aleta azul, del Pacífico norte, es un recurso pesquero compartido que se distribuye tanto en el Pacífico occidental, en Japón, Corea, Taiwán, así como en Estados Unidos con un poco de pesca deportiva y comercial en California, así como en Baja California.  

Las dos vías –occidente del Pacífico y la parte oriental– son operadas por dos organizaciones internacionales de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), donde sobre las medidas de manejo para esta zona México tiene acuerdos para discutir y aprobar en el seno de la comisión medidas para los atunes, en este caso las vedas del atún aleta amarilla.

En este caso, el aleta azul tiene la particularidad que comparte con dos áreas y dos comisiones y si una toma medidas diferentes a las locales, deriva en conflictos que a su vez generan un problema de manejo.

La cuota, abundó el investigador, surge después de realizar varias evaluaciones del recurso a través del Comité Científico Internacional para Atunes y Peces Afines del Pacífico Norte.  “Ahí es donde nos reunimos científicos de estos países, con la información, datos que generamos e indicadores de abundancia, que iniciamos en el 2006, cuando uno de los resultados fue que el recurso estaba sobreexplotado”

En esa época empezaron a surgir medidas de manejo; en 2001 se empezó a fijar para Ensenada una cuota 5 mil toneladas por año. No obstante en el 2012 se realizó otro estudio que arrojó resultados desfavorables para la industria, “el recurso está sumamente sobreexplotado y necesitamos medidas más drásticas”, calificó.

Los atunes se reproducen en verano y en aguas al sur de Japón, entre Taiwán y Japón, donde crecen las lavas hasta convertirse en juveniles pero algunos de un año de edad migran al mar de Baja California, regresando a los 2 o 3 años de edad.

Para el científico, si México respeta las medidas los primeros resultados se verán en el 2018, pero depende de varias cosas, sobre todo que lo que hagan el resto de los países como Estados Unidos y Japón.

“Si no hacen los suficiente del otro lado, todo este atún que no pescamos en México al fin de unos años migra y regresa a Japón, y si allá sí lo van a pescar, único que estaríamos haciendo es beneficiar a la pesquería japonesa en lugar de beneficiar el recurso, por eso necesitamos el mismo nivel de fuerza”, puntualizó.

Se calcula que los estadounidenses dedicados a la pesca deportiva extrajeron 800 toneladas de “bluefin” en el 2014.  Lo que equivale al 15 por ciento de la cuota anual para México.

DESACATAN PESCADORES DECRETO

Para Sergio Palafox Maldonado, representante de Armadores de Pesca Deportiva en Ensenada, la nueva reglamentación de “capturar y liberar” es como jugar un partido de fútbol “donde después de varios minutos de partido, a la hora de meter el gol, pateas hacia atrás el balón para dejar ir el triunfo”.

Para pescar un ejemplar de atún “bluefin” hay que salir a las doce de la noche del muelle de Ensenada, navegar por seis horas mar adentro a una velocidad de unas 7 millas por hora hasta la zona donde está la corrida del pescado, con un tiempo de troleo de seis horas, para regresar a las 12 del día a tierra firme, antes del anochecer.

El atún es una especie que se cuida sola, por lo que el reto es lograr que muerda la caña y cuando esto sucede la persona puede luchar hasta una hora con su presa, hasta subirla al barco, si es de talla chica “no hay más remedio que regresarla al mar”, pero si es un adulto es “un gran trofeo”.

Sobre la posibilidad de acordar una cuota en específico con Conapesca para los pequeños pescadores el dirigente dudó. “Mira, si decimos que sí será como reconocer que estamos de acuerdo con la medida y tendremos que estar pidiendo ‘chichi’ cada año. No, no, no lo podemos hacer”, replicó en tono molesto pero confiado.

“Por derecho y antigüedad, nuestras familias tienen más de 70 años en la actividad, hemos generado derechos, si aceptamos estas nuevas medidas es como estar de acuerdo con ellas y no lo haremos, seguiremos pensando como siempre lo hemos hecho”, advirtió.

Palafox Maldonado calificó de “incongruente” la disposición establecida por el gobierno federal a la petición de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) porque no existe información que sustente el volumen de captura. La afectación en Ensenada es para 60 barcos dedicados a la pesca recreativa que son tripulados por dos personas cuyas familias dependen de la actividad, en gran medida del “bluefin”, único en las aguas del Pacífico.

Advirtió que esto no es un “juego” y que la Conapesca no está para adueñarse de los recursos del mar sino para administrar y hasta el momento no ha demostrado transparencia en cuanto a la publicación de las cuotas.

“Así como los trabajadores y propietarios de las grandes empresas necesitan comer, nosotros los pequeños y nuestras familias también necesitamos, es para nosotros una falta de respeto que no se nos haya considerado como un sector que depende del atún aleta azul”.

Se calcula que el 90 por ciento del atún aleta azul que se desarrolla en los campos atuneros en Baja California se exporta a países asiáticos donde el pescado es el alimento principal para sus habitantes, pero estos hábitos alimenticios provocan la sobreexplotación y al mismo tiempo el desabasto. Este fenómeno ha obligado a las comercializadoras a recurrir al pescado de cultivo.

En el mercado local el kilogramo de atún está por encima de los 100 pesos, mientras que el de exportación está por debajo del precio comercial. La pesca comercial que en el Pacífico mexicano incluye la pesca deportiva que realiza Estados Unidos representa un 16 por ciento del impacto total a la población marina.

ACUSA TUNAMAX A TITULAR DE SEPESCA

El apoderado legal de Tunamax S.A. de C.V., Raúl Villela Camargo acusó en un comunicado de prensa al Secretario de Pesca Matías Arjona Rydalch de marginar su empresa del proceso para establecer la cuota de captura de 3 mil toneladas de atún aleta azul para la temporada 2015.

En el documento señala que luego de que la CIAT acordó junto con la Conapesca, la reducción de las cuotas de captura para México en el océano Pacífico, Tunamax no ha sido incluida y señala a Arjona como el presunto responsable de estos hechos.

Precisa en la información que se han incluido a Servax Bleu, Baja Aqua Farms y Acuacultura de Baja California S.A. DE C.V. (ABC), pese a que Tunamax tiene operando 4 años la captura y engorda de aleta azul.

En su crítica, Villela Camargo asevera que esto podría obedecer a que Arjona Rydalch además de ser Secretario de Pesca de Baja California es el administrador único a la empresa ABC. El directivo puntualizó que en el proceso a su empresa la hicieron a un lado.

Sobre este conflicto Arjona Rydalch dijo desconocer que Tunamax tuviera intenciones de operar en el 2015.

NEGLIGENCIA DE SAGARPA

Entre otros señalamientos del sector de pesca deportiva, Gerardo Sánchez Córdova, presidente del Comité de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas de Ensenada, calificó de arbitraria la forma en que Sagarpa, Conapesca y Sepesca han tratado el tema de la cuota del atún.

La resolución que la CIAT plantea, abundó, es una recomendación al gobierno mexicano para que en los años 2015 y 2016 no superen las 6 mil 600 toneladas en captura de atún aleta azul entre los industriales y el sector de pesca deportiva, para el cual se estableció una reducción igual a la impuesta a los barcos comerciales entre el 20 al 45 por ciento.

El tema de “captura y libera” es controversial, dijo, “porque quienes lo ejercen lo hacen de manera recreativa y bajo una regulación establecida para que tenga un destino de alimentación que no busca el lucro y no para comercialización, por lo que imponerle a nuestra actividad esta normatividad inhibirá gravemente a nuestro sector”.

Resaltó que la CIAT abrió una cuota  de 600 toneladas como país cooperador del organismo a los Estados Unidos, las cuales son capturadas en aguas de Baja California, por lo que debe haber equidad e igualdad en las regulaciones.

“Es por esto que ya estamos haciendo un llamado a todos los afectados, para que de manera organizada y luego de diversas reuniones, hagamos valer nuestro derecho a trabajar sin la intromisión de medidas que ilegalmente atentan contra nuestra capacidad y voluntad de ejercer nuestra labor”.

ARRASAN CON SARDINA PARA ENGORDAR EL ATÚN

El jurel es la atracción principal de Isla de Cedros. Cada semana decenas de pescadores, la mayoría de Estados Unidos, Alemania y un mínimo de México, compran paquetes de entre 25 a 30 mil pesos para realizar pesca deportiva en una zona donde hasta el 2012 era factible encontrar un espécimen adulto.

El representante de la Pesca Deportiva en Isla de Cedros, José Ángel Sánchez, mencionó que los residentes del poblado conviven a diario con los barcos que rodean la ínsula en busca de la mancha de sardina, pero en su paso, acaban con especies de alto valor comercial como el pez dorado, atún aleta azul, aleta amarilla, que se alimentan también de la sardina. La pesca incidental es otro problema, que son todas aquellas especies que se quedan atrapadas en las redes, y cada embarcación tiene una cuota permitida.

Reveló  Ángel Sánchez  que algunos de los barcos pertenecen a la empresa administrada por el Arjona Rydalch, y aunque el secretario reconoce el problema no han podido obligar a los navíos a que limiten sus áreas de captura lejos del litoral.

“Es injusto que el dinero que reciben esas empresas no se quede en la isla y que se vaya a Mazatlán, Sonora y otros estados. Es como apedrear a Goliat”, describió con gestos de desaprobación.

La propuesta de los cinco empresarios que se dedican a la pesca deportiva en la Isla de Cedros, es que la Comisión Nacional de Área Natural Protegidas (Conanp) reconozca las islas de San Gerónimo, San Martín, Benitos, Coronado, Cedros y Todos Santos, como zonas de protección como lo hizo con Guadalupe.   

La actividad recreativa representa el sustento económico para 30 familias que residen en la isla, y que por su ubicación a más de 900 kilómetros hacia el sur, con solamente dos vías de acceso, aérea o marítima, están relegados. No hay agricultura, ni ganadería, ni negocios de gasolineras, gaseras o supermercados para los 4 mil habitantes que en su mayoría trabajan en la salina y el resto en la cooperativa de abulón.

Las empresas dedicadas a la pesca deportiva son Zam-mar, Cedros Adventure, Cedros Sport Fishing, Cedros Outdoor y Fish and Hunt Baja.

REPELE SEPESCA ACUSACIONES

Arjona Rydalch objetó sobre los señalamientos hechos por la empresa Tunamax, y aunque no negó su relación con la empresa ABC, reiteró que la Sepesca no es la responsable de fijar las cuotas de captura, mientras que en el caso de la pesca deportiva está en gestiones para que permitir una cuota de por lo menos 3 toneladas.

“Que se haga una excepción y que los pescadores, armadores, solamente de Baja California, se les asigne alguna cuota para que puedan capturar, porque no creo que afecte a la población aleta azul si se otorga una pequeña cuota de capturar con permiso de pesca deportiva y el estado no pierda esa derrama de aficionados”, ostentó.

Todo emana de un decreto que firmó Martínez y Martínez los primeros días de abril tras una recomendación que la CIAT hizo a los 16 países que colindan con el Pacífico, donde se acepta una reducción en la cuota de 2013 y 2014, que había sido de 5 mil toneladas anuales.

“Derivado de estas tres mil toneladas varias empresas que tienen una concesión para cultivar atún aleta azul, desconozco cuántas sean las que tienen permiso; solo Conapesca sabe quiénes sí y quiénes no tienen una concesión”.

Delegó la responsabilidad a Conapes como la autoridad federal que debe distribuir y generar ordenamiento pesquero, por eso previamente realizaron estudios y tuvieron varias reuniones con las empresas para definir la distribución, explicó el funcionario.

“Todas las empresas van a realizar una pesca responsable, solo lo que les corresponde a las tallas, y que les está recomendado. Irresponsable es pescar ejemplares pequeños de menos de 15 kilogramos, es una medida para que la especie se vaya repoblando porque está sobreexplotada. Éste es un esfuerzo y por eso si nosotros estamos aceptando una reducción a la cuota altamente migratoria, debe haber un esfuerzo en conjunto para que los países logren la recuperación de atún”.

En el Atlántico, ejemplificó, implementaron una medida similar hace tres años y ya hay un efecto positivo.

Sobre la pesca irracional de sardina en Isla de Cedros, por parte de las empresas de los ranchos atuneros que la utilizan para engordar túnidos, opinó que los barcos capturan cerca de la costa porque la Ley se los permite. “Ahí lo que tienen que hacer es trabajar con la autoridad federal para que directivos de las cooperativas tomen medidas con sus barcos y si ellos me piden apoyo, yo los apoyo, que se acerquen”, invitó.

El secretario se extrañó de esta situación ya que en este ejercicio fiscal hay recursos económicos para la pesca deportiva de Cedros, “hay obra de infraestructura pesquera, una red de frío para darle valor agregado, tanto comerciales y pesca deportiva, equipo”.

AQUAFARMS RESPALDA LA MEDIDA

Benito Sarmiento, director general de Baja Aquafarms en Ensenada, expresó que México enfrenta un gran compromiso para convertir la engorda de atún aleta azul en un modelo de manejo y aprovechamiento para no depender de los juveniles de atún de las poblaciones naturales.

El 21 de mayo el empresario se pronunció a favor de las nuevas medidas a través de un comunicado. Resaltó que países como Japón, Australia y España han desarrollado técnicas para el cultivo de atún aleta azul bajo un ciclo cerrado y ésos son los pasos que debe seguir México para darle sostenibilidad y sustentabilidad a la actividad.

Refirió que actualmente las empresas responsables deben atender como prioridad el tema de la sustentabilidad bajo el mejor manejo y aprovechamiento del recurso, y no solamente considerar el volumen de extracción del mismo.

Resaltó que México es el único país que cuenta con un programa permanente de observadores a bordo de los barcos que generan los registros de captura del 100 por ciento de los viajes.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/Lorena Lamas /  01 de Junio del 2015 a las 12:00:45)

VIOLENCIA EN EL PONIENTE DE MEXICALI, MATAN A MINISTERIAL

La ejecución del agente ministerial, Carlos Fabián Torres García se presentó en una de las zonas con mayor incidencia delictiva, sin pareja ni chaleco antibalas fue sorprendido por sus atacantes, dos delincuentes reincidentes de la zona que también balearon a dos empleados

Es el poniente de la ciudad de Mexicali, específicamente en Valle de Puebla, una zona en donde se concentra el 20 por ciento de los delitos del municipio y que mantiene un alto índice de robo a comercio.

En este entorno se dio el asesinato del agente ministerial adscrito a la unidad de robos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Carlos Fabián Torres García de 27 años de edad, dos ladrones armados lo balearon. Ambos sujetos ya estaban identificados por la autoridad estatal porque se les vincula con otros robos violentos en la misma zona.

Eran las 9:15 de la mañana del martes 26 de mayo del 2015 cuando dos empleados de una casa de cambio “El Rey centro cambiario” ubicada en el fraccionamiento Valle de Puebla se preparaban para abrir el negocio, en ese momento dos sujetos con armas cortas se les acercaron y los amagaron con matarlos si no abrían la caja fuerte que tenía las ganancias del día anterior.

Los trabajadores se opusieron a entregar el dinero por lo que los asaltantes les dispararon, una bala para cada uno de los empleados que quedaron tirados en el suelo, mientras sus victimarios huían en una camioneta Jeep Gran Cherokee azul con placas de circulación de Baja California AKU-36-83 sin reporte de robo hasta el momento.

Los 2 heridos que recibieron disparo en el abdomen fueron identificados como Raymundo Gallegos Martínez de 21 años y Santiago García de 47 años, y fueron trasladados al Hospital General, García aún se encontraba en estado delicado en el último reporte médico, al cierre de la edición.

Los dos ladrones, se dirigieron rumbo a la carretera a San Luis Río Colorado y ahí fueron interceptados por el agente Torres García, quien fue sorprendido, al intentar detenerlos le dispararon logrando 2 impactos, uno el abdomen y el otro en una pierna del ministerial.

El agente de la PGJE  alcanzó a disparar en 2 ocasiones su arma de cargo pero no fue suficiente para repeler la agresión, herido, pudo pedir apoyo por la frecuencia de radio, por lo que rápidamente llegaron agentes municipales, inmediatamente después lo subieron a la patrulla y lo trasladaron hasta el Hospital General de Mexicali, no alcanzó a llegar al nosocomio, fue declarado muerto a las 10 de la mañana.

Un operativo se implementó inmediatamente en el Valle de Mexicali hasta el ejido Querétaro en donde fue localizado el vehículo de los ladrones, ahora homicidas.

LOS AGRESORES

Una de las versiones apunta a que elementos municipales localizaron el vehículo en las inmediaciones del Ejido Michoacán de Ocampo, por lo que se inició una balacera en la zona, pero huyeron hasta una calle ubicada enfrente de la Secundaria 26 “Emiliano Zapata” en el Ejido Querétaro y de ahí buscaron escapar pie tierra.

En la zona, la Policía Municipal  detuvo a tres personas, pero dos fueron liberadas inmediatamente al no encontrarse elementos que pudieran relacionarlos. Los uniformados traían la descripción física, porque fueron video grabados por cámaras de seguridad de la casa de cambio.

En el tercer caso, el detenido fue Francisco Javier Zaragoza Cortez, a quien localizaron escondido  sobre un árbol en las proximidades donde fue abandonada la camioneta Jeep Grand Cherokee azul con placas de circulación AKU-36-83 de Baja California.

Aunque hasta el momento no se le ha fincado responsabilidad por la muerte de Torres García, el detenido fue consignado por narcomenudeo con el fin de ganar tiempo para tal fin.

El titular de la Policía Municipal, Alejandro Monreal, confirmó la detención de una persona, y agregó que aún continúa la búsqueda del otro presunto responsable.

El subprocurador contra la Delincuencia Organizada, José María González Martínez detalló  que en la casa de cambio recabaron 3 casquillos calibre .9 milímetros.

De la intervención del agente ministerial, González afirmó que cuando los ladrones huyeron del negocio que intentaban asaltar, recibieron un reporte al número de emergencias 066 por lo que Torres García estaba enterado y al encontrarlos de frente le dio seguimiento a la unidad donde viajaban los asaltantes, fue en ese momento que le disparan en 7 ocasiones.

A la 1:30 de la tarde del mismo día del asesinato del ministerial, el subprocurador indicó que los 2 agresores se encontraban identificados, además de que habían ubicado un arma de fuego aunque desconocían si tenía relación con los hechos.

También consultado respecto a la intervención del fallecido ministerial, el subprocurador de zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador explicó que el agente se encontraba en labores de investigación sobre otros hechos, por lo que se mantenía en la zona. También reconoció que Torres García se encontraba viajando y trabajando solo, debido a que su compañero está incapacitado por motivos de salud.

En cuanto a la ausencia del chaleco antibalas en el agente, dijo desconocer por qué no lo tenía pero aseguró que tenía asignado el equipo completo de seguridad. González Martínez intervino y explicó que una de las causas podría ser que por comodidad los agentes suelen quitárselo y otro motivo podría ser el exceso de peso que presentaba el ministerial, por lo que no descartó la versión de que no le quedaba.

SOBRE EL AGENTE TORRES GARCÍA

El agente de la PGJE, Carlos Fabián Torres García inició en la corporación policiaca el 24 de marzo del 2000 en Tijuana, estuvo comisionado a la unidad antisecuestro y luego fue trasladado a Mexicali a la unidad de robo de vehículo, posteriormente pasó a la unidad de robos comisionado a González Ortega en donde finalmente perdió la vida.

El 7 de agosto del 2013 fue detenido junto con su hermano Ricardo Damián por elementos de la Policía Estatal Preventiva en posesión de 4 armas de fuego, cartuchos, viajando en una unidad sin placas de circulación y manejando a exceso de velocidad, sobre la carretera a San Luis Río Colorado.

Tanto el agente ministerial como Ricardo Damián se habían opuesto al arresto pero al final agentes estatales lograron detenerlo, ahí se le encontró 2 armas calibre .22 además de otras 2 calibre .9 milímetros y 30 cartuchos útiles, estas últimas eran de cargo, pero las traía consigo fuera del horario de trabajo.

En su momento la misma PGJE afirmó que el agente fue suspendido de su labor para iniciar el procedimiento de remoción, sin embargo esto no lo retiraron del servicio. Respecto a este tema, el subprocurador contra Delincuencia Organizada afirmó que tanto la Visitaduría como la PGR encontraron al agente sin responsabilidad por lo que el expediente fue archivado y no contaba con antecedentes penales.

ZONA CALIENTE

El director de la policía municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega afirmó que el 20 por ciento de los delitos que se cometen en el municipio corresponden a la zona poniente de la ciudad, específicamente en las 8 secciones de Valle de Puebla, antes la zona alcanzaba el 28 por ciento de la incidencia.

“Es una comunidad en la cual sí ha habido un aumento en cuestión de robos con violencia, en el mes pasado de marzo se registró un aumento de 9 por ciento de aumento comparativos al 2014, en abril hubo una disminución al 2 por ciento, o sea gracias a las estrategias que estuvimos realizando en esa área, yo creo que el trabajo de coordinación es lo que hay que resaltar en esta zona principalmente”, afirmó Noriega.

Comentó que la mayor incidencia en la zona son delitos del fuero común, pero afirmó que también existen detenciones, además de se está realizando trabajo reactivo más que preventivo.

Hizo un llamado a los jueces de garantía para que sean más severas las medidas cautelares a las personas detenidas y no salgan bajo condición de firmar cada semana como en muchos de los casos que se han presentado.

Indicó que hasta el momento no se ha encontrado la conformación de bandas organizadas, ya que muchos de los montos que son robados son entre 200 y 300 pesos principalmente, incluso sin armas de fuego.

El titular de la DSPM explicó que en el 60 por ciento de los robos son con armas blancas, el restante son armas de fuego calibre .22, .25, .32 y .38, que son las más comunes en las aseguraciones.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Cristian Torres Cruz /   01 de Junio del 2015 a las 12:00:45)

OTRA VEZ, DETIENEN A RODRIGO VALLEJO POR NEXOS CON EL NARCO

Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, fue detenido este lunes por autoridades del Gobierno federal y llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de acuerdo al portal SinEmbargo.

La nota informativa señala que el 3 de agosto del año pasado, el hijo menor del ex Gobernador michoacano ingresó al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, un juez concedió la libertad provisional a Rodrigo Vallejo luego de que el Octavo Tribunal Colegiado Penal del DF le otorgara un amparo para que se le cediera ese derecho, en virtud de que el delito de encubrimiento no es catalogado como grave. Por ello, el pasado 11 de abril, salió del penal mexiquense tras pagar una fianza de 7 mil pesos.

Fausto Vallejo Figueroa renunció a la gubernatura de Michoacán el pasado 18 de junio de 2014, días después de que en las redes sociales circulara una fotografía en blanco y negro en la que su hijo aparecía junto a Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, y quien ahora se encuentra preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez.

Junto a estas imágenes, en el presente año se han difundido otros videos en los que Rodrigo Vallejo aparece junto al líder criminal de Los Caballeros Templarios. Se trata de dos grabaciones difundidas por los periodistas Carlos Loret de Mola y Denise Maerker. En las grabaciones se ve a Rodrigo Vallejo tratar con Gómez Martínez asuntos de gobierno e incluso hacerle una invitación en su casa.

ZETA/sin embargo

(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/REDACCIÓN ZETA /   01 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 07:00:53) 

ENTRE MANIFESTACIONES, PEÑA NIETO ENCABEZA CEREMONIA POR EL DÍA DE LA MARINA

Con el tradicional acto de ofrenda floral inició el Presidente Enrique Peña Nieto, la agenda de actividades para conmemorar el Día de la Marina Armada de México en el puerto de Ensenada; mientras en tierra las protestas en repudio se hicieron presentes. 

Desde temprano se pudo observar a personal del estado mayor presidencial resguardando la seguridad del jerarca nacional a unos 500 metros a la redonda de la zona donde se desarrollará la agenda del primer mandatario que está acompañado de gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el alcalde Gilberto Hirata Chico y del titular de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda.

A las 09:00 horas el ferry San Jorge, la embarcación, Transportes de Baja California Sur y el Usumacinta de la Marina Armada de México, zarparon de la Terminal de Cruceros, en este último viajan funcionarios entre ellos el senador Ernesto Ruffo Appel, así como delegados municipales y medios de comunicación.

A las 11:00 horas Peña Nieto arribó a la terminal en helicóptero para abordar el ferry, que en unos meses será un medio de transporte para el gobierno de Baja California sur, con viajes de La Paz a Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa.

REPLIEGAN A MANIFESTANTES

Desde que supieron de la llegada de Enrique Peña Nieto al puerto de Ensenada, diversos organismos comenzaron a organizar protestas a través de redes sociales, en contra del mandatario.

Ante las consignas de protesta, el bulevar costero está resguardado por distintas corporaciones 500 metros a la redonda.

“Lo que presenciamos con Peña Nieto es lisa y llanamente el aniquilamiento de todas las herencias sociales, políticas, económicas, culturales y morales que aun subsistían de la Revolución Mexicana. Lo más recientemente tangible: la reforma energética y la educativa. EPN anuló la soberanía alimentaria, energética, militar y política, el país está ilegalmente militarizado, los que deberían ser ciudadanos en realidad son súbditos y rehenes”, expresaron algunos de los manifestantes.

Con forme pasaban las horas, las manifestaciones subían de tono, las consignas como “fuera Peña, no eres bienvenido", retumbaban más en el área.

Los inconformes rebasaron los límites fijados por el personal de seguridad del estado mayor presidencial y se apostaron en la entrada de las instalaciones de la Segunda Región Naval, donde desplegaron mantas alusivas a los problemas de violencia que se vive en el país, sin excluir el movimiento de la 43 normalistas muertos en Ayotzinapa.

(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ LORENA LAMAS /   01 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 10:05:19)