sábado, 14 de marzo de 2015

FUNCIONARIOS ENTRE NARCOEJECUTADOS EN BCS



Según la nómina de apoyo de la Tesorería Municipal, Valerio Carrizal Jolleño y César Carrizal Jeyeño eran empleados del XI Ayuntamiento de Los Cabos. Ambos funcionarios de cuarto nivel gubernamental fueron asesinados el 19 de febrero en el arroyo El Zacatal de San José del Cabo. Al principio fueron identificados por la PGJE como “albañiles”

Los Cabos, Baja California Sur.- La guerra por el control de la plaza del narcomenudeo entre células criminales de Dámaso López Núñez “El Licenciado” e Ismael “El Mayo” Zambada, no solo está dejando cadáveres de narcomenudistas en terrenos baldíos, brechas de terracería y colonias de la periferia dentro de la zona urbana de La Paz y Los Cabos; también cuerpos de las víctimas de los “daños colaterales” y hasta de servidores públicos que operan y protegen a grupos delictivos que pelean a muerte dentro del Cártel de Sinaloa:

* Felipe Eduardo Guajardo García “El 28”, quien según reportes de inteligencia federal y militar, pelea la zona sur y zona norte de La Paz, así como San José del Cabo y Cabo San Lucas.

* José Francisco Ojeda Torres y/José Fernando Torres Montenegro “El Pepillo” el cual disputa la zona norte de La Paz y es considerado en el mapa delictivo como jefe de plaza de la zona sur de la capital del Estado.

* Luis Antonio Montoya Beltrán “El Montoya”, “Don Carlos” o “El Artista”, sucesor de Rolando González Moreno “El Compadrón”. En base a reportes federales y militares, da batalla por la zona norte de La Paz.

* Javier López Rivera y/o Javier Acosta López “El Javy” o “El Javier”, quien se enfrenta por San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Los cuatro jefes criminales han tenido el respaldo logístico de policías, comandantes y agentes del Ministerio Público al momento de levantar, torturar, ejecutar o perpetrar un ataque armado en contra de los grupos rivales en pugna.

Los últimos servidores públicos en caer fueron Valerio Carrizal Jolleño y César Carrizal Jeyeño,  quienes según la nómina de apoyo de la Tesorería Municipal, eran empleados del XI Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde José Antonio Agúndez Montaño.

Los dos funcionarios de cuarto nivel gubernamental fueron asesinados a tiros el 19 de febrero en el arroyo El Zacatal de San José del Cabo; inicialmente fueron identificados como “albañiles” por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y, tras más de 15 días de investigación y de revisar archivos y expedientes, salió a relucir que eran empleados de la administración cabeña.

La versión de la pareja sentimental del abogado Paulino Guerrero Sánchez -el tercer ejecutado de esa noche-, de que los acompañantes de su pareja eran “albañiles”, obviamente no convenció a ninguno de los agentes de investigación del caso, sobre todo por  el tipo de vestimenta, calzado y celulares que portaban el día del triple homicidio.

Peor aún, cuando los agentes de investigación revisaron el registro vehicular de la unidad que usaron los tres ejecutados por última vez para transportarse de sus respectivas casas al lugar donde fueron levantados por sus asesinos, descubrieron que algo estaba mal, ya que el automóvil aparecía a nombre de uno de los supuestos “albañiles”.

El vehículo de lujo Volkswagen Jetta 2015, de color blanco, portaba placas de circulación sobrepuestas con el número CZR-5628,  entregadas en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, a cargo de Guillermo Marrón Rosas, las cuales no estaban dadas de alta en el sistema de registro vehicular.

No obstante, el nombre del propietario de la unidad, valuada en casi 500 mil pesos, botó cuando checaron la serie alfanumérica del automóvil, bajo el número 3VWLW2AJOFM227268, y arrojó el nombre de Valerio Carrizal Jolleño, cuyo domicilio registrado en el sistema -tras hacer la respectiva verificación- no existía en la colonia de San José Viejo.

Con estos últimos dos ejecutados, suman cuatro los funcionarios gubernamentales que han sido asesinados en el marco de esta narcoguerra.

El primero fue el agente de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Miguel Calderón Hinojosa “El Virolo”, muerto el  23 de agosto de 2014, y el segundo fue el secretario de la Dirección de Transporte, Jorge Molina Alarcón “El Molina” o “El Guerrero”, ultimado el 31 de octubre del mismo año.

El quinto servidor público atacado y que sobrevivió fue el agente de la Policía Estatal Preventiva, Tito Guadalupe Jáuregui Flores, baleado el 29 de diciembre de 2014.

LA TRIPLE EJECUCIÓN

Aun cuando en La Paz comenzaron a verse los primeros resultados tras casi siete meses de guerra entre células criminales, y con un saldo de casi 70 muertos, en la joya de la corona de Los Cabos, apenas empezó la lucha por el control de la plaza del narcomenudeo entre integrantes del llamado Cártel de Sinaloa.

La noche del 19 de febrero fueron asesinados:

* Paulino Guerrero Sánchez, de 34 años, de oficio abogado, con domicilio en Calle José M. Chávez Hermosillo, Manzana 95, Lote 8, Colonia El Zacatal.

* Valerio Carrizal Jolleño, de 31, servidor público del XI Ayuntamiento de Los Cabos, con domicilio en Calle Guanajuato esquina con Guerrero, Colonia San José Viejo.

* César Carrizal Joyeño, de 21, servidor público del XI Ayuntamiento de Los Cabos, con domicilio en  Súper Manzana 14, Manzana A, Lote 9, Colonia Vista Hermosa.

Según una videocámara de seguridad, los tres ejecutados fueron levantados del patio del centro comercial Soriana y City Club de la colonia El Zacatal en esta población, y posteriormente llevados 200 metros adentro sobre un arroyo aledaño. Fueron asesinados a tiros con una pistola calibre 9 milímetros.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del supermercado exhiben que las víctimas no fueron amenazadas o subidas a la fuerza al vehículo de sus dos asesinos, una camioneta Ford Escape 2003, de color gris.

Por el contrario, de acuerdo a la videograbación, se observa que los victimarios y las víctimas se conocen y hasta se saludan.

La cámara de seguridad captó el momento en que las tres víctimas llegaron a bordo del Jetta y se estacionan justo en frente de la zapatería B-Hermanos, se bajan e ingresan al supermercado.

Posteriormente, se observa cómo llega la camioneta de los criminales y se estaciona justo a un costado del lado derecho y espera la salida de las víctimas, quienes llegan a su vehículo. En eso el chofer de la camioneta saluda a las tres víctimas y las invita a subir, por lo que hablan aproximadamente por cinco minutos dentro del carro, y se van con rumbo desconocido.

Las imágenes de la cámara de videovigilancia son las últimas que pudieron captar con vida a las tres víctimas, quienes -de acuerdo al dictamen del médico legista de la PGJE- recibieron los siguientes impactos:

* Paulino Guerrero Sánchez presentó tres heridas producidas por impacto de arma de fuego, dos de ellas con entrada y salida en la cabeza, y una más en el brazo derecho.

* Valerio Carrizal Jolleño tenía una bala en la cabeza, incrustándose en el cráneo.

*César Carrizal Jeyeño registró tres heridas producidas por arma de fuego, una de ellas en el lóbulo izquierdo, con orificio de entrada y salida; una más en el esternón, con entrada y salida; y una última en el cráneo.

Los tres cuerpos fueron encontrados por un testigo de 50 años, cuando alrededor de las 7:20 pm del 19 de febrero, escuchó detonaciones de arma de fuego mientras circulaba a bordo de su vehículo de Nissan Stanza color blanco. Al pasar por el arroyo observó los tres cuerpos sin vida y dio aviso inmediato del hallazgo.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, y casi enseguida, oficiales de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la escena del crimen con cinta amarilla y restringieron el acceso a la zona.

La noche del homicidio, Valerio Carrizal Jolleño vestía pantalón de mezclilla azul deslavado, camisa gris, gorra de color blanco y zapatos de color negro. A la altura de la rodilla tenía una bolsa de plástico transparente, conteniendo en su interior residuos de gelatina. Mientras que César Carrizal Jeyeño portaba pantalón negro, playera morada, tenis gris con rojo, gorra negra con naranja y debajo del cuerpo, una bolsa de plástico de color café de la tienda Soriana, en cuyo interior había una cortina para baño.

La tercera y última víctima, Paulino Guerrero Sánchez, vestía pantalón de mezclilla de color azul, camisa azul de manga larga y zapatos de color café, donde se encontraron huellas de neumáticos.

Con esa información y con un juego de llaves de un automóvil Volkswagen, encontrado en la bolsa del pantalón de uno de los asesinados, los agentes de investigación de la PGJE se trasladaron de inmediato al estacionamiento de Soriana y comenzaron la búsqueda de la unidad con el control remoto, hasta que abrió el vehículo con placas de circulación CRZ-5628, estacionado en el cajón número 6, por lo que la zona fue acordonada y se hizo el levantamiento y traslado hacia la oficina de la Procuraduría.

LA INVESTIGACIÓN

En las primeras indagatorias -tras revisar las pertenencias de las víctimas-, los agentes de investigación lograron dar con la identidad del abogado Paulino Guerrero Sánchez, quien era sobrino del ex agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR), Paciano Guerrero Caro.

Según los investigadores, ambos tenían un despacho denominado Asesoría y Consultoría de Los Cabos en el edificio de departamentos “Ruby”, sobre las calles Playa Punta y El Pueblito, Lote 1, Manzana 1, Colonia Lomas de Rosarito de San José del Cabo.

En base a investigaciones oficiales, la principal cara del despacho jurídico, Paciano Guerrero Caro, tiene una serie de antecedentes delictivos que van desde su encarcelamiento por el delito de extorsión, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, hasta presuntos vínculos criminales con Felipe Eduardo Guajardo García “El 28” y Javier López Rivera o Javier Acosta López “El Javy” o “El Javier”:
* El 24 de noviembre de 2004 fue capturado por agentes de la PGR por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en agravio del comerciante Francisco Javier Cendejas Cervantes, bajo la causa penal 8/2003 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado.

La víctima relató que el abogado -cuando se desempeñaba como Agente del Ministerio Público de la Federación- llegó a bordo de un vehículo oficial hasta su negocio, un depósito de cerveza de nombre Alta Tensión, señalándolo como “narcomenudista”, por lo que le pidió una cuota mensual de dinero en efectivo por dejarlo vender droga, de lo contrario, se la sembraría y amenazó con “empapelarlo”.

En aquel entonces, Paciano Guerrero fue investigado y se libró una orden de captura en su contra, lo cual resultó todo un espectáculo, ya que cuando pretendieron agarrarlo, en medio de un gran operativo, escapó de Baja California Sur a bordo de un helicóptero y, dos días después, fue detenido en Guamúchil, Sinaloa.

Posteriormente fue trasladado al Estado y quedó recluido con el número de reo 156 en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz.

* El 9 de septiembre de 2010, Guerrero Caro fue detenido y arraigado como presunto responsable del asalto, privación ilegal de la libertad y homicidio en grado de tentativa que sufriera el extranjero Erick Shaw, de 45 años, originario de Washington, Estados Unidos.

El caso sucedió el 14 de agosto en el fraccionamiento Cabo Bello en Cabo San Lucas, donde participaron el abogado y sus cómplices, identificados como Óscar Antonio Ojeda Ceseña “El Pompeyo”, Derían Iván Cota Camelo “El Derían”, y los hermanos Juan Iram y Jaime Lamberto López de la Peña.

Vestidos de negro y con pasamontañas, los involucrados llegaron y se metieron a la vivienda, golpeando brutalmente al extranjero tras haberlo robado, provocándole hemorragia cerebral y traumatismo craneoencefálico, así como lesiones en el tórax después de clavarle un cuchillo en el abdomen. Todos fueron detenidos.

* En un tercer hecho, el 5 de noviembre de 2014, el abogado Guerrero fue detenido en la terminal marítima de Pichilingue de La Paz, cuando intentaba sacar de Baja California Sur un automóvil Dodge Cavalier 2008, con número de serie 1B3HB48B58D7724430,  en el cual había sido visto por última vez el narcomenudista Juan César Hamburgo, antes de ser levantado, torturado y ejecutado en el camino a Las Cruces, cerca del libramiento Santiago Oceguera.

Durante el interrogatorio, Paciano Guerrero Caro dijo haber comprado el automóvil a Fernando Miranda Martínez por 80 mil pesos en efectivo, y posteriormente, tras rendir su declaración, fue liberado por la PGJE.

* El 16 de febrero fue señalado por el sicario Héctor Roberto Medina Flores y/o Omar Alonso Medina González, de los crímenes de los narcomenudistas Fabricio Cota Rosas y Andrés Enrique Echeverría Franco, además, de haber sostenido y participado en algunos encuentros con Felipe Eduardo Guajardo García “El 28” junto con su asistente, Claudio Miranda Amador; así como Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi” y el comandante de la Policía Municipal de Los Cabos, Paúl Fiol Contreras, quienes según el pistolero, “era el vínculo entre los delincuentes y los policías, comandantes y agentes del Ministerio Público de la PGR, porque trabajó durante mucho tiempo en esa institución y conoce a casi todo el personal de la delegación federal”.

Aun cuando todavía no se tiene clara la causa de la ejecución de Paulino Guerrero Sánchez y de Valerio Carrizal Jolleño y César Carrizal Jeyeño, los investigadores tienen dos líneas de investigación abiertas:

1.- La ejecución como un aviso al ex agente del Ministerio Público de la Federación de la PGR, Paciano Guerrero Caro, por estar al servicio de dos grupos antagónicos como el de Felipe Eduardo Guajardo García “El 28” y el de Javier López Rivera o Javier Acosta López “El Javy” o “El Javier”.

2.- El crimen por algún mal negocio o traición de alguno de los dos citados jefes criminales, donde la grabación de la cámara de seguridad, exhibe plenamente que las víctimas y victimarios se conocían entre sí, y no hubo violencia a la hora de levantarlos del centro comercial.

No obstante, según los investigadores del caso, las pesquisas llegarán hasta la revisión de toda la documentación y transacciones legales que se hicieron dentro del despacho jurídico para abrir otra línea de investigación y conocer de más presuntos responsables de este triple crimen.

Los últimos ataques en la narcoguerra
Fecha
Heridos
Fallecidos
Tipo de Arma
Lugar
4 de marzo
Joel Hernández Verdugo
Víctor Jesemani Hernández Betancourt
Pistola calibre .40 milímetros y pistola .45 milímetros
Calle República, entre Callejón de Acceso y Callejón Apante, Colonia Lázaro Cárdenas de La Paz
5 de marzo
Cristian Márquez Núñez

Daniel Cruz Cruz
Desconocido
Fusil de asalto calibre 7.62 x 39 milímetros
Avenida Rosario Morales, entre Francisco Villa y Ejido, Col. El Arenal de Cabo San Lucas




(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/Investigaciones ZETA/   11 de Marzo del 2015 a las 12:00:01)

RECHAZAN BASURERO EN LA RUMOROSA


Sin consultar a los vecinos, en medio de fraccionamientos campestres en La Rumorosa, la Secretaría de Protección al Ambiente inició en diciembre de 2014 la construcción de un Centro de Transferencia Para Desechos Sólidos, a pesar de que desde mayo del mismo año, la Dirección de Ordenamiento Territorial dictaminó que el uso de suelo del basurero no era congruente en la zona. El predio afectado se donó hace 15 años para construir una escuela

Desde finales del año 2014 los pobladores de La Rumorosa –sobre todo en la parte suroeste– notaron la actividad en uno de los terrenos. Camiones llevando cemento, arena, materiales de construcción, ahí en una zona en medio de lotes campestres, cerca de los campos deportivos, de escuelas del poblado.

Al investigar se dieron cuenta de que se estaba construyendo un basurero –Centro de Transferencia Para Desechos Sólidos– es una obra del Gobierno del Estado, específicamente de la Secretaría de Protección al Ambiente.
Durante lo que va del 2015, los pobladores han organizado una serie de reuniones, presentado reclamos oficiales, incluso realizado volanteo para evitar la instalación y operación de ese centro para concentrar basura. Pero hasta ahora nada han logrado.

“Sr. Gobernador, hoy los pobladores de La Rumorosa no le pedimos, le exigimos cumpla su slogan de campaña donde dijo que con usted la gente manda, hoy no solo la gente manda sino que le demanda retire el basurero…”, se lee en uno de los volantes que se han distribuido.

Otro de los volantes es más duro en los cuestionamientos: “Cómo van a controlar los malos olores, las moscas, las ratas y ratones, el polvo, la contaminación al suelo y al subsuelo y al aire, los daños a la salud, quién firmo ese contrato”, preguntan.

La Rumorosa, como territorio forma parte del municipio de Tecate, pero sus residentes se dicen olvidados, con problemas de inseguridad, escasez de servicios, y sin atención de las autoridades.

Oficialmente con menos de 3 mil habitantes, ese poblado que se ubica en plena sierra y por su clima y geografía  ha servido de lugar de esparcimiento para el turismo local de todo el estado, pero además de asentamiento de verano para cientos de familias principalmente mexicalenses, que han comprado lotes campestres para huir del calor o el estrés de las otras ciudades.

María Antonieta es una de ellas y comenta en tono de enojo, “Me vine aquí para buscar la tranquilidad, el aire fresco y despejado y ahora nos quieren poner aquí enfrente un basurero”.

SIERRA LINDA


En un terreno de alrededor de 36 hectáreas y ubicado al suroeste del poblado, unos 500 metros al sur de la carretera libre, se crearon desde hace 15 años dos fraccionamientos  habitacionales campestres, caracterizados como “rústicos y progresivos”. Los denominaron Sierra Linda Campestre y Sierra Linda Arroyo.

Pero de acuerdo a la Ley la fraccionadora –de nombre Josefina Garduño– le donó al municipio de Tecate y al Gobierno del Estado un área correspondiente al 10 por ciento del terreno total (cerca de 3 hectáreas), destinado para centro educativo. Sin embargo es el terreno que ahora están usando para construir un basurero.

Para completar aquella donación de hace 15 años para la educación, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecología (SIDUE) le solicitó a la misma terrateniente hacer un pago de 272 mil 454 pesos que se destinaría para el equipamiento de un aula educativa.

Tras ese pago la fraccionadora obtuvo los tres permisos de uso de suelo –para pasar de forestal a habitacional–, con lo que inició la venta de lotes, Sierra Linda Campestre colocó 135 de un total de 143 que contaba en su terreno, según narra Francisco Nolasco, quien labora con la dueña de los terrenos.

“En el contrato con los compradores se estipulaba muy claramente que estaba prohibido quemar las plantas, los árboles, destruirlos o dejar basura, es un fraccionamiento tipo. Se establece que por ningún motivo se va a hacer actividad diferente al desarrollo”, explica Nolasco.

Incluso hubo una serie de acuerdos con el Cabildo de Tecate para enfatizar que a los predios se le daría un uso específico, de fraccionamiento habitacional progresivo, con el obligado cuidado del medio ambiente.

“En los planes de Desarrollo Urbano del Estado no se contempla la instalación, plantas de servicios, industrias, comercios dentro de ese polígono”, refiere Nolasco

SINUOSO CAMINO

Ante la inminencia de la construcción del depósito de basura, algunos pobladores empezaron a movilizarse y preguntaron al Ayuntamiento de Tecate si había emitido alguna autorización para el desarrollo de un proyecto de construcción de un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en las inmediaciones de los fraccionamientos mencionados.

Con fecha 14 de enero de 2015, la Dirección de Administración Urbana envió un oficio a los solicitantes en relación al uso que se le pretende dar al lote 006 de la Manzana 010 con superficie de 2 mil 139 metros cuadrados y oficialmente informa que “A partir del primer trimestre del 2014 se llevaron a cabo varias reuniones con la participación de las dependencias mencionadas, entre otras la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) donde se concluyó que la SPA en base a sus facultades elaboraría el proyecto citado anteriormente y en la ubicación señalada”.

En el mismo documento el Ayuntamiento de Tecate informa que se solicitó a la Dirección de Ordenamiento Territorial –oficio 087/2014 fechado el 29 de marzo del 2014– el dictamen de Congruencia del Uso de Suelo y añade que “…con fecha 09 de mayo del 2014 dicha autoridad emite el oficio 0002299 debidamente fundado y motivado indicando que NO ES CONGRUENTE –así con mayúsculas en el original– el pretendido Uso de Suelo”.

Los mismos peticionarios de información turnaron a la SIDUE, a la Dirección de Ordenamiento Territorial el 22 de enero de 2015, el documento donde se ratifica que desde el 9 de mayo de 2014 se emitió el Dictamen Técnico de Congruencia Negativo, a lo que añaden que el 30 de diciembre del 2014 esa misma instancia emitió una reconsideración al dictamen técnico mencionado, pero también de carácter negativo.

AFECTACIÓN

“Yo aquí vivo permanentemente y ese basurero a menos de una cuadra de mi casa y no nos avisaron a nadie”, comenta la señora María Antonieta, residente de la zona. “Yo miraba miles y miles de pesos invertidos ahí y pensé que era algo privado”, comenta la señora quien abiertamente muestra su desacuerdo.

Residente en la zona desde hace diez años, reclama: “Mi propiedad no va a valer nada, igual que todos los lotes ahí en el fraccionamiento, ¿quién va a querer vivir a un lado de un basurero?”, se pregunta la mujer, quien comenta que enfrente de la calle donde construyen el depósito hay viviendas, pero los dueños las ocupan solo en verano y no se han dado cuenta del  proyecto.

Comenta que mensualmente se reúnen los vecinos para hablar del problema de la inseguridad y que en la última sesión trataron el tema del basurero, que era completamente desconocido. “Nadie sabía, pero además nadie estuvo de acuerdo”, refiere la señora y asegura que no se oponen a la instalación de un basurero, pero no lo quieren al frente de sus viviendas.

EL PROYECTO

Se solicitó la versión de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado a través de la encargada de Comunicación Social, quien accedió a tramitar una entrevista con el titular, pero al día siguiente dijo que el tema era responsabilidad también de SIDUE y después no concedieron la cita.

La Secretaría de Protección al Ambiente tiene una publicación digital trimestral, Ecología BC y en su edición correspondiente a los meses de octubre-noviembre-diciembre en la página 17 se aborda el tema del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial “La Rumorosa”.

En el texto se menciona que el proyecto consiste en la construcción de la infraestructura necesaria para el acopio temporal y de transferencia de los residuos generados en el Poblado La Rumorosa.

“Los residuos que sean recolectados dentro de las rutas de servicio municipal así como aquellos que sean transportados por los residentes del lugar serán vertidos y dispuestos dentro de una tolva conductora de residuos hacia una caja metálica donde permanecerán acopiados y custodiados para posteriormente ser transportados al relleno sanitario más cercano.

“Es importante hacer mención que esta obra no está habilitada para acopiar y resguardar residuos de ningún tipo fuera de la caja compactadora, por lo que no se diseñó espacio alguno para ello, los residuos que se recepcionen (sic) tendrán que ser trasladados en menos de 24 horas al relleno sanitario más cercano”, refiere el texto de la publicación donde se incluye que tendrá capacidad para recibir 40 toneladas diarias y con una capacidad de trasporte en 24 horas de 60 a 80 toneladas de basura, todo instalado en una superficie de 2 mil metros cuadrados aprovechables.

OLVIDADOS

El diputado por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina explica que la primera semana de febrero fueron invitados a una plática con residentes de La Rumorosa –era como la veinteava reunión con integrantes de diferentes niveles de gobierno– para abordar temas de seguridad y servicios, sin tener mucho éxito en cuanto a la respuesta gubernamental.

La sesión y el rosario de quejas remataron con el señalamiento de la intención gubernamental de instalar en la zona una unidad de trasferencia de desechos dentro del poblado en un área residencial.

En el tema de seguridad, el director de la policía en Tecate se comprometió habilitar a tres agentes y el legislador Molina se comprometió a donar tres “cuatrimotos”, acción que el diputado concretó la última semana de febrero, pero ni el titular de la policía tecatense ha regresado, ni sus oficiales han llegado al poblado.

Respecto al basurero, el legislador visitó el lugar de la construcción. “Nos pareció muy grave el hecho de que estuvieron construyendo esa Unidad, pese a las protestas y quejas de vecinos. No les ha importado y les siguen construyendo, ya solicitamos documentos para ver quién construye, quién la va a operar y seguramente la van a querer concesionar”, explicó el diputado, quien sigue esperando la información.

Comenta que en esa zona los pobladores tienen problemas de abastecimiento de agua, de seguridad pública, de todo tipo. “El poblado ha crecido, como han crecido sus problemas, y parece ser que ha disminuido la atención de las autoridades”, dijo Juan Manuel Molina a manera de conclusión.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/Sergio Haro Cordero /Fotos. Sergio Haro/ 10 de Marzo del 2015 a las 20:50:00)

"LIDERÉ UNA BANDA DE PENDEJOS": LA TUTA


Difunden videos del traslado y charlas del líder de Los Caballeros Templarios

En las redes sociales circulan tres videograbaciones del presunto narcotraficante Servando Gómez Martínez “La Tuta” en los momentos que plasmaba sus huellas y cuando era trasladado del hangar de la Procuraduría General de la República (PGR)  a bordo de un camión blindado de los llamados “Rinoceronte”.

En uno de los videos se observa a “La Tuta” y su hermano Flavio sentados dentro del vehículo. Servando va platicando:
–        A mí también me sorprendieron. Me sorprendieron y por eso les dije ayer todo. No tengo por qué ocultar nada.

Después le dice a Flavio, detenido en Mérida, Yucatán:

–        Tú no debes estar aquí (...) Hay que hacerle la lucha. A ver qué se puede hacer.

En otro video, también dentro del vehículo oficial, Servando Gómez es interrogado por un oficial.

–        ¿Sabe por qué está detenido? –se le pregunta.

–        Por criminal. Por narcotráfico. Lideré a una banda de pendejos –responde.

El líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios fue detenido la madrugada del viernes último por agentes federales cuando se ocultaba en una vivienda de Morelia, Michoacán.

Servando Gómez, maestro normalista, fue presentado a los medios de comunicación en el hangar de la PGR, en el aeropuerto capitalino, mientras caminaba escoltado por agentes federales hacia el helicóptero que lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

ZETA/sin embargo

(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Redacción ZETA/   04 de Marzo del 2015 a las 09:42:12)

LA CAÍDA DEL NARCOPREDICADOR


Con una extraña personalidad en la que fusionó al político y al comunicador, Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, corrompió a miembros de todos los cuerpos policiales y militares en Michoacán, incluida la Marina. Pese a que dijo que no sería detenido con vida, ya está formalmente preso en el penal del “Altiplano”. En próximos días se integrarán diversas averiguaciones previas por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos

Con la detención de Servando Gómez Martínez “La Tuta” no solo cayó  un narcotraficante más en manos de las autoridades, sino uno de los personajes más sanguinarios y corruptores del mundo criminal que se tenga memoria.

El michoacano marcó un cambio en la manera de operar de las organizaciones convencionales del tráfico de drogas con la participación de los narcos en diversidad de modalidades delictivas, y el incremento de las formas de violencia que se habían visto en México.

No solo cooptó la voluntad de policías municipales, estatales y federales, como lo han hecho infinidad de delincuentes, sino que consiguió penetrar en las filas de la Marina, servirse de la información de su actuar en Tierra Caliente, y adelantarse a las intenciones operativas del alto mando de las Fuerzas Armadas.

Los datos se desprenden de informes de investigación de la Policía Judicial Federal Militar, anexos a la causa penal 197/2014, en los que se hace constar el involucramiento de personal naval perteneciente a la Secretaría de Marina con integrantes de la organización delictiva denominada Los Caballeros Templarios. Más de una decena de marinos de diferentes rangos, son procesados actualmente por ello.

La voluntad política y los más recientes ajustes del Gobierno de la República para atrapar a Servando Gómez -tras el rotundo fracaso del comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo- redujeron el campo de operación del capo, quien primero se refugió en una cueva durante dos semanas y, finalmente, quiso pasar inadvertido en la ciudad de Morelia.

“La Tuta” juró que no sería detenido con vida. Lo dijo en 2009, cuando salió por primera vez ante los medios de comunicación para explicar las motivaciones de su grupo criminal, en ese entonces La Familia Michoacana, y lo repitió en un video a finales del año pasado. Hoy ya tiene un auto de formal prisión en un penal de máxima seguridad por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

DE MAESTRO A DELINCUENTE

Gómez Martínez nació el 6 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán. Estudió para educador de primaria y durante muchos años ejerció la noble profesión, alternando sus actividades con la agricultura. Se casó con Ana Patiño López y procreó tres hijos. Hoy se señala en investigaciones que tiene 38 hijos en total, con al menos ocho mujeres.

Las necesidades “espirituales” de Servando le llevaron a participar en actividades religiosas y predicar la “palabra de Dios”, sobre todo entre personas adictas a las drogas. Así conoció a Nazario Moreno González “El Chayo”  y Enrique Plancarte Solís, con quienes promovió la creación de algunos centros de rehabilitación.

A la postre y con el apoyo del reconocido narcotraficante Jesús “El Chango” Méndez, el grupo de “rescatadores” de adictos decidieron fundar La Familia Michoacana, cuyos miembros se presentaron como una organización “amigable” y con principios religiosos, interesada en el bienestar de los michoacanos.

Al iniciar el nuevo milenio, los líderes del grupo obligaron a dueños de medios impresos a publicar desplegados en los que prometían atacar la producción de drogas sintéticas y terminar con delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, La Familia Michoacana atacó a los maleantes de época para apoderarse del control criminal.

“La Tuta” se dedicó a la siembra y cultivo de la marihuana que en esa tierra occidental tan fértil para producir la yerba. En 2002 fue identificado por autoridades federales como narcoproductor, y en 2003, se libró una orden de aprehensión en contra del profesor normalista por delitos contra la salud. Un Juzgado de Distrito en Uruapan le concedió el amparo y protección. En 2004 le fue dictado un nuevo mandamiento de captura por delincuencia organizada.

Mientras que por un lado, el maestro normalista seguía en la nómina del sector educativo, por otro se dedicaba a predicar y dar cursos de superación, pero a la vez, con la llegada de células del Cártel del Golfo a Michoacán, “La Tuta” formó un clan con migrantes centroamericanos con los que incursionaba al puerto de Lázaro Cárdenas para ejecutar a sus rivales, dedicados a la distribución de drogas.

Apoyados con La Familia Michoacana, los del Golfo se dedicaron a combatir al Cártel del Milenio o de Los Valencia, incrementándose los crímenes en la entidad y la compra de voluntades de elementos de diversas corporaciones policiales para que les protegieran. Así, en septiembre de 2005, Servando Gómez intervino ante el Ministerio Público para que liberaran al operador del Cártel del Golfo, Andrés Franklin Barragán Sánchez.

En Arteaga, Michoacán, “La Tuta” era propietario del rancho “El Encino”, cercano a una pista clandestina. Para sus actividades ilícitas en el campo y como sicarios, el narcotraficante empleó a personas de origen guatemalteco. Luego de que cometían ejecuciones o secuestros, los criminales se refugiaban en el rancho “El Valle”, a diez kilómetros de Tumbiscatío.

DE LA FAMILIA A LOS TEMPLARIOS

La Familia Michoacana, liderada por Nazario Moreno y “El Chango” Méndez, con Arnoldo Rueda Medina “La Minsa”, encargado de la operatividad del grupo y con Servando Gómez y Enrique “Kike” Plancarte en tercer plano, como encargados de narcotienditas y producción de marihuana, terminó relaciones con el Golfo y se enfrascó en una guerra con Los Zetas y Los Valencia.

También los michoacanos ejercieron una violencia brutal contra la población, a través de extorsiones, secuestros, privación ilegal de la libertad, robo y narcomenudeo. Fue la primera organización criminal en convertir la decapitación de personas en una práctica habitual de los nuevos narcos. En 2007 arrojaron varias cabezas humanas a la pista de un centro nocturno, y en 2008, arrojaron granadas durante la celebración del “Grito” de Independencia.

La organización criminal rebasó el ámbito de operación estatal y extendió su presencia a los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Después se conoció que la organización llegaba hasta Baja California para la introducción de drogas a Estados Unidos por Tijuana y Mexicali; también por las fronteras de Sonora y Chihuahua.

El 23 de marzo de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció recompensas de 15 a 30 millones de pesos para capturar a líderes de cárteles de las drogas. Los más conocidos y de más alto precio, eran Heriberto Lazcano, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Juan José Esparragoza y los Beltrán Leyva. Pero también entre los de 30 millones estaban los de La Familia Michoacana: “El Chayo”, “El Chango” Méndez, Dionisio Loya Plancarte “El Tío” y Servando Gómez “La Tuta”.

A dos meses de ofrecer las recompensas, la PGR informó públicamente que La Familia Michoacana era el grupo delictivo más peligroso del país, al tener “el mayor poder de fuego y es el número uno en producción de drogas sintéticas”. Se ubicaban por docenas sus narcolaboratorios, principalmente en el municipio de Apatzingán. “Han sido particularmente crueles en la manera en que realizan su actividad”, afirmaba el entonces procurador de la nación, Eduardo Medina Mora.

En junio de 2009 cayó preso Arnoldo Rueda “La Minsa”, del que aseguraban, era el “coordinador de coordinadores” y se encargaba de la importación de precursores químicos por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Su captura desató violencia. Hubo ocho ataques con armas de fuego y granadas a instalaciones, agentes federales y soldados en Michoacán y Guerrero, con saldo de cinco policías federales muertos y otros 18 agentes heridos.

“La Tuta” y “Kike” Plancarte eran gente de “La Minsa” y tenían el control de los laboratorios clandestinos en Michoacán y Guanajuato. Determinaba las zonas de acopio y rutas para el trasiego de marihuana y el traslado de cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. Semanas más tarde, otro lugarteniente informaría a las autoridades que Servando había asumido el mando operativo de la organización y ordenó atacar a policías y militares.

La polarización de la violencia en Michoacán movió a la federación a enviar más elementos de seguridad, como había ocurrido a inicios de sexenio, pero los narcos demostraron su poder a mediados de julio de 2009, cuando ejecutaron a 12 agentes de la Policía Federal –once hombres y una mujer- y abandonaron sus cadáveres sobre la autopista Siglo XXI.

“La Tuta” sorprendió por su habilidad para comunicarse, pues además de su función operativa, se convirtió en vocero del grupo criminal. Habló por teléfono el 15 de julio de ese año al programa de televisión de la empresa CB, “Voz y Solución de Michoacán”, con el conductor Marcos Knapp, que estaba al aire y lanzó una amenaza a las autoridades:

“Una cosa sí le voy a decir, también me defiendo. Si alguien va a atacar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, por buscarme a mí, me van a encontrar, pero de otra manera. Yo le pido a Dios, que es el único que quiero que me juzgue, nunca voy a dejar que nadie me agarre en la tierra, y espero que Dios me dé esa oportunidad”.

Gómez pidió pactar. El gobierno aseguró que no pactaba con criminales. Un mes después del exabrupto, la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal dio a conocer -por primera vez- un retrato de Servando Gómez “La Tuta” o “El Profe”.

Además de extender sus dominios a las entidades vecinas, La Familia Michoacana replegó a sus rivales iniciales, pero empezaron hostilidades con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Al interior hubo disputas que ocasionaron la ruptura entre los líderes. “El Chayo” con los Plancarte y “La Tuta” formaron una nueva organización llamada Los Caballeros Templarios, y “El Chango” Méndez se fue con los de Jalisco.

EL PODER CORRUPTOR DE “LA TUTA”

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, identificó la operación de Los Caballeros Templarios y asentó en la ficha de investigación: “Opera principalmente en el Estado de Michoacán, cuyas actividades son cometer ejecuciones, extorsiones, secuestros, incorporación de menores al mercado de drogas y a su estructura operativa a través de la adicción, así como también, traficar metanfetaminas a los Estados Unidos”.

Después se conocerían sus tentáculos criminales en el tráfico de minerales y su extracción del país, así como su activa participación en el robo de hidrocarburos y el acoso a industriales y gasolineros para que adquirieran el combustible robado. También del hostigamiento a sacerdotes y obispos de Michoacán, a quienes amenazaron de muerte para que dejaran de lanzar sermones contra su actuar delictivo.

En el tránsito de identidad de La Familia Michoacana a Los Caballeros Templarios, la propia autoridad puso de manifiesto el poder corrupto de “La Tuta”, quien a la muerte de sus líderes, quedó como responsable absoluto del cártel y lo mismo había comprado la protección de policías municipales, estatales o de investigación, a soldados y hasta brindó apoyos a candidatos a cargos públicos.

El delincuente hizo gala de sus dotes de comunicación muchas veces más. Lo mismo daba entrevistas a cadenas de televisión o medios impresos internacionales, que mostraba sus videos con altos políticos o periodistas de Michoacán a través de las redes sociales, para exhibirlos que eran tan corruptos como él. Eso le costó el puesto al secretario de Gobierno, Jesús Reyna García; al propio gobernador, Fausto Vallejo -cuyo hijo Rodrigo aparece en videos-; y a presidentes (as) municipales. Algunos de ellos están en prisión.

En 2014, en plena persecución de Servando Gómez Martínez, el Gobierno de la República estableció que a partir de 2011, el capo había logrado penetrar en un grupo reducido de elementos de la Marina, quienes le proporcionaban información de las actividades militares en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada por parte de la Armada.

A través de un segundo maestre y un capitán de navío, “La Tuta” pudo reclutar a más de una decena de informantes que tenían a acceso a toda la información confidencial que se planeaba y ejecutaba en la zona naval. Sus contactos contaban con todas las órdenes operativas y administrativas de las diferentes bases hasta con 20 horas de anticipación.

Algunos marinos desertaron de la Décima Zona Naval de Lázaro Cárdenas y se fueron a trabajar para Los Caballeros Templarios. Otros más requerían estar dentro de la institución para servir a la organización y entregar copias fotostáticas de las referidas órdenes de operaciones.

Al descubrirse el contubernio, la Secretaría de Marina actuó en consecuencia e inició una investigación del Ministerio Público Militar con una lista que contenía diversos nombres de marinos, unos completos, otros solo por su apellido y sus cargos. Algunos de ellos recibían 50 mil pesos mensuales por proporcionar la información al cártel michoacano.

Los conectes de Servando Gómez Martínez se fueron desarticulando hasta que el gobierno decidió iniciar la verdadera ofensiva contra el capo, a mes y medio de la caída de Alfredo Castillo como comisionado en Michoacán y a un día del relevo de Jesús Murillo Karam como procurador general de la República.

“La Tuta” fue sorprendido el viernes 27 de febrero en Morelia. De madrugada, como han caído otros capos en los últimos tiempos, si no es que todos con Enrique Peña Nieto.  “Lideré a una banda de pendejos”, esa fue la respuesta del narcotraficante cuando agentes federales le preguntaron sí sabía por qué estaba detenido. Aun preso, sus videos continúan entre los más visitados en redes sociales.

CRIMEN DE CAPITÁN DE PUERTO EN MICHOACÁN, A DÍAS DE LA CAPTURA DE “LA TUTA”

El contralmirante José Luis Corro Chávez, capitán del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del 4 de marzo, a menos de una semana de la aprehensión de Servando Gómez “La Tuta”.

Pese a que el puerto de Lázaro Cárdenas es parte del territorio controlado por Los Caballeros Templarios y punto clave para el trasiego de droga, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García, consideró que el homicidio no se trata de una venganza por la detención del líder de la organización delictiva.

José Luis Corro Chávez fue asesinado frente a su familia y a unos metros de su hogar, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, alrededor de las 9:00 pm, tres hombres armados abordaron el vehículo en el que viajaba el mando de la Marina junto a su esposa e hijos.

Tras bajar a la familia de la camioneta, los delincuentes le dispararon al contralmirante, para después consumar el robo de la camioneta Toyota Tacoma de reciente modelo.

Corro Chávez, de 57 años de edad, recibió al menos tres disparos, los cuales le provocaron la muerte cuando era trasladado por paramédicos hacia el Hospital Naval.

Por su parte, el procurador de Justicia en Michoacán, Martín Godoy, informó que datos recabados por la dependencia indican que el móvil del asesinato fue el robo del vehículo.

Además, dio a conocer la detención de tres personas, principales sospechosas del asesinato del contralmirante.

VUELVE CASO DE CARO QUINTERO A LA CORTE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión interpuesto por el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de la resolución de amparo directo que le fue concedido para efectos de subsanar algunas pifias judiciales, pero que a final de cuentas, confirmaron su condena de 40 años de prisión por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

El presidente del máximo órgano de justicia del país, turnó el recurso al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de la Primera Sala, para que estudie la impugnación que dio impulso a una orden de reaprehensión en contra del capo liberado el 9 de agosto de 2011 y sobre el que pesa también un mandamiento de detención provisional con fines de extradición internacional a los Estados Unidos.

El amparo directo 1801/2011, concedido en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara, para efectos de reposición del procedimiento, no contó con la votación unánime de los magistrados.

Mientras que los colegiados José Guadalupe Hernández Torres y José Félix Dávalos Dávalos votaron a favor de otorgar el amparo al sinaloense para efectos de analizarse su responsabilidad en el crimen de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, la magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas emitió voto particular en contrario.

Para Moreno Ruiz de Rivas, el amparo debió concederse liso y llano al considerar que se vulneró el derecho a una defensa adecuada de las personas que fueron detenidas inicialmente por su participación en el secuestro, homicidio e inhumación clandestina de las víctimas y de cuyas declaraciones -realizadas sin la presencia de abogado privado o público- se finca el señalamiento en contra de Rafael Caro Quintero.

A manera de corolario de su voto, la magistrada que cita jurisprudencia internacional destacó que “si bien la impunidad no debe tener cabida en un Estado de Derecho, la justicia no puede alcanzarse sin el respeto a los derechos humanos de todos, incluidos los de las personas sujetas a proceso, porque el principio de legalidad postula la igualdad en la aplicación de la Ley, y supone que cada delito sea perseguido y juzgado, con independencia de cualquier circunstancia personal, social, política, económica, entre otras, ajenas a los fines del derecho penal”.

Los argumentos plasmados en la sentencia de amparo por la magistrada Rosalía Moreno en casi 90 hojas de la resolución han sido retomados por la defensa del prófugo narcotraficante. (Redacción/ZETA)

EU QUIERE ENCARCELAR A “LA TUTA” E INCAUTARLE SUS BIENES

En Estados Unidos, una orden de aprehensión pesa sobre Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, por el delito de tráfico de cocaína y metanfetaminas, la cual podría condenarlo a cadena perpetua.

De igual manera, la Fiscalía Sur de Nueva York solicitó que “La Tuta” entregue cualquier y toda propiedad  y bien que haya adquirido y derivado directa o indirectamente de las ganancias del tráfico de drogas, así como cualquier propiedad que haya sido destinada a cometer los delitos de los cuales se le acusa, o facilitarlos.

La Oficina de la Fiscalía en Manhattan, Nueva York, ha remitido diez documentos adicionales a la acusación del líder de “Los Caballeros Templarios” desde 2009, todos clasificados como “reservados” y resguardados en una bóveda.

De esta forma, a partir del 2 de octubre de 2009, cuando se formuló la acusación formal contra Servando Gómez, han sido añadidos documentos en 2010 y 2011. Tres años después, se agregó uno más, el más reciente, con fecha del 29 de enero de 2014.

La fecha coincide con el mes en que, de acuerdo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobierno mexicano inició las investigaciones que derivaron en la captura del narcotraficante.

Copias de la acusación y de la orden de aprehensión, en poder de ZETA, describen a “La Tuta” en sus inicios dentro del mundo del narcotráfico, cuando dirigía al Cártel de La Familia Michoacana. A raíz de esto, en 2009, se formuló el primer cargo en su contra por “conspiración para la importación de narcóticos”.

De acuerdo al documento presentado ante la Corte de Estados Unidos, La Familia Michoacana es “un violento cártel del narcotráfico”, el cual controlaba la producción de drogas y su distribución dentro y alrededor de Michoacán.

Además, se dedicaba de la exportación de vastas cantidades de cocaína y metanfetaminas desde México hacia los Estados Unidos.

En específico, “La Tuta” es identificado por el gobierno estadounidense como el jefe operacional del cártel desde 2006 y quien controlaba el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, punto clave para la entrada y salida de cargamentos de droga.

“Es un cártel fuertemente armado que ha utilizado la violencia para apoyar sus actividades de narcotráfico, incluye ataques, asesinatos y secuestros”, detalla el documento.

También explica cómo miembros del cártel, adquieren armas y armamento de alto calibre en Estados Unidos para traficarlo hacia territorio mexicano.

“Gómez Martínez es responsable de garantizar que las actividades relacionadas con el narcotráfico no sean impedidas y adquirir armas”, continúa la acusación presentada por la Fiscalía. 

Un segundo cargo formulado, en violación a las secciones 959 y 960 del Título 21 del Código de Estados Unidos, las cuales prohíben la producción y distribución de enervantes, así como su importación a la Unión Americana, es por el tráfico de “cinco kilogramos o más de cocaína” y “500 gramos o más de metanfetaminas, sales, isómeros y sales de isómeros”.

De acuerdo al reporte presentado ante la Corte, la cual asignó el caso al juez John G. Koeltl, a inicios de 2009, “Servando Gómez Martínez acudió a una reunión en Michoacán, México, en la que él y otros socios discutieron la distribución de metanfetaminas”.

A Servando Gómez se le relaciona con el asesinato de 12 policías federales, cuyos cuerpos aparecieron el 14 de julio de 2009 en Michoacán, días después del arresto de Arnoldo Rueda Medina “La Minsa”, líder de “La Familia”.

Fue así como el 14 de octubre de 2009, el juez federal Douglas F. Eaton firmó la orden de aprehensión en contra de “La Tuta”, para que cualquier oficial federal de las fuerzas armadas pueda detener al originario de Michoacán, quien podría recibir cadena perpetua por la gravedad de los delitos por los que se le acusan.

Cuando el 22 de octubre de 2009, el fiscal Preet Bharara -quien ese año asumió la titularidad de una de las fiscalías con más casos de narcotráfico y terrorismo en su historial- rindió una conferencia de prensa para hablar de la acusación contra Gómez Martínez, reconoció el trabajo tanto de las oficinas de la DEA en la Ciudad de México, como de las fuerzas especiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en San Ysidro y Otay Mesa, en California.

Si bien, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció la labor del gobierno mexicano en la aprehensión del narcotraficante más buscado en el país, la Fiscalía Federal de Estados Unidos podría solicitar la extradición del capo a Nueva York para que se le juzgue por estos delitos. Inés García

“LA TUTA”: AGACHADO, PERDIDO, CUSTODIADO

Ciudad de México.- El semblante de Servando Gómez Martínez “La Tuta” distaba de su desafiante personalidad, conocida a través de vídeos en los que retaba y amenazaba al Gobierno Federal.

Con la cabeza abajo y la mirada perdida, caminaba con dos manos de los policías federales sobre su cuello y nuca. Lo custodiaban y le impedían levantar la cara hacia las cámaras de televisión que registraban su paso en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Horas antes, el líder de Los Caballeros Templarios había sido sorprendido cuando salió de su domicilio en la calle Residencia Juárez número 49 de la colonia Eliseo Morelos en Morelia, Michoacán. Portaba una bufanda y una gorra, artículo característico del capo. Pero ya en los terrenos de la PGR, Servando Gómez lucía la cabeza descubierta, unos pocos cabellos grises a los costados y un evidente estado de calvicie a sus 49 años.

Con un pantalón de mezclilla y una sudadera negra, y las manos esposadas al frente, los elementos lo conducían en su recorrido desde un vehículo tipo “Rinoceronte” de la Policía Federal, hasta un helicóptero con los rótulos de la dependencia policiaca.

“A paso lento” fue como los empleados de la PGR explicaron a los más de 200 reporteros reunidos, que “La Tuta” pasaría caminando frente a sus cámaras. “No, no se va a detener, pero va a caminar a paso lento”, repetían junto a la petición de “Por favor, no les griten ni les digan nada”, la instrucción de no entablar comunicación era tanto para delincuentes como funcionarios.

A las 7:06 pm, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad; Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y Vidal Soberón Sáenz, secretario de Marina, aparecieron frente a los medios de comunicación para dirigir el mensaje sobre la captura del “criminal más buscado en el país”.

El originario de Arteaga, Michoacán, y profesor de oficio, se inició a principios de 2000 en el tráfico de marihuana, explicó Rubido García, tras los enfrentamientos entre los grupos delictivos en la entidad, aquellos encabezados por Armando Cornelio Valencia y Osiel Cárdenas Guillén. La coyuntura fue aprovechada por Gómez Martínez para extender su dominio a otros estados, a partir de 2007.

Entre sus principales crímenes, se le atribuye el asesinato de 12 policías federales en julio de 2009, quienes realizaban un operativo con la finalidad de detener a “La Tuta” y sus colaboradores.

De acuerdo a la reseña del comisionado nacional de Seguridad, a inicios de 2011 se enfrentó, junto a Emilio Plancarte, contra Nazario Moreno.

Fue así como en enero de 2014, el Gobierno Federal emprendió un operativo para detener a los principales cabecillas de la organización criminal, con el propósito de arrebatarle toda protección a Servando Gómez.

Durante estas operaciones, los elementos de seguridad identificaron al círculo cercano de “La Tuta”, sus intermediarios, personas de confianza y familiares más cercanos.

“Estos cómplices se encargaban de recolectar víveres, ropas y alimentos”, quienes se los entregaban a un segundo cinturón de seguridad en la región de La Sierra, donde se ocultaban.

Mediante tareas de inteligencia, se introdujeron a su entorno más cercano y, en septiembre de 2014, se logró identificar a una persona de  su máxima confianza, quien era mensajero y enviaba las instrucciones de Servando Gómez a los jefes locales en los lugares donde mantenía algún tipo de actividad delictiva.

En noviembre del mismo año, el mensajero fue ubicado en una residencia de Morelia, Michoacán. Ahí se instalaron células de vigilancia en diversas zonas para identificar a Servando Gómez Martínez y, derivado de un seguimiento de cuatro meses, se identificaron diez domicilios con vigilancia permanente, vehículos, personas y modus operandi de su equipo de seguridad.

Tres meses después, el 2 de febrero de 2014, el mensajero fue descubierto mientras entraba al domicilio donde, menos de un mes después, “La Tuta” sería capturado. En el lugar, fueron identificadas varias personas, quienes servían de apoyo para recibir alimentos, ropa y vehículos, entre éstos, una camioneta a nombre de una de las parejas sentimentales de Servando Gómez.

Sin embargo, el hecho contundente para capturar al narcotraficante, fue su fiesta de cumpleaños el 6 de febrero de 2015. Ese día, los más cercanos a Gómez Martínez arribaron con pasteles, refrescos y comida.

Después de 25 minutos en que Osorio Chong y Rubido García leyeron sus mensajes y se retiraron del estrado, apareció Flavio Gómez, hermano de Servando Gómez, quien fue capturado ese mismo día, pero en Mérida, Yucatán.

El hermano menor de “La Tuta” descendió de una camioneta y subió a otra. Inmediatamente después, apareció Servando Gómez, quien fue dirigido al helicóptero frente a los medios de comunicación.

Ahí permaneció sentado durante casi cuatro minutos, ya sin las manos de policías sobre su nuca, pero aún abajo, sin despegar la mirada del piso de la aeronave. Entonces, el helicóptero inició el movimiento de las hélices y comenzó a recorrer la pista para levantarse y dirigirse hacia el Centro Federal de Reinserción Social “Número 1” del Altiplano. 

LOS ZETAS BUSCAN SUCESOR AL “Z-42”

La organización criminal de Los Zetas se encuentra en proceso de recomposición, luego de anunciarse la detención de su presunto líder, Óscar Omar Treviño Morales “Z- 42”, quien cayó en manos de las autoridades la madrugada del miércoles 4 de marzo, cuando se ocultaba en una lujosa residencia de Garza García, Nuevo León.

Al hermano de Miguel Treviño Morales “El Z-40”, que también fuera jefe del cártel hasta antes de su detención en julio de 2013, le imputan la comisión de delitos contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburo y delincuencia organizada, entre otros.

La presentación del “Z-42” ante los medios de comunicación ocurrió el mismo día de su captura por la tarde, en el hangar de la Procuraduría General de la República, sitio que se volvió recurrente para hacer este tipo de anuncios oficiales, antes de que fuese trasladado junto con cinco cómplices a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos por información que condujera a la captura del capo, mientras que la Oficina para la Administración y el Control de las Drogas de Estados Unidos, había ofertado 5 millones de dólares por la cabeza del narco tamaulipeco.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que Omar Treviño, de 38 años, está relacionado con al menos once causas penales en las que jueces de distrito de diversas entidades dictaron órdenes de aprehensión.

El originario de Nuevo Laredo, se había convertido en uno de los delincuentes más buscados en el país, además de ser reclamado por el gobierno de los Estados Unidos de América en extradición, bajo el cargo de asociación delictuosa.

Rubido afirmó que “El Z-42” es un hombre de perfil extremadamente violento y estaba señalado entre los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República a inicios de la administración de Enrique Peña Nieto. Es considerado “uno de los principales generadores de las pugnas entre los grupos delictivos en las entidades de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León”, dijo el funcionario.

Entre los casos más conocidos en los que participó el indiciado, se encuentran el incendio al Casino Royale en 2011, donde murieron 52 personas; los ataques a instalaciones consulares norteamericanas en Tamaulipas y Nuevo León; el asesinato del jefe policial de Nuevo Laredo, General Ricardo César Niño Villareal; y la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Los detenidos con el líder de Los Zetas, son Carlos Arturo Jiménez Encinas, de 42 años, presunto operador financiero; Miguel Ángel Anzaldúa Meléndez,  de 27; Ricardo Aurelio Torres Rodríguez, de 59; Juan Pablo Téllez de La Cerda, de 41; y Rodolfo Campbell Encinas, de 30, quienes quedaron a disposición de un fiscal federal.

Monte Alejandro Rubido expresó que por el momento no se puede anticipar quién podría ser el sucesor de “El Z-42” en la organización tamaulipeca; sin embargo, algunos medios de comunicación ya anuncian a lugartenientes y sicarios que buscan llenar el vacío de poder que deja la captura de Treviño Morales.

Entre otros posibles aspirantes a la cúpula del cártel, se menciona a Maxiley Barahona Nadales “El Contador”, uno de Los Zetas más buscados por la PGR y por el que ofrece una recompensa de 10 millones de pesos.

“El Contador”, “El 19”, “El Maxiley” o “El Max”, como le conocen en el mundo del hampa, opera en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, de acuerdo a información de la dependencia federal. (Redacción/ZETA)


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/  10 de Marzo del 2015 a las 07:11:01)