En
1976, el gobierno federal realizó un descubrimiento en el estado norteño de
Sonora. Pobladores de la tribu guarijía (pueblo que se autodenomina mahkurawe)
habitaban y siguen habitando territorio de la sierra madre occidental.
Para
1980, el entonces presidente de la República, José López Portillo les otorgó
tierras y les pidió que no las malvendieran ni se las dejaran al mejor postor,
promesa que hasta hace unos años, el pueblo guarijío ha cumplido al pie de la
letra.
Desde
2010 y hasta la fecha, esta tribu enfrenta una lucha que ya no es ajena a
ninguna comunidad indígena de nuestro país: el despojo de tierras y el
desplazamiento por parte de autoridades tanto estatales como federales.
“El
pueblo, no puede creer que tan solo 30 años después de que el presidente les
dio tierras, el mismo gobierno sea quien quiera quitárselas de forma ilegal”,
comenta en entrevista con Red Política de EL UNIVERSAL, el doctor Jesús Armando
Haro, investigador del Colegio de Sonora y asesor del pueblo guarijío.
– Presa Los Pilares y el despojo de
tierras
El
proyecto de la Presa Los Pilares en el río Mayo, la cual ya está en
construcción desde 2014, tiene su ubicación justo en medio del territorio de la
tribu guarijía que cuenta con aproximadamente 1800 habitantes tan solo en el
estado de Sonora.
También
hay miembros de este pueblo en el estado vecino de Chihuahua. Ramón Martínez
Coria, antropólogo director del foro para el desarrollo sustentable y también
asesor y defensor de este pueblo, asegura que “esta presa forma parte de un
proyecto que se llama Plan Hidrológico del Noroeste , el cual, implica la
intención del trasvase de ríos desde Nayarit hasta Sonora lo cual, implica que
está articulado a otros procesos de intervención ilegales de atropello al
patrimonio de los pueblos en toda la Cuenca del Pacífico”.
La
construcción de la presa supone una inversión de 1700 millones de pesos y según
información de las autoridades, está destinada al almacenamiento de agua para
uso agrícola. Además señalaron que dicha presa evitará inundaciones en la
región.
El
proyecto está cargo de dos empresas, las cuales, aseguran que generarán
aproximadamente 2 mil empleos y se espera que se termine para 2016.
El
30 de septiembre de 2014, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés puso la
primer piedra con la que inició la construcción de la presa Los Pilares.
– “Desaparecer de manera forzada es lo
que sigue”
Los
asesores de la tribu guarijía, Jesús Armando y Ramón aseguran que los mahkurawe
han sido víctimas de todo tipo de violación a sus derechos humanos.
Las
afectaciones son tanto ambientales como culturales ya que van desde la negativa
de las autoridades a una consulta previa libre e informada, el desplazamiento
de sus tierras hasta amenazas.
“Existe
una violación, que ya está documentada, al derecho a la consulta previa, la
cual no ocurrió, hubo intentos del gobierno federal y estatal para hacer
parecer que ya estaba la consulta”, pero afirman que el pueblo nunca ha sido
tomado en cuenta.
“Han
estado interviniendo en las comunidades amagando y violentando a los
gobernantes tradicionales de las asambleas comunitarias y nombrando ilegalmente
a gobernadores y representantes comunitarios apócrifos”.
Acusan
que pese a que el grupo de asesores de la tribu ha recurrido al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de que se hizo un
juicio para reconocer la forma de asignación de gobernantes legítimos de los
pueblos, de la cual salieron ganadores, no se ha respetado al pueblo.
“Estamos
frente a un conjunto de actos ilegales que tienen que ver con la asignación de
contratos y de supuestas aveniencias.
Quienes
se oponen a las obras de la presa fueron reprimidos brutalmente, líderes han
sido encarcelados y golpeados y todo eso, sigue impune”, acusan.
“Padrés
en Sonora tiene este cárdex de violencia e impunidad, si sigue actuando de esa
manera, desaparecer de manera forzada es lo que sigue”.
– Afectaciones Ambientales
De
acuerdo a los asesores, entre algunas de las afectaciones ambientales que
sufriría el territorio de los guarijíos serían:
– Entre las actividades del pueblo
guarijío estaba la pesca, la cual ha ido reduciéndose de manera importante
debido a que los peces del río Mayo han ido desapareciendo gracias a la
construcción de las presas. Los Pilares, es la segunda que se realiza.
– La presa nueva inundaría dos
localidades enteras de su territorio, lo cual afectaría la parte productiva
porque interrumpe el flujo de la gente.
– Acusan que los manifiestos de impacto
ambiental que se han realizado son fraudulentos ya que no demuestran el
verdadero daño que se ocasionaría en la zona. Aseguran que la construcción
acabaría con tanta biodiversidad que existe en el denominado “bosque secreto”.
– La magnitud del proyecto producirá
cambios importantes en los micro-climas locales por efecto de la baja de la
temperatura del agua sobre la flora y la fauna, por contaminación del aire por
bióxido de carbono y metano como producto de la fermentación de materiales
orgánicos bajo el agua, con la extinción de especies animales y vegetales.
– Podrían proliferar enfermedades
transmitidas por vectores que ya son endémicas en la región como el dengue y
paludismo.
– Los guarijíos perderán en gran medida
parte de sus recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, así
como pérdida de lugares sagrados y panteones que existen en la zona destinada
al vaso de la presa y dos sitios arqueológicos: Mochibampo y Mesa Colorada.
– “Negocios sucios de Padrés” e
instancias omisas
Los
asesores acusan que existe una corrupción continuada que va desde la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) la cual, le da competencias a la Comisión estatal y
que a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hace caso
omiso de las demandas del pueblo sobre tener conocimiento de determinada
información.
Además,
señalan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido omisa ante
el caso por lo que han tenido que acudir a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para pedir apoyo.
“Tenemos
problemas de transparencia, hay ocultamiento de la información, Semarnat niega
su intervención en esto pese a que la obra ya esta en curso y ellos la aprobaron”.
“La
presa que ya está en construcción no tiene claridad en su argumento de utilidad
pública.
El
expediente aparece primero como si fueran a construir una presa hidroeléctrica
cuando en realidad quienes promovieron desde el interés privado la construcción
son empresarios del distrito de riego río abajo para asegurar el abasto de agua
en sus distritos.
Pero
estos dos argumentos de utilidad pública implicaban la competencia federal pero
como aquí el principal interesado es el gobernador Padrés y sus negocios sucios
han ido cambiando el argumento de tal manera que le acomoden al gobierno
estatal, entonces está justificada sobre un principio de control de avenidas
que implica Protección Civil que le da competencia de actuar al gobierno
estatal y no a los federales”.
Jesús
Armando y Ramón expusieron su caso ante Amnistía Internacional durante su
informe anual el pasado viernes 27 de febrero.
(DOSSIER
POLITICO/ AGENCIA / EL UNIVERSAL/ 2015-03-02)
