MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional
del Agua (Conagua) ordenó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías,
demoler tres represas en un rancho de su propiedad, debido a que violó la Ley de Aguas Nacionales.
Así lo informó esta mañana el director general del
organismo, David Korenfeld, quien subrayó que el mandatario sonorense se hizo
acreedor a una multa de 3 millones 47 mil pesos.
En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario federal
detalló que las represas edificadas por Padrés Elías sobre el cauce federal
arroyo El Manzanal, afluente del Río Sonora, localizado en el municipio de
Arizpe, tienen una capacidad total de 1.7 millones de metros cúbicos, además de
que tendió una línea de distribución de 12 pulgadas de diámetro para regar 300
hectáreas de nogal.
Detalló que los resolutivos finales de la denuncia pública
con fecha 10 de septiembre ordenan la demolición total de las obras, y el
gobernador deberá acatar la orden en un plazo de 10 días, de lo contrario la Conagua procederá a la
destrucción de las obras hidráulicas con costo al infractor.
Las obras que deberán ser demolidas son tres represas con
capacidad de 1.5 millones de metros cúbicos, una más de 150 mil metros cúbicos
y otra de 100 mil metros cúbicos, así como una línea de conducción de 12
pulgadas de diámetro.
Además, el jefe del Ejecutivo estatal está obligado a
clausurar la operación de dos pozos subterráneos que no contaban con la
concesión para el aprovechamiento de aguas.
Los 1.7 millones de metros cúbicos de agua que el gobernador
Padrés almacena de manera ilegal en su propiedad representan la mitad del
líquido requerido en un mes por los 800 mil habitantes de Hermosillo, Sonora,
según la Conagua.
Las inspecciones donde se levantaron las actas
circunstanciadas, así como los elementos probatorios procedentes del 19 de
noviembre, cuando se inició el proceso sancionatorio por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales,
fueron realizadas por el organismo de Cuenca Noroeste.
“Se otorgaron 15 días hábiles a los presuntos infractores
para exponer y aportar pruebas; al vencimiento, se otorgaron otros cinco días
hábiles más para formular alegatos”, puntualizó Korenfeld.
Detalló que una vez oído el infractor y desahogadas todas
las pruebas ofrecidas y admitidas con fecha de 30 de enero, se le notificó la
resolución.
El 21 de septiembre pasado el gobernador anunció que su
presa había sido destruida por una crecida del río derivada de las lluvias que
provocó la tormenta Odile, aunque se presume que fue dinamitada para evadir
cualquier sanción.
(PROCESO / LA
REDACCIÓN / 4 DE FEBRERO DE 2015)
