Siguiendo el ejemplo
de la comunidad de Cherán, en Michoacán, y amparados en el artículo 39
constitucional, pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, Michoacán, Chiapas
y Oaxaca, se conducen hacia la elección de “Gobiernos de usos y costumbres”.
Esto, dicen especialistas, se está desarrollando aceleradamente ante el
descrédito de una clase política insensible e indiferente a los reclamos
populares. Y peor aún, coludida con el hampa”.
Francisco Sarabia
México, D.F. a 30 de
enero de 2015.- La aplicación del artículo 39
constitucional, relacionado con la soberanía nacional y la forma de
gobierno, puso al país en vilo ante la amenaza de pueblos y comunidades indígenas de las entidades del sur, que
iniciaron ya con un eventual desmantelamiento del modelo político y
administrativo tradicional.
Comunidades de
Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, acusan que la forma de gobierno actual
se volvió inoperante y obsoleto al quedar en manos de una clase política
desacreditada, insensible e indiferente a los reclamos populares y lo que es
peor, coludida con el hampa, vinculada con intereses que hoy por hoy tienen a
México en una situación política, económica y social desastrosa.
El texto del
artículo constitucional establece que “la soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Y como la soberanía
es la facultad que posee el pueblo para autodeterminarse, para escoger y
modificar libremente la forma en que ha de ser gobernado, este tiene el derecho
de alterar o modificar la forma de gobierno, si es que éste ya no responde al
clamor de las mayorías, coinciden juristas e investigadores del ramo.
Bajo este contexto
legal, respaldados por abogados,
intelectuales, líderes sociales, sindicatos, instituciones académicas y religiosas y,
sobre todo por una parte importante de la sociedad civil, este movimiento inició ya con la operación
de esquemas de autogobierno municipal.
Así, han estado
sustituyendo, dentro de la ley vigente, a funcionarios y policías y nombrando
candidatos a cargos de representación popular avalados en asambleas en sus
comunidades, poniendo en jaque a la clase política y sus cacicazgos regionales,
severamente cuestionados y rechazados por sus vínculos con el narcotráfico.
Este artículo, que
pasó desapercibido en las reformas constitucionales en las décadas de los
setenta, noventa y más recientemente las del 2011, permitió a los indígenas del
municipio purépecha de Cherán, Michoacán, instaurar el primer sistema de
gobierno municipal, es decir una comuna nombrada por el pueblo y de acuerdo con
sus usos y costumbres.
Este ejemplo está
siendo el soporte y motor principal de muchas comunidades indígenas y campesinas
de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
DANIEL MÁRQUEZ.
“Cualquier expresión que tienda a transformar un Estado debe ser respetada”.
Al respecto, el
doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, Daniel Márquez Gómez, afirma que es razonable que algunos grupos en
el país consideren que el 39 constitucional es una base sustantiva para buscar
formas de organización sociopolítica que superen cierto estado de cosas cuando
consideren que algo ya no está funcionando, siempre que sea por las vías
institucionales.
“Tenemos que decir
que en Guerrero hay una tensión que nunca se resuelve. La guerra de guerrillas
que se gesta desde la década de los sesenta, es una guerra que el Estado
mexicano resuelve —como lo han documentado analistas como Carlos Montemayor por
ejemplo—, a sangre y fuego.
“Y hay que decir
también que los problemas que originaron que personajes como Genaro Vázquez y
Lucio Cabañas —éste último estudiante distinguido de la Normal “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa—, se levantaran en
armas contra el Estado, están asociados con la pobreza, desigualdad, abuso de
autoridad, cacicazgos y carencia de espacios de participación política, pero
sobre todo la ausencia de la democracia y del Estado para llevar los mínimos de
justicia a esas regiones.
“Y a esto se le
añade una corrupción y una impunidad endémicas, derivada del narcotráfico que
soborna desde policías que se infiltran peligrosamente en el crimen organizado
y que al estar al mando de los políticos que a su vez aceptan el dinero del
narco para sus campañas, propician un estadio de cosas como lo que se vio en
Michoacán, Tlatlaya, Acteal, Iguala y tantos casos más.
“Hay que reconocer
que estas complicidades que se vienen
generando en los niveles de la política esto de que yo tapo tus irregularidades
y tu tapas las mías, ha propiciado impunidad. Esta impunidad ha propiciado que
el cargo político se convierta en algo muy apetecible porque tienen buena
proyección a nivel nacional e internacional, muy buenos sueldos, acceso a
privilegios y prebendas que el común de los ciudadanos con dificultad podemos
obtener, pero también tienen acceso a ríos de dinero sucio en donde la
supervisión es escasa o nula.
E ilustra lo
anterior comentando que algunos jefes policiacos que han podido romper esa
barrera del silencio, cuentan que a sus escritorios les llegan portafolios
cargados de dinero nada más con la
encomienda: “cuando hagas tus operativos no mires acá, mira a otro lado”.
“Si todos estos
factores se conjuntan con procesos históricos no resueltos; el factor
internacional vinculado al narcotráfico; corrupción e impunidad como esquemas
genéricos de acción por parte de la institucionalidad mexicana, tenemos ese
caldo de cultivo que nos explica todo lo que ha venido sucediendo”.
Quizás algo que
tendría que decirse con mucha claridad, puntualiza, es que tenemos un Estado que parece ciego y
sordo a esta clase de problemas. Y
podríamos aventurar dos hipótesis: o es ciego y sordo porque no ha entendido la
dimensión del problema y desde esta perspectiva es un Estado ignorante; O es
ciego y sordo porque hay una abierta complicidad y detrás de este proceso el
propio Estado Mexicano teme que si enfrenta de manera clara a la corrupción y
la impunidad, pierden privilegios que no desean ceder ni perder.
En este sentido
justifica estas expresiones de rebeldía que están surgiendo en el país y las
sustenta en el derecho que tiene el ciudadano a ser ciudadano y participar en
política. Desde esta perspectiva, señala,
cualquier expresión que tienda a cambiar o transformar un Estado, debe
ser respetada. El único límite que habría que a acotar es el de la violencia.
Y remarca esto al
precisar que la Constitución abre cauces que nos obligan a respetar la libertad
de reunión y el deseo de las personas a transformar aquellas instituciones que
no son capaces de garantizar gobernabilidad y donde se ve una clase política pasmada
y que exhibe complicidades abiertas que no se expresan, pero que son conocidas
en las zonas donde los políticos ejercen sus cacicazgos y su dominio.
“A los políticos se
les ha olvidado que el fin es, como lo destaca el 39 constitucional, dar
beneficios al pueblo al que gobiernan. Y pareciera todo lo contrario porque
detrás de cada obra pública licitada, detrás de cada ejercicio del presupuesto
parece existir siempre la sospecha de que por un lado se gesta el discurso del
bien común, pero que de manera oscura y encubierta está presente el beneficio
personal del gobernante. Y eso es corrupción; usar lo público para obtener
beneficios privados.
“Entonces, eso es lo
que habría que acotar primero; si no hay otra forma de cambiar al Estado y si
las vías institucionales parecen cerrarse porque la clase política parece
sorda, da la impresión de que la movilización dentro del marco institucional es
una buena vía también para hacerlo y en ese sentido veo con simpatía que el
ciudadano mexicano decida ser ciudadano y ejerza sus derechos políticos de la
manera en que la constitución lo prescribe, es decir, por la vía pacífica, por
la vía institucional”.
El jurista rechaza
la violencia ciega que le apuesta al todo o nada, que no es capaz de gestar
consensos, y que está buscando el “quítate tú para ponerme yo”.
Pero también se
pregunta ¿México ya cerró las vías institucionales para el cambio? Porque “si
ya las cerró, entonces tendríamos que decir que todas las vías
extrainstitucionales se van a justificar”.
Si el Estado
Mexicano, agregó, se cierra a la manifestación pacífica; y “si le apuesta a la
represión, a la salida militar, al uso de la fuerza; si el Estado mexicano le
apuesta a la sinrazón y le apuesta a la no negociación política, los violentos
van a tener una forma de justificar su acción y decir: no tengo salida, denme
fusiles. Y entonces veremos algo peor de lo que ya estamos viviendo”.
Celso Alvarado,
jurista y asesor de Bordejurídico.com, un proyecto que monitorea y da
seguimiento a las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
sostiene que de acuerdo con lo establecido en el 39 constitucional, los cambios
que están empujando los pueblos indígenas para elegir los gobiernos de acuerdo
a sus usos y costumbres, es
jurídicamente válido.
Dijo que tampoco
pueden considerarse movimientos antisistémicos porque no destruyen el orden
constitucional, dado que sus reclamos por reivindicación de derechos están
asentados en el artículo Segundo de la Carta Magna.
“Por el contrario,
reafirman lo establecido en ese artículo porque al autodeterminarse
recuperan ese derecho que en su momento
el Estado mexicano, con esa visión occidental única y homogénea les cercena”.
Ejemplificó el caso
del pueblo purépecha de Cherán que, a través de la figura del municipio
administrado por la ley de usos y costumbres, interpuso una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que le dio el fallo a favor
para operar el primer municipio o comuna
gobernada con apego a sus estructuras tradicionales.
“Lo interesante del
caso es que a partir de este fallo, el modelo de municipio indígena operado en
Cherán se puede instaurar en cualquier otra región del país y se vislumbra como
una esperanza porque después de las reformas borbónicas, se empiezan a minar las
organizaciones nativas para imponer la estructura del estado occidental
moderno”.
Con el caso Cherán,
dijo, se están recuperando los derechos establecidos en la Constitución y
haciéndolos valer porque desde hace dos siglos en México se han importado estructuras
de gobierno extranjeras que han ocasionado una hecatombe, porque tal vez a los
ingleses les funciona muy bien el parlamento, pero para la realidad de un país
como el nuestro ha sido catastrófico.
(RIODOCE/ REDACCION/
1 FEBRERO, 2015)
