El
secretario Lares y el alcalde Astiazarán están más preocupados por saber cómo
llegó a ZETA la información de los policías corruptos, que por la presencia de
uniformados con ligas del crimen organizado en sus filas. De no depurar a los
agentes reprobados, podrían perder recursos federales a partir de junio de
2015. Después de dar largas e intentar responsabilizar al medio y a Sindicatura,
Alejandro Lares declaró: “Es más importante tener localizados a los malos
elementos que tenerlos en libertad”. Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad
Pública del Estado, reiteró que si en Tijuana no limpian la Policía, tendrán
menos dinero de la Federación
Al
tomar posesión, tanto el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, como el
secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, protestaron
cumplir y hacer cumplir la Ley; sin embargo, en el caso de los 154 policías que
no aprobaron los exámenes de Control y Confianza, primero optaron por retrasar
la aplicación de la Ley, pues tras más de un año recibiendo nombres, no los han
removido, ni siquiera los han suspendido.
La
Sindicatura remitió los expedientes a la Comisión de Desarrollo Policial, pero
no los removió. A ninguno de los funcionarios le interesó dar mayor seguridad a
la ciudadanía que representan.
En
tales condiciones, estos funcionarios de Tijuana no han cumplido con su obligación de “aplicar los medios lícitos a su alcance para
impedir la consumación de los delitos que sepa, van a cometerse o se están
cometiendo”.
Todavía
más grave: la depuración no es opcional o discrecional; es una exigencia del
Consejo Nacional de Seguridad, y su incumplimiento puede afectar la llegada de
recursos federales.
SOLAPAN
Si
bien, los funcionarios que no depuran no pueden ser penalmente responsables del
delito de encubrimiento, sí están contribuyendo a que algunos policías
involucrados en delitos, “eludan las investigaciones de la autoridad competente
y se sustraigan de la acción de ésta”, por lo menos por un tiempo, porque no
concretan los proceso de remoción y permiten que estos elementos sigan en las
calles de la ciudad, uniformados, con placa y pistola.
“Para
Baja California la operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza es
una acción estratégica que permite aplicar los procesos de evaluación a través
de exámenes de confianza, manteniendo como constante la prioridad de la
depuración de las instituciones policiales”, se lee en el portal del C3, por
cierto, recientemente reacreditado.
Su
objetivo, “la evaluación permanente de la función que desempeñan los cuerpos de
seguridad pública (…) para garantizar la confiabilidad de las corporaciones
policiales (…) en un esfuerzo por optimizar los niveles de eficacia y
profesionalización de las corporaciones”.
Pero de
nada sirve si durante los últimos cinco años hicieron llegar los expedientes de
423 policías municipales en los cinco ayuntamientos -174 corresponden a
Tijuana-, y solo se removió a 22, tres de ellos en Tijuana.
El 9 de
enero de 2015, ZETA presentó una denuncia pública, y el contenido de la nota
-motivos por los que decenas de policías no eran confiables-, no fue negado por
la autoridad que en este momento ya no puede desaparecer los exámenes
antidopaje reprobados, los expedientes de policías que antes de ingresar a la
corporación traficaron droga a Estados Unidos, ni las confesiones de policías
que torturan detenidos y fueron publicadas por este Semanario.
Sin
embargo, en lugar de dar celeridad a los procesos, como es su responsabilidad,
las autoridades optaron por responsabilizar al medio de comunicación de la
insuficiencia que han expuesto en este tema por más de un año.
En
conferencia pública realizada el martes 20 de enero, en un acto de entrega de
equipo para bomberos, los reporteros cuestionaron al alcalde Astiazarán qué
pasaría con los policías, en referencia a los reprobados que se publicaron en
la anterior edición de ZETA (2129, del 9 al 22 de enero). “En su momento la Comisión de Desarrollo
Policial va a hacer la aclaración”, respondió.
Dada la
gravedad de las faltas cometidas por los agentes no aprobados por el C3, los
comunicadores insistieron: — “¿Por lo pronto qué va a pasar? “Por lo pronto
está en manos de la Comisión de Desarrollo Policial”, replicó el munícipe.
— ¿Es
por eso que no están dados de baja? “No están dados de baja porque…”, respondía
el presidente municipal cuando fue interrumpido por el secretario Alejandro
Lares.
“Hay
procedimientos que hay que respetar, son procesos internos. Recordemos que ya
fueron exhibidos…perdón, presidente, es importante reconocer que es una
investigación que era llevada por la Comisión de Desarrollo Policial, del cual
se violenta el debido derecho de ellos, obviamente algunos ya fueron
notificados, otros están en fase de notificarse y otros se están complementado
todo el expediente para una vez ser pasado a la Comisión, que se tome la
determinación si van a ser cesados, sancionados o removidos”.
— ¿Qué
tanto le preocupa esta parte de los policías que traficaban droga?,
cuestionaron los medios al secretario: “Me preocupa más bien la filtración de
información, porque si bien es cierto, ahora es un debido proceso el que se
lleva, nosotros podemos decirte que algunos de ellos, de esos elementos estaban
siendo investigados, lo cual ahora pues sale a la luz pública”.
Luego
reconoció que eran 156 expedientes de policías no aprobados, que la Comisión no
tenía rezagos, pero se contradijo al referir que entre octubre y noviembre
habían recibido 50 expedientes, lo que significa que los otros 106 los
recibieron antes, y tampoco los habían resuelto.
Aunque
solo con palabras, Lares aceptó que todos están integrados. Sin embargo, otros
miembros de la Comisión refieren que el tema de policías reprobados no se ha
tratado.
EL DEBIDO PROCESO
Abogados
consultados por ZETA que primero no tuvieron problema en publicar su nombre y
después pidieron anonimato, dado que el tema les traería enemigos con uniforme
y placa, explicaron que el alcalde y su secretario están cometiendo un error de
apreciación.
Detallaron
que el debido proceso se refiere a las formalidades que la autoridad, en este
caso la Comisión encabezada por Lares, debe cubrir al momento de iniciar el
proceso de separación definitiva, que son
elaborar el expediente, la investigación, fundar y motivar;
notificarlos, citarlos, darles la oportunidad de defenderse de ser necesario,
asignar defensor de oficio en la audiencia, admitir declaraciones, pruebas,
peritajes, alegatos, citar para notificar resolución y demás requisitos.
La
publicación de ZETA no forma parte ni de los resultados de los exámenes del C3,
ni de los expedientes enviados por la Sindicatura, ni de la investigación que,
dice Lares, está desarrollando la Comisión de Desarrollo Policial.
Lo que
se publican son los dichos de los propios policías, admitiendo delitos o sus
antecedentes criminales, los cuales se reitera, llegaron a ZETA de forma
anónima en copias.
QUIÉNES ESTÁN INFORMADOS Y A QUIÉNES
DEBEN SUSPENDER
El
Artículo 15 del Reglamento del Centro de
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, indica las
atribuciones del director del C3, entre las cuales se incluye integrar los
expedientes de las evaluaciones practicadas.
La
fracción XI deja muy claro a quiénes debe remitir los resultados de las
evaluaciones: “Informar a los titulares de las Instituciones de Seguridad
Pública que corresponda (…) del resultado de los proceso de evaluación” que en el caso de Tijuana, es el secretario
de Seguridad Pública, Alejando Lares Valladares, entonces, no puede excusarse;
él conoce los resultados de los controles de confianza.
Y “… en aquellas situaciones en las que se
identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño
de sus funciones, para que se actúe conforme a la normatividad aplicable”, dice
la fracción X, se debe “… informar a los titulares de las Instituciones de
Seguridad Pública…”, otra vez, Lares.
En esta
fracción el reglamento continúa: “…u Órgano de Control Interno que
corresponda…”, se refiere a la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, corporación con instancias de control interno y, evidentemente, a
las sindicaturas municipales.
De
manera que el licenciado Lares no tiene
excusa legal para andar buscando responsables en otras áreas, por la permanencia de agentes
corruptos, ligados al crimen organizado o torturadores, adictos o
falsificadores, en la Policía operativa de Tijuana.
Sin
embargo, en la misma conferencia pública del 20 de enero de 2015, Lares intentó
evadir su responsabilidad respecto a la
permanencia de policías con exámenes de Control y Confianza reprobados.
— Con
esos antecedentes previos que ya tenían, ¿no era posible suspenderlos o por lo
menos para separarlos de la actividad?, inquirieron los reporteros: “Aquí
existe la situación de que nosotros no suspendemos si no es la Sindicatura
Municipal quien tiene el poder para suspender a los elementos”, respondió el
titular de la SSPM Tijuana.
En su
Artículo 18, el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio
de Tijuana, Baja California, refiere que una vez recibida la investigación
administrativa de Sindicatura, corresponde a la Comisión de Desarrollo
Policial, encabezada por Alejandro Lares:
Fracción
II: “Resolver sobre la suspensión preventiva del Miembro, al inicio del
procedimiento de separación definitiva, o de remoción del cargo: o en su caso
revocar o confirmar la decretada por la Sindicatura…”.
También,
que la Comisión debe dictar las medidas necesarias para el despacho “pronto y
expedito” de los asuntos de su competencia, en la fracción XI.
Es
cierto que la Sindicatura también pudo suspenderlos, conforme al Artículo 144
de la Ley de Seguridad Publica de Baja California, y debe hacerlo “fundada y
motivadamente” cuando lo considere conveniente, a efecto de realizar diligencia
y allegarse elementos, pero también indica en el Artículo 145, que será la
Comisión la que podrá suspender, negar, decretar o ratificar la suspensión
preventiva.
Entonces,
la omisión de Sindicatura no exime al secretario Lares y a la Comisión, de
permitir la permanencia activa de los agentes con antecedentes dudosos.
EXPEDIENTES REMITIDOS ENTRE DICIEMBRE DE
2013 Y NOVIEMBRE 2014
Como
parte activa en el tema, ZETA solicitó entrevista con el síndico municipal de
Tijuana, Arturo Ledesma Romo, quien al final respondió por escrito. A
continuación un resumen:
Lo
primero que se le preguntó fue, ¿por qué la Sindicatura no suspendió de manera
preventiva a los policías que no aprobaron los exámenes de Control y Confianza?
“Antes
de contestar tu pregunta, quisiera manifestarme en torno a lo publicado por el
Semanario ZETA sobre los expedientes de estos servidores públicos. Primero
lamento que dicha publicación tenga un origen anónimo y no se dé la cara de
quién o quiénes entregaron información…
“Esta
Sindicatura Procuradora, basados en los
artículos 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, sí cuenta con
las facultades para suspender preventivamente
al oficial sujeto a una investigación administrativa. También es cierto
que ello debe suceder cuando a juicio de ésta, el mantenerlo activo afecte la
investigación; en el caso que nos ocupa, la investigación no fue afectada con
la actividad del agente, aunado a lo anterior, una vez remitido a la Comisión
de Desarrollo Policial, se cumple con el debido proceso, otorgándole al agente
investigado la garantía constitucional
de audiencia y el derecho a la defensa”.
Explicó
Ledesma que la Sindicatura no hizo investigación adicional con relación a los
policías mencionados, porque “del examen no aprobado es un elemento de prueba
contundente para solicitar el inicio de remoción ante la Comisión de Desarrollo
Policial, en los términos del Artículo 117, inciso b) fracción VIII, de la
citada Ley”.
Respecto
a los tiempos, cuando Sindicatura remitió los expedientes de policías que no
aprobaron los exámenes de confianza, el funcionario detalló que el primero fue
enviado a la Comisión de Desarrollo Policial en fecha 13 de diciembre de
2013, y el último, el 14 de noviembre de
2014. Een total se han remitido 138 expedientes.
—
¿Cuántos policías reprobados han sido dados de baja?
“A la
fecha, esta Sindicatura Procuradora no tiene información de algún policía que
como consecuencia de no haber aprobado el examen de Control y Confianza, haya
sido dado de baja como consecuencia de una resolución definitiva que haya
emitido la Comisión de Desarrollo Policial”.
— El
alcalde Jorge Astiazarán comentó que todos los relacionados con el tema de
seguridad, incluidos los funcionarios de Sindicatura, deberían someterse a los
exámenes de Control y Confianza. ¿Qué piensa
Usted al respecto?
“No voy
a entrar en una polémica en contra del alcalde Astiazarán en torno a su
sugerencia, solo me voy remitir a contestar tu pregunta en base a lo estipulado
por el marco legal y al día de hoy está vigente, y es la materia normativa que
nos rige en lo referente a nuestra actuación, las facultades que contamos y los
procedimientos que debemos seguir, los cuales no pueden ser alterados o ser
sujeto a adecuaciones o recomendaciones, aunque éstas conlleven objetivos
positivos.
“En el
supuesto caso de que los legisladores estimen necesario y por consecuencia
aprueben hacer las modificaciones correspondientes a la Ley estatal
correspondiente, esta Sindicatura Procuradora no tiene oposición alguna a tales
cambios”.
—
¿Supervisará la Sindicatura las acciones del alcalde y el secretario de
Seguridad en este caso?
“No, no tenemos ningún indicio que requiera una
supervisión por parte de esta Sindicatura Procuradora referente al caso en
comento, y las resoluciones que se tomen
en la Comisión de Desarrollo
Policial, son asumidas como un Órgano Colegiado con jurisdicción plena”.
— Las
autoridades municipales, la Secretaría de Seguridad y la Presidencia, se
preocupan más por “la filtración de la información” que por tener agentes
deshonestos en la Municipal. ¿Mantenerlos conlleva alguna responsabilidad?
“Si se
tiene conocimiento de algún acto de complicidad o de deshonestidad, y no se
somete al procedimiento administrativo, por supuesto que se incurre en
responsabilidad, pero quiero dejar en claro que a esta Sindicatura Procuradora,
la seguridad de los ciudadanos es una prioridad y, por ende, ante una situación
como la que se presenta con los exámenes de confianza reprobados por parte de
los agentes policiacos, debe ser un objetivo común de todos los miembros de
este H. Ayuntamiento, el que se resuelva conforme a derecho y a la brevedad
posible tal situación, y se fortalezcan las instituciones policiacas que
brindan la seguridad tan necesitada de nuestra ciudad. Por ello convoco
respetuosamente al alcalde y a sus funcionarios a no bajar la guardia en este
delicado tema, el cual la ciudadanía espera resultados en un corto tiempo”.
LARES, EVASIVO
Para
clarificar responsabilidades legales e implicaciones, editores de ZETA
solicitaron de manera reiterada, entre los días 19 y 22 de enero, entrevista
con Alejandro Lares en su calidad de secretario de Seguridad Pública y
presidente de la Comisión de Desarrollo Policial. Primero dijo estar ocupado,
después preguntó qué tema traía ZETA pendiente con él, el miércoles 21 se fue a
México y después, simplemente dio largas.
Este
Semanario también intentó entrevistar a la directora de Policía, Patricia Sida,
quien trabaja directamente con los agentes y también tiene voto en la Comisión
de Desarrollo Policial, pero el área de Comunicación del Ayuntamiento negó el
acceso a la funcionaria, argumentando que solo podía hablar con previa
autorización de Lares.
La
mañana del jueves 22 de enero, durante la inauguración de una caseta, un
reportero de este Semanario lo abordó con la misma solicitud, respondió que
tenía mucha prisa, que cuál era la razón de la entrevista si el tema ya estaba
muy manoseado y después condicionó dos preguntas, las cuales respondió de
manera superficial.
— ¿Por
qué no se suspendió a los policías, siendo que hay ordenamientos legales como
la Ley de Seguridad Pública, que faculta a la Comisión de Desarrollo Policial a
hacerlo?
“Te
quiero comentar que quien recibe la información es la Sindicatura Procuradora,
ellos tienen la obligación de suspender a base de conocimiento del propio C3,
les informa, en este caso los expedientes llegaron a la Sindicatura, yo creo
que obviamente el resultado es de que lo pasó íntegro a la Comisión de
Desarrollo Policial. En la Comisión, nosotros estábamos evaluando, de hecho
llevando la investigación que la propia Comisión está facultada, y bueno, te
darás cuenta que ya muchos de ellos fueron notificados, otros están en proceso
de, y, de los casos tan mencionados, ya se tomaron acciones directas”.
—
¿Cuántos han sido dados de baja por este tema y cuáles son los riesgos que
presenta el que la SSPM cuente con elementos en activo que presentan este tipo
de problemas?
“De tus
dos preguntas, la primera: no traigo el número; la segunda: yo creo que es más
importante tener localizados a los malos elementos que tenerlos en libertad,
porque al interior de las filas podemos darle mayor resultado y mayor eficacia
a una investigación interna, como he girado yo en ciertos casos de ciertos
elementos y no de alguna manera que se vea estropeada toda esta información por
las posibles filtraciones que se puedan dar”.
SI NO DEPURAN, MENOS DINERO PARA
SEGURIDAD PÚBLICA
Depurar
los elementos detectados por los exámenes de Control y Confianza “es una
exigencia y una disposición del Consejo Nacional de Seguridad que no está a
discusión o discreción de un mando, ni estatal, ni federal ni municipal; hay
representantes ciudadanos que le está dando seguimiento al tema”, argumentó el
secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Daniel de la
Rosa Anaya.
— En el
Grupo Coordinación están revisando este tema desde diciembre 2014, porque que
los ayuntamientos, incluido Tijuana, no han cumplido. ¿De qué manera afectará a
los incumplidos?
“El proceso de concertacesión inició a finales
de octubre 2014 y termina a finales de febrero de 2015, el no cumplir afectaría
las posibilidades de los ayuntamientos de acceder a una mayor cantidad de
recursos federales para seguridad, esto no aplica en la primera ministración,
pero puede ser una afectación para la segunda ministración de los recursos, a
partir de junio”.
— Esta
semana se reunió el Consejo de Seguridad, ¿a qué acuerdo llegaron en materia de
depuración?
“El
acuerdo es muy claro, es el cumplimiento de la Ley, en este sentido, que esos
elementos cuando menos tengan el
procedimiento instaurado y se esté desarrollando. Y la otra, que son
temas graves y notorios, policías con vinculación en acciones ilícitas, esos ya deben estar removidos”.
—
¿Cuáles son los riesgos de que policías que no aprobaron los exámenes de
confianza, estén trabajando en las calles?
“El
riesgo es que seguimos teniendo dentro de las corporaciones gente que está
traicionando la confianza de los ciudadanos”.
En
estos casos, comentó De la Rosa, la obligación de los mandos es dar a la
ciudadanía la certeza que quienes reprobaron, han sido removidos, “… o cuando
menos suspendidos, en los casos que los trámites legales no me permitan
removerlo todavía. Pero que sí tengan el procedimiento correspondiente
iniciado, de manera muy clara frente a
la sociedad, para que sepa a quiénes tienen de policías o de mandos”.
Se le
preguntó al secretario estatal si Tijuana había comprobado con documentos ante
el Grupo Coordinación que ya tenía los procedimientos instaurados, pero evadió
el tema. Dijo conocer la respuesta, pero que es mejor que los representantes
ciudadanos hablen de ese punto.
Cuando
se le informó que a finales de diciembre de 2014, el Consejo Ciudadano ya había
manifestado su preocupación por la falta de seguimiento en este tema, Daniel de
la Rosa se limitó a decir: “En ese sentido solo puedo responder que los
procedimientos los tiene que hacer el organismo responsable”.
DROGA EN DRON
Respecto
a la caída del dron que cayó cargado con droga conocida como cristal, la noche
del martes 20 de enero en Zona Río, el parte de la Policía Municipal presenta
inconsistencias.
Los
reportes al C4 recibidos y atestiguados por todas las corporaciones que
colaboran en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, indican
que el aparato se localizó poco antes de las diez de la noche del martes,
cuando una denuncia anónima alertó que un dron que traía adheridos paquetes, se
desplomó en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el centro
comercial Pueblo Amigo, propiedad de Jorge Hank Rhon.
Oficialmente,
la Policía Municipal informó que lo localizó pasadas las 2:00 am del miércoles
21 de enero, cuando un agente comercial les llamó para avisarles que un sujeto
que no aceptó identificarse, aseguró que el aparato había caído en la glorieta
de la Diana Cazadora, contra esquina de la plaza comercial en mención.
Otra
inconsistencia es que mientras de manera extraoficial se supo que además de la
droga, la corporación municipal localizó en la memoria del aparato un video
donde se identificaba a tres jóvenes como los usuarios del dron, al momento de
remitir el caso a la Procuraduría General de la República (PGR) no entregaron
ni cámara de video, ni memoria del artefacto; solo el dron y seis cajas
abiertas con una cantidad aún no determinada de cristal.
El
aparato traía la leyenda “Spreading Wings 900”, con seis hélices y batería de
litio en color verde. Dron y batería pesan 3.6 kilos, y tiene capacidad para
elevarse a una altura de 2 metros, otros 5 durante 18 minutos, según el
fabricante. En internet se puede adquirir por mil 400 dólares.
El
secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, dio a
conocer que la misma noche del desplome del dron se dio aviso a las autoridades
homólogas del país vecino, quienes al compartir información, refieren la
detección de avistamientos por lo menos desde hace tres meses.
ZETA
preguntó en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés) respecto a esta forma de trasiego. La respuesta fue que el CBP “no
ha interceptado ningún dron usado para el trasiego de drogas a través de la
fronteras de Estados Unidos. En colaboración con las fuerzas del orden
federales, estatales, locales e internacionales, la CBP continúa en vigilancia
de formas emergentes y tácticas cambiantes utilizadas por organizaciones
criminales trasnacionales que se dedican a los intentos ilegales de traficar
drogas a los Estados Unidos”.
Para
concluir, Lares señaló que la caída del dron se debió a las características del
mismo, al que calificó como “hechizo” o fabricado en casa con componentes
adquiridos por separado, tema sobre el cual especificó, ya se han detectado
tres locales en Tijuana en que los mismos están a la venta.
BALAZOS EN ZONA RÍO TIJUANA
El
despliegue policiaco se desató alrededor de las 5:30 pm del lunes 19 de enero,
en la Zona Río en Tijuana, luego de que dos sujetos fueran detenidos por la
Policía Municipal tras hacer detonaciones de arma de fuego cerca de las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
De
acuerdo a información proporcionada por la Policía Municipal, dos hombres, al
parecer por razones de “orden personal”, dispararon en contra de un vehículo en
circulación por el Bulevar Cuauhtémoc Sur, a escasos metros de la glorieta; 200
metros adelante del incidente, la corporación policiaca capturó por separado a
dos sujetos que intentaban huir.
A los
detenidos les fue confiscada una pistola calibre 9 milímetros con aditamento de
compresor de sonido (silenciador).
El
expediente se consignó al Juzgado Décimo Penal, bajo la causa 33/15, como presuntos responsables
identifican a Juan Fernando Urzúa Villegas y a Juan Andrés Cortez Carrillo; y
como ofendidos, a Gerardo Meléndez Fuentes y
José Manuel Sánchez Cárdenas. Los delitos son tentativa de homicidio
calificado y robo de vehículo, porque uno de los matones intentó huir en el
auto de la víctima.
Los
presuntos responsables se reservaron su derecho a declarar ante el Ministerio
Público, sin embargo, Cortez Carrillo, quien disparó, salió positivo a la
prueba del rodizonato y también fue consignado al Ministerio Público federal
por la posesión del arma. Aceptó una primera entrevista con la Policía Ministerial.
Ahí
dijo que previo al ataque, llegó a un
departamento donde estaba su primo Manuel García, acompañado de una persona que
le dicen “Juan”, y le dijo si quería aventarse un “jale”. Preguntó de qué se
trataba, “matar a un bato”, preguntó por qué y le respondieron que “se pasó de…
con una jaina”.
Luego
explicó que siguieron a la víctima, que “Juan” les avisó cuando salió de un
estacionamiento en la zona, lo siguieron y estaban en la glorieta en un auto
cuando su primo, Manuel García, le entregó al pistola y le dijo “tírale”. Bajó
y le disparó a través de uno de los vidrios del auto de la víctima, cuando
salió del auto para salvarse, él lo persiguió en la calle, disparando. Luego de
no lograr su cometido, también intentó huir.
Por su
lado, la víctima negó saber de qué mujer hablaba el victimario y negó conocer o
identificar a sus atacantes. Hasta el momento a ninguno de los implicados le
han sido encontrados antecedentes delictivos, y el arma no ha salido positiva
en otro hecho criminal.
GENDARMES EN ROSARITO
Hay
pocos avances respecto a la balacera ocurrida el 10 de enero de 2015 en la
colonia Lomas Altas I del municipio de Rosarito, donde un hombre fue abatido en
el interior de su casa, y en la que estuvieron involucrados ocho o nueve
gendarmes, de los cuales dos resultaron heridos.
Extraoficialmente,
ZETA pudo conocer lo siguiente:
Una,
que la primera identificación de la víctima fue inconsistente, el hombre
abatido, quien se presumía era Darryl Anderson por una licencia que se encontró
con ese nombre, tiene otra identidad aún sin corroborar por las autoridades de
Estados Unidos.
Dos,
que los gendarmes si estaban de servicio y uniformados el día de la balacera, y
hay videos que lo comprueban.
Tres,
no existen elementos periciales que prueben la versión de los gendarmes, de que
la víctima les disparó antes de que ingresaran a su vivienda.
Cuatro,
aunque la víctima salió negativa a la prueba de rodizonato, el Ministerio
Público federal investiga si disparó.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA/ 26 de Enero del 2015 a las 12:00:01)
