Cálculos políticos
logran lo que los ciudadanos no pudieron: detener el atraco que se pretende
cometer con la construcción de dos nuevos hospitales. Pero el dictamen ya
recibió primera lectura y la amenaza de que sea aprobado en el futuro sigue.
Por lo pronto, se abrirán foros de discusión sobre el tema, anuncian.
La decisión del
Ejecutivo, del Congreso del Estado y las posturas del PRI y el PAN al
“congelar” la discusión de los
hospitales generales, podría tener un transfondo político frente al inminente
proceso electoral, una decisión calculada en función del voto ciudadano.
Así lo interpretó la
diputada perredista, Imelda Castro Castro, quien consideró que también se trata
de un reconocimiento a la exigencia ciudadana que desde meses atrás acusaba un
proceso opaco y proyectos inviables financieramente.
La legisladora que
desde el inicio de la discusión ha cuestionado la viabilidad de los proyectos y
el regateo de información de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo para
atender la solicitud de modificación a los decretos 976 y 977, aplaudió la
repentina decisión del gobernador de “pedir tregua”.
“Es un
reconocimiento del PRI y del PAN a los ciudadanos que no aceptan este tipo de
transacciones financieras que dañan el patrimonio publico, es un reconocimiento
implícito que se tiene y que saben que electoralmente les puede costar votos,
aún así es saludable que se pueda dar marcha atrás en este proceso que nosotros
hemos dicho es un verdadero atraco a las finanzas publicas”, expresó Castro
Castro.
La tarde del viernes
16 de enero, un día después de que el Congreso local diera primera lectura al
dictamen para modificar los decretos 976 y 977, el gobernador Mario López
Valdez pidió que se aplace la segunda lectura y votación del dictamen, al no
sentirse “cómodo” con los cuestionamientos del sector empresarial y ciudadano.
En rueda de prensa y
tras ser interrogado sobre el procedimiento “apresurado” que se utilizó en el
legislativo para subir el dictamen al pleno, el mandatario reconoció que a su
gobierno no le conviene que los hospitales surjan con un “tufo desagradable”.
Diputado Díaz
Simental. Una voz en el desierto.
“No me deja cómodo
el que haya cuestionamientos, que se señale que hay opacidad, no me deja cómodo
que se diga que es un proyecto para beneficiar a ciertas familias, no me deja
cómodo en el sentido que se señale que esto es un gran negocio, que digan que
hay cuatro o cinco veces más caros los productos y que están inflados”, dijo
López Valdez.
La propuesta del
mandatario para garantizar la transparencia en los proyectos que costarían 14
mil millones de pesos, fue la organización de un foro informativo en el que
participen expertos en el tema y cualquier ciudadano interesado.
Horas más tarde del
anuncio del Ejecutivo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, Jesús Enrique Hernández Chávez, confirmó que se
suspendería la discusión el dictamen.
Entrevistado en la
emisión radiofónica del periodista Víctor Torres, el coordinador de la fracción
priista, afirmó que el dictamen no saldría en lo que resta del actual periodo
legislativo —que termina el 31 de enero— y dejó entrever la posibilidad de que se
postergue hasta después del proceso electoral.
“Con esta
inteligente propuesta que hace el Ejecutivo, nos va a permitir ampliar el
diálogo, intercambiar impresiones, nada mejor que nos demos el tiempo necesario
para que esto se desahogue. Porque nosotros ni estamos apresurados, ni estamos
decididos a emitir un dictamen en un sentido o en otro”.
Y aseguró, “la
legislatura está porque se genere el espacio de diálogo, que se despejen dudas,
que se aclare todo lo que tiene que ver con transparencia. Al generarse este
espacio, va a llevarnos a que el proceso legislativo, ya la segunda lectura y
discusión del dictamen será para fechas posteriores”.
Ciudadanos en el
Congreso. Proyecto inviable.
—¿Fechas posteriores?
¿Podría ser después de las elecciones o antes?, se le preguntó.
“No tenemos la
precisión porque no se ha tomado el acuerdo en particular pero veo muy difícil
que pudiera ser durante el desahogo del presente periodo en el que nos
encontramos…”.
—Diputado
evidentemente el proceso electoral si contamina todo, ¿no?
—Pues de alguna
manera los tiempos políticos están influyendo en todos los ordenes de la vida
del Estado, sin embargo en este tema creo que debemos de preservar las
razones, la viabilidad de los proyectos
desde el punto de vista financiero, y bueno, las cuestiones políticas nunca
estarán separadas del trabajo que desarrollan las diputadas y los diputados”.
LA EXIGENCIA CIUDADANA
Apenas el lunes 12
de enero, los dirigentes de los principales organismos empresariales en
Sinaloa, CANACO, CANIRAC, CMIC, Asociación de Agricultores del Río Culiacán,
COPARMEX y el colectivo ciudadano Congreso Abierto, el cual integra a las
asociaciones Mexicanos Primero, Iniciativa Sinaloa, Parlamento Ciudadano,
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Sinaloense de
Universitarios y el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Sinaloa,
emitieron dos posicionamientos.
Uno dirigido al
Congreso del Estado, en el cual se solicita que no se apruebe el dictamen que
modifica los decretos 976 y 977 y con ello se evite la ampliación de garantías
en los proyectos de construcción de los dos hospitales generales en Mazatlán y
Culiacán.
El segundo, dirigido
al Gobierno del Estado, en que se pide se declaren nulas las licitaciones
aprobadas para los dos hospitales y que se replanteen desde el origen los
proyectos de construcción.
La sobrestimación
financiera de los proyectos fue uno de los principales aspectos criticados por
los ciudadanos.
Según se expuso, el
gasto anual de los hospitales aumentaría en un 48 por ciento para Culiacán y un
69 por ciento para Mazatlán. Estos incrementos harían que el gasto operativo
anual de ambos hospitales pase de 685 millones de pesos a mil 066 millones de
pesos, un aumento del 56 por ciento.
Ese mismo día, el
gobernador Mario López Valdez fue cuestionado sobre la petición de la
iniciativa privada y las asociaciones civiles, la respuesta en ese momento fue
tajante, no se repondría la licitación.
Dos días después, el
miércoles a las 17:00 horas se citó a los legisladores a reunión de Comisiones
Unidas a través de un mensaje de texto, de acuerdo a la versión denunciada por
el diputado perredista Ramón Lucas Lizárraga.
Al encuentro sólo
acudieron siete de los 15 diputados integrantes de las comisiones unidas de
Salud, Planeación y Hacienda, por lo que la reunión se suspendió pero antes de
retirarse, el secretario general del Congreso, Carlos Loaiza Aguirre, les
entregó las dos hojas finales del dictamen que sólo contenían los nombres de
los diputados y en donde se requería su firma.
Chuquiqui. Propongo
un receso, compañeros.
Según dijo Lucas
Lizárraga, sin ningún análisis, ni discusión de por medio, las hojas se
pusieron sobre la mesa y se invitó a que firmara quien así lo dispusiera.
Afuera, un grupo de
empresarios y ciudadanos se habían dado cita para que se les informara la
decisión de las comisiones.
“Ellos traen la
consigna de sacar lo más pronto posible el dictamen para subirlo al pleno, lo
que están haciendo hoy es degradar el trabajo de los legisladores, sin recato
en los procedimientos de comisiones, sólo hay la consigna de cumplir al
Ejecutivo”, denunciaba aquel día, el legislador perredista, frente a los
representantes de organismos ciudadanos.
Esa tarde del
miércoles, el diputado priista, Óscar Valdez López, colocó su firma sobre su
nombre y salió por los pasillos interiores del edificio parlamentario.
La panista María de
la Luz Ramírez Rodríguez y los priistas María Lorena Pérez Olivas y Luis
Fernando Sandoval Morales, también firmaron y aunque se retiraron por la puerta
principal, no le dieron la cara al grupo de ciudadanos y empresarios.
Tras la reunión
fugaz de las comisiones, sólo el panista Francisco Solano Urías, quien había
avalado con su firma el dictamen, permaneció para enfrentar al grupo ciudadano.
También se quedaron
Ramón Lucas Lizárraga y Víctor Díaz Simental, pero estos previamente se habían
negado a firmar el documento.
La presencia de
Solano Urías bastó para que los representantes del organismo empresarial
Coparmex y el colectivo ciudadano Congreso Abierto, manifestaran su rechazo al
actuar de la 61 legislatura.
“Estamos extrañados
por la actitud que ha tenido en este caso, porque más que la salud de los
sinaloenses, estamos hablando de la salud financiera de muchas generaciones,
lamento que vaya a quedar un gran problema heredado, como Coparmex le externó
el extrañamiento de que no estamos de acuerdo con su actitud, inclusive no
sabemos por qué es el vocero de este caso”, señaló Pun Hung a Solano Urías.
Tras la serie de
acontecimientos, Luis Enrique Pun Hung, secretario de Coparmex Sinaloa, lamentó
la irresponsabilidad con la que se manejó la 61 legislatura y la desatención a
la participación ciudadana.
“Hay una actitud
irresponsable de muchos diputados que están firmando, su decisión se basa en
criterios distintos al bien de la comunidad. Es grave que no se aproveche este
momento en donde los ciudadanos estamos viniendo a ofrecer ayuda, las preguntas
nuestras son para ayudar, no para destruir ningún proyecto, vemos posibilidades
de mejora, vemos algunos riesgos y amenazas muy grandes para las finanzas”,
criticó el empresario.
Al día siguiente, la
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, se deslindó de la firma emitida
por Solano Urías y Ramírez Rodríguez.
En rueda de prensa,
Edgardo Burgos Marentes rechazó que la firma de los legisladores represente el
espíritu y posicionamiento del PAN frente al tema, al asegurar que la
construcción de los hospitales es una “bomba de tiempo” en el aspecto
económico, político y social para Sinaloa.
LA PRIMERA LECTURA
En la sesión
ordinaria del jueves 15 de enero, la orden del día enlistó en su punto número
20, la primera lectura al dictamen que propone reformar los decretos 976 y 977
de los hospitales generales.
El dictamen leído en
el pleno, es idéntico al predictamen elaborado por la comisión de Hacienda y
entregado a los legisladores el martes 17 de diciembre, como lo publicó Ríodoce
(Edición 673).
La solicitud del
Ejecutivo para afectar el 25 por ciento de los ingresos por el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como fuente
de pago o garantía a favor de las empresas constructoras, establecida en el
artículo segundo de la iniciativa, se dictamina con el mismo contenido de la
iniciativa, en cada uno de sus puntos y comas.
Lo mismo sucede con
el artículo cuarto de la iniciativa de López Valdez, el cual requiere la
inscripción de los Contratos Público Privado en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de las Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Finalmente, los
legisladores sólo agregaron cuatro puntos más que no modifican la solicitud de
Malova, sino que buscan crear mecanismos para garantizar el control financiero
de los proyectos.
El destino de los
edificios donde actualmente se ubican los hospitales generales será puesto a
consideración del Congreso; el Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre la
situación administrativa de los hospitales y la Auditoria Superior del Estado
realizará auditorias semestrales a los servicios contratados con el
desarrollador.
También se
especifica que la persona que sea nombrada como administrador de los nuevos
hospitales deberá ser especialista en administración en materia de salud, lo
cual deberá ser acreditado por el Congreso.
Una vez que se
cierre el contrato de colaboración Público Privada y se formalicen los montos
de pago, el Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre la situación final del
documento en un periodo que no excederá de los 10 días hábiles.
El decreto entraría
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
***
De no haberse
frenado la segunda lectura y discusión del dictamen y en un estimado del
posible sentido del voto de los legisladores, la iniciativa de López Valdez habría
sido aprobada con amplio margen, al solo requerir mayoría simple con el voto de
21 diputados.
Y es que de los 22
diputados que integran la fracción priista, sólo Víctor Díaz Simental había
expresado su voto en contra.
La fracción del
Partido Sinaloense, conformada por tres diputados, aseguraba no tener una
postura definida, pero su líder, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue uno de los
legisladores que avaló con su firma el dictamen.
La diputada
representante del Partido Nueva Alianza había hecho público desde meses atrás
su apoyo a la iniciativa, la postura del diputado de Movimiento Ciudadano y el
legislador del Partido del Trabajo era incierta, mientras que solamente los dos
legisladores del PRD se mantenían firmes con su votación en contra.
En el PAN, la
votación cambió tras el anunció de su dirigente estatal, la presidenta de la
Mesa Directiva, Yudit del Rincón, admitió en entrevista telefónica que su
decisión personal era votar a favor pero finalmente obedecería a la decisión de
su partido.
CITAS TEXTUALES DE MALOVA
“Ese paso yo no estaría dispuesto a darlo por
tantos cuestionamientos, por dignidad, por la necesidad que tiene hoy la
política de que la dignifiquemos, que la transparentemos”
“Estoy convencido
que nosotros tenemos que sacar proyectos que de origen no surjan con un tufo
desagradable. No me deja cómodo el que haya cuestionamientos”.
(RIODOCE/ Miriam
Ramírez/ 18 enero, 2015)
