Mientras el
debate local y nacional se centra en la isla del ex gobernador perredista, a
raíz de la publicación de ZETA, la Contraloría iniciará investigación sobre el
origen del dinero público desviado, para dar vista a la PGJE o a la PGR
Según abogados y
auditores consultados por ZETA, en el caso de la isla del político emanado del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex gobernador de Baja California
Sur, Narciso Agúndez Montaño resaltan cuatro
hechos:
1.- La inscripción irregular del bien inmueble
nacional a favor de un particular en el sistema de la Dirección Municipal de
Catastro en Comondú.
2.- La utilización de recursos públicos en el sexenio
anterior para adquirir o comprar una propiedad privada.
3.- El desvío de dinero público pagado a empresas que,
hoy se sabe, eran fantasma en ciudades de Puebla, San Juan Cuautlancingo y San
Pedro Cholula, Puebla.
4.- Los dichos de Agúndez contra los documentos
publicados por este Semanario sobre la operación irregular, los cuales prueban
cómo y de qué manera fue sustraído y triangulado el dinero, hasta lograr
inscribir el nombre de Narciso Agúndez Montaño como propietario del islote, en
base a la clave catastral 002-019-004-001.
Después de la investigación
publicada por ZETA, el ex mandatario estatal quedó atrapado en una encrucijada,
donde el principal debate en los medios locales y nacionales, se centró en la
propiedad de Cabo San Lázaro, al norte de Isla Magdalena, municipio de Comondú.
Los primeros en
entrar al debate fueron los líderes de las fracciones parlamentarias de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en la XIII
Legislatura de Baja California Sur.
El del PRI, Juan
Alberto Valdivia Alvarado, consideró como “grave” el caso de la isla, ya que
salió a relucir el nombre del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
“Creo que a nadie
conviene tener a un ex gobernador cuestionado, y sobre todo, debe ser un tema
que debe tratarse con seriedad y responsabilidad, las instituciones están
obligadas a investigar y actuar en contra de quien resulte responsable de estos
hechos”, dijo.
Por su parte, la
panista Gisela Páez Martínez opinó que se debe investigar el caso de la isla a
profundidad, porque “no es posible que se haya registrado la isla sin que haya
salido del dominio de la nación, de ser así, entonces estaríamos hablando de un
caso grave de corrupción, porque no se puede inscribir una propiedad así nomás,
a la ligera”.
Conocedora del tema,
pues fue delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la legisladora expuso que
cuando estuvo al frente de la delegación, Luis Raymundo Cano Hernández solicitó
la posesión de Isla Magdalena, argumentando que “era posesionario del predio”
y, después de hacer una inspección ocular en la zona, determinaron declarar
“nula” su posesión, ya que los únicos posesionarios reales eran los pescadores
del lugar, lo cual quedó registrado en una fe de hechos, derivado de que los
trabajadores del mar hasta habían presentado actas de nacimiento de Cabo San
Lázaro.
Al conocer de la
negativa, en su calidad de gobernador, Narciso Agúndez Montaño solicitó la
posesión de Isla Magdalena, pero fue denegada en virtud de que la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONARP), antes que él, ya había hecho una
solicitud para poder manejarla, lo que generó molestia e irritación en el ex
gobernante.
La investigación
Después de la
publicación, la Contraloría General del Estado requirió a ZETA entregar todas
las pruebas documentales sobre el caso, en virtud de que -según un funcionario
de la institución- se analizaría y revisaría la información para abrir una
investigación al respecto.
El primer paso era
revisar el origen del dinero, es decir, si el recurso que fue pagado a las
supuestas empresas Piensa Publicidad, S.C.; Bólidos de Cholula, S.A. de C.V.;
Publi Design, S.A. de C.V.; y constructora Gran Visión, S.A. de C.V., se hizo
con dinero propio o recursos del Gobierno Federal, para una vez determinado el
origen y comprobada la distracción del dinero público, dar vista a la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o a la Procuraduría General
de la República (PGR).
Según uno de los
reportes de transferencia, el dinero habría sido sacado de la cuenta 0445018309
del banco Banorte y transferido a la cuenta de Publi Design, S.A. de C.V., de
Scotibank.
El número de rastreo
es el 88464UX8200610040000945026, y fue hecho a la 1:17:27 pm por el tesorero
de la Secretaría de Finanzas, Martín Carlos Caldera.
Después del
escándalo, Grupo Sexenio se dio a la tarea de corroborar la existencia de las
supuestas compañías poblanas utilizadas para extraer 5.5 millones de pesos del
erario público, en la operación de la adquisición de la isla del ex gobernador
Narciso Agúndez Montaño, y descubrió que son empresas fantasma.
Según el reporte de
Grupo Sexenio, durante un recorrido por los domicilios fiscales, y con el
testimonio recabado por los vecinos, Piensa Publicidad, S.C.; Bólidos de
Cholula, S.A. de C.V. y Publi Design, S.A. de C.V, no existen y jamás
existieron, por lo que es evidente que solo fueron utilizadas para extraer
dinero de manera ilícita.
A continuación se
describe lo que Grupo Sexenio encontró en los domicilios fiscales de las compañías
usadas por Narciso Agúndez Montaño:
1.- Publi Design, S.A. de C.V., empresa que recibió
2.5 millones de pesos, resultó ser una bodega casi en abandono, cuyas ventanas
no dejaron ver el interior del domicilio de Río Pánuco número 1-A, Colonia
Rafael Ávila Camacho, esquina con Avenida Juárez Poniente, del municipio de San
Pedro Cholula, Puebla.
Los vecinos indicaron que el inmueble siempre ha
permanecido desocupado y nunca han notado actividad en el lugar, por lo que se
desconoce quien es el propietario.
2.- Bólidos de Cholula, S.A. de C.V., compañía que
recibió un millón de pesos, tampoco existe en el domicilio Río Pánuco Norte 3,
Colonia Rafael Ávila Camacho, en Cuautlancingo, Puebla.
La investigación de Grupo Sexenio permitió corroborar
que el inmueble se localiza frente a donde supuestamente estaba Publi Design,
S.A. de C.V., resultando ser una casa particular donde sus ocupantes utilizan
una parte como consultorio dental.
El propietario de la vivienda, Enrique García Cruz,
negó tener nexos con el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y rechazó que en
su propiedad haya estado la referida empresa.
3.- La firma Piensa Publicidad, S.C., que recibió un
millón de pesos, tampoco existe, pues en el domicilio del local K de la plaza
comercial ubicada en Calzada Zavaleta número 2519, Colonia Santa Cruz
Buenavista, en la ciudad de Puebla, solo está una pequeña empresa llamada Quark
Capital, que ofrece servicios financieros integrales, y donde solo se ven un
par de sillones y un mueble con revistas.
Según se advierte en
los documentos, las empresas fantasma fueron creadas y utilizadas por el
director de la compañía Solo Marketing, S.A. de C.V., Alfonso Peregrina Huerta,
con las cuales se distrajo dinero público para usarlo con fines particulares de
Narciso Agúndez Montaño.
LA REACCIÓN DEL EX GOBERNADOR
Al verse
descubierto, lo primero que hizo el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño fue
tratar de politizar el tema, argumentado que le habían atacado por ser
aspirante a la alcaldía de Los Cabos; incluso amenazó con demandar a quienes
intentaban calumniarlo.
Sin pruebas en la
mano más que su dicho, el ex gobernador dijo: “El caso de la isla es totalmente
falso” y “una calumnia más de un medio de comunicación (…) donde no existe
ningún documento que exponga mi nombre como propietario de la isla”.
El perredista
asegura haberse conducido “siempre con transparencia, y así como pude demostrar
mi problema de peculado, así lo volveré a demostrar aquí. Yo por supuesto que
abro cualquier posibilidad de investigación, vayan a Comondú y verán que no
encontrarán ningún documento a mi nombre”.
Agregó que “jamás he
aspirado a ser rico”, porque “no es la gran felicidad”.
Sin embargo, y todo
lo contrario a su dicho, el nombre de Narciso Agúndez Montaño figura como
propietario del predio denominado Cabo San Lázaro, con una extensión de 2 mil
230 metros, según la clave catastral 002-019-004-001, cuya alta se promovió el
7 de diciembre de 2012, cuando había dejado de ser gobernador del estado.
El propio director
de Catastro de Comondú, José Luis Perpuly Meza, reconoció que el nombre de
Narciso aparece inscrito en el sistema con todo y clave catastral, como
causante, pero desconoce cómo y de qué manera fue dado de alta, porque en el
expediente no aparece ningún título de propiedad, deslinde o acta de dominio
del predio Cabo San Lázaro, al norte de Isla Magdalena.
Como en los viejos
tiempos, cuando era gobernador y hacía y deshacía en Baja California Sur, el
único que salió a su defensa fue el dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática, Jesús Druk González.
Contraviniendo la
“nueva cara del PRD”, de desligarse de políticos corruptos y señalados por la
sociedad, Druk expuso que la acusación no tiene fundamentos.
A su ver, y sin
pruebas en la mano, consideró que es “imposible que un particular fuera
posesionario de una isla, por los planteamientos constitucionales, como lo
expresa el Artículo 27 Constitucional”.
No obstante, afirmó
que si hay elementos o pruebas suficientes de un uso irregular, “se “haga la
denuncia ante las autoridades correspondientes y no se mediatice”, ya que el
PRD “no defenderá lo indefendible, y vamos a combatir la corrupción”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 23 de Diciembre del 2014 a las
12:00:01)
