SAN LUIS POTOSÍ,
SLP. (apro).- La urgencia del gobierno federal de presumir a México en el
espectro internacional como un país con paz social y laboral, atractivo para
las inversiones extranjeras, en suma, está resultando mucho más costoso de lo
imaginado para los estados receptores de las inversiones trasnacionales.
En el caso de esta
entidad, los compromisos acordados por el gobernador Fernando Toranzo en julio
pasado con la automotriz alemana BMW ya se empiezan a notar: aumentaron el
endeudamiento estatal e impactarán a las finanzas locales en las siguientes
administraciones.
Además de los montos
económicos pactados con cargo al erario estatal en el convenio suscrito el
pasado 4 de julio, un día después de que Enrique Peña Nieto anunció la
inversión en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, las
especificaciones y alcances de las cláusulas del documento –del cual Apro tiene
una copia— reflejan una total rendición a las condiciones deseadas y exigidas
por la firma alemana de autos de lujo.
La suma de los
diversos rubros que el gobierno del estado deberá cubrir para satisfacer al
100% los requerimientos previstos rebasa los 3 mil millones de pesos. Pero hay
una serie de conceptos no cuantificados de largo alcance: la exención del pago
de la totalidad del impuesto predial al municipio de Villa de Reyes –en cuyo
territorio se instalará la planta armadora- durante los siguientes 10 años, que
estarían sumando otros cientos de millones de pesos que impactarán en las finanzas
del propio estado y del municipio.
Peor aún: El acuerdo
establece que ante cualquier situación imprevista, de riesgo o inconveniente a
criterio de la empresa, ésta simplemente notificará por escrito al gobierno
estatal y cancelará el acuerdo y la inversión, prácticamente sin obligación de
reintegrar o revertir la propiedad del terreno de 300 hectáreas adquirido por
el estado para la instalación de la planta, ubicado en el parque industrial
Logistik II, en el municipio de Villa de Reyes, al sur de la capital potosina.
Estos requerimientos
explican de alguna manera el retiro de gobierno como el de Querétaro que
inicialmente pujaron por llevarse la inversión alemana.
Ya desde diciembre
del año pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
de Querétaro, Marcelo López Sánchez, declaraba “haberle perdido la pista” al
proyecto de inversión, debido a los requerimientos “imposibles” que pedía la empresa
alemana para establecerse en alguno de los estados interesados, entre los que
figuraban Puebla, Guanajuato, Hidalgo, San Luis y el propio Querétaro.
“Para ser sinceros
nosotros sabemos que estamos lejos de una posibilidad con la planta por el
nivel de negociación que tenemos y contacto podemos decir que es difícil que el
proyecto pueda aterrizar en la entidad”, declaró el funcionario queretano a los
medios, tras lo cual reveló las razones:
“Se nos complica
entrar a una donación de predios de 400, 500, 600 hectáreas”, dijo, al explicar
que, de acuerdo con los estudios costo-beneficio efectuados por su dependencia,
la inversión no resultaba viable para la administración estatal del también
gobernador priista José Calzada, quien igualmente se encuentra en su último año
del sexenio.
Mientras en Puebla,
el gobierno de Rafael Moreno Valle habría otorgado ya incentivos y compromisos
cercanos a los 8 mil millones de pesos para la planta de otra automotriz, Audi,
en Guanajuato el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez contrajo en el
2012 un endeudamiento superior a los 2 mil millones de pesos para cumplir
ofrecimientos convenidos con armadoras como Mazda y Honda, entre otras.
Algunos de esos
acuerdos, por cierto, “se los heredó” su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez.
El convenio marco
entre el gobierno de San Luis Potosí y la BMW, según los documentos en poder de
Apro, obliga a las autoridades estatales a ceder todo: preparar y nivelar los
terrenos; diseñar y construir un sistema de calles de acceso a la planta;
fabricar una conexión férrea; hacer una donación para el Centro de capacitación
de la BMW (terreno y aportación económica); 2 mil becas de capacitación; becas
escolares de licenciatura; equipar la sala de emergencia; invertir en los
terrenos para la infraestructura de transporte, y garantizar los derechos de
paso.
Todas estas obras y
aportaciones implican una erogación de aproximadamente 3 mil 017 millones de
pesos.
A esta cantidad hay
que agregar otros gastos cuyos montos no están estipulados claramente en el
convenio. Por ejemplo, el pago de oficinas provisionales por los 36 meses
siguientes a la firma del acuerdo; pago de dos traductores; apoyo para
transporte a becarios –por la irrisoria cantidad de 20 pesos mensuales a cada
becario para este rubro-; autorizaciones ambientales, estudios de impacto,
licencias, exenciones de pago del Impuesto sobre la Nómina y del Impuesto
predial por los siguientes diez años.
En este último
paquete, el acuerdo establece que el gobierno del estado debió entregar a los
representantes de la BMW el acuerdo del cabildo del municipio de Villa de Reyes
por el que se aprobó la exención del pago del predial.
Asimismo se
compromete a hacer su mayor esfuerzo para que el gobierno federal cumpla con
los apoyos ofrecidos, básicamente para algunas obras de acceso y capacitación.
También afirma que
cuenta con todas las facultades y recursos necesarios y suficientes para la
ejecución del convenio y no necesita de autorizaciones de otro poder o
instancia para ello.
En tanto que la
empresa establece que de existir interés por ampliar el proyecto
–específicamente con una planta de motores que podría instalarse en un predio
anexo de 40 hectáreas-, el gobierno estatal deberá ofrecer las mismas
condiciones establecidas en el compromiso actual, mientras que los mil 500
empleos directos que está garantizando serán vigentes una vez que la planta se
encuentre “completamente terminada y en pleno desarrollo de operaciones” lo que
ocurriría a fines del 2019.
Aunque esta
ampliación será decidida “a entera discreción” por la BMW, el gobierno estatal
se obliga a gestionar la adquisición del terreno para la planta de motores,
cubrir el costo, realizar y pagar los estudios de viabilidad de la construcción
y operación requeridos, y más allá, de no resultar éstos a satisfacción de la
empresa, efectuar otros y cubrir el costo que tengan.
En caso de que surja
algún cambio en leyes o reglamentos que impacten negativamente en los
beneficios económicos o incentivos recibidos por la marca germana, el gobierno
se compromete a entregar un recurso o incentivo equivalente o igual al
eliminado.
Finalmente, según
las condiciones a las obligaciones de la empresa, la instalación de la planta
estará sujeta al desarrollo del mercado de demanda, la situación de la industria
“y el ambiente económico”, y en esta ambigüedad, una de las causales para la
cancelación del convenio sería “por razones que se encuentren fuera del control
de BMW, incluyendo pero no limitado a un ambiente general de negocios en
México, cambios en las estructuras fiscales, de negocios o de empleo que
afecten la viabilidad del proyecto, lo anterior a entera discreción de BMW”.
Eduardo Martínez
Benavente, abogado y activista en materia de transparencia, dice en entrevista
que las cláusulas del convenio suscrito con la trasnacional alemana son
“leoninas”.
Desde que supo que
el gobierno estatal le abriría las puertas a la BMW, el litigante potosino
advirtió en su portal Proyecto Tábano y en sus columnas que pugnaría para que
el convenio se hiciera público a fin de conocer la oferta hecha por el gobierno
de Toranzo para amarrar la inversión, así como la parte que asumiría el gobierno
federal como respaldo y las condiciones expresas de la propia marca alemana.
“Se trata de una
operación que compromete las finanzas públicas de ésta y de las siguientes
administraciones””, dice.
Las gestiones que
hizo en transparencia no prosperaron. El Comité de información de la Secretaría
de Desarrollo Económico, que preside el propio titular de la dependencia,
Fernando Macías Morales, resolvió reservar la información, de acuerdo con el
oficio 014/2014con fecha del 11 de julio último.
Entre otros, estos
fueron sus argumentos:
“La publicidad de la
información que se solicita, el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno del
Estado y la empresa BMW SLP, S.A. DE C.V., así como sus anexos y la carta de
incentivos que se propusieron a la citada empresa, afectaría el proceso de
formalización con la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., de los demás actos
jurídicos que aún están pendientes por realizar; igualmente, afectaría las
negociaciones que el Gobierno del Estado está llevando a cabo con otras
empresas, posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la
inversión y toma de decisiones, ya que las empresas prospectas o que
actualmente están en pláticas con este Gobierno, podrían exigir los mismos
incentivos que se ofrecieron a la empresa BMW SLP, S.A. de C.V., por parte del
Gobierno del Estado, cuando dichos apoyos varían según la empresa de que se
trate, esto es, el Estado otorga ciertos incentivos a la empresas de acuerdo a
la naturaleza del proyecto que se presenta al Estado, quien este último,
tomando en cuenta la inversión y la generación de empleos y el impacto
económico que deja la empresa en nuestra Entidad, determina el nivel de apoyos
e incentivos en las proporciones y de acuerdo a los presupuestos con los que el
Estado cuenta.
Ante la negativa
gubernamental de revelar las cláusulas del convenio, el abogado interpuso un
recurso y en la entrevista con Apro señala cuáles son las disposiciones que se
infringieron al ponerle candado al documento.
“La Constitución del
estado, en su artículo 70, establece la obligación de publicar todo tipo de
convenio, ley, reglamento o circular que se celebre en el Periódico Oficial del
estado para que tenga validez o surta efecto. Sólo por este artículo, ya que
los acuerdos de reserva o la Ley de transparencia no pueden estar por encima de
la Constitución, este convenio debe ser público”, indica.
FALSAS EXPECTATIVAS
“Somos un país que
tiene un ambiente y un clima de negocios favorable para atraer inversiones;
tenemos políticas económicas que favorecen precisamente las inversiones; un
clima de armonía y paz laboral; capacidades y habilidades en el capital humano.
La conjunción de todos esos factores está favoreciendo a que México sea un
destino cada vez más accesible y más rentable para la inversión extranjera y
nacional”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de julio al
anunciar la llegada de BMW a San Luis, con una inversión de al menos mil
millones de pesos.
En el evento, el
mandatario presumió que fue “después de haber hecho un análisis del mundo
entero” que la fabricante germana había optado “por depositar su confianza en
México”, específicamente en San Luis como la opción más competitiva, y que ésta
y otras inversiones del ramo automotriz “acreditan la confiabilidad del país”
ante los ojos del empresariado mundial.
En ese momento se
conoció que la nueva planta generará mil 500 empleos directos; que comenzará
sus operaciones en el 2019, y que tendrá capacidad para producir 150 mil
unidades cada año, para los mercados nacionales y de exportación.
En su discurso, Peña
Nieto elogió la gestión del gobernador Fernando Toranzo –quien en los primeros
meses del año había efectuado al menos dos viajes a Alemania con un grupo de
funcionarios, con la agenda dedicada a la BMW- y todavía, le dijo que la
operación de la planta “permitirá que San Luis Potosí se integre a esta
conjunción de esfuerzos que en todo el país estamos realizando” para impulsar
el desarrollo económico y social.
Sin embargo, el
convenio marco entre la empresa alemana y el gobierno potosino no se firmó sino
hasta el día siguiente. Así lo confirmó la Secretaría de Desarrollo Económico,
en un acuerdo de reserva por el que negó dar a conocer el documento a través de
la Unidad de información pública, en respuesta a la solicitud hecha por el
abogado Eduardo Martínez Benavente.
Catorce días
después, el 18 de junio, se firmó el contrato para formalizar los estímulos e
incentivos asentados en el convenio general.
En su análisis, el
abogado Martínez Benavente considera significativo que en su momento las
autoridades de Querétaro se hayan “bajado” de la competencia por la planta de
la BMW y aludieran a los miles de millones de pesos que condicionaban la misma,
que esa entidad no quiso comprometer por no tener capacidad para ello.
Aparentemente, dice,
Fernando Toranzo fue presionado por el presidente Peña Nieto para formalizar la
instalación de la planta de BMW, pese a que en términos reales cada empleo
generado le costará al gobierno estatal alrededor de 2 millones de pesos, según
los incentivos a que se obliga el estado.
Encima de todo, para
hacer frente a las primeras fases del convenio, Toranzo pidió al Congreso del
estado autorización para contraer un préstamo por 750 millones de pesos,
permiso que le fue otorgado con los ojos cerrados, puesto que sólo
transcurrieron tres días entre el día en que fue turnada la solicitud a las
comisiones de Hacienda y Gobernación, y éstas elaboraron el dictamen dando luz
verde al Ejecutivo, el cual fue aprobado por el pleno en la siguiente sesión.
Martínez Benavente
critica:
“Los diputados
tienen la facultad legal de solicitar toda la información necesaria sobre un
tema como el endeudamiento del estado y no lo hicieron. No revisaron todo el
paquete de estímulos y exenciones y le aprobaron a Toranzo sin saber qué
compromisos implican. Son unos facilitadores irresponsables”.
Asimismo refiere
que, como parte de sus obligaciones, el gobernador debió incluir el compromiso
de BMW en el informe trimestral de octubre, y no lo hizo.
En cambio, a
principios de noviembre, Toranzo anunció que no dejaría compromisos financieros
que afecten las finanzas públicas de la próxima administración. El préstamo de
750 millones, subrayó, “se pagará solo”.
“Toranzo debe estar
desesperado por no poder ofrecer nada en materia de obra pública y necesitaba
presumir algo importante –advierte el abogado Eduardo Martínez Benavente. Pero
este acuerdo (con BMW) es una rendición incondicional”.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL /SEGUIR A @VEROESPINOSAV VERÓNICA ESPINOSA/ 16 DE DICIEMBRE
DE 2014)
