La
Organización Desarma México, ratificó el viernes pasado una denuncia hecha días
antes, en donde exigen a la PGR una investigación que determine nombres de funcionarios,
jefes policiales y agentes mexicanos que participaron en el operativo Rápido y
Furioso dirigido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
(ATF), que permitió la entrada de más de 2 mil armas a territorio mexicano.
“Hay
una gran sospecha de que funcionarios mexicanos de la administración de Felipe
Calderón y Vicente Fox, sí estuvieron involucrados en este operativo, y ello
con base en las declaraciones que se han hecho en el Senado y Congreso
estadounidense”, dijo Gonzalo Aguilar Zinser, integrante de Desarma México.
De
acuerdo al líder social, era imposible que autoridades mexicanas de diferentes
niveles, no estuvieran enteradas de lo que estaba ocurriendo, inclusive,
existen documentos en donde agentes del ATF involucrados en Rápido y Furioso,
afirman que sus contrapartes en México, tenían la labor de seguir las armas que
eran entregadas a los traficantes una vez que entraban en territorio nacional.
“Es
aberrante que detalles como esos salgan a la luz pública en Estados Unidos, y
que en México no se esté investigando un hecho que permitió que se introdujeran
a México miles de armas, y que ha provocado la muerte de cientos de personas”,
dijo Aguilar Zinser, en entrevista con Ríodoce.
Días
antes, el martes pasado, Desarma México había interpuesto la demanda ante la
PGR y con la ratificación del viernes, el grupo de iniciativa ciudadana sólo
espera que la procuraduría determine la acción procedente e inicie una
averiguación previa.
Ahora,
de acuerdo a los estatus legales, la PGR tiene la obligación de establecer si
los elementos que puso en conocimiento Desarma México, ameritan el inicio de
una averiguación previa o si no proceden, entonces se desecharía la demanda.
Aunque
de acuerdo a los integrantes de esa organización, sí existen los elementos
necesarios para dar legitimación jurídica y legal, y que la denuncia proceda.
“Tenemos
la legitimidad para hacer esta denuncia, de acuerdo a la nueva ley de víctimas
que establece esa facultad, y la basamos en que cualquier ciudadano y
cualquiera de los integrantes de la organización pudo haber sido víctima de
esas armas, y por ello esta denuncia procederá y ello debe tener como resultado
una investigación que determine qué funcionarios mexicanos participaron en ese
operativo”, se lee en la denuncia.
Esta
demanda podría alcanzar a los ex procuradores Marisela Morales, Eduardo Medina
Mora Arturo Chávez Chávez, así como otros funcionarios de alto nivel de la PGR
y Sedena, aunque de momento, ninguno de los denunciantes se atrevió a dar
nombres.
“De
momento es que se investigue quienes participaron, en qué grado participaron, y
qué responsabilidad tenían en el operativo”, enfatizó Aguilar Zinser.
ESE OPERATIVO
El
operativo Rápido y Furioso, fue puesto en marcha en Octubre de 2009, pero este
no alcanzó relevancia pública hasta que el ex agente del ATF, John Dodson, lo
dio a conocer mediante una entrevista con una cadena de televisión
estadounidense.
El
motivo aparente fue la muerte de un agente de la patrulla fronteriza, Brian
Terry, en diciembre de 2010, quien aparentemente fue ultimado a balazos con
armas que formaron parte de Rápido y Furioso, y que supuestamente cayeron en
manos de un grupo de ladrones que intentaban asaltar a narcotraficantes que
llevaban mariguana a Estados Unidos, y caminaban por el desierto de Arizona.
Según
habría de trascender meses después, quienes jalaron el gatillo en aquel
enfrentamiento eran originarios de El Fuerte Sinaloa, identificados como Manuel
Osorio Arellanes. Otras dos personas involucradas en el homicidio aún se
encuentran prófugos: Jesús Rosario Favela Astorga y Heraclio Osorio Arellanes
Se
desconoce cómo las armas llegaron a manos de esos sinaloenses, aunque sí quedó
claro que durante el tiroteo, Terry, de 35 años, perdió la vida.
A
partir de entonces inició una investigación que concluyó en varias audiencias
en las Cámaras del Senado y del Congreso de Estados Unidos.
De
acuerdo al grupo Desarma México, fue a partir de declaraciones hechas públicas
que ellos determinaron que había funcionarios mexicanos involucrados en Rápido
y Furioso.
De
acuerdo a sus indagaciones, Rápido y Furioso se hizo en varias etapas; en la
primera de ellas la idea era instalar un chip de localización en las armas que
formarían parte del operativo, en donde se precisaría a dónde iría el
armamento.
“Es
decir, no le colocaron chips a las armas que llegarían a Dakota, o a
Mississippi; ellos sabían de antemano que esas armas llegarían a manos de
narcotraficantes. Finalmente los chips no se colocaron, y aún sin el programa
continuó”, se explica en la demanda.
Pero
hubo una etapa fallida de una entrega controlada que no fue sustentada por la
ley en México. México y Estados Unidos tienen tratados firmados, como el
protocolo Palermo, en donde estable mecanismos y formulas para intervenir en
acciones de esta índole, y aquí no se cumplieron ninguno de los protocolos
legales que establece el protocolo de Palermo.
Fue
entonces que la ATF, y sin importar las consecuencias, entregó a delincuentes
mexicanos las armas compradas en Estados Unidos, incluyendo AK 47 y Barret, y
se introdujeron en territorio mexicano esperando que agentes federales
mexicanos, siguieran este convoy de armas y así supieran a donde iba el
armamento.
A
los pocos minutos, refieren los documentos del Congreso de Estados Unidos, los
agentes mexicanos perdieron de vista a quienes llevaban las armas.
“Ello
por un lado confirma que las autoridades mexicanas sí sabían del operativo,
pero por otro lado despierta sospechas: o las perdieron, o las ocultaron, o las
dejaron ir, o fueron sobornados”, observó el abogado.
Esas
armas finalmente, confiere el gobierno de Estados Unidos, llegaron a manos de
delincuentes mexicanos, sin saber ni dónde ni quién las tiene. Y sólo se sabe
de ellas cuando aparecen en una escena de un crimen.
“Fue
entonces que ese programa (Rápido y Furioso) quedó con un único propósito, que
era identificar las armas cuando ocurrieran los crímenes. Estamos hablando de
un experimento con seres humanos, más aún, con Mexicanos”, objetó Aguilar
Zinser.
Tal
sería el caso de Susana Flores Gámez, una reina de belleza muerta a finales de
2012 por elementos del Ejército de México, y en cuya escena del crimen fueron
encontrados rifles que formaron parte del operativo Rápido y Furioso.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos ha negado por su parte haber
intervenido en el operativo, aunque la presión por parte de los legisladores
Darrel Issa y Chuck Grassley, que recibió el ex procurador Eric Holder, fueron
su más grande preocupación desde que asumió el puesto, en 2009.
De
acuerdo a Sergio Aguayo, quien forma parte de Desarma México, en el país
circulan más de 15 millones de armas ilegales, y dos terceras partes de ellas
han llegado desde Estados Unidos, “donde los rifles de asalto se compran hasta
por Internet”.
“Y
con la ocurrencia de Estados Unidos de permitir que se contrabandearan armas a
México para entender lo que pasaba, todo empeoró”, dijo.
Entre
2006 y 2011, que comprendió la administración de Felipe Calderón, hubo tres
programas para el control de armas, aunque Rápido y Furioso sería el único que
fue dado a conocer por un ex agente de la ATF.
“El
propósito es que se investigue, y de encontrarse culpables, se castigue a las
personas involucradas en este caso, pero sobre todo, se trata de sentar un
antecedente para que ya nunca se repitan este tipo de acciones”, observaron los
denunciantes.
CRONOLOGÍA DE TRÁFICO DE ARMAS A MÉXICO
2005
Inicia
el primer operativo de armas a México conocido como “Gunrunner”, y fue un
programa piloto iniciado en Laredo, Texas.
2006
William
Newell es nombrado Special Agent in Charge (SAC) de la Phoenix Field Division
de la ATF. La oficina de Tucson inicia una operación llamada “Wide Receiver”,
el segundo operativo de este tipo que orquesta el ATF.
Desde
agosto de 2006 hasta mediados de 2007, la ATF, en colaboración con un proveedor
(Federal Firearms Licensees –FFL-), permite que varios intermediarios compren
armas con el propósito de enviarlas a México como parte de la operación “Wide
Receiver”.
2007
La
ATF publica el operativo “Gunrunner”, un documento de estrategia en el que se
establecen los objetivos principales, que es expandir el rastreo de armas en
México
La
ATF en la Ciudad de México discute un primer intento de coordinación entre la
ATF y los federales mexicanos con el Procurador General de México, Eduardo
Medina Mora.
Es
la primera vez que un fiscal general recibe un informe sobre este tipo de
estrategia.
2009
La
ATF advierte al Congreso que el 90 por ciento de las armas recuperadas en
México, que la agencia ha rastreado, fueron vendidas en los Estados Unidos.
En
octubre inicia la operación Rápido y Furioso, cuya intención era dejar pasar
armas a México, para luego rastrearlas y entonces dar con líderes de
organizaciones criminales.
Ese
mismo mes, agentes de la ATF instalan una línea telefónica secreta y cámaras
escondidas en el techo y la pared de la tienda de armas Lone Wolf. Los agentes
le piden al dueño, Andre Howard, que venda armas a todos los compradores
ilegales que entren a su negocio.
2010
La
oficina en Phoenix de “Gunrunner” presenta un oficio en el que se habla de
dejar caminar armas. El documento identifica 20 intermediarios, 53 armas
recuperadas y cinco incautaciones, tres en México y dos en Estados Unidos. En
una de las operaciones en México, se decomisaron, además de las armas, 500
kilogramos de cocaína y 2 millones de pesos.
El
congresista republicano de California, Darell Issa, recibe por primera vez
información detallada sobre la operación Rápido y Furioso durante una reunión
en la que participaron otros dos congresistas republicanos. Más adelante, Issa
será uno de los políticos más críticos de la operación.
2011
Enero:
Semanas después de la muerte de Brian Terry, la ATF suspende la fase
investigativa de la operación Rápido y Furioso.
Según
la entonces Procuradora General Marisela Morales, para esta fecha el gobierno
mexicano se entera de la existencia del programa Rápido y Furioso. Aunque no
obtienen muchos detalles sobre el tema caso, las autoridades mexicanas reciben
información sobre 20 sospechosos arrestados en Arizona.
2012
Julio
31: El congresista Darell Issa y el senador Charles Grassley presentan el
primero de tres reportes sobre la operación Rápido y Furioso.
2014
Enjuician
a los asesinos de Brian Terry.
SEPTIEMBRE 23
El
grupo Desarma México presenta una denuncia ante la PGR solicitando se
investigue en México lo relacionado al caso
de Rápido y Furioso.
SEPTIEMBRE 25
Renuncia
Eric Holder como procurador de Estados Unidos.
(RIODOCE/
Miguel Ángel Vega/ septiembre 28, 2014)
