El
enterrador duda en colocar la cruz sobre la tumba abierta.
¿Qué
número es?, pregunta al aire. Nadie le responde, a pesar que hay un tumulto de
novatos peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y tres
veteranos agentes del Ministerio Público.
Cada
uno de ellos está en su mundo.
El
sepulturero se encoge de hombros. Levanta otra cruz, la sopesa. Se inclina por
una de ella y la clava. Se retira, confiado en el trabajo hecho.
Pasan
los minutos y otro empleado funerario se le acerca. Lleva una duda. La cruz que
coincide con el número de expediente del cuerpo que carga ha desaparecido.
Rebusca en la lista de cuerpos a sepultar, recuenta las fosas abiertas, y
encuentra que falta una.
Va,
indaga, revisan las tumbas, las cruces. El número no aparece.
¡Ya!,
lo reprime un regordete sujeto, que parecer ser el jefe de la brigada de
empleados mortuorios. ¿Quién chingados va a preguntar?
Y
el claridoso enterrador señala a los reporteros, que a distancia prudente
observan los hechos y escuchan los problemas.
¡A
cabrón!, responde el regordete.
Lleva
a su subordinado para atrás de una vagoneta mortuoria. Tardan unos minutos, y
salen ambos con una sonrisa en la boca. ¡El error estaba en la lista, ya todo
está bien! Y cuenta: 17 y 18 cuerpos, y ya. Todo está bien.
Ambos
están a un costado del trascabo. De frente a ellos quedan 18 nuevas tumbas.
Todas con cruces de hierro. Sin nombre. Sólo tienen como identificación un
número de expediente, el número de la agencia que dio fue del hallazgo del
cuerpo y el apellido del representante social que encabezó la diligencia.
También hay una escueta inscripción de las circunstancias en que fue encontrado
ese cuerpo.
Puede
leerse de forma indistinta: “Osamenta”; “Decapitado”; “Electrocutado”;
“Atropellado”; “Homicidio”; “Homicidio”; “Homicidio”…
Son
18 cuerpos en total. Todos de desconocidos. Todos son personas no reclamadas.
Uno
de los veteranos ministerios públicos explica que no hay problema por la no
identificación, pues se tienen muestras de tejidos para pruebas de ADN,
fotografías para pruebas de superposición fotográfica, impresiones digitales de
las ropas, y de las demás características del cuerpo. Todas ellas, asegura,
esenciales para una identificación certera.
¡No
hay problema!, dice, sacudiéndose un imaginativo polvo del camposanto
Centenario.
Y
las investigaciones posteriores, se le cuestiona.
A
reserva, mi amigo, a reserva. Si hay nuevos datos, la reabrimos, si no, a
reserva. A reserva y a darla de baja.
Así,
los funcionarios han cerrado 18 nuevos casos. Sólo enviando a la sepultura los
18 nuevos cuerpos, reunidos tras casi tres meses desde que se realizó la
exhumación tumultuaria anterior.
Esta
habría sido el 9 de mayo del 2014, En ese mismo lugar. 36 tumbas pasaron a ser
tierra de olvido.
Y
con estos nuevos cuerpos, se llegan a 54 tumbas comunes las construidas en tres
meses, en el norte de Sinaloa. Son personas no reclamadas. Son aquellos que
fueron asesinados, y abandonados en sitios despoblados, y cuyos deudos no exigirán
justicia, pues ignoran que su familiar ya está bajo piso.
Los
54 cuerpos que ya no aparecerán en las estadísticas pues ahora son sólo un
expediente más ya resuelto bajo la leyenda de “reserva”. Asunto cerrado.
Clausurado.
Para
cuando los novatos peritos terminaron su trabajo, el sol comienza a ceder.
Los
húmedos terrenos que el trascabo sacó, ya están duros y secos. Estos comienzan
a desaparecer por las ráfagas de viento, que los erosionan.
El
camposanto poco a poco va quedando en silencio. Las nuevas tumban entran a la
etapa del olvido.
Leonel
Valenzuela Gastélum, presidente del Colegio de Criminalística del Noroeste,
afirmó que sería lamentable y contra la Procuraduría de Justicia del Estado de
Sinaloa el que los casos sean olvidados una vez sepultada la víctima, peor
cuando se trata de desconocidos.
Sin
embargo, afirmó, esta hipótesis se justifica porque es constante que los casos
con deudos queden impunes, y más lo serán cuando no existan personas que
empujen por una investigación que llegue a sentenciar a quien causó el daño
mortal a esa persona, ahora sepultada en una fosa común, sin nombre y con una
cruz de metal.
Valenzuela
Gastélum, aseguró que nada abona a la credibilidad de la PGJE el que se
sepulten los cuerpos en fosas comunes y se dejen en el olvido.
“Creo
que ellos deben de tener un sistema, guardar muestras para una identificación
positiva posterior. De no hacerlo, sería lamentable, muy lamentable. Pero en
los tiempos modernos, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, todo
es posible”.
NÚMEROS VIVOS
9
mayo del 2014: 36 cuerpos son sepultados en fosas comunes
16
agosto del 2014: 18 cuerpos son enterrados en tumbas sin nombres
(RIODOCE/
Luis Fernando Nájera/ agosto 24, 2014)
