México, DF.- Integrados al programa de testigos protegidos de
la Procuraduría General de la República (PGR) o acusados de incurrir en
diferentes delitos, presuntos integrantes de cárteles declararon
durante meses ante fiscales especializados sobre supuestas redes de
protección operadas por funcionarios y mandos policiacos, tanto
federales como locales de Coahuila y Nuevo León.
Con las declaraciones de esos testigos, la administración de Marisela Morales en la PGR armó un expediente en el que se acusó de delincuencia organizada a jefes policiacos, como el teniente coronel en retiro Manuel de Jesús Cícero, a Humberto Torres y a su hermano el entonces procurador del estado, Jesús Torres Charles, así como a mandos y oficiales de la Sexta Zona Militar.
INFILTRAN PGR
Además, incriminaron a la estructura de mando de la Policía Federal en Nuevo León y también en Coahuila, entidad donde supuestamente organizaciones criminales también infiltraron a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la delegación de la PGR.
Sin embargo, la averiguación previa 041/2012, integrada con las declaraciones de los expedientes acumulados 101/2011 y 197/2011, no resistió las diligencias judiciales en un juzgado constitucional:
Primero, el Ministerio Público (MP) incurrió en errores de procedimiento al intentar pasar como válidas las declaraciones y testimoniales de los expedientes acumulados en la averiguación 041/2012, cuando debió practicar las diligencias exclusivas de esa causa. Por si fuera poco, las documentales exhibidas por la PGR en el proceso penal habían sido mutiladas o registraban tachaduras para que varios párrafos fueran ilegibles.
DESCONOCEN DECLARACIONES
Aún más grave fue que las documentales improcedentes que intentó incorporar la PGR, es decir, las declaraciones de los testigos colaboradores para otras causas penales, eran el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal de los mandos policiacos inculpados.
Aun cuando el MP realizó diligencias y peritajes para robustecer el expediente, éstas sólo demostraban obviedades, por ejemplo, que un restaurante mencionado por los testigos protegidos existía, o que los inculpados trabajaban en una instancia gubernamental. Fuera de eso, no probaban conducta ilícita alguna, según las consideraciones del juez de Amparo, Raúl Valerio.
Durante las diligencias de la causa penal, el testigo protegido y el procesado desconocieron sus declaraciones y acusaron al fiscal Roberto Tovar Cuatle, colaborador de la entonces jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDS), Guillermina Cabrera, de obligarlos a firmar esos documentos bajo tortura y de infligirles tratos crueles durante los meses que estuvieron detenidos en las instalaciones de la PGR.
AVERIGUACIÓN DUDOSA
El 12 de marzo de 2011 fueron detenidos dos presuntos mandos criminales a quienes pronto se les concedió el estatus de testigo colaborador.
Detenidos en marzo de 2011, señalados por numerosos crímenes, en unas cuantas semanas se habían convertido en testigos colaboradores y sus primeras declaraciones formales se fecharon el 18 de julio de 2011.
En su edición 1843, Proceso publicó partes sustanciales de las declaraciones de esos testigos, que implicaban como colaboradores de la organización criminal a oficiales y soldados del 69 Batallón de Infantería, así como al general Juan Manuel Vallejo Malibrán.
Además señalaron al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, quien estuvo al mando de la Policía Federal en Coahuila y Nuevo León, así como a los mandos y policías de la AFI, a la subdelegada de la PGR Claudia González López y a las agentes del MP federal Blanca Isabel Dueñas y Gladis Felícita Leyva.
También dijeron conocer, por haberlos tenido en la nómina de su cártel, a Humberto Torres Charles, al ex director de la Policía Preventiva estatal Manuel de Jesús Cícero; a los agentes del MP Everardo Rosales y Juan Fermín Medina, así como al comandante Sergio Tobías y al policía César Esquivel Ruiz.
TORTURAS
Instalado en un centro de arraigo de la PGR, al testigo protegido se le atribuyeron numerosas declaraciones, pero en una diligencia del 12 de agosto de 2013 afirmó que se le negó el derecho a una defensa, se le forzó a ser testigo colaborador y, encerrado, fue sometido a tortura y tratos inhumanos para declarar cómo lo hizo.
Identificado como mando operativo delincuencial, declaró en la misma diligencia que en abril de 2011 fue llevado al centro de arraigo y que cada noche era llevado a las celdas del sótano de la SIEDO, donde lo hacían declarar para luego devolverlo a su encierro.
Agregó que desde el 1 de mayo hasta el 14 de septiembre del mismo año lo mantuvieron en las celdas de la SIEDO, donde a diario lo forzaban a declarar para incriminar “a un funcionario del Gobierno de Coahuila que andaba en campaña en la Ciudad de México”.
Aseguró que en septiembre les pidió que lo mandaran a un penal o se suicidaría en la celda, pero se negaron a hacerlo por su estatus de testigo colaborador. Según él, querían mandarlo a la prisión del Campo Militar número Uno.
En la diligencia mencionada se le pidió que dijera si había informado de su situación a su abogado defensor. Contestó:
“¿Cuál defensor? Los defensores públicos de la SIEDO no intervienen porque están a favor de los ministerios públicos. Los defensores se asomaron a la ventanilla y me decían ‘fírmale porque ya está el acuerdo, ya eres testigo colaborador’”.
FALSIFICAN FIRMA
Continuó: “Estuve enfermo y me dejaban sin comer desde los jueves hasta los lunes, y como ellos trabajan de lunes a viernes, yo permanecía sin comer, sólo tomaba agua del inodoro (…) Le dije a la maestra Guillermina (Cabrera) y al fiscal Néstor Fiallo Samayoa, que siguieran obligándome a firmar declaraciones de ellos y sus testigos que tenían ahí en su momento, porque cuando yo llegara a un penal no le mentiría al juez. Todo esto no lo declaré antes porque he tenido más de 150 declaraciones y, como lo he dicho antes, no todas son ciertas. Todavía tengo muchos nombres, pero no quise decirlo porque tengo mucho miedo, porque fui torturado”.
A su vez, el testigo a quien se le atribuyen numerosos hechos de sangre y ha sido calificado como uno de los jefes criminales más violentos también desconoció las declaraciones que le atribuyó la PGR, y cuando se le preguntó por qué lo hacía, afirmó que era una buena persona y ni siquiera tenía multas de tránsito.
Con las declaraciones de esos testigos, la administración de Marisela Morales en la PGR armó un expediente en el que se acusó de delincuencia organizada a jefes policiacos, como el teniente coronel en retiro Manuel de Jesús Cícero, a Humberto Torres y a su hermano el entonces procurador del estado, Jesús Torres Charles, así como a mandos y oficiales de la Sexta Zona Militar.
INFILTRAN PGR
Además, incriminaron a la estructura de mando de la Policía Federal en Nuevo León y también en Coahuila, entidad donde supuestamente organizaciones criminales también infiltraron a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la delegación de la PGR.
Sin embargo, la averiguación previa 041/2012, integrada con las declaraciones de los expedientes acumulados 101/2011 y 197/2011, no resistió las diligencias judiciales en un juzgado constitucional:
Primero, el Ministerio Público (MP) incurrió en errores de procedimiento al intentar pasar como válidas las declaraciones y testimoniales de los expedientes acumulados en la averiguación 041/2012, cuando debió practicar las diligencias exclusivas de esa causa. Por si fuera poco, las documentales exhibidas por la PGR en el proceso penal habían sido mutiladas o registraban tachaduras para que varios párrafos fueran ilegibles.
DESCONOCEN DECLARACIONES
Aún más grave fue que las documentales improcedentes que intentó incorporar la PGR, es decir, las declaraciones de los testigos colaboradores para otras causas penales, eran el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal de los mandos policiacos inculpados.
Aun cuando el MP realizó diligencias y peritajes para robustecer el expediente, éstas sólo demostraban obviedades, por ejemplo, que un restaurante mencionado por los testigos protegidos existía, o que los inculpados trabajaban en una instancia gubernamental. Fuera de eso, no probaban conducta ilícita alguna, según las consideraciones del juez de Amparo, Raúl Valerio.
Durante las diligencias de la causa penal, el testigo protegido y el procesado desconocieron sus declaraciones y acusaron al fiscal Roberto Tovar Cuatle, colaborador de la entonces jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDS), Guillermina Cabrera, de obligarlos a firmar esos documentos bajo tortura y de infligirles tratos crueles durante los meses que estuvieron detenidos en las instalaciones de la PGR.
AVERIGUACIÓN DUDOSA
El 12 de marzo de 2011 fueron detenidos dos presuntos mandos criminales a quienes pronto se les concedió el estatus de testigo colaborador.
Detenidos en marzo de 2011, señalados por numerosos crímenes, en unas cuantas semanas se habían convertido en testigos colaboradores y sus primeras declaraciones formales se fecharon el 18 de julio de 2011.
En su edición 1843, Proceso publicó partes sustanciales de las declaraciones de esos testigos, que implicaban como colaboradores de la organización criminal a oficiales y soldados del 69 Batallón de Infantería, así como al general Juan Manuel Vallejo Malibrán.
Además señalaron al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, quien estuvo al mando de la Policía Federal en Coahuila y Nuevo León, así como a los mandos y policías de la AFI, a la subdelegada de la PGR Claudia González López y a las agentes del MP federal Blanca Isabel Dueñas y Gladis Felícita Leyva.
También dijeron conocer, por haberlos tenido en la nómina de su cártel, a Humberto Torres Charles, al ex director de la Policía Preventiva estatal Manuel de Jesús Cícero; a los agentes del MP Everardo Rosales y Juan Fermín Medina, así como al comandante Sergio Tobías y al policía César Esquivel Ruiz.
TORTURAS
Instalado en un centro de arraigo de la PGR, al testigo protegido se le atribuyeron numerosas declaraciones, pero en una diligencia del 12 de agosto de 2013 afirmó que se le negó el derecho a una defensa, se le forzó a ser testigo colaborador y, encerrado, fue sometido a tortura y tratos inhumanos para declarar cómo lo hizo.
Identificado como mando operativo delincuencial, declaró en la misma diligencia que en abril de 2011 fue llevado al centro de arraigo y que cada noche era llevado a las celdas del sótano de la SIEDO, donde lo hacían declarar para luego devolverlo a su encierro.
Agregó que desde el 1 de mayo hasta el 14 de septiembre del mismo año lo mantuvieron en las celdas de la SIEDO, donde a diario lo forzaban a declarar para incriminar “a un funcionario del Gobierno de Coahuila que andaba en campaña en la Ciudad de México”.
Aseguró que en septiembre les pidió que lo mandaran a un penal o se suicidaría en la celda, pero se negaron a hacerlo por su estatus de testigo colaborador. Según él, querían mandarlo a la prisión del Campo Militar número Uno.
En la diligencia mencionada se le pidió que dijera si había informado de su situación a su abogado defensor. Contestó:
“¿Cuál defensor? Los defensores públicos de la SIEDO no intervienen porque están a favor de los ministerios públicos. Los defensores se asomaron a la ventanilla y me decían ‘fírmale porque ya está el acuerdo, ya eres testigo colaborador’”.
FALSIFICAN FIRMA
Continuó: “Estuve enfermo y me dejaban sin comer desde los jueves hasta los lunes, y como ellos trabajan de lunes a viernes, yo permanecía sin comer, sólo tomaba agua del inodoro (…) Le dije a la maestra Guillermina (Cabrera) y al fiscal Néstor Fiallo Samayoa, que siguieran obligándome a firmar declaraciones de ellos y sus testigos que tenían ahí en su momento, porque cuando yo llegara a un penal no le mentiría al juez. Todo esto no lo declaré antes porque he tenido más de 150 declaraciones y, como lo he dicho antes, no todas son ciertas. Todavía tengo muchos nombres, pero no quise decirlo porque tengo mucho miedo, porque fui torturado”.
A su vez, el testigo a quien se le atribuyen numerosos hechos de sangre y ha sido calificado como uno de los jefes criminales más violentos también desconoció las declaraciones que le atribuyó la PGR, y cuando se le preguntó por qué lo hacía, afirmó que era una buena persona y ni siquiera tenía multas de tránsito.
ZOCALO/ Proceso /10/02/2014 - 08:14 AM)
