México, DF.- Porque la DEA presume que el origen del dinero
sería el narcotráfico, aseguró una cuenta bancaria al litigante Enrique
Adolfo Gutiérrez, quien depositó cientos de miles de dólares a Luis
Armando Jerezano Treviño.
El abogado relacionado con un cártel de la delincuencia que depositó
casi 1 millón de dólares al juez suspendido Luis Armando Jerezano
Treviño, también es investigado por la Agencia Antidrogas estadounidense
por lavado de dinero.
La dependencia incautó una cuenta bancaria que al momento de ser
asegurada superaba los 900 mil dólares a favor del litigante, quien
representa a un operador financiero del narcotraficante extraditado Juan
García Ábrego.
Reporte Índigo publicó la semana pasada sobre la investigación
internacional de la DEA que implica directamente a Jerezano Treviño, por
operaciones millonarias en una cuenta que el juez de Distrito tenía en
Texas.
La indagatoria que la agencia antinarcóticos abrió contra el funcionario
suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, también incluyó al
abogado que es representante legal de Juan Chapa Garza, un intermediario
del creador de un grupo delictivo.
El litigante no sólo representó al capo, acusado de delitos contra la
salud, sino que además actuó como depositario de las propiedades y
empresas que le fueron devueltas por el Gobierno Federal, después de más
de una década de habérselas incautado.
Esos bienes fueron recuperados gracias a un amparo que otorgó Jerezano
Treviño cuando era juez de Distrito en La Laguna, Coahuila, un recurso
con el que pudieron transferir los derechos de las posesiones al
abogado.
Tanto Jerezano Treviño, como Gutiérrez Falcón, están dentro de la
investigación de la DEA, registrada en el expediente número M3-11-0041,
para averiguar recursos transferidos al banco IBC, que presuntamente
provienen del narcotráfico.
Un reporte de la indagatoria, al que esta publicación tuvo acceso,
detalla las actividades que el litigante tenía en Estados Unidos y el
papel que jugó en el proceso judicial que regresó las propiedades al
operador de Juan García Ábrego.
El abogado abrió el 3 de enero de 2008 la cuenta número 2510480111, en
una sucursal del banco IBC de McAllen, Texas, con un depósito de 1
millón 2 mil 282 dólares.
Aunque litiga para narcotraficantes, el acreedor declaró ante esa
institución financiera que trabajaba en “fertilizadores orgánicos y
construcción”, según el contrato de apertura.
La cuenta se mantuvo sin movimientos durante cuatro años, hasta que el
coahuilense fue detenido por la DEA en la ciudad texana de Eagle Pass,
el 10 de enero de 2012.
Ese día el abogado había retirado 2 mil 900 dólares.
En ese momento la dependencia le aseguró varios documentos personales y
judiciales que lo implican en la representación legal de Juan Chapa
Garza.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el defensor fue detenido unas cuantas horas, pero fue liberado y regresado a México.
Tres días después del incidente se registró otro retiro por 100 mil
dólares, pero ante esta inusual transacción, la DEA actuó e incautó sus
recursos.
El 19 de enero del mismo año, las autoridades del Gobierno
estadounidense absorbieron los recursos mediante la expedición de un
cheque por 900 mil 362 dólares, todo el dinero que quedaba, a favor del
fiscal de Distrito del condado de Hidalgo.
Al día siguiente de la operación el saldo se reflejó en ceros y el banco cerró automáticamente el instrumento.
Según el reporte de la DEA, el litigante solicitó abrir como
“contratista de construcción” otras dos cuentas en el banco IBC,
registradas con los números 2510531018 y 2510746723.
Pero esas no eran las únicas posesiones del litigante.
Un recipiente del narco
El informe de la Agencia Antidrogas describe los documentos que fueron
asegurados al litigante cuando fue detenido en Eagle Pass, hace ya dos
años, donde se reflejan los bienes que el capo Juan Chapa Garza logró
recuperar en los juzgados.
Casas, vehículos, terrenos y empresas son las propiedades que se
enlistan en la papelería que le fue arrebatada por la dependencia
antinarcóticos de Estados Unidos.
Este personaje no sólo se convirtió en el representante legal del
operador financiero extraditado en 1994, sino en el recipiente de sus
bienes, porque algunas de ellas se transmitieron a su nombre cuando
fueron liberadas por la PGR.
Desde un lavado de autos, hasta compañías especializadas en
biotecnología, fueron algunas de las posesiones que Gutiérrez Falcón
logró que el Gobierno Federal le regresara a su cliente, ligado con el
narcotraficante Juan García Ábrego.
La mayoría de ellas fueron devueltas mediante el juicio de amparo número
1190/2006, que resolvió Luis Armando Jerezano Treviño cuando era
titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en
Torreón, Coahuila.
Los documentos son inventarios del patrimonio que estuvo bajo la
custodia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Por ejemplo, hay un citatorio fiscal, fechado el 19 de marzo de 2004, en
donde el abogado aparece como socio de la empresa fantasma Biotecno
México, S.A. de C.V., que está dentro de una investigación inconclusa de
lavado de dinero, abierta por la DEA.
También está incluida la transferencia a favor del litigante de 20 casas
desocupadas del fraccionamiento “Las Margaritas”, en Saltillo, que
Jerezano Treviño resolvió regresar el 2 de septiembre de 2007.
Además, aparecen poderes legales a nombre del abogado de la compañía
Candilejas de Saltillo, S.A. de C.V., devuelta dentro de la misma
resolución del juez el 28 de mayo de 2007.
Pero se incluyen otras empresas con giros más modestos, donde también
llegaron los tentáculos del narcotráfico, como el “Lavado y Engrasado
Lourdes” y “Muebles y Forjas, S.A. de C.V.”.
Compraventas notariadas de inmuebles en Saltillo, lotes, camionetas,
carros y maquinaria de construcción, forman parte del capital que fue
devuelto al capo, a través de Gutiérrez Falcón
El abogado fue fichado en la base de datos de la DEA, el Narcotics and
Dangerous Drugs Information System (NADDIS, Sistema de Información de
Narcóticos y Drogas Peligrosas), con el número 7570197.
Tras purgar su condena, el cliente del litigante recuperó su libertad y regresó a México 12 años después de estar encarcelado.
Al retornar, Juan Chapa Garza empezó a reclamar la devolución de las
propiedades que las autoridades federales le habían confiscado tiempo
atrás.
Así que emprendió acciones legales para recuperar los bienes que le fueron incautados y propiedades invadidas por posesionarios.
De juez y maestro a defensor de narcos
Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón pasó de tener diferentes puestos en el
Poder Judicial de Coahuila, y de cobrar en la nómina de la Secretaría de
Educación Pública, a representar a narcotraficantes.
Según la documentación que le fue asegurada por la DEA, el litigante se
desempeñó en diferentes cargos en los ramos civil y penal.
En 1988, el mismo año en que se graduó de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Coahuila, fue secretario del Primer y del
Segundo Tribunal de lo Penal del Distrito Judicial de Monclova.
De 1989 a 1990 fue designado juez Primero de lo Penal en Río Grande, con
residencia en Piedras Negras, y después sirvió en el mismo cargo, pero
en Sabinas.
Luego fungió como juez Primero y Segundo de lo Civil de Primera Instancia entre 1991 y 1994.
El informe precisa que se desempeñó durante siete años como profesor en
Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, su Alma Máter.
