Leticia Espinoza
Saltillo.- “La impunidad de la guerra sucia es el caldo de
cultivo para las desapariciones forzadas de ahora; si se hubiera hecho
algo, ahora no se estaría viviendo la situación que se vive”, dijo
Yanett Bautista, integrante de la Fundación Nadia Érika Bautista, en la
conferencia titulada “Experiencias de búsqueda e investigación en
América Latina”.
En el segundo día del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias en México, Yanet comentó que en Colombia las madres de
los desaparecidos se han despojado del miedo y han sido desaparecidas
por el “delito” de salir a buscarlos y aun así no solamente son dolor
“sino esperanza”.
Bautista afirmó que en Colombia existen 81 mil personas desaparecidas,
20 mil se han catalogado como víctimas de desaparición forzada y de
ellas un 25% han sido mujeres que han sido sometidas a todo tipo de
violencia.
La activista, quien inició su trabajo buscando a su hermana Nadia Érika
Bautista, a quien desafortunadamente encontró muerta, dijo que en México
aún están a tiempo de encontrar a los desaparecidos con vida.
Al final de su intervención entregó al subprocurador de Derechos
Humanos, Ricardo García Cervantes, un material pedagógico sobre la Ley
de Víctimas, en que muestra las exceptivas de las familias que son el
derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral no sólo la
económica, los deberes del Estado para sirva de ejemplo y ruta.
Federica Riccardi, del Comité Internacional de la Cruz Roja, presentó la
definición del Comité sobre Víctimas de Desaparición, una definición
que a diferencia de las convenciones sobre desaparición forzada es mucho
más inclusiva, al sólo requerir el reporte del familiar para considerar
como desaparecida a una persona.
“Es importante escuchar a las víctimas para realizar cualquier tipo de
leyes, protocolos, instrumentos legales de búsqueda” aseveró.
Federica Riccardi mencionó que entre los elementos que debe tener un
registro de personas desaparecidas está la posibilidad de incorporar la
cuestión forense. Además, reafirmó el compromiso del comité para
colaborar con el Estado mexicano en la capacitación de las familias de
las víctimas.
Francisco Maldonado, abogado del Gobierno peruano para el caso Fujimori,
resaltó la importancia de la sociedad civil para combatir la impunidad
que existe en el propio estado.
Convencido de que se sancione a los responsables y viendo la
organización de los familiares, dijo: “Sí se puede. Si pudimos quitar la
cabeza (en Perú), seguro, se podrá”.
Propone vuelva el Ejército a cuarteles
Por: ERNESTO ACOSTA SOSA
Con el Ejército y la Marina en las calles, México vive en un golpe de
Estado no declarado, en el que se reprime a la población y se le niegan
sus derechos y garantías.
Así lo consideró Elda Nevares Flores, integrante del Comité Eureka que
participa en la búsqueda de desaparecidos, al indicar que en el sexenio
pasado el Gobierno federal sacó al Ejército de las calles y la gestión
actual prometió regresarlo a los cuarteles, sin embargo no hay indicios
de que esto ocurra.
“Dudo que lo vaya a cumplir porque todo está encaminado a negar los
derechos civiles, a encajonar las libertades sociales y negar bajo
reformas jurídicas y laborales nuestros derechos constitucionales.
“No hay ninguna voluntad del actual Gobierno federal para retirar al
Ejército de las calles, al contrario sigue afianzado la necesidad de
mantenerlo en las calles. La verdad, la lucha contra el narcotráfico es
pantalla”.
Además, se toman medidas para quitar competencias a los ministerios
públicos y a las policías municipales, lo que borra la autonomía
municipal para centralizarlo en mandos militares en el país.
Sin embargo, enfatizó, no existe ningún régimen militar en el mundo que respete los derechos humanos.
“Cuando el Ejército y la Marina están en las calles es porque hay un
golpe de Estado no declarado, pero practicado diariamente”, advirtió, al
participar en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias en México en la mesa “El enfoque de los derechos humanos
en las políticas públicas y la legislación”.
Aseguró que muchos desaparecidos son víctimas de la Policía Federal y el Ejército.
“Se amedrenta y reprime a jóvenes de colonias y ejidos, se les quitan
celulares y se llevan a los muchachos, luego para encubrir ineficiencia
les siembran droga, lo que implica una búsqueda incesante del familiar.
“No tengo fe en que este estado de militarización llegue a su fin
pronto. Las cosas van empeorando porque las reformas legales y las
medidas prácticas van encaminadas a ello, a negar todo derecho
ciudadano”, subrayó Nevares Flores.
Pocos funcionarios van por las tardes
Por: Claudia Olinda Morán
En la segunda jornada del “Foro Internacional sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias en México”, que se realiza en la Universidad
Autónoma de Coahuila, los ausentes, al menos en las mesas de trabajo
vespertinas, fueron los funcionarios públicos.
Ante el anuncio de uno de los moderadores de que se iniciarían las
cuatro mesas de trabajo planeadas para la tarde de ayer, mismas que
estarían formadas por autoridades, familias y organizaciones, fueron
precisamente las autoridades las que más faltas tuvieron.
A través del micrófono, el moderador nombró a funcionarios como Miriam
Cárdenas Cantú, Juan José Yáñez Arreola, Carmen Galván Tello e incluso a
Luis Efrén Ríos, director de Jurisprudencia, entre otros, sin que
lograra ubicarlos en el auditorio de la Facultad de Leyes.
Los temas a tratar, explicó el moderador, incluían cómo se busca a una
persona desaparecida, cómo se investiga una desaparición, qué leyes se
tienen que cambiar y cómo armonizar las existentes, además de la
atención a las víctimas.
En varias ocasiones el moderador del foro pidió la presencia de
diputados locales y federales para conformar los grupos a fin de que con
la presencia de autoridades se pudieran tomar decisiones.