Proceso
México, DF.- Con base en el estudio “Indicadores de víctimas
visibles e invisibles de homicidio”, publicado en noviembre por el
Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, y con datos
oficiales y periodísticos, Proceso ofrece el perfil de la mayoría de los
asesinados en el sexenio de Felipe Calderón y de su victimario
(“reflejos del mismo espejo”). Es un joven pobre, sin educación, padre y
esposo... En ese rostro está todo lo que México perdió de su futuro y
de su tranquilidad. Y como fondo y marco de ese retrato, las ciudades
devastadas, las sombras y los trozos de quienes fueron excluidos de la
escuela, del empleo y finalmente de la vida.
En seis años el territorio nacional se pobló de tumbas prematuras.
Los muertos de la guerra desatada durante la administración de Felipe
Calderón tienen rostro de joven de 24 a 35 años, de sexo masculino,
habitante de la frontera norteña. Estaba casado, si no es que vivía en
unión libre. Era padre. No tuvo más que la educación básica. Siempre fue
pobre. Murió de forma violenta.
Si tuviera que describirse en uno solo, este sería el perfil que
compartiría la mayoría de los asesinados del sexenio. Un retrato
idéntico al de su homicida, que sólo varía en la edad: era cinco años
más joven. Víctima y victimario son reflejos del mismo espejo.
El asesinato es la segunda causa de muerte entre los jóvenes mexicanos.
En las actas de defunción de los registros civiles los accidentes
automovilísticos fueron desplazados por los homicidios o, mejor dicho,
los juvenicidios, que en algunas zonas alcanzaron proporciones
epidémicas.
Ese contagio obligó a miles de padres y madres a enterrar a sus hijos
jóvenes, a contracorriente de la ley de la vida. Dejó con el corazón
roto y pocos pesos en la bolsa a miles de niñas-madres-viudas, y con el
futuro desdibujado a sus hijos.
En el sexenio que concluye fueron abiertas 62 mil fosas nuevas que no
estaban contempladas en los trazos de los panteones (según estimación
del analista Diego Valle-Jones). Esas son las tumbas conocidas, con el
nombre del finado escrito en una cruz. Hay por lo menos otras 25 mil
personas de las que no se sabe si están vivas pero retenidas a la
fuerza, o si descansan en fosas clandestinas o fueron convertidas en
ceniza.
En ese lapso murieron asesinadas 101 mil personas. Casi un Estadio
Azteca con cupo lleno. El mismo número de los muertos en las guerras de
Los Balcanes o de Irak. Poco más de la mitad alcanzados por balazos,
aunque la mayoría no eran soldados.
Son 101 mil actas de defunción o expedientes abiertos en alguna
procuraduría, aunque un solo expediente puede contener hasta 72 muertos,
como el que fue abierto para los migrantes asesinados en San Fernando.
Según la PGR, 53 de ellos ultimados con bala.
A pesar de los reiterados esfuerzos, México no alcanzó el título de país
más mortífero del planeta pero sí destacó como el país puntero en el
incremento de sus homicidios. El aumento de 30% le dio el récord.
Con datos del INEGI, de las procuradurías de justicia estatales y del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y apoyado de un grupo de
expertos, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa hizo
posible este primer perfilamiento de los muertos del sexenio. Los
asesinados. Al menos la mitad, víctimas del crimen organizado. O
ejecutados, palabra derivada de “ejecutar”, verbo que ingresó a nuestro
diccionario a la par de “sicarear”.
Aunque este reportaje se basa en el estudio de noviembre de 2012 del
mencionado centro de análisis, titulado “Indicadores de víctimas
visibles e invisibles de homicidio”, este semanario ubicó informes
oficiales y periodísticos para ayudar en la caracterización de quiénes,
cómo y dónde murieron.
Conforme el país se fue militarizando y los cárteles se fragmentaban, el
perfil de asesinos y asesinados varió y se volvieron más crueles las
formas de arrancar almas de sus cuerpos. Cuerpos muchas veces
descoyuntados.
Los datos fríos dan nuevo sentido a los testimonios recogidos a lo largo
de estos años en voz de organizaciones sociales, expertos locales y
familias víctimas. Esos cambios demográficos ya los notaban empleados de
morgues y panteoneros de municipios como Badiraguato, Sinaloa, donde
las muertes de jóvenes desplazaron a las de ancianos.
Y los gritaban muchas madres frente a los cuerpos sangrantes de sus
hijos baleados, tirados como bolsas de basura en el pavimento de
cualquier calle de Ciudad Juárez, que a partir de 2008 se convirtió en
maquiladora nacional de muertos. Esa frontera escupió uno de cada 10
asesinados del país.
De esa magnitud era la queja del médico encargado de guardias de la
Clínica 35 del Seguro Social, una de las tres destinadas a baleados,
quien lamentaba:
“A cada rato hace falta sangre porque el banco de sangre tiene un stock
limitado (….) Los que llegan no son derechohabientes casi nunca, no
pagan porque no hay manera de cobrarles: o no vienen con familia o están
en condiciones muy precarias (…) La mayor parte de los que están
matando son jóvenes, pobres, tatuados en condiciones de indigencia muy
marcadas. Pocos son a los que matan en camionetas”.
Sociedad malherida
La vocación industrial de producir muertos en serie pronto fue copiada
por ciudades como Chihuahua, Tampico, Torreón, Culiacán, Cuernavaca,
Monterrey, Acapulco y Apatzingán, entre otras, contagiadas por las
“epidemias de violencia”, como definió el experto Eduardo Guerrero, el
fenómeno del crecimiento abrupto de la violencia sostenida durante
semanas o años.
El tifón de la violencia dejó a su paso sociedades malheridas. Al menos
344 mil personas son consideradas “víctimas invisibles”, esos
sobrevivientes (padres, esposas, hijos) que dependían del asesinado, que
lloran su partida, que algunas veces se describen a sí mismos como
muertos en vida.
La proporción sugerida por Arturo Arango Durán y su hijo Juan Pablo
Arango, expertos en estadística criminal, es de 1.4 huérfanos por cada
muerto. Son niños a los que les arrebataron el horizonte: tendrán
problemas para continuar los estudios por falta de dinero y de
concentración. Si eran pobres, si no reciben ayuda, caerán al sótano de
la miseria.
Gaby, una viuda juarense de 21 años, que intentaba inscribir a sus dos
hijos en el padrón de huérfanos de la Secretaría de Fomento Social del
estado, explica lo que es entrar a esa estadística:
“Lo que Gil tenía guardado eran mil 500 pesos, eso es lo único que
conseguí para enterrarlo (…) Cuando lo vi en el ataúd yo enloquecí (…)
Duramos tres o cuatro años juntos, éramos muy unidos, íbamos a la
iglesia pero cuando empezó a trabajar en el car wash empezó a agarrar
dinero, a volarse, quería parecerse a sus amigos, tener ropa nueva,
carro, estéreo, se apantalló pensando en ropa chida porque no teníamos.
Pero andaba mal, en el velorio me enteré que vendía drogas y que lo
mataron porque se pasó sin pagar a otra zona. Ahora limpio casas los
fines de semana y mi familia me ayuda con mandado o pañales para mis
niños”.
En esa misma oficina la licenciada Verónica Nuño Gutiérrez, receptora de los documentos, describió el perfil de las viudas:
“Muchas veces estaban en unión libre, no tenían primaria, lo máximo
secundaria. Todas, jóvenes nacidas entre el 75 y el 90, con promedio de
dos a tres hijos, que muchas veces no están registrados por el padre, la
víctima. En general no tienen trabajo, las ayuda la mamá o los suegros o
nadie. Unas no saben ni leer, nos toca decirles dónde firmar (…) A
veces las vemos tan amoladitas que hasta ropa traemos de casa para
darles”.
Familias y cuerpos mutilados
Las tasas de homicidios se duplicaron en todos los estados que comparten
frontera con Estados Unidos (Chihuahua, Sonora, Baja California, Nuevo
León, Tamaulipas, Coahuila) y prendieron como pólvora en Aguascalientes,
Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Sinaloa,
Tabasco y Zacatecas.
La comezón asesina se ensañó con algunas ciudades: Tijuana, por ejemplo,
acaparó el 82% de los asesinatos ocurridos en Baja California; Torreón,
el 80% del total de Coahuila; Juárez, el 63% de todo Chihuahua, y
Culiacán el 43% de Sinaloa.
En algunas ciudades y municipios la mayoría de los crímenes tuvieron la
indudable marca de la disputa entre cárteles. Fueron Culiacán y Ahome,
Sinaloa; Torreón, Coahuila; Tampico, Ciudad Madero y Reynosa,
Tamaulipas; Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Apatzingán y Morelia,
Michoacán; y Tijuana, Baja California.
Hace falta establecer cuántos asesinatos corresponden al Ejército, la
Marina, las policías estatales, municipales y federal, o funcionarios de
gobierno.
El nuevoleonés Otilio Cantú, padre-huérfano de un hijo ajedrecista, elevó su lamento:
“Un uniforme y un arma no les da derecho a matar con más de 15 impactos
de gran calibre que hicieron marca en la carne de mi hijo. No sólo era
un joven inocente, destrozaron a toda una familia mexicana que cree en
México y que quiere seguir creyendo en las instituciones”.
Los noticieros generalmente se ocuparon de la violencia ocurrida en las
ciudades, pero ignoraron el infierno que vivieron municipios pequeños de
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, más expuestos a los
asesinatos que, por ejemplo, los pobladores de Ciudad Juárez.
Según un estudio de Geo-México, de 2007 a 2010 las tasas de mortalidad
se dispararon a niveles desquiciantes en Guadalupe, Práxedis G.
Guerrero, Matamoros, Ascención, Gran Morelos, Cusihuiriachi, Riva
Palacio, Ahumada y Satevó, Chihuahua; Ciudad Mier, Guerrero y Miguel
Alemán, Tamaulipas; General Treviño, Doctor Coss y General Bravo, Nuevo
León; Sáric, Arizpe, Tubutama y Yécora, Sonora. En esos lugares, si aún
están habitados, urgen psicólogos.
Las estadísticas no reflejan lo ocurrido estos dos últimos años en poblados como Nava o Allende, Coahuila.
“Hubo un día que estuvo feo, horrible, yo solita con mi niña, nos
metimos al baño, tiradas al piso, yo la abrazaba para que no tuviera
miedo, la calmaba, le rezábamos a Diosito para que por culpa de esos
maleantes no fuéramos a perder la vida, le aseguraba que esos hombres no
se iban a meter dentro de la casa, pero yo creía que estaban adentro.
Era horrible, en el patio estuvieron corriendo, tirándose balazos. Y
todavía después de ese día nos quedamos, no teníamos dinero ni a dónde
ir, hasta que empezaron a decir que se iba a poner más feo, que iban a
empezar a entrar a las casas a matar, ¿ya a qué te esperas”?, narró una
mujer embarazada desde el albergue de Ciudad Alemán, donde los
pobladores de Ciudad Mier fueron hospedados. Ese fue el primer
desplazamiento masivo por la violencia.
Un maestro anónimo de la escuela preparatoria del municipio rural de Guadalupe narró:
“Aquí no ensayamos simulacros de balaceras, no queremos generar
psicosis, lo que queremos hacer es hablar con ellos, platicarles de
otras cosas, que se distraigan porque ya vienen con mucha carga,
tensión. El otro día los alumnos presentaron una obra de teatro que
trata de una quinceañera que en su cumpleaños recibe de regalo la cabeza
de su papá. ¿Y qué podemos decirles? Si está apegado con la realidad”.
En ese municipio con 6 mil 458 habitantes registró 139 asesinatos en
cuatro años; esto equivale a 2 mil 152 homicidios por cada 100 mil
habitantes. El promedio nacional es de 31 por cada 100 mil.
Si en algo se distinguió México fue por la creatividad de los grupos
rivales por explorar métodos de muerte. La competencia fue para
demostrar quién patentaba los más crueles.
Mario Alberto Aguirre Puente, un perito médico forense entrevistado en
el Semefo de Chilpancingo, describió el impacto que sintió al revisar
los cuerpos hallados en la mina de Taxco:
“Estamos viendo que a los descuartizados los están matando en vida. Los
amarran, tienen huellas de tortura, los van desarticulando, cortando con
un cuchillo de carnicero. Son lesiones ante-mortem. Traen fases de
angustia. Vienen con la bola de ropa en la boca, pero la expresión en
los cuerpos es de dolor, de angustia (…) Esto se sale de contexto: es
algo patológico, terrorífico”.
Por lo menos 24 mil cadáveres permanecen anónimos en cualquier panteón,
en la sección de fosas comunes, esperando que los identifiquen. Sus
familias, mientras tanto, penan por todo el país en su búsqueda.
Esto se desprende de la investigación del reportero de “Milenio”, Víctor
Hugo Michel, quien obtuvo los datos mediante la Ley de Transparencia.
El número es conservador, si se toma en cuenta que los estados de
Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas no dieron informes.
Un número indefinido de personas fueron “disueltas” en al menos 15
“centros de procesamiento” construidos específicamente para la
destrucción de cuerpos en Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal,
Durango, Guerrero, Coahuila, Guanajuato y Michoacán.
En Tijuana, por ejemplo, la organización Unidos por los Desaparecidos se
ha dedicado a pedir exhumaciones en los terrenos donde operaba el
disolvente de cuerpos apodado “El Pozolero”. El fundador de la
organización y padre en busca de un hijo, Fernando Ocegueda, explicó:
“No podría decir de personas (encontradas), podría hablar de pedazos
encontrados en donde él declaró que enterró a alrededor de 45 a 50
personas”.
Cacería de jóvenes
Por cada nueve varones asesinados murió una mujer. En los estados más
permeados por el narcotráfico la mayoría de las asesinadas fueron
solteras o concubinas. Aunque se notó un importante incremento de
asesinatos a mujeres de todas las edades, el grupo más afectado tenía
entre 25 y 29 años. Al igual que los varones, sólo educación básica.
Según las estadísticas del INEGI, las tasas de muerte entre las mujeres
se “anabolizaron” rápidamente entre 2006 y 2010. En Durango, por
ejemplo, subió 7.6 veces; en Chihuahua 34.8 veces. Si en Sinaloa antes
era asesinada una mujer de 20 a 24 años por cada 100 mil habitantes, la
proporción aumentó a 16 muertas.
La ola homicida trituró 2 mil vidas de niños y niñas. Cada 25 horas cayó
uno; falló un ángel de la guarda. Dos de cada tres de estos cuerpos
infantiles fueron perforados por balas.
Guadalupe Cervantes López, mamá de Daniel Alejandro Galván, víctima de una bala perdida en Lerdo, Durango, relató:
“Este 3 de julio iba a cumplir 13 años. Él quería aprender a tocar la
batería, era su sueño. Me quitaron un pedacito de mi vida. ¿Quién? Quién
sabe. ¿Por qué? Quién sabe (…) Era un niño bueno, querido, modelo, que
ya no está conmigo, alguien le arrebató su vida de un trancazo de manera
cruel, de un calibre que se expandió en su cabeza”.
Con el duelo aún atorado, aseguraba que el alma de su pequeño permanecía
intranquila: “Mi niño acá anda en las noches, en este sillón, yo le
digo ‘m’ijo, ¿ahí estás?’. Creo que no se ha dado cuenta porque todo fue
tan rápido y violento”.
En el que ha sido bautizado como “el sexenio de los muertos” la cacería
tuvo como blanco principal a jóvenes en edad productiva, principalmente
de 19 a 39 años, pero salpicó a infantes y a adultos. El festín de
sangre logró el aborto de un segmento del bono demográfico. Quemó con
pólvora parte de la fuerza productiva.
Las causas dejaron de entenderse. Como describió un agente del
Ministerio Público Federal afuera de la morgue de Matamoros, donde eran
recibidos los 189 cadáveres exhumados de las fosas de San Fernando,
Tamaulipas: los asesinos actuaron preventivamente, para evitar que los
pasajeros de autobuses fueran reclutados, una ciudad adelante, por un
cártel rival.
Son al menos 150 cadáveres pero hay muchas narcofosas. Mataron a casi
todos con un mazo en la cabeza. Tenían brazos amarrados y camisetas en
la cara. Mataron a todos los que ven como potenciales enemigos, porque
van a Reynosa o Matamoros (donde pueden ser reclutados), sólo detienen
al peladaje, que es la gente que no puede pagar para ir por otra vía más
rápida.
Con las estadísticas cae el mito aquel de “más vale vivir un año como
rey que 10 como buey”. Queda claro que la violencia se ensañó con los
más pobres, con los excluidos, aquellos que no tuvieron un lugar
asegurado en la preparatoria o en un trabajo formal, pero sí en los
panteones. En algunos lugares tomó forma de “limpieza social”.
Muchas señoras cuentan que sus hijos y ellas se acostumbraron a vivir en
peligro a cambio de nada. Lo única alternativa que les ofrecían a los
jóvenes eran: o mueres luchando o víctima de otra pandilla. Aquí no hay
nada de la frase de vivir como rey. Las viudas los entierran con lo que
pueden vender: un refrigerador, una estufa vieja, carros chuecos sin
placas. Esos fueron los que murieron por miles, como 8 mil de los 11 mil
(asesinados en Juárez), estimó Gustavo de la Rosa, visitador de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.
La defensora Mercedes Murillo, directora del Frente Cívico Sinaloense,
lamentó desde el inicio del sexenio, ese sin destino al que la juventud
fue condenada:
“Esta sociedad se está quedando con jóvenes enfermos de sus facultades
mentales por la droga, consumidores capaces de todo, sicarios a sueldo,
jóvenes que su aspiración es ser narco o jóvenes muertos de 35 para
abajo”.
Sin embargo, expertas en jóvenes como la antropóloga tapatía Rossana
Reguillo o la socióloga chihuahuense Teresa Almada son tajantes al
señalar que pobreza no es sinónimo de violencia, que las causas deben
buscarse en otro lado.
Una de las explicaciones a la racha homicida es el alto nivel de
impunidad. Y si la falta de castigo genera más violencia, los próximos
años México se ahogará en su propia sangre. Porque quedó probado que la
violencia se desborda y toca y destroza a quien se atraviesa. De pronto
todos se convierten en ejecutables. Los victimarios siguen viviendo
entre sus víctimas potenciales.
De los 24 mil 500 asesinatos cometidos en 2010, la estimación de México
Evalúa es que se queden 21 mil sin resolver. La impunidad aumenta en
Chihuahua, Sinaloa, Morelos y Durango, donde se resuelven menos de 2% de
los crímenes. Las familias víctimas se frustran porque la justicia
nunca llega.
Como manifestó el campesino veracruzano Jacinto Seba Tome, papá de uno de los 11 albañiles masacrados en La Marquesa en 2008:
“Como no tenemos dinero para decirles que busquen a los asesinos,
estamos como los perros que morimos en la calle: nadie nos va a
levantar, nomás nos van a echar cal y gasolina”.
